La guerra diplomática contra Rusia

 

América Latina y los países emergentes y en desarrollo, en general, están siendo presionados no solo para condenar la invasión militar de Rusia a Ucrania a través de declaraciones en el marco de diversas instancias internacionales, sino para expulsarla de estas. El problema no radica en la condena a la guerra, sino en que las presiones que ejercen las potencias occidentales, en particular Estados Unidos, sobre el contenido de las resoluciones, exacerban y prolongan el conflicto y, por ende, la crisis económica mundial en curso.

Una de las vías para la sobrevivencia de Estados Unidos como primera potencia hegemónica consiste precisamente en limitar la influencia de China y Rusia en Europa y en el resto del orbe en todos los ámbitos posibles. En el viejo continente, concentra el mayor número de bases militares (452) y desde una de ellas, Ramstein, en Alemania, convocó el martes a representantes de 40 países, incluidos varios ajenos a la OTAN, para invocarles a una mayor participación en el envío de armas a Ucrania. Además de acordar reunirse mensualmente, Alemania, país tradicionalmente reticente a aumentar su participación en la guerra ucraniana, anunció el envío de tanques tipo Gepard, con capacidad de defensa antiaérea. El portavoz del Pentágono, John Kirby, ha señalado que otros países se comprometieron a garantizar la seguridad y el poder militar real de Ucrania.

Al día siguiente, Vladimir Putin advirtió en el Parlamento ruso que “cualquier intervención externa” en la operación militar lanzada por su país en Ucrania recibirá “una respuesta fulminante”. Destacó la posesión de arsenales de misiles hipersónicos y el misil balístico intercontinental Sarmat y dijo: “No nos jactaremos de tenerlos. Los usaremos de ser necesario y quiero que todos lo sepan”.

Así como ejerce presiones para frenar los crecientes flujos de comercio e inversiones de China con el mundo, el gobierno estadounidense busca cercar militarmente a Rusia, su rival como potencia nuclear. Como señalamos en El Cohete, sabe que su superioridad militar se ha erosionado y que su capacidad para defender a sus aliados y sus propios intereses vitales están cada vez más debilitados. “Si la nación no actúa con prontitud para remediar estas circunstancias, las consecuencias serán graves y duraderas”, se señala en el Providing for the Common Defense (Previsiones para la Defensa Común) de 2018. Por ello, en el National Defense Strategy (Estrategia de Defensa Nacional), del mismo año, se señala que la competencia estratégica a largo plazo con China y Rusia es la prioridad del Departamento de Defensa, lo cual requiere “una inversión mayor y sostenida, debido a la magnitud de las amenazas que ello supone para la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos”.

Como China no es protagonista de esta guerra y actúa como dice Xi Jinping “a la luz de la Carta de la ONU y aboga por el concepto de seguridad común, integral, cooperativa y sostenible, que constituyen los principios fundamentales que sustentan su enfoque sobre la crisis de Ucrania”, la mirada está puesta en Rusia.

 

 

Aislar a Rusia

El cerco no es solo militar y económico, sino diplomático. El miércoles 27, Rusia renunció a la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, antes de que se sometiera a votación un proyecto de Resolución que seguramente aprobaría su expulsión, de la misma forma que los miembros de la Asamblea General de la ONU lo hicieron al expulsarla de su Consejo de Derechos Humanos (CDH) el 7 de abril.

El texto de la Resolución, con la Argentina a cargo de la presidencia del CDH, recibió los votos favorables de 93 países, el rechazo de 24 y hubo 58 abstenciones. El respaldo a la propuesta fue significativamente menor al de las resoluciones presentadas en oportunidades anteriores en esa instancia: la primera, aprobada el 2 de marzo, exigía poner fin a la intervención militar de Rusia y recibió 141 votos a favor, cinco en contra y 35 abstenciones; la segunda, aprobada el 24 del mismo mes, tuvo un planteamiento y votación similares. Ciertamente, apoyar la condena a la guerra o exigir su cese inmediato, a pesar de que los textos no reflejan la complejidad del tema, es más fácil políticamente que respaldar la expulsión de Rusia.

Un fenómeno similar ocurrió el 21 de abril cuando Rusia fue expulsada de la OEA, de su condición de Observador Permanente que mantenía desde 1992. En lo que constituyó también la tercera resolución referida a la intervención militar rusa, aprobada por este organismo, recibió menos apoyo que en las dos anteriores. En esta oportunidad fueron ocho los países que se abstuvieron: la Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras, México, San Vicente y las granadinas. Perú y Chile, junto a otros 23 –la OEA contabiliza a Juan Guaidó pues el gobierno de Venezuela renunció a ese organismo en 2017– apoyaron la propuesta norteamericana presentada en esa oportunidad por Guatemala y Antigua y Barbuda.

Luego de la votación, la embajadora de México ante la OEA, Luz Elena Baños, dijo que su país condena la intervención militar de Rusia a Ucrania pero que el diálogo debería ser la herramienta para resolver el conflicto y planteó a ese Consejo Permanente “si la expulsión facilitará la búsqueda de una solución o servirá solamente para aumentar la colección de resoluciones que no resuelven nada”.

