La gula

 

Los intendentes de la provincia de Buenos Aires discuten con Axel Kicillof la distribución de partidas para pago de sueldos. La noticia de las últimas horas no fue grata. De los 15.000 millones de pesos que el gobernador pidió a Nación para hacer frente a los gastos, obtuvo un compromiso de 12, de los cuales recibió 5.000. Mil millones llegaron a los intendentes. Esperaban más. Pero en los próximos días van a recibir otros 3.000 millones en créditos a tasa cero. La emergencia sanitaria tiene a todos rascando la olla. En abril, 50 municipios no pudieron enfrentar pago de sueldos. En mayo, se sumarán otros 60, entre ellos localidades como Hurlingham, adelanta el intendente Juan Horacio “Juanchi” Zabaleta, uno de los puentes entre la Rosada, la provincia y los intendentes. Y los otros 20 municipios acudirán a los depósitos de reserva, con lo cual también será una forma de endeudarse. En ese contexto, también ellos esperan los resultados del debate de la ley por el impuesto extraordinario a la riqueza que el Frente de Todos impulsa en el Congreso. Algunos lo hacen frotándose las manos. Y ya están pensando en la co-participación. Una demanda que también esperan gobernadores y dan por descontado que será aprobada: nuestros senadores y diputados ya tienen las manos levantadas, dice La Rioja. No todos, sin embargo, están a la espera sino que comienzan a mirar al universo de sus ricos locales: aquellos grandes contribuyentes a quienes acudir solidariamente por aportes extraordinarios.

Ese universo es, aún, minoritario. Pero empieza a existir. Uno es el caso de Hurlingham, donde Zabaleta analiza aumento de tasa de seguridad e higiene para los grandes contribuyentes que no han frenado actividad: hipermercados como el caso de Carrefour, el sector de logística y bancos. Sobre todo los bancos, dice el intendente, el sector que más creció y se benefició en los últimos años, y que se sigue haciendo el distraído ante los desesperados pedidos de créditos de las pymes que todos los días golpean las puertas de la comuna. Otro caso es más conocido. Es la contribución extraordinaria por emergencia sanitaria que pidió el distrito de Castelli a propietarios de más de 50 hectáreas. El intendente Francisco Echarren avanzó con la idea en marzo, cuando la agenda aún no estaba planteada en Nación. La pasó mal. Hubo escraches. Y ejércitos de trolls en los que asomó la cabeza Luciano Bugallo, uno de los promotores de las primeras cacerolas de 2012, diputado bonaerense de Cambiemos desde diciembre de 2019 y organizador del movimiento Campo Más Ciudad que asomó tras el último anuncio de aumento a las retenciones a la soja. ¡Bajen los impuestos porque se pudre mal!, le dijo al Presidente.

 

 

¡Impresionante #Tractorazo en Córdoba en estos momentos, en contra de las medidas anti productivas de @alferdez! Esto recién empieza muchachos, bajen impuestos porque se pudre mal. pic.twitter.com/lvXIZUIHPU

— LUCHO BUGALLO (@LuchoBugallo) March 5, 2020

 

 

En Castelli, Bugallo encabezó la protesta virtual y un amparo supuestamente colectivo para frenar la contribución. El amparo en realidad representó sólo a 4 de los 539 propietarios alcanzados. Y la justicia de Dolores resolvió a favor de la comuna. El último jueves Bugallo volvió a la carga y apeló ese fallo, pero la experiencia de Castelli hoy permite mirar lo que probablemente sucederá en la agenda nacional durante los próximos dos meses.

”Es como pararse a mirar el futuro –dice el intendente—: acá hubo una minoría muy concentrada que se opuso. No es el escenario de 2008, y eso hay que verlo y decirlo: esta minoría tiene participación política directa en Cambiemos. Y estoy convencido de que a nivel nacional se van a pasar todas las etapas que vivimos nosotros a nivel municipal”. Primero el escrache, luego los medios, después el boicot en el Concejo Deliberante y finalmente la judicialización, forum shopping mediante, que les salió por la culata. Esa es la historia que sigue.

 

 

 

Castelli

Castelli está ubicado a unos 170 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Es un municipio de 11 mil habitantes en una provincia con gigantes de 2 millones como La Matanza. Hasta el año 2013, la calle principal se llamaba Federico Martínez de Hoz, uno de los nacidos allí y gobernador durante la década infame. A partir de ese año, el nombre cambió por otro lugareño: Diego Muniz Barreto, diputado asesinado por la dictadura militar.

