La farsa constitucional

 

“Artículo 16: Una sociedad en la que no está asegurado el cumplimiento de la ley,

ni definida la separación de poderes, no tiene Constitución alguna”.

Declaración de los Derechos del Hombre. Asamblea francesa, agosto de 1789.

 

El Poder Judicial y una defensa social de la democracia

La Corte pronto puede actuar, “performar”, un primer freno judicial a Milei. Un freno que ya se simuló en el Senado con el decreto 70/2023, que cumple ocho meses de efectividad excepcional. Ese tipo de excepcionalidad es la nueva normalidad, que tiene mucho de farsa. Aquel freno se fingió con senadores dando un quórum clave para después hacer una crítica boba y enrulada para votar en contra de la ley Bases, y antes con varios diputados criticando ese proyecto fantasma con discursos intensos para terminar votando a favor.

Las instituciones jugaron en estos años –y lo están profundizando ahora– un juego tan autodestructivo como la sociedad. La crisis del 2001 generó una pequeña ola de reformas en los bicameralismos provinciales, donde sus cámaras de senadores tendieron a reducirse o desaparecer. El odio a “la política” se profundizará y tomará nuevas formas. Si el gobierno se consolida, un Congreso “lleno de ratas” (sic) puede ser el chivo expiatorio a sacrificar en una reforma institucional que traduzca la simplificación que el gobierno de Milei significa para la sociedad. Quizás algún órgano supremo entendió lo que el Congreso, con sus mayorías divididas y subdividas, entenderá tarde.

La muerte lenta de la democracia, que hemos mencionado tantas veces, es un diagnóstico dado por Guillermo O’Donnell en plena crisis política argentina del año 2000 a causa del escándalo de corrupción del gobierno de De la Rúa y la renuncia de su Vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez. O’Donnell identificó en pocas palabras un proceso mucho antes de que otros diagnostiquen –conociendo ese concepto pero sin citarlo– cómo mueren las democracias y piensen que el fin de una hegemonía es el fin del mundo. En todo caso, es el comienzo de una transición hacia otro mundo, otra etapa con otro régimen de lo económico, lo político y lo social.

En estos últimos veinte años, mientras la democracia se polarizaba, se ahogaba en inflación, con deuda externa y más deudas sociales y políticas, se fortaleció un Poder Judicial que colaboró en el pasado con el show mediático “anticorrupción”, lawfare y guerras culturales de fragmentación, y que hoy supervisa con sus cronoterapias y silencios el empobrecimiento colectivo. Ese rediseño de clases sociales, que el Poder Judicial y gran parte de los colegios públicos acompañan pasivamente, tendrá como consecuencia la desintegración y la violencia que el gobierno puede usar en su beneficio para conjurar la excepción institucional.

La crisis social y política con problemas reales o artificiales llevará al Estado penal que tiene al Poder Judicial en su centro. Ese Estado penal se construyó con el apoyo necesario de fuerzas progresistas y con pánicos que serán usados para mantener los estados de excepción en lo político y económico, con la distracción mediática y de plataformas para lo social.

La traición del Poder Judicial es en cámara lenta. Resulta difícil recordar los errores políticos y los costos de largo plazo que tendrá negar sus progresivas traiciones. Todo el tiempo, esfuerzo y vitalidad que se ha gastado en legitimar a una Corte Suprema y a un Poder Judicial para después ser abiertamente traicionado por ese poder relegitimado y refortalecido. Las retóricas de protección y expansión de derechos con el Poder Judicial fueron tan falsas como contraproducentes para la democracia. Esos derechos y garantías que la Corte Suprema solo reconocerá, en el mejor de los casos, a una minoría privilegiada con acceso VIP a la Justicia, la consolidan como una socia estratégica de la sociedad feudal avanzada que se está proyectando.

Las/os jueces y fiscales que sinceramente quieran honrar su juramento, ser responsables y hacer cumplir la Constitución deben cuidarse, porque la debilidad institucional hace que las instituciones de defensa de esos funcionarios sean en los hechos de disciplinamiento y castigo de los realmente independientes. Varias renuncias y jubilaciones anticipadas ya lo demostraron. Además, otra alerta preocupante, la reaparición de una SIDE con fondos extraordinarios sin controles institucionales invita a repetir errores históricos y hasta a profundizarlos.

