La globalización como política de Estado

Durante la larga década en que se desplegaron un conjunto de gobiernos populares en América Latina que desafiaron a la corriente globalizadora neoliberal, los grandes medios de comunicación articularon una acción permanente para desgastarlos y, así, contrarrestar la adhesión de sectores del pueblo que habían gozado de los beneficios de sus políticas económicas. Estas, a la vez que conseguían resultados en el crecimiento económico, también habían reasumido el objetivo de la reducción de la desigualdad. El resultado electoral en la Argentina que significó el advenimiento del tercer ciclo de neoliberalismo fue, sin duda, determinado en forma decisiva por la intensidad y parcialidad que pusieron en juego esos medios en su consecución. Luego de los cambios de gobierno en los países latinoamericanos, que significaron el retorno de la economía de la financierización, el papel del Poder Judicial, que había jugado un rol obstaculizador de los proyectos de cambio, pasaría a ser fundamental en el despliegue de la guerra judicial como metodología proscriptiva de los líderes desplazados del gobierno.

En la Argentina, el gobierno de Macri llevó a cabo profundas y rápidas políticas de desintervención estatal en la economía como la liberalización absoluta de la entrada y salida de capitales y del mercado de cambios, la eximición a los exportadores de la exigencia de la liquidación de divisas, la desarticulación progresiva de las políticas de precios cuidados, la eliminación de regulaciones sobre la tasa de interés y el crédito y la desregulación de las importaciones. Se dispuso el pago a los fondos buitre accediendo sin resistencia alguna al arbitriario y antijurídico fallo del Poder Judicial estadounidense, pago que completó el dispositivo para el estímulo de un nuevo ciclo de endeudamiento y fuga de capitales. Como ocurrió en los dos períodos previos de neoliberalismo, el ingreso de capitales especulativos de corto plazo dinamizaría ese proceso, en el marco de una economía con bajo ritmo de crecimiento y una definida tendencia a la generación de desigualdad. La adopción de un esquema de metas de inflación, que se basó sobre el uso de la tasa de interés para retraer la demanda agregada con el objetivo de reducir la tasa de crecimiento de los precios, fue inefectiva en obtener su objetivo. A la inversa, la eliminación de los subsidios a las tarifas públicas y la dolarización de sus precios unida a la eliminación de las retenciones y la liberalización de precios, comandaron un mecanismo de reordenamiento regresivo de la distribución del ingreso que aceleró la tasa inflacionaria.

La alta velocidad del endeudamiento y la fuga fue facilitada por la bajísima relación deuda / producto heredada del gobierno democrático, nacional y popular y favorecida por las altísimas tasas de interés en moneda local resultantes del régimen de metas de inflación. Pero los más de 100.000 millones de dólares de endeudamiento de los dos primeros años del gobierno CEOcrático de Macri, monto del cual más de la mitad fue destinada a alimentar la fuga de capitales, frente a un PIB que apenas había variado y a un fuerte deterioro del resultado de la cuenta corriente del balance de pagos, creó las condiciones de una gravísima crisis que se desplegó con la amplificación que le dio un cambio de las condiciones financieras internacionales. El gobierno acudió a una revinculación con el FMI, organismo que le otorgó un financiamiento considerable a cambio de severísimas condicionalidades que significan un serio retroceso en el ejercicio de la soberanía nacional en la determinación de las decisiones políticas actuales y futuras.

Ni las concesiones ni la disposición del refuerzo financiero consiguieron aliviar la crisis, cuyo epicentro es una corrida cambiaria que no cesa y contiene latente la posibilidad de completarse con una corrida bancaria.

Desde un principio, el FMI insistió en que el gobierno debería darse a la tarea de construir la viabilidad del programa regresivo, y que esa viabilidad requería de una oposición cooperativa, tanto en el ámbito político como social. No alcanza para el organismo el gobierno de un partido dispuesto al ajuste. El Fondo, efectivamente, no es el mismo de antes, sino que sus préstamos no sólo se atan a políticas regresivas de ajuste en función de la estabilización del balance de pagos, sino que exige cambios estructurales, mientras demanda la articulación de un sistema político cuyas opciones respeten comportamientos afines a la lógica de la globalización financiera asumiéndolos como política de Estado.

