La ficha sucia del establishment

 

Con la condena sin fundamentos a Cristina Fernández de Kirchner por parte del Poder Judicial argentino, se concretó un nuevo episodio de una larga confrontación que comenzó el mismo día que se restauraron las formalidades democráticas en 1983.

¿Qué clase de democracia era posible en la Argentina, luego del paso de la aplanadora cívico-militar promovida por la elite argentina, la derrota en Malvinas, el enorme endeudamiento externo provocado a pagar por el Estado nacional y los cambios políticos y culturales ocurridos en todos los niveles de la sociedad?

Lo que siguió fue el fracaso del moderado intento alfonsinista y el “éxito” desindustrializador, privatizador y extranjerizante del menemismo. 

El control total del sistema político partidario por parte de la elite argentina parecía asegurado en los días de la “convertibilidad”. Pero las inconsistencias del modelo rentístico financiero, sin salida productiva, desembocaron en la hecatombe social de 2001-2002. 

Impensadamente, dado el deterioro democrático y el control por parte de las corporaciones beneficiadas con el modelo menemista sobre el bipartidismo del momento, se abrió en 2003 un período político que se apartó de las expectativas del establishment argentino. Y también —y no es un dato menor en esta historia— difirió de la trayectoria esperada por parte de los centros de poder de las republiquetas latinoamericanas: dependencia y subordinación al capital global. 

Recordemos que los políticos de la globalización periférica ya tenían escrito su papel: sus nuevas funciones consistían en gestionar sociedades pobres, resignadas y sin expectativas, sometidas a las necesidades de acumulación de los centros.

Marcado por intuiciones personales y por confrontaciones políticas que se le impusieron, Néstor Kirchner inició un rumbo inesperado, por afuera del libreto hegemónico que regía a nivel global.

El primer gobierno de Cristina Kirchner nació cuestionado por los sectores dominantes. Elisa Carrió lo expresó a su manera el 30 de octubre de 2007 en el diario La Nación. Sostuvo que “el gobierno nace con legitimidad segmentada”, y lo fundamentó en que CFK “tiene un rechazo del 70% en las clases medias y altas”. Ya se ponía en tela de juicio el valor de los comicios definidos sobre la base de las reglas de la democracia liberal, en la medida en que sus resultados suscitaran rechazo en los sectores más poderosos. Las clases medias, por características largamente estudiadas, tendían a alinearse detrás de ellos, salvo que mediara alguna situación extrema.

De ahí en adelante, y ya son 16 años, el kirchnerismo y la figura de Cristina fueron objeto de una larguísima guerra comunicacional, política y económica. Si esto pasó cuando los Kirchner estaban al frente del Estado, en el momento que saltaron al llano se profundizó la ofensiva judicial, con la catarata de juicios que se lanzaron en su contra y la promoción de un clima de agresión irracional favorable al asesinato de la ex Presidenta, lo que fructificó en un intento de concretarlo por parte de un grupo manipulado. El Poder Judicial, como era previsible, ha decidido no investigar este episodio, al que pretende, en consonancia con medios y políticos del establishment, minimizar.

 

 

Lo nacional es internacional

En un valioso artículo publicado recientemente en Página/12, el ex juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni remarcó que para entender la condena inconstitucional contra la ex Presidenta y el posterior despojo de su jubilación, además de la también inconstitucional Ley Ad Hoc de “ficha limpia”, es necesario incorporar la dimensión de la geopolítica internacional y regional al análisis. Zaffaroni sostiene que los procesos de enjuiciamiento de líderes populares progresistas en Sudamérica están directamente relacionados con aplastar las resistencias nacionalistas y pavimentar el camino para la colonización financiera de nuestros países. 

