La filtración

 

El nombre del hijo de Carlos Stornelli como empleado de la Agencia Federal de Inteligencia está asentado en un libro de memorias administrativas. El Libro de Actas reúne datos escritos a mano con las novedades burocráticas de la agencia. El juzgado de Lomas de Zamora que investiga el espionaje ilegal durante el período de Cambiemos requirió a la interventora Cristina Caamaño las memorias a pedido de las defensas de los imputados. El Libro quedó incorporado al expediente como el resto de las pruebas pero en un contexto cambiado por la pandemia: ahora todas las partes acceden de manera remota y de forma digital. Durante cinco días, el Libro, sus resoluciones y cientos de nombres de agentes, quedaron expuestos. El lunes pasado eso cambió. A pedido de la fiscal Cecilia Incardona y su adjunto Santiago Eyherabide, el juez Juan Pablo Augé lo bajó del sistema. Aún así hay copias en circulación y pronósticos de tormentas.

Uno de los valores del Libro para la causa es el registro de resoluciones de nombramientos, altas y bajas, que prueban el tiempo de permanencia en la Agencia de los imputados. Otro de los valores, en este caso para las querellas, es que el paso de las páginas muestra la evolución de algunas estructuras medulares de la gestión anterior. Una es el área de Jurídicos que fue cambiando de modelo para pasar de área exclusivamente administrativa a área operativa. Los cambios pueden contrastarse con las resoluciones que aparecen en el correr de las páginas. Una de los renglones escrito a mano señala un momento crucial: la delegación en el Director de Asuntos Jurídicos, Dr Juan De Stéfano y sus directores con dependencia directa, la facultad de requerir, en forma indistinta, la autorización judicial de interceptación de comunicaciones. Función que hasta entonces no tenían.

Pero el interés de los fiscales en este momento es distinto. "La filtración y divulgación de esa clase de documentos por fuera de la causa, tratándose de información confidencial y más allá de su desclasificación como prueba, podría afectar intereses de la Nación, constituir un obstáculo para la investigación y una vulneración al derecho de defensa”. Advierten la tensión de fondo: una puja entre varios principios contrapuestos como la seguridad del Estado, el interés informativo de la sociedad, el resguardo de la investigación y el derecho de defensa de los acusados. Pero dicen: “cuando se trata de material catalogado como secreto, las limitaciones posibles al derecho de los ciudadanos de conocer todo lo que hace el Estado, se basan siempre en la defensa y la seguridad nacional, tal como ocurre en este caso.”

La Agencia Federal de Inteligencia remitió un libro de actas donde consta el registro de las resoluciones dictadas por la gestión del Director Gustavo Arribas entre 2016 y 2018, explicaron los fiscales al juez. “Dicho pedido obedeció a un requerimiento de las defensas”. Luego a pedido de las defensas, “en particular de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani de que se digitalizaran los documentos y se suban al Lex 100 para poder tener acceso, argumentando sobre todo la falta de movilidad, producto de las medidas de restricción impuestas por la pandemia producida por el covid-19, ese informe, junto a otros que revisten el mismo tenor, fueron digitalizados y puestos a disposición de las partes de este proceso y su conexa 5056/2020, a través del sistema informático. Desde ya, al sistema informático mencionado tienen acceso todas las partes que componen los actores de este proceso junto a las abogadas y abogados que ejercen su representación legal.”

Los fiscales notaron la filtración el domingo pasado a partir de una nota periodística. Un día después le pidieron al juez cambiar el modo de acceso a este tipo de pruebas, que desde entonces comenzó a ser presencial.

 

 

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