La explosión que hizo escombros el Estado de Derecho
Casi un cuarto de siglo de impunidad
El más grave atentado terrorista de nuestra historia, ocurrido el 18 de julio de 1994 en la calle Pasteur 633 de la Capital argentina, demolió el edificio donde tenían sus sedes la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) y la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Allí murieron 85 personas y otras 200 fueron heridas. Pero también sepultó bajo sus escombros el Estado de Derecho, que el país intentaba construir con más pena que gloria desde una década antes, luego de la última dictadura militar, empresarial y eclesiástica. Ahora que el segundo juicio está por concluir, sumando una nueva capa de impunidad y escarnio a las que ya abrumaron a las víctimas y sus familiares, es recomendable desandar los laberintos de la burocracia estatal. Con la experiencia adquirida será posible reflexionar sobre el efecto que este sórdido itinerario ha tenido sobre organismos que están en el centro de una penosa degradación institucional que sólo permite algunos momentos de tregua y optimismo, pronto revertidos: la justicia federal, los servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, el Ministerio Público Fiscal. También el Congreso de la Nación, donde una comisión supervisora de la investigación no supo o no quiso ver la desviación de la causa, con la solitaria excepción de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, los cuatro poderes enumerados en la Constitución aprobada cinco semanas después del atentado, cuando no habían terminado de contarse las víctimas.
Lo que debió ser la investigación sobre esos hechos y la condena a sus responsables concluyó en una de las intervenciones estatales más vergonzosas de nuestra abundante historia, sin excluir a la dirigencia de las instituciones propietarias del inmueble. Coartadas falsas, llamadas desde la Casa Rosada para impedir allanamientos de domicilios de sospechosos, juezas de Cámara visitando a detenidos en la cárcel y ofreciéndoles pactos, secuestro de personas y aplicación de tormentos, agentes secretos entregando dinero en encuentros pactados en la vía pública; genocidas como mediadores de imputados; extensas privaciones ilegales de la libertad de falsos responsables; un juez negociando una inexistente versión con un detenido. Sólo una película de clase B sobre la mafia podría unir tantos y diversos episodios de corrupción e ilegalidad en un solo guión.
El 29 de octubre de 2004, en la Causa “Telleldín, Carlos Alberto y otros s/ homicidio calificado”, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal No. 3 absolvió a todos los imputados y dictó la nulidad de las actuaciones, luego de cuatro años de juicio oral y público que dejaron al descubierto que el Estado empleó todos sus recursos al servicio de asegurar impunidad a los responsables. El tribunal también formuló denuncia penal contra distintos funcionarios nacionales y sujetos particulares, por la desviación y entorpecimiento de la investigación. La continuación de esa causa quedó a cargo del juez federal Claudio Bonadío, pero la Cámara Federal lo apartó dado su escaso entusiasmo por avanzar la investigación.
El 4 de marzo de 2005, en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Estado argentino reconoció su responsabilidad por la violación de los derechos humanos denunciada por Memoria Activa (una de las entidades formadas por familiares de las víctimas, que fue representada por el Centro de Estudios Legales y Sociales –CELS— y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL—). En ese procedimiento de solución amistosa en el que admitió haber encubierto los hechos e incumplido en forma deliberada con la investigación, el Estado asumió una serie de compromisos que fueron ratificados por un decreto del Poder Ejecutivo: transparentar los fondos reservados de la Agencia de Inteligencia, sancionar una ley de reparación para las víctimas, crear una unidad de prevención de catástrofes. No se trataba sólo de dar satisfacción a las víctimas sino también de producir reformas que corrigieran las graves falencias estructurales que el atentado evidenció. Poco de ello sucedió y a un encubrimiento siguió otro, en pleno desarrollo ahora, y los servicios de Inteligencia no sólo siguen en la peor oscuridad sino que han hecho metástasis en la cabeza del Poder Judicial.