 

 

 

Es el lugar donde Juan Manuel de Rosas pasó cuatro años en casa de su abuelo. Y, de los castillos de la ruta 2, parte de las tierras entregadas a los Alzaga,  donde vivieron Martín de Alzaga y Felicitas Guerrero. Hoy es una localidad agroindustrial con aire de pueblo, un Concejo Deliberante de diez personas, seis del PJ. Francisco Echarren lleva tres mandatos como intendente, fue reelegido en diciembre con 66% de votos, el porcentaje más alto de la provincia.

 

 

 

 

En marzo, Echarren diseñó el aporte extraordinario con un nombre específico. No podía ser ni una tasa ni un impuesto. Lo llamó: contribución especial por única vez por emergencia Sanitaria.

“Nosotros empezamos a ver que íbamos a tener una merma sostenida en la recaudación, erogaciones extraordinarias en asistencia sanitaria, alimentaria y de seguridad, con ingresos de tasas en baja, fundamentalmente del sector comercial. Y cuando uno es intendente, gobernador o presidente —dice—, está obligado a planificar estas cuestiones para que la situación no explote cuando ya es tarde”.

En ese contexto, “fuimos a plantear un tributo especial por única vez al sector de mayor capacidad de nuestra localidad. El agropecuario. Primero porque es la industria mas fuerte y segundo porque siguió funcionado sin límite como parte de los rubros esenciales. Todos los otros sectores tienen una limitante que los está dañando. El comercio va para abajo, no están en posición de hacer un tributo especial. En cambio, ellos siguieron facturando, tal vez más que antes porque el precio de la carne aumentó y porque es multifactorial. Por eso lo pensamos. Vimos aumento de gastos, caída de ingresos y dijimos: acá vamos a entrar en una emergencia económica municipal y si no pagamos los sueldos un mes se nos corta la cadena de pagos de todo el municipio”.

La comuna elaboró primero un decreto ad-referéndum del Concejo Deliberante que estaba cerrado por pandemia. El decreto prescribía una contribución de 42 pesos por hectárea a partir de 50 hectáreas, a pagar en tres cuotas. El universo total ascendía a 539 propietarios que debían pagar el día del vencimiento de la tasa por servicios rurales. Según el intendente, la contribución tenía tope máximo de 36 mil pesos. Y en varias entrevistas aclaró que si el dinero no se usaba para la emergencia sanitaria, sería devuelto. El decreto se firmó el 25 de marzo, avanzó en el Concejo Deliberante apenas se pudo, allí se aprobó con votos propios y con la ausencia de la oposición, y obtuvo el doble conforme de la Asamblea de Mayores contribuyentes exigido por la carta orgánica de las municipalidades. Y cinco días después del decreto estalló el primer escándalo.

El 1° de abril, la presidenta de la Sociedad Rural de Castelli, Angelina Traverso, plantó una queja en el diario La Nación. "Los productores están disconformes. El descontento primero es porque recibieron dentro de la tasa vial el valor de la Contribución Única Covid-19, sin estar aún el decreto aprobado por el Concejo Deliberante de la ciudad y también porque los montos que había hablado el intendente por las redes sociales distan mucho de lo que plantea el decreto".

 

 

 

 

En la misma línea se pronunció Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap). Y, Twitter. “Y ahi nos encontramos con una reacción violenta, muy agresiva –dice Echarren—, pero no de todo el mundo, porque hay que decirlo, sino de un sector minoritario que tiene profundas raíces con Cambiemos”.

 

 

 

El troll

“La cuarentena no es excusa para que el oportunismo político, permita crear impuestos encubiertos por decreto, como hizo el Intendente de Castelli @EcharrenF, hacia los productores rurales”, lanzó el diputado Bugallo vía Twitter. Publicó el 5 de abril, posteó todas las notas, y lo mismo el día siguiente. Bugallo es conocido en el activismo troll de Cambiemos. Dueño de una carrera política ascendente cobró fama en el espacio de blogueros anti-k. En abril de 2013 viajó a la ciudad de San Pablo con Yamil Santoro a una cumbre financiada por la American Task Force Argentina, el principal grupo de lobby de los buitres que demandaba a la Argentina por la deuda. La cumbre de Brasil se hizo dos días antes del 18A en la Argentina, la última caceroleada numerosa que agitaba odio desde las redes contra el gobierno de Cristina. En diálogo con Perfil, un año más tarde, Bugallo y Santoro reconocieron el viaje y anunciaron reuniones con otros ciberactivistas de Latinoamérica, pero "solo tuvieron el almuerzo con los estadounidenses y pocas horas después emprendieron el regreso".

