La guerra de las pensiones

 

La seguridad social es la actividad humana que más dinero mueve en el mundo. Por ello es, fue y seguirá siendo la joya más preciada del capitalismo financiero, aquello por lo que los dueños del capital no escatimarán esfuerzo alguno para quedarse con todo lo que puedan de esa inmensa masa de dinero. Esta situación ha provocado que organismos internacionales como el FMI, BM y la OCDE —curiosamente, ninguno de ellos especializados en materia de seguridad social— sean los impulsores principales de las llamadas “reformas estructurales en materia de pensiones” [1].

Cada vez que se discute la deuda pública, el debate lleva a tratar el ajuste a aplicar al sistema previsional. En cada visita de los auditores del FMI se discute la necesidad de  reducir el gasto en pensiones. En nuestro país pululan los “analistas económicos” que siempre hablan del desmesurado gasto social o de la insustentabilidad de nuestro sistema previsional, enfatizando la necesidad de ajustarlo, representando el triste papel de auténticos mercenarios del capital financiero internacional. Quizás algún lector desprevenido pueda pensar que las motivaciones de esta preocupación respecto del ajuste y la reducción del gasto se vinculan con la necesidad de liberar fondos para otras cuestiones, como requisito previo para generar reactivación económica. Pero eso es erróneo. La prueba más acabada de semejante error es que, mientras rigió en nuestro país el mecanismo de capitalización individual, el gasto previsional tuvo un pico récord, porque además del pago de las prestaciones los ingresos del sistema se redujeron en una tercera parte, debiendo hacerse cargo el Estado de esa diferencia. En solo nueve años las AFJP se llevaron de las arcas del Estado 30.527,8 millones de dólares. En ese tiempo, los que hoy hablan de insustentabilidad nos explicaban lo bien que nos iría en el futuro, pero cuando ese futuro llegó y mostró la debacle del esquema de capitalización individual, se escondieron durante un tiempo para luego reaparecer como si nada hubiera pasado.

En nuestro país, alrededor del 22% de nuestro PBI lo insumen las prestaciones de la seguridad social: jubilaciones y pensiones; pensiones no contributivas; asignaciones familiares; asignación universal por hijo; enfermedades laborales y riesgos del trabajo;  obras sociales y otras políticas sociales.

De estas prestaciones, las relacionadas con riesgos del trabajo se encuentran administradas por compañías de capital financiero. A su vez, el sistema de obras sociales se encuentra administrado por distintos gremios. El esquema prestacional de salud, tanto en la Argentina como en el mundo entero, sufre hoy una crisis importante producto de los elevadísimos costos de los insumos relacionados con la salud, obligando a las Obras Sociales a hacer malabares para poder sobrevivir. Uno de los mecanismos que han encontrado muchas de ellas es subcontratar empresas de medicina privada para dar respuesta a sus afiliados.

Las prestaciones sociales, en particular la lucha contra el hambre y la pobreza extrema, no forman parte del interés de ningún capital financiero, así que de ellas se seguirá haciendo cargo el Estado.

En consecuencia, la verdadera lucha está relacionada con los regímenes de prestaciones dinerarias de jubilaciones y pensiones. Por lo tanto, esta es una pelea por alrededor del 10% del PBI. Algunos países gastan un poco más y otros un poco menos, pero en general los de mayores ingresos son justamente los que más invierten y en consecuencia, los más tentadores. Según el FMI, el PBI mundial en 2019 alcanzó los 87.265.226 millones de dólares. La pelea esta dada para definir quién administra 8.726.522,6 millones de dólares.

 

 

 

Chile al podio

Sobre lo que significa esta lucha contamos con varios ejemplos. Quizás el mas emblemático sea el caso de Chile. Es sabido que el país transandino fue el primer país en el que el capital financiero logró adueñarse de los fondos de pensión. Lo hizo de la mano del hermano del actual Presidente chileno, en plena dictadura del general Pinochet.

 

 

 

 

Fue exhibido por el mundo como el milagro chileno y el ejemplo a seguir por los países en vías de desarrollo. La OCDE incorporó a Chile a sus filas a pesar del bajo monto de su PBI, como premio a semejante logro. Ese hecho motivó que el resto de las políticas de protección social en Chile fueran también privatizadas: la salud y la educación, entre ellas. Esas decisiones significaron una concentración del ingreso en pocas manos y un crecimiento desmedido de la desigualdad, llevando a Chile al podio de los países mas desiguales de la tierra.