Me interesa aquí destacar qué sucedió con los compromisos de apoyo a la investigación –tanto del atentado, como de su encubrimiento—, y de fortalecer la Unidad Especial de Investigación del caso AMIA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
La Unidad AMIA del Poder Ejecutivo Nacional
Desde el año 2000 funciona en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación una Unidad Especial de Investigación del atentado, conocida como Unidad AMIA.
Su integración, competencias y facultades fueron variando con los años y los gobiernos. En sus inicios, estuvo integrada por los responsables de las unidades de investigaciones antiterroristas y/o de inteligencia de la Policía Federal, de la Secretaría de Inteligencia de Estado, de la Prefectura Naval, de la Gendarmería Nacional y del Servicio Penitenciario Federal y, desde su creación, de la Oficina Anticorrupción. Muchas de estas dependencias y fuerzas sostuvieron (o contribuyeron a instalar) una versión falsa de los hechos. Cuando asumió el actual gobierno, la Unidad quedó a cargo del ex senador radical Mario Cimadevilla, quien fue expulsado hace un mes, con pretexto de la última reestructuración del Estado.
La política progresiva
Desmadejado el ovillo de mentiras que tejieron los funcionarios públicos Carlos Menem, Juan José Galeano, Eamon Mullen, José Barbaccia, Hugo Anzorreguy, Rubén Beraja, Jorge (El Fino) Palacios, Juan Carlos Anchezar, Carlos Castañeda, Patricio Finnen; el reducidor de autos robados Carlos Telleldín, su compañera de aquel momento Ana Boragni y su abogado Víctor Stinfale, el Estado argentino debía tomar una decisión política. El atentado había quedado —y aun lo está— impune; desde el Presidente de la Nación para abajo participaron en una maniobra de encubrimiento a los responsables, por razones que más se intuyen que se conocen, relacionadas por un lado con los contactos políticos y familiares internacionales de Menem, por otro con su rivalidad con el vicepresidente y aspirante a sucederlo. Los sobrevivientes, familiares y la sociedad quedaron frente al espanto y el horror por partida doble.
El Ministerio Público Fiscal se vio obligado a tomar una serie de medidas, ya que dos de los fiscales que habían intervenido en la investigación e incluso en el juicio debieron renunciar y fueron denunciados. El 13 de septiembre de 2004, Eduardo Casal conformó un grupo de fiscales para que intervinieran junto al titular de la Fiscalía No. 9, Guillermo Marijuan, designando para ello a Natalio Alberto Nisman y Marcelo Martínez Burgos y creando una Unidad Fiscal, para actuar en forma conjunta o alternativa con las fiscalías correspondientes. En sus considerandos indicó que luego del veredicto dictado días antes en la causa por el atentado a la AMIA y la desviación de la pesquisa, se hacía necesario adoptar medidas para profundizar la investigación de los autores y los encubridores del atentado.
Así nació dentro del Ministerio Público Fiscal la segunda Unidad AMIA, que pronto quedaría en manos exclusivas de Nisman. Más que una paradoja es una aberración que esa tarea haya recaído en quien acusó y pidió prisión perpetua a los policías de la Provincia de Buenos Aires como autores del atentado, a pesar de que ya había prueba del pago espurio para instalar la versión de su culpabilidad, y de que además había participado en el juicio que en razón de aquella falsedad fue declarado nulo.
A la vez, con el reconocimiento de la responsabilidad estatal en el ámbito del Sistema Interamericano, se resolvió que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación tuviera una activa participación en el proceso judicial que investigaría el encubrimiento del atentado. De ese modo mutó el perfil de la Unidad Especial de Investigación, que fue dotada de nuevas facultades y recursos. Con distintas conformaciones y abogadxs, el Ministerio de Justicia se presentó e intervino como querellante en todas las investigaciones vinculadas al encubrimiento. Aquella intervención fue esencial en distintas actuaciones, apelando cada uno de los insistentes sobreseimientos dictados por el juez Ariel Lijo a los funcionarios judiciales investigados –más allá de Galeano, de Mullen y Barbaccia—. Incluso, en alguna ocasión, apelando lo que el fiscal Nisman consentía. Al momento de iniciarse el nuevo juicio oral y público por estos graves hechos, en agosto de 2015, la Unidad AMIA contaba con un importante equipo de abogadxs dedicados exclusivamente a llevar adelante ese debate.
