La familia es lo primero

 

Desde la asunción del intendente cambiemita de Ramallo, Gustavo Perié, la construcción del Centro Universitario pensado por su antecesor, el peronista Mauro Poletti, no se continuó. El espacio físico donde por primera vez en la localidad se había comenzado a dictar carreras universitarias gratuitas, fue abandonado. Lejos de las preferencias de los jóvenes y de hacer un análisis de sus expectativas y de las de la comunidad respecto a esa iniciativa, el gobierno local de Juntos por el Cambio se limitó a realizar un relevamiento con las empresas de la zona para conocer sus necesidades. Así surgió la Tecnicatura Universitaria en Química, que cuenta con aporte económico empresarial. Una de las contribuyentes es Prochem Bio S.A, dedicada a la fabricación, manipulación y envasado de productos químicos. Sus dueños son Alfredo e Iván Marún, primos hermanos de Perié, que tienen causas judiciales por la contaminación que genera su empresa. Una de las carreras que el actual intendente discontinuó en el Centro Universitario fue la Tecnicatura en Gestión Ambiental. Así evitó que el municipio cuente con recursos humanos para controlar a sus primos contaminadores. Es decir, los Marún realizan su aporte económico para que su primo gobernante ofrezca una carrera acorde a la mano de obra que necesitan. La familia es lo primero.

 

 

Bio Ramallo, empresa dedicada al biodiésel; AFA S.C.L, a los fertilizantes; Porfenc S.R.L, al desarrollo de productos para la nutrición animal; Laboratorios Ramallo S.A, productor de especialidades medicinales y Prochem Bio, también fabricante de agrotóxicos, son las empresas aportantes para la nueva carrera universitaria. Perié cambió la lógica de un Estado presente atento al futuro de las nuevas generaciones para ofrecer un gobierno municipal al servicio de la conveniencia de las compañías privadas. Por eso no tomó como prioridad continuar la obra del Centro Universitario.

 

 

“Por una cuestión de organización, no todas las universidades nacionales o provinciales pueden dictar carreras en la ciudad de Ramallo. Existen los Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES), que definen cuál es el ámbito de inserción en la provincia de Buenos Aires, dónde tienen la posibilidad de dictar carreras o no”, explica el licenciado en Educación Horacio Cristian Cóceres en diálogo con El Cohete A La Luna. El funcionario se desempeñó en el área educativa durante el gobierno local peronista y se encargó del lazo entre el municipio y las universidades para impulsar la oferta académica en el distrito. Expone que “es difícil que el partido de Ramallo, por sus dimensiones, por la cantidad de población, pueda tener una universidad nacional como tienen algunas ciudades. Es así que se pensó en la construcción del Centro Universitario como espacio de contención para el dictado de distintas carreras por convenios particulares y por convenios específicos con las universidades, que de acuerdo al CPRES, pudieran ser brindadas”, señala.

Sobre los objetivos del Centro Universitario, Cóceres indica que “ahí iba a funcionar Punto Digital –espacio donde se ofrece conectividad y herramientas tecnológicas–, iba a existir un espacio para el dictado de conferencias y otro deportivo. Hoy todo ese espacio está abandonado”. En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, el intendente aseguró que le interesaba la educación, en respuesta a la interpelación del presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, que lo inquirió por discontinuar las carreras universitarias libres y gratuitas que se dictaban en el partido y por cerrar el espacio Punto Digital. “Claro que me interesa la educación, porque la educación es el pilar fundamental para merecer”, dijo, a tono con la idea de meritocracia tan marcada desde su espacio político. Pero lo que se ve en su accionar con el Centro Universitario es que los únicos que merecen son los caballos de la zona que utilizan el espacio para defecar. Otra muestra de la desidia de su gobierno.

 

 

 