Los grandes medios de comunicación han asumido un rol activo en atender y promover el despliegue de fuerzas políticas opositoras encuadradas en el dispositivo pretendido por el FMI. Pero no sólo eso, sino que también favorecen el despliegue cultural afín al alcance del mismo objetivo. El periódico orgánico de la derecha no repara en destinar espacio para el despliegue de opiniones, que presumiendo la pertenencia a un difuso “progresismo”, se integran a esa política de Estado común con las fuerzas conservadoras. Una línea de comunicación que persigue el objeto de arrojar a los márgenes de la vida política al pensamiento crítico que impugna el modo del capitalismo financiero global y la aceptación local de integración al mismo.

Bajo el título de “La democracia requiere de una izquierda creíble y respetable”, el diario de tradición liberal-conservadora publica, en su edición del 5 de setiembre de 2018, una opinión del catedrático Loris Zanatta de la Universidad de Bolonia. Lo que no pregunta el profesor es: ¿creíble y respetable por quién?. Sin embargo, luego de referirse en forma asertiva y descalificatoria a todos los liderazgos latinoamericanos que impulsaron el proyecto de la Patria Grande, sanciona la misión que propone para esa “izquierda necesesaria”: “una izquierda democrática que haga bien su trabajo, defienda los intereses de sus electores, critique y corrija las distorsiones del mercado, amplíe el campo de los derechos civiles”. Luego sostiene que la izquierda que use el mercado a su conveniencia es hipócrita y prehistórica y revela que el mercado produce la riqueza necesaria para un estado social próspero, mientras acusa veladamente a los gobiernos populares de intentos de monopolización del poder. La izquierda requerida en la opinión publicada por La Nación, entonces, es una que promueva la sociedad de mercado. Entiéndase bien: no un sistema democrático con mercados en el marco de una actividad estatal que tome decisiones sobre la base del mandato ciudadano, sino un régimen con centralidad mercantil en la asignación de recursos, pero —eso sí—  que incluya una izquierda atenta a la enmienda de las fallas del mismo. Una izquierda que renuncie al cuestionamiento del neoliberalismo y se dedique a la promoción de derechos civiles que no lo contradigan, con una fina cuota de sensibilidad frente a los más desprotegidos que la ruda derecha no poseería.

En la misma edición Guillermo Rozenwurcel, un economista que se reconoce heterodoxo, en su nota “Entre la expansión y la recesión” da cuenta de su preocupación para que el gobierno además de hablar del ajuste explicite la manera en que protegerá a los más débiles. Sin embargo, aludiendo a los sectores medios, los califica de pretenciosos que quieren vivir como en un estado desarrollado mientras la productividad económica del país es inferior, y también de aspirar a gozar de los beneficios de un estado de bienestar sin querer pagar impuestos. Ahí está, sonando en tono de la izquierda requerida por el catedrático de Bolonia, lo que brutalmente había afirmado el repitente funcionario de gobiernos neoliberales González Fraga: que el kirchnerismo le hizo creer a un empleado medio que podía comprar plasmas y autos y viajar a Europa con su salario, rematando con la advertencia que para poder volver a hacerlo pasarían años porque implicará un largo esfuerzo de suba de la productividad. El consenso por el aumento de la productividad omite que la lucha y la construcción de igualdad social pertenece al ámbito de la discusión de las ciencias sociales. La omisión de la cuestión de la igualdad lleva a Rozenwurcel a no reparar en la mejora del índice Gini, ni en la expansión intensa de derechos sociales y mejora del salario real obtenidas durante el gobierno popular kirchnerista. El economista emula a Zanatta al recurrir al estilo descalificatorio y asertivo para señalar a ese período como de despilfarro de los recursos obtenidos de un superciclo de precios internacionales para los commodities.