En otras latitudes, hoy tenemos casi cincuenta años de una Corte Suprema de Estados Unidos que más allá de ciertas sentencias excepcionales tuvo un plan de largo plazo de nuevas alianzas institucionales para construir paso a paso una reforma de su régimen político. Estado de bienestar y acciones afirmativas para las corporaciones y Estado penal para resolver las tensiones sociales de una sociedad tan fragmentada como desbordada.

Los derechos se construyen con una política económica, política y economía, con obligaciones y responsabilidad de las clases profesionales que juran respetar y hacer respetar la Constitución, defender lo público. Si esa clase profesional se dedica sostenidamente a habitar, cooptar, manipular, debilitar y finalmente saquear, está siendo socia de la transmutación privada de lo público. Si las fuerzas políticas democráticas son cooptadas por los abogados y sus estudios, la democracia y el patrimonio colectivo serán siempre traicionados por unos pocos. Los abogados de la democracia en tiempos de contracción económica siempre preferirán mantener sus conexiones con los que les regulan sus honorarios y sus clientes acaudalados, sean de economías formales o informales.

Dado el colapso de los remedios constitucionales, habría que repensar formas inteligentes de construcción política, de defensa de la democracia, sus derechos y obligaciones, y el uso estratégico de la protesta social pacífica y disciplinada que no se tire a cabecear las granadas y operaciones siempre serviciales. Estamos lejos de ambos escenarios.

 

El colapso de los frenos constitucionales

La desesperación y bronca crecerán ante un sistema político que colabora y supervisa el saqueo y el empobrecimiento. Las políticas de resentimiento pueden traducirse en nuevas instituciones de la violencia y teorías jurídicas de la crueldad. Las cegueras judiciales son simuladas pero el cinismo político es tan real como ilimitado.

A la Convención Constituyente de 1994 la derrotaron las trampas económicas inherentes a un modelo de acumulación y una matriz productiva que siguen dominando una economía en el laberinto de la deuda dolarizada. El pacto político no incluyó, pequeño detalle, el modelo económico basado en una ilusión como la convertibilidad. También influyó una élite bipartidaria e intelectual que se hablaba y sigue hablando a sí misma, que se congratula del pacto político y de una reforma constitucional con pocos logros notables. Esa elite siempre recuerda la cohabitación pacífica entre facciones antes y después de la reforma, pero hoy no escucha a una sociedad enojada.

El Pacto de Olivos dio lugar a diferentes sociedades comerciales y fundaciones médicas muy exitosas pero a una reforma constitucional menos exitosa en logros de largo plazo para que la sociedad festeje.

Parte de esa Convención llena de abogados y futuros jueces, más allá de reconocibles buenas intenciones, esfuerzos sinceros y de cierto notable cinismo hoy en día, sigue en contacto diario en los pasillos de tribunales y otros espacios donde sus ex integrantes se juntan para relatar un hecho histórico documentado y ponerse a sí mismos como actores descollantes de un proceso colectivo. Esos abogados exitosos en expedientes que controlan sus amigos jueces con pasado partidario, siguen negando sus errores políticos y constitucionales, que la sociedad pagará por el resto del siglo XXI.

Hay al menos entre diez a quince anécdotas diferentes y contradictorias sobre cómo se redactó el artículo 75 inciso 22 de la Constitución sobre jerarquización de los documentos internacionales de derechos humanos, pero ninguna sobre por qué la redacción de los decretos de necesidad y urgencia (artículo 99 inciso 3) o delegados (artículo 76) fue:

1. en el mejor de los casos imprecisa y defectuosa, o
2. en el peor, una laguna de diseño, una contradicción en términos puesta para interpretar lo que se quiera. Una institución de control que no controla, hace autopsias constitucionales. Estratégicamente tolerada y pactada por las fuerzas políticas que necesitan de esa ambigüedad para dejar a todos contentos. Prohibir y permitir es permitir, es crear una carta en blanco, un peligrosísimo comodín.