La empresa contaminadora de los primos

La Asociación Civil Foro Medio Ambiental (FOMEA) promovió en 2015 una acción de amparo ambiental contra Prochem Bio S.A., ubicada en el parque industrial COMIRSA, que comparten Ramallo y San Nicolás. La empresa se encuentra a pocos metros del arroyo Ramallo y del barrio residencial SOMISA. El amparo se realizó con el objetivo de lograr el cese del daño ambiental que la firma generaba con el manejo de sus efluentes líquidos y gaseosos en el desarrollo de su actividad industrial como productores de biocidas, insumos textiles y biodiesel. Se acreditó que no contaba con habilitaciones para el desarrollo de su actividad. No poseía el permiso de explotación del recurso hídrico y tampoco el permiso de vuelco de efluentes líquidos industriales. El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) detectó e imputó a Prochem Bio S.A. por graves infracciones en el monitoreo de la emisión de gases. Expresamente sostuvo que la empresa emprendió la construcción y puesta en funcionamiento de una nueva planta de glifosato granulado que no fue declarada. FOMEA sostiene que “esto que ocurrió pocos meses después del inicio de este amparo en el año 2015, volvió a repetirse al momento del dictado de la sentencia de primer instancia (en 2020) ya que la empresa, durante el trámite del amparo, siguió construyendo ‘nuevas naves productivas’ sin declararlas ante el OPDS”.

 

 

Una de las pruebas aportadas fue el trabajo titulado “Estudio de los niveles de concentración de herbicidas en agua de lluvia y material particulado sedimentable en aire de zonas con distinta influencia de actividad agrícola de la región Pampeana”, del doctor Lucas Alonso del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la Universidad Nacional de La Plata. Ese estudio científico acreditó que en la localidad de San Nicolás los valores detectados son miles de veces superiores a los de las zonas de explotación agrícola. Por esos niveles exorbitantes los científicos concluyen que “la influencia industrial aporta localmente una carga másica de herbicidas significativamente superior que las fuentes rurales”. Según precisaron en ese informe, los resultados de las altas concentraciones de contaminantes fueron escandalosas, a tal punto que debieron ser excluidos del estudio científico “por aportar valores fuera de rango”. FOMEA dio cuenta en su presentación judicial que ese estudio marca que San Nicolás es el sitio más contaminado con agroquímicos de todos los peritados y, según lo dicho por los investigadores, esos altos niveles de contaminación se deben a la existencia de industrias formuladoras y fraccionadoras de agroquímicos.

Agregan que “se observa cómo en su sitio con influencia directa de la actividad industrial (San Nicolás) recibe una depositación atmosférica mayor de glifosato que el resto de los sitios. Esto es aún más claro al analizar los valores de carga depositada en sitios lindantes a una industria formuladora y fraccionadora de productos comerciales de glifosato”. El estudio se realizó colocando recipientes para tomar muestras de agua de lluvia en un domicilio vecino a la planta de Prochem Bio. La habitante de la vivienda que permitió que se instalaran los recipientes en el techo dejó su testimonio en un acta donde expresó “que siente olores que no puede describir. Que aparecen particularmente cuando hay viento del este y que sucede en distintos momentos durante diversos días de la semana, incluso los fines de semana. Siempre se tratan de olores no habituales y a la vez de las mismas características. Cuando percibe dichos olores cierra las ventanas”. Otra vecina de la empresa manifestó “que viene viendo, desde hace un tiempo, que árboles de una misma especie que se encuentran dentro de una arboleda del arroyo con la que linda su casa, se están deteriorando”. Sobre la empresa dijo que “la conoce de ver desde su domicilio las instalaciones y un cartel de Prochem Bio, que se encuentra del otro lado del arroyo Ramallo, pero en dirección a su propio domicilio”.

Otra de las pruebas de la contaminación que la empresa genera también fue aportada por FOMEA. Una pericia judicial que consta en el expediente en trámite en el Juzgado Civil y Comercial 4 acreditó la presencia de glifosato, AMPA y 2,4D en los techos de Prochem Bio, en las cortezas de los árboles linderos, en los suelos y en la infraestructura de la empresa. La presencia de material contaminante en esos sitios se verifica por su traslado atmosférico, es decir, mediante los efluentes gaseosos que provienen de la empresa demandada. Esa circunstancia se suma a que en la época de realización de estos estudios de toma de muestras y análisis de laboratorio, Prochem Bio no contaba con el permiso de descarga de efluentes gaseosos y operaba con chimeneas que evacuaban glifosato sin declarar y sin monitoreo estatal válido. También dio cuenta de los diversos eventos sin control que esparcieron en el ambiente residuos peligrosos, como el detallado en el expediente Morzoli, Matías Alejandro, en poder del Tribunal de Trabajo 1. En ese grave siniestro, el operario Morzoli quedó incapacitado de por vida y más de 10.000 litros de agua contaminada con el peligrosísimo insecticida clorpirifós fueron volcados al arroyo Ramallo.