La política regresiva
En los primeros días de 2016, el nuevo presidente Mauricio Macri, el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia Germán Garavano firmaron un decreto que modificaba aquel que había creado la Unidad. El cambio se anunció como una jerarquización, elevándola al rango de Secretaría. Sin embargo, la reforma obedeció a la creación del cargo de secretario para Cimadevilla y la inclusión entre sus funciones de la investigación de la muerte de Nisman. Luego de una serie de pases de magia judiciales, el gobierno consiguió que se investigara como si hubiera sido un homicidio; que se reabriera su denuncia contra CFK por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán; que se abriera otra causa considerando que ese Memorándum constituyó una traición a la Patria; que ambas causas fueran encomendadas a Bonadío (a quien Nisman había denunciado por amenazas contra su vida) y que el juez las unificara.
Inmediatamente de fortalecida y jerarquizada la Unidad AMIA, se desvinculó a varios de los integrantes del equipo de abogadxs que venían trabajando en el juicio que se encontraba en marcha, para esa fecha hacia seis meses.
Una de las principales políticas del flamante titular de la Unidad fue promover acciones para que se sancionara una ley que permitiera juzgar sin su presencia en el proceso penal a los responsables del atentado que, bien vale recordar, aún no sabemos quiénes son. Esto se encuentra expresamente prohibido en nuestra legislación y, además, atentaría contra una de las funciones básicas en procesos penales en los que se investigan graves violaciones a los derechos humanos: conocer la verdad de los hechos.
Luego de la nueva designación de abogadxs para intervenir en el juicio, y transcurrida casi la totalidad del debate, renunció la abogada Mariana Stilman, quien estaba a cargo de la acusación, alegando “las reiteradas intromisiones en su trabajo por parte de otro abogado que respondía a órdenes del Ministro y sus asesores”.
El día previo a la exposición de los alegatos se produjo un nuevo escándalo. Se conoció que en lugar de alegar el abogado Enrique Ventos, quien acusaría a todos los imputados, lo haría José Console, quien pidió la absolución de los ex fiscales Mullen y Barbaccia. Console es dirigente del club Boca Juniors y está inhabilitado para el ejercicio de la profesión de abogado, porque ocupa un cargo en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad. La diputada Elisa Carrió dijo que no avalaba amiguismos ni encubrimientos y anunció que promovería el juicio político del ministro Garavano. El despedido abogado Ventos se comunicó con sus colegas de la querella de las víctimas. Según les dijo, la vicepresidente Gabriela Michetti reveló que la absolución de Mullen y Barbaccia se había tratado en reunión de gabinete nacional como política de Estado.
Mario Cimadevilla denunció presiones de Garavano y el gobierno optó por disolver la Unidad, cuyas funciones quedaron en el ministerio de Justicia bajo la órbita de Mariano Fridman, quien fuera abogado de la AMIA, y del Secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quien fue secretario ejecutivo de la DAIA durante la gestión de uno de los imputados del encubrimiento: Rubén Beraja.
Ninguno de los ex funcionarios públicos que se sientan en el banquillo de los acusados por el segundo encubrimiento estuvo un solo día privado de su libertad, a diferencia del ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario de la presidencia Carlos Zannini, por su actividad para esclarecer el primer encubrimiento. Ambos recibieron la solidaridad de los familiares de las víctimas del atentado.
Más allá del montaje mediático, político y judicial que intentan presentar en el marco de la causa por la firma del Memorándum con Irán —, como “el encubrimiento” al atentado a la AMIA, con su triste show de detenciones y prisiones preventivas—, los actuales funcionarios del Ministerio de Justicia deberían saber que más tarde o más temprano deberán responder por las acciones de encubrimiento que han llevado adelante en estos dos años.
Durante las últimas décadas aprendimos que queremos Verdad y que una vez conocida exigimos Justicia. Los que gobiernan no cuentan con nuestro aprendizaje.
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