Aquí, Cynthia García en sus recordados combates cuerpo a cuerpo con las cacerolas.

 

 

 

 

 

 

Bugallo asumió en diciembre como diputado bonaerense. Y ahora integra el movimiento que empezó a agitarse en las redes en noviembre del año pasado, tras las elecciones generales, con imágenes que buscan reactivar la épica insidiosa de la 125 atrás del sello de Campo y Ciudad. El movimiento y su cuenta de Twitter convocó al paro de cuatro días en el mes de marzo.

 

 

 

 

Es esposo además de una diputada nacional de Santa Fe, ambos del espacio de Lilita Carrió, quien salió madrina de la boda.

 

 

 

 

 

Bandeja de Plata

Alejo Ramos Padilla denomina bandeja de plata al mecanismo que intenta blanquear en la justicia información que proviene de operaciones de espionaje. Es una imagen que le permite comparar el blanqueo de dinero con el blanqueo de información. Bandeja de plata porque los espías sirven información en bandeja a jueces o fiscales que les son útiles y las introducen en causas judiciales para blanquearlas. En este caso, no hay espías. Ni información ilegal. Pero hay una decisión política traducida en un expediente que fue servido en bandeja de plata a la justicia.

Bugallo presentó un amparo en un juzgado civil y comercial cuando debía haberlo hecho en el fuero contencioso administrativo. Y lo hizo ante la jueza Daniela Galdós, cuya familia es dueña de 14.000 hectáreas de tierra, hermana del ex presidente de la Sociedad Rural de Dolores, Germán Galdós. Cuando el intendente la recusó por esto, ella dijo que no iba a dejar la causa porque no había condiciones objetivas para hacerlo. Finalmente debió dejarla. El intendente volvió a recusarla porque en 2006 ella se había excusado en un expediente porque conocía a uno de los productores agropecuarios que en este caso también se presentó como demandante. La comuna, además, le inició un jury.

La causa recayó finalmente en el juzgado en lo contencioso administrativo de Antonio Marcelino Escobar, en Dolores. Bugallo sostenía que el pedido del intendente iba contra el principio de igualdad ante la ley y que la comuna no tenía atribuciones para exigir un aporte. El 15 de abril, el juez se expidió a favor de la comuna. Varias notas señalaron este punto pero es interesante ahora volver al fallo porque sentó un precedente para el debate que viene. El juez desconoció el interés legítimo de Bugallo en el amparo y aunque no se pronunció sobre el fondo dijo que la comuna tenía autonomía para hacer el pedido. Y, lo más importante en términos políticos, señaló que la igualdad ante la ley no es un criterio abstracto, si no que en momentos de emergencia como este lo que debe prevalecer es la solidaridad para garantizar el derecho a la vida y a la salud.

 

 

 

 

“El cuadro actual de la situación epidemiológica nos lleva a valorar circunstancias que otrora ni siquiera habrían sido consideradas –dijo el juez— pues en la tensión entre el derecho a la vida y la salud, y la eventual igualdad ante las cargas públicas, ha de prevalecer la solidaridad de aquellos que pueden contribuir, sin que ello denote un riesgo a su supervivencia económica. Ello, claro está, en un marco de razonabilidad en la imposición de ciertas cargas a punto de que no implique la supresión al derecho a la propiedad”.

Hay que considerar también, dijo, “que el principio de igualdad ante las cargas públicas no debe quedar reducido a un concepto gramatical de alcances matemáticos, es igualdad frente a los que están en iguales condiciones, y tampoco debe interpretarse como ajeno o desvinculado del principio de equidad en atención a las circunstancias históricas que se desarrollen”. En ese sentido, “el análisis no puede ser sólo normativo, sino que incorpora valores jurídicos, principios éticos, y los principios generales del derecho, entre los que se encuentra la equidad, y constituye un criterio de justicia y de razón, que siempre están supuestos en la creación de la norma, en la interpretación de la ley y el alcance de los derechos”.