Como si representara a monjes budistas del Tibet, el representante interino de Estados Unidos ante ese organismo, Bradley Freden, dijo que esta sirve para demostrar que la OEA no estará asociada con países que registran valores y principios contrarios a los de la organización. “Tenemos derecho a determinar con quién nos aliamos. Mientras Rusia tenga sangre ucraniana en sus manos, no es bienvenida a nuestra mesa”. Por su parte, el representante ruso criticó que durante la sesión no se le haya permitido comparecer sobre el documento ni antes ni después de la votación. Destacó que las prioridades comunes actuales son la recuperación económica tras la pandemia y que, por el contrario, “estamos presenciando intentos destructivos de sembrar nuevas líneas divisorias en América Latina en nombre de la conocida Doctrina Monroe, y denunció la “presión sin precedentes” por parte de “Estados Unidos y sus satélites sobre los países de la región destinada a aislar a Rusia en el escenario internacional”.

Un día antes de su expulsión de la OEA, varios ministros de Economía y gobernadores de Bancos Centrales (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido) reunidos en Indonesia, en el marco del Grupo de los 20, se retiraron para protestar por la presencia de Rusia. Los representantes de América Latina (la Argentina, Brasil y México) permanecieron en sus lugares, al igual que los de Sudáfrica, India, China, Alemania, Italia, Suiza, Japón, entre otros. El Presidente Biden ya había planteado la expulsión de Rusia del G20 durante la Cumbre presidencial de la OTAN y el Grupo de los países más ricos del mundo (G7), en marzo, pero ello requiere un inviable consenso. Además, la directora general del FMI, Kristalina Georgieva, instó al G20 a seguir cooperando en esta instancia, a pesar de las tensiones. El gobierno de Indonesia no ha cedido a las presiones estadounidenses y no ha retirado la invitación a Putin –que ayer confirmó su presencia– a la Cumbre del G20 que se realizará en noviembre, aunque ha extendido una al Presidente de Ucrania, quien no es miembro de este foro.

 

 

 

Los intereses de la guerra y su impacto económico

La intervención militar de Rusia en Ucrania es funcional a la política de seguridad nacional de Estados Unidos. Le permite ampliar presupuestos para el gasto en armamento, en particular después de su desastrosa retirada de Afganistán, en agosto del año pasado, y satisfacer al poderoso complejo militar industrial; aplastar a Rusia económicamente a través de sanciones económicas sin precedentes en una suerte de sinfonía que dirige magistralmente pero sin considerar el efecto búmeran; y satisfacer a los lobistas de las empresas petroleras estadounidenses que buscaban impedir la construcción del gasoducto Nord Stream II, que proveería gas natural de Rusia a Europa a través de Alemania.

Recordemos, en tiempos de Trump, las amenazas de sanciones que recibieron empresas occidentales que participaron de su construcción. Con viento en contra, el gasoducto se concluyó en septiembre del año pasado y como el pan que en la puerta del horno se nos quema, como diría César Vallejo en Los Heraldos Negros, no pudo operar debido a que Alemania suspendió la licencia de operación por las amenazas directas de Joe Biden de cerrarlo si Moscú intervenía en Ucrania.

Así, el Presidente estadounidense pudo ofrecer a Europa el gas natural licuado (LNG) –mucho más contaminante y costoso que el gas natural ruso– durante la Cumbre de la OTAN y del Grupo de los Siete, realizados en Bruselas, en marzo. El problema es que la oferta no es suficiente, lo que está generando presiones inflacionarias con un serio impacto en el crecimiento económico de esa región.

Estados Unidos ha visto caer su economía en 1,4% durante el primer trimestre de este año, la tasa interanual de inflación en marzo (8,5%) es la más alta de los últimos 40 años y su comercio internacional ha registrado una caída estrepitosa. Las previsiones de menor crecimiento en China por el cierre de ciudades importantes como Shangai por la Covid-19, y la parálisis de sus puertos añaden elementos negativos a las perspectivas económicas, políticas y sociales en nuestra región.

El Banco Mundial ha señalado que la economía mundial se enfrenta al “mayor shock de materias primas que hemos experimentado desde la década de 1970”, en particular la energía, fertilizantes y alimentos, y ha instado a crear programas específicos de redes de seguridad como transferencias de efectivo y programas de alimentación en lugar de subsidiar alimentos y combustibles.

La FAO reportó recientemente que el índice de precios de alimentos llegó en marzo a su nivel más alto desde su creación en 1990, por lo que nos enfrentamos a una crisis alimentaria global y generalizada. Según el funcionario de la FAO, Máximo Torero, “ahora no tenemos un problema de disponibilidad de alimentos, tenemos uno de acceso, por el aumento de los precios. El año que viene podríamos tener un problema de disponibilidad de alimentos y de acceso”.

Al respecto, el representante del Perú ante la OEA, Harold Forsyht, dio el miércoles un paso importante en ese sentido, al presentar en esa instancia un proyecto de declaración sobre el peligro que representaba la escasez de fertilizantes, derivada de la guerra en Ucrania, para la producción agrícola. Argumentó que esta ha contribuido al incremento de los precios de los alimentos y que la mayoría de los países latinoamericanos son grandes importadores de dicho producto.

Si bien los participantes se mostraron a favor de examinar la iniciativa, los representantes de Estados Unidos, Canadá, la Argentina, entre otros, pidieron revisar el lenguaje de dicha declaración antes de su aprobación. Ante la falta de respaldo mayoritario a la misma, Forsyth advirtió que “en unos días tal vez no haga falta una declaración, sino una resolución”.

En lugar de respaldar declaraciones o resoluciones impulsadas por intereses ajenos, América Latina debe concentrarse en impulsar en el plano internacional y regional propuestas que busquen mitigar la hambruna que han incrementado la desigualdad, la pandemia y la guerra.

 

 

 

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