Es evidente que esto ha sido así en una serie de casos en donde las judicaturas locales utilizaron y distorsionaron el orden legal para desactivar procesos autonomistas y de mejora social, atacando a los líderes que habían llevado adelante esas políticas. Debilitar el entramado solidario de mandatarios populares fue sin duda un objetivo a cumplir por la potencia que no logró imponer “amablemente” el ALCA en 2005. “Sacar” a la Argentina de esa red autonomista regional es debilitar a Brasil —como antes fue el papel de Bolsonaro en sentido contrario—. Todo proceso popular, reemplazado por gobiernos zombies neoliberales que no saben sino repetir los mandatos del Consenso de Washington, debilita a Latinoamérica en general, y a todos los otros líderes regionales que apuntan al autonomismo de América Latina en particular. La atomización de los procesos contribuye a colocar en un lugar de extrema subordinación a las naciones latinoamericanas. Y en ese combate a favor de convertir naciones en colonias, las elites locales juegan un papel fundamental.

Porque el eslabón perdido en ese análisis geopolítico acertado, extrañamente omitido en muchos análisis críticos sobre nuestro país, es la responsabilidad de los establishments locales en la implementación de esos procesos antidemocráticos de exclusión institucional, que convergen con los intereses de la potencia que se siente dueña de este patio trasero.

En nuestro país, la grotesca profusión de quejidos democráticos y republicanos contra los Kirchner, protagonizados por imaginarios adalides de la República, se apagó instantáneamente cuando llegaron al poder las derechas neoliberales entreguistas. Sólo hubo silencio frente a las estruendosas irregularidades de todo tipo del macrismo, y hoy las vestales de las instituciones continúan en silencio frente a las crecientes y peligrosas tropelías institucionales mileístas. 

Es más que evidente que ni la democracia ni la república son valores en los que cree la derecha local, sino que han sido discursos de ocasión para promover el desgaste de las gestiones kirchneristas. Se trata de una derecha que es ultra legalista, hasta la asfixia, con cualquier iniciativa gubernamental progresista, pero que es completamente flexible, se diría con más precisión anómica, cuando manan de las cumbres institucionales negocios y prebendas económicas para los grupos de poder. RIGI y carry trade matan Constitución.

Sería bueno creer que en una sociedad democrática, la ciudadanía se sentiría naturalmente amenazada por un proceso judicial amañado, arbitrario, hecho ilegalmente a plena luz del día, contra cualquier persona, como acaba de ocurrir. Sin embargo, en la sociedad argentina realmente existente, una organizada y sistemática campaña mediática —calcada del macartismo norteamericano— ha llevado a que una parte de la población haya abandonado cualquier adhesión al principio de las garantías democráticas para reemplazarlo por la furia ciega contra una figura política, sus seguidores y todo lo que les recuerde políticas de inclusión o de disputa con los poderes establecidos. 

La injusta e ilegal condena contra Cristina, formalmente obra del Poder Judicial, es el producto del contubernio en el que participan embajadas extranjeras, medios de comunicación, grandes empresarios, políticos de todas las derechas, jueces militantes puestos en lugares claves y una parte de la ciudadanía que ha sido fanatizada y condicionada hasta la irracionalidad.

La degradación de la sociedad argentina, impulsada ex profeso por los factores de poder en función de erradicar del escenario fuerzas políticas capaces de salirse del libreto neocolonial, es un crimen no tipificado, que compromete la posibilidad del país de salir adelante. 

La democracia ha sido reducida a un módico acto rutinario de votación, en el que no puede ganar una opción progresista, luego del traumático —para el establishment— gobierno kirchnerista. 

La libertad también ha sido violentamente devaluada. Quedó reducida al derecho a adquirir dólares sin límites por parte de la población y al derecho a consumir todos los bienes posibles, como aproximación a la felicidad.  Eso es lo que se deduce de la lectura de la prensa conservadora, de sus editoriales y de la prédica de sus sacerdotes mediáticos.

Si esa es la democracia, y esa es la libertad, Milei empieza a cobrar más sentido.

 

 

El pasado no se repite

Cada vez que CFK alude a los 12 años de gobiernos kirchneristas, a la década ganada y a cómo se logró vivir bien en ese momento, alude a un pasado irrepetible. 

Es irrepetible no en el sentido de una meta a la que es legítimo aspirar. En un país como la Argentina, esas metas de bienestar colectivo son completamente factibles. 

