La hiperinflación

 

En economía, la hiperinflación es una inflación muy elevada, fuera de control, en la que los precios aumentan rápidamente al mismo tiempo que la moneda pierde su valor real y la población tiene una evidente reducción en su capacidad de compra.

Nuestro país cuenta en su historia con un proceso hiperinflacionario que abarca dos administraciones, el fin del gobierno de Raúl Alfonsín y el comienzo de la gestión de Carlos Menem, en que el dólar pasó de valer 17,72 australes el 6 de febrero de 1989 a 10.000 australes el 1 de abril de 1991 y que es la causa directa de que la inflación medida por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fuera de 3.079,5% en  1989 y de 2.314% en 1990.

En 1989, con la devaluación del Austral en la Argentina, miles de personas pasaron a la pobreza: la hiperinflación devoró salarios, generó revueltas, tomas de supermercados y, llevó al adelantamiento del traspaso del gobierno. La hiperdevaluación ocasionó la hiperinflación que provocó un aumento en el porcentaje de personas viviendo en la pobreza del 25 % a comienzos de 1989, al récord histórico de 47,3 % en octubre del mismo año.

 

 

Estamos en un proceso que se va acercando al de 1989-1990 a medida que se deprecia nuestra moneda, donde el dólar tras las fuertes salidas de capitales iniciadas el 25 de abril de 2018 por los mismos bancos que habían colocado deuda argentina en el mundo, pasó de valer en torno a los $ 20.- a $ 40, y tras las PASO a $ 60, pero con varios agravantes:

1. El precio del dólar no tiene techo, el gobierno utilizó la reprogramación de los vencimientos de los títulos de deuda pagando solo el 15% de su valor a esa fecha y postergando el saldo en un 25% a los 90 días y el 60% restante a los 180 días, y puso límites a la compra en 10.000 dólares por persona y por mes, pero eso no impide que por los mecanismos de contado con liqui y dólar bolsa se compren divisas para que los sectores que tienen excedente los dolaricen para sacarlos del país y, por otra parte, no hay ingreso voluntario de las mismas, son en cuentagotas las liquidaciones de las exportaciones y demás liquidaciones o compras externas y nadie al final del gobierno de Cambiemos le presta a la Argentina.
2.  Con el desgobierno de Macri se genera el deterioro del dinero que termina arrastrando el valor de los activos locales en moneda dura y como se espera que ello continúe, sigue la salida de dólares del sistema a la espera de poder comprarlos por menos divisas.
3. Todo esto repercute en la actividad económica que se paraliza a pasos agigantados, a la vez que se difieren y hasta se rompen las cadenas de pago. Esta falta de crecimiento y de oportunidades para inversión productiva local es la tercera causa de la fuga de capitales, lo que implica una restricción al desarrollo socioeconómico ya que drena recursos que podrían ser utilizados para potenciar el crecimiento y el empleo, así como también reduce la recaudación impositiva y tiene impactos negativos en la distribución de la riqueza.
4. El viernes 9 de agosto los depósitos en moneda estadounidense en el mercado bancario local sumaban 35.243 millones de dólares, tras la realidad de que el gobierno de Macri llega a su fin, se produce un retiro de esas imposiciones en cuenta corriente, en caja de ahorro y a medida que vencen los plazos fijos, de manera tal que un mes después más de la cuarta parte se fue del sistema. El 9 de septiembre los bancos captaban solo 25.764 millones de dólares, lo que hace un promedio de retiro por día hábil de 430 millones de esa moneda, de mantenerse ese promedio por mes suman 9.500 millones, las mismas se convierten en 0 (cero) en los tres meses que restan para fin de año. Y lo peor es que se supone que la mitad de los depósitos en divisas financian operaciones de comercio exterior, por ende su retiro “descalza” las mismas (las deja sin financiamiento) y la otra mitad constituye reservas internacionales en el BCRA.
5. El gobierno incumple las severas metas fiscales y monetarias con el FMI al solo efecto de dar una mínima respuesta a la población, la primera por reducción en el IVA, en Ganancias y en aportes previsionales, más el aumento en el gasto social por la emergencia alimentaria. Y el segundo, porque si bien es cierto que el BCRA retira dinero legal argentino a cambio de las divisas que pierde de sus reservas internacionales, las mismas ascendían al equivalente a 66.308 millones el 9 de agosto y un mes más tarde, al 9 de septiembre, suman solo 50.646 millones con lo que disminuyeron en un 30,9% y, lo que no es menos cierto, la Base Monetaria se redujo solamente en un 1,05%. (Fue de $ 1.344.749 millones el 9 de agosto, a $ 1.330.833 millones el 9 de septiembre de 2019.) Todo esto hace que el FMI no le otorgue el tramo de septiembre de 5.421 millones de dólares, salvo un waiver (perdón) que, de no ocurrir, asegura una nueva corrida cambiaria ahora de los $ 60 a $ 80 pesos la unidad norteamericana como mínimo.

 

La crisis cambiaria y las provincias

Las medidas adoptadas por el gobierno de Cambiemos de subir el mínimo no imponible y devolución del Impuesto a las Ganancias, más la quita del IVA a algunos alimentos, significan una disminución en lo que perciben las provincias de unos $ 30.000 millones hasta fin de año, porque todos ellos son tributos coparticipables.

