LA GANANCIA DEL TRABAJADOR

La Alianza Cambiemos había llegado al gobierno con la promesa de que los trabajadores y trabajadoras no pagarían Impuestos a las Ganancias. Pero ocurrió todo lo contrario. Y no sólo eso. La anterior administración le bajó la alícuota a las empresas, y redujo a su mínima expresión Bienes Personales. La transferencia de recursos fue para los sectores más pudientes. Cuatro años después, el Frente de Todos intenta –a su modo– revertir la reforma fiscal cambiemita, que también llevó a que el 23% de los y las trabajadoras, jubilados y jubiladas paguen Ganancias. Al cierre de esta edición, tras una extensa jornada, Diputados dio media sanción a la modificación con 241 votos a favor, ninguno en contra y tres abstenciones.

Verso

Desde la salida de la tablita de Machinea y hasta 2011 aproximadamente el 10% del total de empleados en relación de dependencia (sector privado + sector público) pagaba el Impuesto a las Ganancias. Luego de un pico del 29% en 2013, tras la no actualización del mínimo no imponible, bajó a un 12,2% en 2015.

El debate por el Impuesto a las Ganancias jugó un papel central durante la carrera electoral de aquel año. Por entonces, Cristina Fernández de Kirchner estaba distanciada de Hugo Moyano, líder de la CGT, quien había organizado varios paros generales contra el Gobierno nacional con la excusa del “impuesto al trabajo”.

Moyano horadó al kirchnerismo con este tópico y Macri lo aprovechó. Su discurso de campaña había sido que los trabajadores dejarían de pagar Ganancias. No sólo mintió sino que aumentó exponencialmente la cantidad de personas alcanzadas por ese tributo.

En 2016, el 18% de asalariados y jubilados pasaron a pagarlo y al año siguiente los parámetros saltaron al 21%. En 2019, 2,1 millones de personas fueron alcanzadas por el impuesto: 23,2% del universo de asalariados y pensionados.

“Es verdad que se necesitan modificaciones más de fondo sobre el sistema tributario. Pero no es menos verdad que se volverá al nivel histórico de un 10%. Suponemos que habrá entre 10.000 o 12.000 millones de pesos que se reorientarán al consumo”, sostuvo Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto, durante la reunión en la que se firmó el dictamen que llegó al recinto en la maratónica sesión que se inició ayer.

Con la suba excepcional del piso a salarios de 150.000 pesos, más de 1,2 millón de trabajadores y jubilados quedarán exentos del pago de Ganancias. Esto supone un costo fiscal de 47.000 millones de pesos.

“En cuanto a la distribución del impacto fiscal, dadas las normas de asignación del Impuesto, las provincias y CABA verían afectados sus ingresos en 27.850 millones de pesos y la Administración Nacional en otros 18.816 millones, siendo los restantes 904 millones correspondientes a otros entes del sector público”, puede leerse en un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso.

¿Los recursos liberados para trabajadores y jubilados irán al consumo interno o servirán para la adquisición de dólares? Es una pregunta que se irá respondiendo con el paso del tiempo.

“Durante el macrismo, Ganancias se había convertido en un impuesto regresivo. Y, además, los trabajadores perdimos 20 puntos del poder adquisitivo de nuestros salarios. Los grandes medios dicen que en Argentina existe una presión tributaria insostenible. Lo que no dicen es que durante cuatro años recayó sobre asalariados y asalariadas”, agregó Hugo Yasky en su doble condición de diputado y líder de la CTA.

Empresas y lobby

Si los cambios introducidos en Ganancias para personas físicas obtuvieron cierto consenso entre las fuerzas políticas del Congreso, no sucederá lo mismo con la propuesta de aumentar las alícuotas para las empresas. El macrismo las había reducido al 25% y ahora el proyecto propone llevarlas nuevamente al 35% para aquellas organizaciones que registren una ganancia neta superior a los 2,6 millones de pesos.

El reacomodamiento también supone que aquellas sociedades que tengan ganancias netas de hasta 1,3 millón de pesos pagarán la alícuota del 25% mientras que habrá un universo de empresas medianas que pagarán el 30%. Según un informe del Poder Ejecutivo, analizado durante la última reunión del Gabinete Económico, el 75% de las entidades comerciales del país pagará una alícuota de Ganancias más baja que la actual. Es decir, buscarán mayor progresividad tributaria y promoción de las pymes.

Argentina exhibe un nivel de recaudación menor que otros países en relación al Impuesto a las Ganancias de sociedades como consecuencia “de la evasión fiscal y de la reducción de alícuotas del 2017”, según la apreciación que hacen desde el Ministerio de Economía.

En 2018, Argentina recaudó un 2,7% del PBI por el concepto de Ganancias Sociedades, mientras que Chile lo hizo en un 4,7%, Colombia en un 5, México en un 3,4 y Uruguay en un 3,1%.

El Gobierno pretende recaudar durante este año 41.000 millones de pesos extras, mientras que para 2022 ingresarían al fisco 80.000 millones de pesos más. Es decir, 120.000 millones de pesos en los próximos dos años.

La Unión Industrial Argentina (UIA) está elaborando un documento para exponer sus observaciones. En una entrevista con Ámbito Financiero, Miguel Acevedo, titular de la entidad fabril y presidente de Aceitera General Deheza, opinó que el proyecto “es malo para el proceso de generación de inversiones del país y se termina perjudicando a las empresas; bajar la alícuota de ganancias a personas jurídicas como estaba propuesto es deseable porque eso incentiva las inversiones.”

Otros empresarios prefieren vociferar fuera de micrófonos que los cambios en ganancias para las sociedades comerciales “no pasarán”.

¿Y los jueces?

Recientemente se presentaron dos iniciativas para que les magistrades empiecen a pagar este tributo. Uno corresponde a Marcelo Casaretto. Otra iniciativa fue presentada por Rodolfo Taihlade. Su percepción es que será muy difícil que pueda aprobarse un cambio rotundo en el régimen de privilegio del que goza el Poder Judicial. Sin embargo, su proyecto también propone que los magistrados jubilados empiezan a pagar ganancias.

El año pasado, el Congreso reformó la ley de jubilaciones para el Poder Judicial al quitar el concepto de “estado judicial”. Esto significa que jueces y juezas jubiladxs no pueden ser convocados para subrogar. Entonces, como ya no existe más esa definición –de la cual les jubilades de esta casta se amparaban para no pagar Ganancias– podrían pasar a pagar el tributo.

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