Lo que es seguro es que no se puede repetir el proceso político que permitió lograrlo. No basta con proponer hacer lo mismo que se hizo, como si todo fuera una cuestión de desearlo, porque todo ha cambiado. Veamos: 

• Hoy el país está gravemente condicionado por el endeudamiento externo que nos provocó el gobierno macrista, y que sigue incrementando la gestión Milei; la situación internacional es mucho más frágil y volátil que en la primera década de los 2000.
• El tipo de cultura política promovida por los medios, y el tipo de personal político que los medios “tamizan”, ha significado la cuasi desaparición de la moderación en la política argentina. Se evaporó el centro liberal-democrático, capaz de aportar argumentos no facciosos. Quedó una ficción, sometida al poder económico y aterrorizada de ser estigmatizada como kirchnerista por la prensa del régimen. Las grandes empresas mediáticas siguen la guerra contra todo lo progresista, se llame como se llame.
• También se verificó un vuelco en las preferencias de la cúpula empresaria argentina hacia formas cada vez más salvajes del capitalismo, incluyendo el desmantelamiento del Estado que a ellos mismos los ampara, y la captura y rapiña de rentas de privilegio sin ninguna consideración por el entorno social en el que operan. Ideologizados con las mayores zonceras económicas que les suministran gratis los centros de poder globales, consideran que su capital es la prueba de que sus precarias ideas económicas son “la” verdad.
• La radicalización derechista de los sectores anti-peronistas. Si bien Milei hoy no refleja, en su salvajismo, una visión social mayoritaria, muchos elementos de su discurso anti-justicia social y anti-derechos estaban presentes en el menemismo y se consolidaron en la lucha del establishment contra el reformismo kirchnerista. La radicalización derechista del público “de centro” se plasmó en el triunfo en la interna del PRO de la violenta y mediocre Patricia Bullrich, quien proponía como gran bandera “terminar con el kirchnerismo”. Y continuó su marcha con la votación a un personaje impresentable con tal de derrotar al peronista que realmente encarnaba la “moderación” en las elecciones de 2023.
• Se suma a los cambios que hacen imposible una reedición idéntica de la “década ganada” la creciente asertividad norteamericana sobre los recursos naturales de la región y de la Argentina, que son considerados por los estadounidenses parte de su propio acervo estratégico. En la misma dirección son las presiones que se reciben permanentemente para minimizar los vínculos con la República Popular China y con el ascendente y dinámico bloque de los BRICS, y por lo tanto se desaprovechan oportunidades para nuestro propio desarrollo.
• Otro elemento sociológico que está en pleno desarrollo es la aparición de masas que, en nombre de la libertad individual, aceptan el empobrecimiento colectivo como supuesta etapa previa al enriquecimiento personal. Masas que están creyendo un discurso de destrucción estatal y de liquidación de todas las capacidades nacionales “para cerrar el déficit” y convertirnos en un paraíso en 35 años. Pero el punto político relevante, que debería generar nuevas respuestas políticas, es que millones de compatriotas no están en condiciones de discernir entre discursos delirantes y datos de la realidad.

 

 

Unir todos los puntos

Todos los actores y cómplices del proceso económico y social que venimos transitando no están sueltos, sino que conforman un sistema. 

Se sustentan mutuamente, se refuerzan, se protegen y actúan coordinadamente para obtener resultados políticos coherentes. Actúan en función de objetivos políticos y económicos definidos. No hay aleatoriedad en quienes son perseguidos y quienes son premiados. 

Y lo han hecho con bastante acierto, aprovechando las graves fallas políticas, económicas y comunicacionales del espacio kirchnerista-peronista. 

El reciente gobierno de Alberto Fernández bien podría ser considerado un muestrario de las cosas que no se deben hacer en la política, si se quiere acumular poder social y usarlo para el bien común. 

Lo cierto es que no podemos seguir hablando, en forma inconexa, de las tropelías del Poder Judicial, por un lado, de un empresariado con comportamientos rentísticos y depredadores por el otro, de medios de comunicación que se han convertido en instrumentos de propaganda derechista y manipulación colectiva, o de políticos convencionales que no son capaces de concebir una idea por afuera del corralito intelectual que le fijan los poderes dominantes.

