La estrategia del cangrejo

 

La estrategia del cangrejo. Revisar punto por punto las interminables fojas judiciales para volver al grado cero de la pesquisa: por qué salió el submarino con tantas imperfecciones mecánicas, cuál fue el motivo de su hundimiento, por qué se demoró tanto la búsqueda, de qué forma operó el encubrimiento político, por qué se espió a los familiares.

Retroceder en el tiempo para avanzar pasos, como hacen los cangrejos. Ese es el clímax político y judicial que envuelve la fascinante trama del ARA San Juan en un cierre de año turbulento, cargado de novedades.

En el tablero judicial existe una línea de tiempo. Las sospechas empezaron poco tiempo después del siniestro. Todo comenzó el 23 de junio de 2018. A siete meses de la desaparición del submarino, la Justicia recibió una denuncia para investigar las irregularidades en la búsqueda. El Ministerio de Defensa había llamado a un concurso internacional de ofertas. Y se la adjudicó a la firma Igeotest Geosciences SL, una empresa española con deudas y floja de papeles. El contrato, en rigor, ya era escandaloso: se establecía el pago de cuatro millones de dólares “encontraran o no la nave”.

Fue el primer capítulo judicial en la megacausa del ARA –hoy formada por varios cuerpos, escenarios y procesamientos–, algo que por estos días vuelve a estar en el centro de la escena: el tramo que ocupa la búsqueda del submarino y el posible encubrimiento político que llega a los talones del ex Presidente Mauricio Macri y a su ministro Oscar Aguad.

En aquella ocasión la pesquisa avanzó de la mano del fiscal Federico Delgado y en noviembre de 2018 ocurrió la primera sanción judicial del ARA: cuatro militares de la Comisión Evaluadora del Ministerio de Defensa fueron procesados. Los acusaron de hacer la adjudicación directa a Igeotest cuando la firma no reunía los requisitos. El contrato entonces se anuló y la búsqueda quedó demorada. Después de meses en el vacío, finalmente recayó en la compañía norteamericana Ocean Infinity, a la cual se le pagaron 7 millones de dólares.

¿Pero qué había de fondo en la escandalosa contratación de la firma española? ¿Por qué luego de su baja se demoró meses la búsqueda? ¿Por qué ahora la cuestión de la búsqueda de la nave perdida en el Atlántico Sur se ha convertido en la piedra angular de un expediente salpicado de corrupción, ocultamiento y espionaje, un verdadero Macrigate?

Las incongruencias en un tema tan delicado como la búsqueda de los 44 tripulantes retornan ahora a las oficinas del fiscal Delgado y de la jueza María Eugenia Capuchetti, aunque con más prueba acumulada. Luego de que el juez Sebastián Casanello diera lugar a que se estudie la conexidad con la denuncia original, los investigadores pondrán la lupa en los negociados del macrismo. Es que la empresa Igeotest era especialista en prospecciones del lecho marino y tendido de plataformas de hidrocarburos, algo bastante ajeno a la búsqueda de un submarino. Según una investigación de la querella, el telón de fondo era la exploración de la plataforma marina del Atlántico Sur dentro de la zona donde posteriormente fue hallado el submarino.

–En todo este tiempo pudimos probar que Igeotest estaba quebrada, que tenía nexos con la Armada y que la oficina de Modernización de Ibarra se deslindó de responsabilidades, algo grave en el tema de la contratación –enfatiza Valeria Carreras, abogada querellante que representa a 29 familiares.

En el armado del rompecabezas, la búsqueda del submarino está directamente relacionada a la hipótesis del encubrimiento político, causa que tiene a Macri y a Aguad en el centro de la investigación en Comodoro Py. Y la abogada encontró, además, un pliego de licitación del ex ministro Juan José Aranguren –que por estos días fue imputado por la dolarización de las tarifas de gas– sobre la prospección de petróleo, que coincide en fecha y lugar.

Una operación con tareas repartidas según cada ministerio. La querella presentó documentos que evidencian cómo, usando la pantalla de la búsqueda, en realidad el macrismo quería explorar el oro negro.

“Delgado va a ir al hueso, esa es nuestra expectativa. Y Macri, Aguad y otros ministros como Ibarra y Aranguren van a tener que dar explicaciones”, dicen desde la querella unificada.

El encubrimiento agravado saltó a primera plana luego de la confesión del marino procesado Enrique López Mazzeo. Hace poco el contraalmirante habló y dio un giro copernicano al reconocer que el gobierno macrista sabía dónde estaba el ARA San Juan desde el 5 de diciembre de 2017, a dos semanas de su desaparición. El dato le había llegado a la Armada Argentina a través de un buque chileno.

El efecto López Mazzeo ocasionó que César Miranda, ex comandante del buque chileno Cabo de Hornos, hablara con los medios. “Cuando (el 17 de noviembre de 2018) sale el anuncio de que una empresa (Ocean Infinity de Estados Unidos) lo había ubicado (un año después de que desapareciera) me llamó la atención que la locación que entregó era extremadamente cercana, por no decir la misma, que nosotros reportamos. ¿Qué razones motivaron a mantener esta información en stand-by? Lo desconozco”, indicó Miranda en una entrevista a El Mercurio de Chile, citada en la presentación judicial.