La devaluación perjudica a las provincias más grandes, a las que el gobierno de Macri autorizó a endeudarse en divisas, principalmente Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, y Santa Fe, que deben pagar más pesos por sus deudas. Y a su vez, se resiente la recaudación del Impuesto a los Ingresos Brutos porque decae la actividad económica, conforma un trípode que ahoga financieramente a las jurisdicciones subnacionales e incluso el riesgo de que futuras devaluaciones tornen imposible el pago de la deuda, con lo que toda asistencia que tengan de la Nación, que por definición va a ser mucho menor que las necesidades, depara serios problemas para cumplir sus obligaciones hasta fin de año, como el pago en tiempo y forma de sus trabajadores, contratos y licitaciones. Menos que menos poder complementar el magro presupuesto y las transferencias del Tesoro de la Nación para asistir a los más pobres.

 

Emergencia alimentaria

La suba de los precios, en agosto de 2019 según el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC fue del 4%, por lo que el acumulado de los últimos 12 meses fue del 54,5%. Esto deteriora la capacidad adquisitiva de los que tienen trabajo, de jubilados y pensionados y de todos los que venden o prestan algún servicio al mercado interno.

 

 

Como consumimos el mismo bien que exportamos, alimentos, que son el principal componente de la canasta de consumo de una familia, la suba del dólar tiene un efecto inversamente proporcional a la capacidad adquisitiva del salario y de los demás ingresos fijos. Por ejemplo, una botella de aceite mezcla de 900 cm3 se vende en el mercado de Amsterdam, puerta de entrada al mercado europeo, en torno a los dos dólares, por ende, en la Argentina se va a vender a ese producto a esa suma menos las retenciones. Con lo que si sube el valor del dólar se debe dar más plata argentina encareciendo todos los bienes y servicios.

Cada nueva suba del dólar deteriora el nivel de vida de la población de manera tal que, según indica el informe del primer semestre del año 2019 del Barómetro de Deuda Social de la Infancia que elabora la UCA (Universidad Católica Argentina), casi la mitad de los niños en el país (48,1%), se encuentra por debajo de la línea de pobreza, pero tras la disparada del dólar de $ 40 a $ 60.- en agosto 2019, la situación se agrava y crece la cantidad de chicos que tiene que asistir a comedores infantiles para no pasar hambre.

Según el Informe N° 118 del Jefe de Gabinete de Ministros remitido al Congreso de la Nación para el tratamiento de la Ley de Emergencia Alimentaria, que se refiere hasta el año 2018, sostiene que los 1.623.864 niñas y niños asistidos en todo el país en comedores escolares en el año 2016, pasaron a ser 2.777.056 en el año 2018 (incrementándose en un 70%) y que el Ministerio de Salud y Desarrollo Social financiaba 11.144 comedores escolares en el año 2016 y pasaron a ser 19.036 dos años más tarde.

En ese año 2018 los comedores comunitarios eran 1.270 y asistían a 203.091 personas. Los merenderos distribuidos en todas las provincias y que reciben algún tipo de asistencia del Tesoro de la Nación eran 1.366 pero no se precisó a cuántas personas servían.

Lo que si es cierto y corroborable es que se los asiste mayoritariamente con arroz, fideos, harina, yerba, aceite, azúcar y sal y que dichos componentes son la base de la alimentación en los comedores escolares y barriales, casi sin carne, ni fruta, ni leche y sus derivados por abaratar costos y en desmedro de las proteínas y vitaminas necesarias.

A su vez, unos 5.000 centros de jubilados distribuidos en toda la Argentina reciben escaso dinero para comprar lo que han de repartir a los que más necesitan, asistiendo a unas 605.000 personas sobre los 7 millones de jubilados y pensionados del país.

El plan se complementa con la entrega de tarjetas alimentarias para la adquisición de alimentos por parte de sus titulares y ambos componentes (la remisión de comida y su financiamiento y la entrega de tarjetas alimentarias) es lo que se incrementa con la sanción de la Cámara de Diputados que prorroga la emergencia alimentaria al 31 de diciembre de 2022. Esta sanción aumentará la partida de este año en un 50%, crédito que al 31 de agosto de 2019 ascendía en total a $ 18.142,8 millones, unos 300 millones de dólares por año, para asistir a la mitad de los chicos y de los viejos que son pobres y no pueden siquiera garantizar en el mes la comida básica. Al mismo tiempo, por las LELIQs del BCRA se pagan $ 78.365 millones por mes (unos 1.300 millones de dólares).

 

Conclusión

La Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Gran parte de la población, sobre todo en las provincias del norte argentino y en los cordones de las grandes ciudades, percibe un ingreso per cápita como un país del África subsahariana, mientras que una parte de la sociedad ha hecho de la fuga de capitales y de la especulación su medio de vida en un marco en que se apropia de la renta agraria, petrolera y energética, financiera, etc.

El país se ha acostumbrado a funcionar así y hasta parece normal, cuando se debe impulsar el trabajo y la producción nacional y a la par mejorar la distribución del ingreso para generar un mercado interno sólido y en expansión, que es a la vez la base de acumulación de capital en la Argentina.

El deterioro de nuestra moneda nacional es uno de los caminos adoptados para el enriquecimiento de los que fugaron capitales y del capital extranjero que le interesa algunos enclaves productivos como puede ser la producción de soja y maíz, Vaca Muerta, el litio y otros minerales y no mucho más.

Paralelamente han aprendido de otras crisis, sobre todo de la del 2001, y han creado redes de contención, pero debe comprenderse que es un mal necesario y que del mismo se sale solo con trabajo y producción. Ese es el desafío del gobierno que viene.

 

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