Durante el trámite del amparo ambiental llevado adelante por FOMEA ocurrieron dos siniestros, que motivaron la instrucción de una causa penal por infracción a la ley 24.051 de residuos peligrosos. El proceso, tramitado en el Juzgado Federal de San Nicolás, fue iniciado por un incidente de carácter ambiental ocurrido en enero de 2017. Debido a las abundantes lluvias, un líquido emulsionado con probable contenido de herbicidas o insecticidas rebalsó de la fosa que lo contenía y se dispersó en parte del predio de la empresa. Finalmente se acumuló en canales laterales a la planta, configurando la liberación de residuos peligrosos. El otro incidente grave y que figura en esa causa penal federal ocurrió el 10 de junio de 2020 en el predio industrial de Prochem Bio, mientras realizaban la maniobra de cargar un camión cisterna con una sustancia química altamente corrosiva. Se perforó el tanque del camión y todo su contenido se derramó en las inmediaciones. Al día siguiente cedió el talud de contención donde se hallaba confinada parte de la sustancia corrosiva derramada el día anterior –depositada en la fosa que también perforó– y nuevamente impactó en forma directa sobre el suelo natural.

El abogado de FOMEA Fabián Maggi explica en diálogo con El Cohete a la Luna el periplo judicial para que la empresa deje de contaminar el medio ambiente. “Con todas esas pruebas, después de la medida cautelar, se dictó una sentencia de primera instancia donde se condenó a la empresa Prochem Bio, pero no de la manera amplia que nosotros solicitábamos. Por ese motivo presentamos un recurso de apelación ante la Cámara que también nos dio la razón y la condenó nuevamente, ampliando el fallo. Pero aún quedaron cuestiones pendientes de tratar. Por eso presentamos un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra en trámite”, precisa. Maggi sostiene que “la Corte debe ampliar el fallo, no solamente por los hechos históricos que se vienen sucediendo desde 2015 sino porque también, dentro del proceso ambiental –mientras se estaba en trámite el amparo– la empresa ha construido varias nuevas naves industriales que no están declaradas regularmente. Falta la obtención de permisos fundamentales, los mismos que faltaban al principio, que se encuentran vencidos o incompletos”. Para el abogado, el escenario “es el mismo o más grave que cuando iniciaron el amparo en 2015, porque la empresa aún sigue sin tener todas las habilitaciones y continúa impactando en el ambiente con sus residuos de la elaboración de agroquímicos”.

 

Aportantes

Los primos hermanos del intendente de Ramallo, aportantes para que la municipalidad brinde la Tecnicatura Universitaria en Química mediante convenio con la Universidad Nacional de Quilmes, fueron también grandes contribuyentes a la campaña de PRO cuando Perié compitió y perdió en las primarias de 2015 contra el radical Ariel Santalla. En esas primarias, Perié –que finalmente pudo acceder a la intendencia en diciembre de 2019– encabezó la lista PRO Ramallo que estaba integrada por sus amigos y familiares. Casi la totalidad de ellos eran aportantes truchos, entre ellos, las respectivas esposas de los Marún. Aparecieron como prestanombres, figurando como aportantes de una plata que no pusieron, pero que el PRO necesitaba para el blanqueo de un dinero del que no se supo cuál era su origen: si venía del lavado, de empresas que luego se vieron beneficiadas por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal cuando gobernaron, o si tenía algún origen incluso más oscuro. ¿Cómo puede explicarse, si no, la contratación del ex comisario de la policía federal, Sergio Ricardo Maldonado? Había sido denunciado por Lorena Martins, hija del ex agente de la SIDE Raúl Martins, acusado de ser responsable de redes de prostitución. En su momento, Martins denunció al ex jefe policial que estaba a cargo de la Comisaría 19 por recibir coimas de los prostíbulos que manejaba su padre. Maldonado estuvo contratado por el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires durante el gobierno de Vidal desde 2016 hasta 2019. “Ex comisario Sergio Maldonado, alias ‘el fantasma’, a quien conozco desde chica por ser amigo de mi padre. Y quien durante muchos años recibió coimas, habitual de los prostíbulos The One y Artigas, y del swinger Anchorena. Lo apodaron así porque entraba y salía de estos locales por puertas anexas o puertas trampa a las que mi padre le daba acceso”, describió. Cuando el dinero para las campañas políticas no se transparenta o se utilizan prestanombres para blanquear el dinero que no se puede develar su origen, aparecen hombres oscuros que prestan servicios para el Estado, como lo hizo Maldonado durante el gobierno de Vidal.

 

 

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