¿Por qué razón Macri y sus secuaces supieron la ubicación de la nave pocos días después del hundimiento y no actuaron en consecuencia? Si sabían dónde estaba, ¿por qué no lo mandaron a buscar a esa ubicación?

Una de las posibilidades, según la querella, es la exploración de petróleo bajo un sospechoso entramado con grandes potencias internacionales. Ha sido tal la presión que la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, altamente cuestionada por sus desaciertos y que comparó el hundimiento con “una AMIA a 900 metros de profundidad”, se vio obligada a tomar cartas en el asunto. Hace unos días, a instancias de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, la magistrada le solicitó al canciller Felipe Sola y al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, las comunicaciones e intercambio de mensajes e información entre las “inteligencias” y las armadas de Estados Unidos, Gran Bretaña y la Argentina realizadas durante la búsqueda de los 44 submarinistas desaparecidos.

Yáñez, que había cerrado la pesquisa a principios de este año, fue obligada a reabrirla y a incluir en la investigación a Macri, Aguad y al ex jefe de la Armada Marcelo Srur. Y a cotejar nuevamente las pericias. Ahora es la misma Yáñez la que quiere saber si el gobierno de Macri, a través de su cadena de mando, ocultó o demoró datos claves para hallar los restos del submarino siniestrado el 15 de noviembre de 2017.

Averiguar, por ejemplo, la razón por la cual no aceptó la colaboración de la Royal Navy en diciembre de 2017 para buscar, con elementos de alta tecnología como los minisubmarinos remotos, los posibles restos del submarino argentino en la zona donde finalmente se lo encontró. O saber los motivos por los que la Armada de los Estados Unidos instaló en la base naval de Puerto Belgrano, donde funcionaba el comando central de búsqueda y rescate del submarino, un sistema CENTRIX, que es “un sistema de mensajería y videoconferencia encriptado”.

Los espías tampoco están tranquilos. En el tramo por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes la Justicia todavía adeuda respuestas sobre si el fiscal Daniel Adler continúa al frente o el expediente se va a Dolores, donde aún está Alejo Ramos Padilla.

Fuentes judiciales confiaron a El Cohete a la Luna que la del espionaje es la causa federal que más desvela. Mientras la Cámara de Casación define la puja de los ex funcionarios macristas, que buscan llevar la causa madre de Lomas de Zamora a Comodoro Py, estos días declaró Gustavo Arribas e intentó desligarse de los cargos por el espionaje ilegal, como si no hubiera sido la cabeza de la AFI macrista. Los familiares del ARA siguen de cerca esas novedades: Arribas, Silvia Majdalani y agentes de la delegación marplatense de la AFI podrían ser procesados por el espionaje ilegal una vez que termine por dirimirse la competencia judicial.

El fin de año se vive como un principio. Eso es lo que sienten las viudas y los familiares del ARA San Juan. La investigación a esta altura se ha convertido en un laberinto judicial pero con salidas posibles.

–Se avanzó más en estos últimos tres meses que en los tres años desde que ocurrió el hecho –afirma la abogada querellante Lorena Arias.

¿Qué es lo que dejó al descubierto el caso?

Estos son los cinco puntos centrales:

1. La responsabilidad del gobierno anterior en toda la trama: el hundimiento, la búsqueda del submarino, el encubrimiento político por ocultar información a la sociedad, y el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas. La evidencia es abrumadora en los distintos escenarios judiciales: Comodoro Py, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata;
2. La obediencia debida de la Armada, que opera en la tradición de una fuerza con antecedentes siniestros como los de la última dictadura cívico militar. Los tripulantes embarcaron en malas condiciones. La verticalidad de mando sigue vigente a la hora de encubrir pese a la purga en democracia;
3. La inteligencia naval está en el centro de la pesquisa por el espionaje ilegal contra los familiares. Hay pruebas que indican una coordinación directa en Mar del Plata con la delegación local de la AFI. “Lxs maltrataron desde siempre, lxs subestimaron cuando hacían marchas y encima les infiltraron gente para espiarlxs”, aseveró la abogada Carreras;
4. A comienzos de año se dieron a conocer los procesamientos y la jueza Yáñez había dejado afuera a Macri, Aguad y Srur. Después de las apelaciones debió volver sobre sus pasos. Hoy el ex mandatario está comprometido seriamente y da manotazos de ahogado para que sus amigos de Comodoro Py puedan ayudarlo; y
5. Las 44 vidas de los tripulantes son una herida abierta de la sociedad, que respaldada en el reclamo a los familiares y ya no se conforma con la hipótesis del accidente y del “error humano” instalada y defendida por el macrismo. “Ahora vamos por todo”, dijo Jacqueline Monzón, hermana de uno de los tripulantes fallecidos, marcando el rumbo de la lucha actual.

 

 

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