Sin explicar el por qué Rozenwurcel, formado en la heterodoxia, se suma a la construcción del discurso dominante renunciando al espíritu crítico cuando sostiene que el país fue dejado en una situación económicamente insostenible, sin describirla ni sustentar la afirmación, siendo que ésta resulta muy controvertida, ya que el nivel de desendeudamiento vigente al final del gobierno de Cristina Fernández le dejó al gobierno entrante un indudable margen de maniobra que no tiene antecedente en el período institucional iniciado en 1983. Pero la expresión no es ingenua porque se suma al clima de época del tercer ciclo neoliberal, coincidiendo con el diagnóstico de la “pesada herencia”. Tampoco lo es la referencia al péndulo entre expansión y recesión, que considera iniciado hace 80 años, a los que caracteriza de involución económica y fuerte inestabilidad política. Así, la política de sustitución de importaciones resulta cuestionada por el autor de la mencionada nota, como también las luchas en defensa de las conquistas y mejoras en el nivel de vida de los trabajadores y los sectores populares que devinieron de la misma, asociadas a un proceso de industrialización y complejización del aparato productivo nacional y resistentes frente a los sucesivos intentos de restauración conservadora, cuya expresión más dramática fue la dictadura terrorista de 1976.

La propuesta de alternativa “responsable” que expone el integrante del Club Político Argentino plantea una meta menos ambiciosa que el déficit 0, pero sin cuestionar el ajuste del gasto —de cuya falta se critica al gobierno neoliberal—, moderar la suba del tipo de cambio con una oferta más voluminosa y enérgica de divisas —o sea una intervención de mercado— y la promoción de un acuerdo tripartito entre trabajadores, empresarios y el Estado, sin explicitar la necesidad de anteponer la recuperación del salario previa a la consumación del acuerdo, habida cuenta de su derrumbe provocado por la devaluación del peso. Rozenwurcel remata la mencionada propuesta con su adhesión a la idea de un gobierno de coalición con el radicalismo y el establecimiento de “negociaciones serias con la oposición responsable”. Una contribución al ideario de Zanatta y a la línea editorial actualmente sostenida por la mayoría de los columnistas de La Nación.

El texto se inscribe con dos décadas de atraso, en el espíritu del publicado por Machinea y Gerchunoff el 28 de abril de 1998 en Clarín. El cenit del entusiasmo por el neoliberalismo y la popularidad de la expresión teórica apologética del Fin de la Historia no pertenecen al presente. Pero lo que fue un discurso preparado como justificación del ejercicio de una política neoliberal por quienes se pretendían intelectuales progresistas responsables, se replica hoy para descalificar las experiencias populares (o populistas, elija el lector) que construyeron políticas que constituyeron un primer intento colectivo de ruptura con ese neoliberalismo, y hoy resisten para volver a intentarlo en un nuevo ciclo.

El sistema de poder del capital financiero y los medios de comunicación que son parte de su sustento se han dado a la tarea de cooptar políticos, dirigentes gremiales, periodistas e intelectuales: progresistas impregnados de realismo, peronistas perdonables e izquierdistas serios y creíbles, con el fin de darle gobernabilidad a la estabilización del tercer ciclo neoliberal que hoy tambalea. Como lo demandan el FMI y la comunidad financiera internacional.

Mientras quienes se inscriben en el pensamiento crítico que milita en la resistencia se plantean la discusión de acciones, entre otras, encaminadas al rechazo de la política acordada por el Gobierno y el FMI, por el restablecimiento de las regulaciones a la entrada y salida de capitales y la administración del mercado de cambios, la intervención del Estado como agente decisivo en el comercio exterior, la reapertura inmediata de las paritarias para recuperar el salario, la reimplantación de restricciones a las importaciones en defensa de la industria nacional, la baja de la tasa de interés con el objetivo de reactivar la economía, el desmonte de la política de ajuste y la recuperación de los programas y organismos de ciencia y técnica que contribuyan al desarrollo independiente de la Argentina. El primer paso será la brega por impedir la aprobación del Congreso de un Presupuesto Nacional que sea el instrumento para el ajuste.