El jueves Bugallo apeló. Habrá que ver qué ocurre finalmente. Hoy el aporte se sigue cobrando con una tasa de pago de más de 87 por ciento. Pero ese proceso activó una acechanza.

“A mi la Carbap me trató de rastrero oportunista, todos los calificativos que se te ocurran –dice Echarren—, pero tengo claro que no fue  para atacarme a mi, sino para que ningún otro intendente se anime a hacer esto que es algo razonable”.

Y repite:

“Si vos querés saber qué va a pasar de acá a dos meses a nivel nacional, tenés que mirar lo que pasó en Castelli. Porque va a ser igual. Creéme. Una embestida con los medios, que ya los vemos. Una embestida legislativa y una judicial, eso es lo que viene”.

 

 

 

Así son los días

Nada es sencillo en la provincia. Cada municipio tiene un comité de emergencia con autoridades de salud, desarrollo comunitario y seguridad. La ministra de Gobierno Teresa García articula cada pedido de los intendentes con todas las áreas. Salud sigue de cerca el armado de la plataforma sanitaria. Nico Kreplac desde esa área revisa además la situación de unos 3.100 geriátricos, uno de los puntos vulnerables con más de 20 por ciento con disfuncionalidades. La estructura desmantelada del Estado dejó en el ministerio sólo a unos 40 inspectores a cargo de controles de clínicas, sanatorios, farmacias y geriátricos de toda la provincia. Sergio Berni anunció esta semana que sacará a la policía de los accesos a los distritos y eso tensa la relación entre el interior que quiere controles para frenar la entrada del virus y el Conurbano que los quiere para la calle. En el medio, los intendentes que lidian con todo tipo de cosas, comunas que han triplicado demanda de alimentos, pymes, comercios parados y el capítulo de los bancos. En Escobar, Ariel Sujarchuk reunió esta semana a los gerentes de las sucursales locales para decirles que hasta acá llegó el trabajo de dama de compañía. Que la sala de espera pasó a la calle y que ahora deben ser ellos quienes compren unas sillas, mate cocido o agua fresca para servir a la gente. Todos analizan salida administrada. Teresa García viene diciendo hace una semana que todos los intendentes quieren seguir el aislamiento. Y que de este tsunami sólo saldrán enteros quienes hayan cuidado a la gente.

 

 

 

 

Ella recibió y sistematizó las propuestas administradas que ellos pasaron. Escobar analiza la vuelta progresiva de autopartistas. Y en varios lugares avanza el desarrollo de aplicaciones para que los comercios vendan a domicilio. En ese contexto, la relación con los privados es variada. Mayra Mendoza logró acuerdos de cooperación con la cervecería Quilmes para puntos de asistencia solidario. La cervecería produce alcohol en gel y entregó camas en la Universidad local. Pilar coordinó parte de sus políticas públicas con privados: Hebraica y Maristas cedieron espacios para ubicar 650 camas de internación.

Uno de los planteos de quienes protestan en las redes por el aporte de Castelli es que el campo ya está colaborando con donaciones de las sociedades rurales de distintos municipios. Probablemente también sea parte de los argumentos que se vienen en Nación. La provincia tiene una enorme cantidad de medios locales con noticias sobre de todo tipo de donaciones de grandes contribuyentes, en ocasiones con números suculentos como sucede con Pampa Energía de Marcelo Mindlin, número 37 en la lista de los 50 más ricos de Forbes, con un patrimonio de 360 millones de dólares.

 

 

 

Hubo donaciones también en Avellaneda, y prometieron en Bahía Blanca, Punta Alta, Marcos Paz, Ensenada, Pilar y las provincias de Neuquén y Mendoza.

Se sabe. Las donaciones no duelen porque se descuentan de impuestos. Y los impuestos, aún los extraordinarios originan todo tipo de pataleo. Vía donación, los más ricos de este país aparecen inscriptos en un lugar de poder. Vía impuesto extraordinario deben pagar, y por lo tanto aceptar que el poder está en otro lado. O al menos que esta coyuntura no los muestra en una correlación de fuerzas favorable.

 

 

 

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