Pero lo más curioso es que el resultado de la privatización del sistema previsional llevó a Chile a pagar un tasa de sustitución –la relación entre lo que cobra un trabajador en actividad y lo que percibe como jubilación– de entre el 22% y el 30%. Tan bajo guarismo motivó que el Estado tuviera que instaurar una prestación no contributiva complementaria para aquellos cuyo haber fuera demasiado bajo, y con el correr del tiempo el costo de esa prestación insumió un 4,96% del PBI. Para que entendamos que significa esto: en la Argentina el sistema de seguridad social recibe financiamiento impositivo del orden del 3,92% del PBI, producto de la disminución de las contribuciones patronales implementadas por Cavallo en su momento y mantenidas hasta la fecha. Téngase en cuenta que si estas contribuciones no se hubieran disminuido, los aportes y contribuciones sobre la nómina laboral serían suficientes para afrontar el pago de las prestaciones.

Por ello, la enorme crisis social que vive nuestro hermano país tiene su origen en  la guerra feroz que impone el mercado financiero para quedarse con los ahorros de los trabajadores. Esta misma lucha se da en Colombia, donde una alianza de derecha que gobierna el país hace unos cuantos años copió el modelo chileno y privatizó todo lo que se les puso al frente. Allí también la crisis social es inconmensurable y también se ha transformado en una enorme crisis institucional.

Otro caso emblemático es el de México, país que también privatizó su sistema previsional al más crudo estilo chileno, motivando un desinterés en los trabajadores por participar en el sistema y provocando un deterioro en el nivel de cobertura previsional de los adultos mayores con una tasa de sustitución inferior aún a la chilena. Actualmente, el gobierno progresista de López Obrador se debate de manera desesperada por salir de esta trampa, pero las presiones son de tal magnitud que aun no han encontrado la forma de romper el huevo de la serpiente que los acosa.

 

 

 

También Europa

Europa no es ajena a esta lucha encarnizada. Europa del este vive la misma pesadilla de nuestros hermanos latinoamericanos, pero dentro de los países mas avanzados el caso más impactante es el de Francia, por lo que este país representa en el concierto de naciones. El Presidente Macron impuso una serie de reformas al sistema previsional que hicieron arder Paris. Hace meses que las organizaciones de la sociedad civil enfrentan al gobierno, que insiste en no revertir la decisión. Esto llevó a registrar meses de huelgas, quejas sociales, movilizaciones permanentes y recurrentes que han hecho perder popularidad al Presidente, dejando un final todavía abierto y de resultado impredecible. España, a su vez, viene padeciendo una fuerte presión por parte de la Unión Europea por ser el país que paga la jubilación máxima más alta, aproximadamente 2.683 euros mensuales.

 

 

 

 

Quedan todavía en lista de espera unos cuantos países donde los regímenes de jubilaciones y pensiones se encuentran fuertemente tensionados y por eso algo ocurrirá, como Perú, los países de Centroamérica y hasta Estados Unidos de Norte América y Canadá.

Nuestro país es un caso atípico en el concierto de naciones. Es el único que volvió de un régimen de capitalización a un esquema de reparto solidario que alcanzó, durante la administración kirchnerista,  no solo el nivel más alto de cobertura de toda su historia, sino que además contaba con reservas técnicas en el FGS equivalentes a una vez y media el gasto previsional; estos excedentes operativos se incrementaban año a año, contribuyendo con la jubilación mínima más alta de Latinoamérica. Pero llegó el neoliberalismo y destruyó la mayoría de aquellos logros. Hoy la Argentina se encuentra en el séptimo lugar respecto del nivel de ingresos por jubilación en América Latina, y con la mitad de las reservas técnicas.

Nuestro país representa un “mal ejemplo” para los organismos internacionales y sobre todo para la asociación internacional de fondos de pensión, que temen que ante el fracaso de la capitalización algunos países quieran intentar la solución argentina. Por ello creo que los enemigos de afuera y los de adentro van a hacer lo imposible para implosionar el sistema previsional argentino. Una alianza entre la Justicia, los grandes medios de comunicación, el capital financiero y los organismos internacionales puede hacerlo volar por los aires. Para aquellos que creen que la emergencia previsional vigente es un antídoto a cualquier intento, les digo que no es así. Con la emergencia no alcanza.

Por ello creo que el gobierno nacional, popular y democrático que supimos conseguir tiene que ser extremadamente cauteloso y no tomar medidas que dejen flancos abiertos que puedan ser usados como bandera por los inescrupulosos de siempre. En la guerra de las pensiones en que estamos inmersos, la Argentina es la pieza más preciada.

No podemos dejar de considerar que la derecha siempre tiene un plan.

Tenemos que estar preparados.

 

 

 

[1] El término pensión, en el lenguaje de los organismos internacionales, es equivalente a las jubilaciones y pensiones en la República Argentina.

 

 

 

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