Si se quiere defender la democracia de forma inteligente hay que repensarla desde prácticas sociales y culturales. Proyectar política fuera de las elites institucionales vitalicias que niegan la democracia, especialmente las judiciales, que a todos los efectos están hace años desacopladas y lejanas de la realidad política en la que sus caciques nacieron como militantes del peronismo tradicional, de Guardia de Hierro, del justicialismo cordobés o santafesino y del radicalismo con legado paterno y alfonsinista.

El populismo judicial y la demagogia suprema aparecerán más tarde que temprano en este caso. En 2015 y 2023, por recordar dos fechas azarosas, apareció con énfasis en plena campaña electoral para marcar la cancha a todos los actores y debilitar a otros. En 2015 se sabía, después del resultado electoral, que se venía una fricción que terminó en un shock supremo por decreto.

Uno o dos fallos adversos, el uso estratégico del populismo judicial de una república democrática sin republicanos ni demócratas, recurrentemente autodestructiva, no deben hacernos olvidar el colapso de los frenos constitucionales, su absoluta neutralización. Es por eso que muchos parecen practicar la homeopatía constitucional.

 

Sanación por repetición

Mientras tanto, en este escenario distópico, en lugar de pensar una política de defensa de derechos, de pensar diseño institucional, frenos y contrapesos, en un contexto de una falsa parálisis judicial, ahora que el Poder Judicial no está ejerciendo como árbitro y guardián, como defensor de la república (sic), muchos parecen ofrecer sanación por repetición de la palabra constitucional. “Repetí tres veces el artículo 29 y citá la jurisprudencia”, que te permite básicamente decir cualquier cosa en las 30.000 sentencias que dicta la Corte por año, y el derecho comparado que hoy permite decir lo que quieras con una Corte Suprema de Estados Unido con la agenda más regresiva.

La destrucción del salario, el saqueo del patrimonio colectivo, de la economía de los/as argentinos, es real. La defensa por ciertos sectores es performativa. Cinismo en forma de “cosplay republicano y constitucional”.

Ahora la Corte es la guardiana pasiva de la reforma de facto del orden constitucional a través del orden económico. Supervisa inerte la desconstitucionalización y la descomposición de la sociedad. Toda excepción particular, por más ruidosa que sea, no alterará ese cómodo rol.

Se ofrece a repetir artículos hasta que se restablezca el orden y la vigencia de la Constitución. Nada de criticar a las dos facciones de las tribus judiciales con la que se tiene excelente relación comercial y a los abogados de las oligarquías que están construyendo la nueva estatalidad desde oficinas céntricas, barrios cerrados y centros universitarios segregados para una burbuja de clase alta pero con edificios donados por el Estado bobo. Ambos están prontos a derogar y dejar derogar restricciones “al mercado” y “simplificar” legislación, la hojarasca.

Muchos supuestos abogados constitucionalistas siguen repitiendo artículos de la Constitución esperando que “la fuerza normativa” de la Constitución vuelva mágicamente todo a su lugar. No hay frenos ni contrapesos para la sociedad. Para ella se desarmaron. Funcionan para ciertos actores pero no para la sociedad, que está siendo reubicada en un nuevo orden feudal.

Algunos de estos destructores de lo público socavaron durante las últimas décadas la base sociológica de la democracia, validaron la violación de la Constitución en las guerras judiciales silenciosas que las corporaciones hacen año a año contra el Estado para no cumplir leyes, para evadir, para eludir, para neutralizar controles, acumular y fugar. De aquellas excepciones judiciales, estos lodos autoritarios.

Muchos supuestos abogados constitucionalistas que trabajan de conseguir excepciones constitucionales a quien les pague recursos extraordinarios para hacer lobby en la agenda de ciertas vocalías judiciales, que construyeron sus alianzas operativas con las corporaciones primero y con la corporación judicial después, siguen citando artículos ante una Corte Suprema que no tiene voluntad de declarar inconstitucional nada. Salvo que deba defenderse y sacar el manual de operaciones usado por la Corte durante el 2002.

Para las corporaciones, constitucionalismo clásico y contemporáneo, revisión judicial y acciones afirmativas para los amigos de la Corte. Para la sociedad que se empobrece, homeopatía constitucional, palabras sanadoras para enfrentar un ciclo de violencia y desintegración.

 

 

 

* Lucas Arrimada da clases de Derecho Constitucional y Estudios Críticos del Derecho.

 

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