Se trata de un régimen de dominación social en toda la línea, que se fue construyendo delante de nuestros ojos en estas décadas de democracia cada vez más condicionada, y que ha adquirido creciente poder a medida que los espacios nacionales y populares no lograban articular respuestas efectivas frente a los desafíos multidimensionales que un sistema de dominación neocolonial lanza contra las mayorías.

Si bien hoy cogobiernan macrismo y mileísmo, en función de los intereses del gran capital financiero y de las corporaciones del mundo que quieran extraer riquezas del suelo argentino, seguimos pretendiendo que vivimos en un régimen pluralista, con reglas del juego neutrales. Ignorando el hecho central de que la única fuerza política que pudo hacerle algo de fuerza a la concentración de la riqueza y a la extranjerización completa de las riquezas nacionales está sometida a persecución explícita por los poderes coordinados del régimen de dominación.

No es contra Cristina exclusivamente, sino contra cualquier atisbo de proyecto nacional autónomo que contemple las necesidades de las mayorías. Hoy el régimen de dominación no deja espacio ni para la soberanía ni para el desarrollo. Con una elite social vencida y entregada a las fuerzas de la globalización, la colonización de la Argentina depende de la destrucción de los restos de patriotismo y de dignidad personal existentes en nuestra sociedad.

 

 

¿Conclusiones?

Si esta descripción ha logrado capturar elementos centrales de nuestra realidad, mucha de la cosmovisión “nacional y popular” cristalizada en tiempos idos debe ser sometida a profunda revisión. El discurso, las prácticas políticas, la comunicación, los sujetos a los que se les habla, y a qué se los convoca tienen que repensarse. 

O se asumen las características actuales del régimen de dominación social, que se propone destruir al movimiento popular y modificar la subjetividad de lxs argentinxs, o se sigue navegando en ensoñaciones formalistas imposibles de realizar.

Un gran economista argentino, Hugo Nochteff, explicó en su momento que parte de los problemas del desarrollo nacional tenían que ver con que la gran burguesía argentina, frente a los desafíos que le planteaba el mundo en transformación, siempre optaba por las opciones “blandas”, en donde no arriesgaba, ni tampoco crecía, y que nunca se tiraba a la pileta del trabajoso intento de construir un país industrial desarrollado con una respetable presencia internacional.

Hoy parece que las opciones “blandas” para algunos sectores nacionales y populares serían seguir haciendo como que vivimos en una democracia normal, y que, por lo tanto, bastaría con obtener buenas performances electorales, que nos permitirían ir avanzando y avanzando, hasta lograr cambiar el país. 

Se aferran a un libreto institucionalista, o a una expectativa de bañarse otra vez en el mismo río que ya pasó, como si no tuviéramos la rica experiencia de las décadas recientes, en donde el poder real nos enseñó que las instituciones sólo sirven si les sirven a ellos. Y que están dispuestos a utilizar todos los recursos disponibles (la legalidad te la debo) para imponer sus intereses, aunque eso implique llevar al país al fracaso, cosa que vienen logrando.

Asumir esta realidad es difícil, pero es el comienzo de una recuperación popular sólida. Es elegir la opción “dura” de organizarse en serio, estudiar los problemas políticos en serio, modificar las propias prácticas que llevaron al distanciamiento con la sociedad, y educar y politizar a la base social.

Insólitamente, hoy el campo popular está desarmado de ideas potentes, pero plagado de internas debilitantes. 

La población, entre tanto, parece inerme frente a la catarata de tonterías y ficciones con que los ametralla una gestión de gobierno alucinada. Hoy más que nunca se necesita un discurso claramente alternativo, y propuestas visibles y concretas, como las que la derecha sabe hacer cuando propone “dólares” y repudia “bolsos”.

El gobierno de Javier Milei es la expresión clara de adónde nos han llevado y nos llevan los procesos y las políticas que el establishment argentino favorece sistemáticamente. 

La destrucción del Estado nacional, del destino soberano del país y del futuro de la mayoría de los argentinos son las fichas sucias del establishment económico y social argentino. 

El delito de lesa patria es un crimen lo suficientemente grave como para que reciban la repulsa de las mayorías nacionales y la inhabilitación política para que sigan conduciendo al país hacia la bancarrota.

 

 

 

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