La estafa del viaducto

 

Más de trescientas empresas subcontratistas y proveedoras de bienes y servicios de la empresa constructora Green SA-Rottio UTE denuncian que fueron estafadas por una suma que supera los 400 millones de pesos y aseguran que puede alcanzar los 600 millones. El escándalo es por la obra del Viaducto San Martín, recientemente inaugurado en vísperas de las elecciones primarias. La UTE fue contratada por la comitente AUSA que depende directamente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Los afectados sostienen que la situación que atraviesan es desesperante y no dudarán en tomar medidas de fuerza si la situación no se regulariza en los próximos días. La conformación de los acreedores es en un 90% de pequeñas y medianas empresas de fundación familiar e incluso hay cuentapropistas. Algunos de los efectos que recaen sobre las pymes son deuda fiscal, salarios atrasados, deudas con proveedores, gastos de pólizas de seguro y materiales comprados inutilizables por la paralización de la obra, entre otros. “Somos, absolutamente todos, los típicos empresarios que no sabemos despegar el amor a nuestro trabajo y a nuestras empresas del amor general que sentimos por nuestro país. En nuestras empresas trabajan codo a codo padres, hijos, tíos, primos y amigos. La obra del Viaducto San Martín es un orgullo para nosotros, que fuimos en verdad los que la llevamos adelante trabajando noche y día”, afirmaron.

La obra es realizada con fondos nacionales y se encuentra a cargo de Franco Moccia, ministro de Desarrollo Urbano y de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires que junto a Carlos María Frugoni, presidente de AUSA, se ocuparon fervorosamente de que el Viaducto pueda ser presentado antes de las elecciones primarias. Para lograr esto, durante los meses preelectorales los proveedores y subcontratistas fueron apurados para acelerar la obra. Las autoridades del gobierno de la Ciudad y de AUSA necesitaban mostrar que la obra estaba finalizada sin importar los peligros que acarrea una obra realizada aceleradamente y sin los recaudos técnicos necesarios. AUSA sabía de los problemas entre Green SA-Rottio y los proveedores, e intervino haciendo reuniones todos los miércoles en la obra para mediar conflictos entre los privados porque tenían que concluir la obra. En semanas previas a agosto, Frugoni, Moccia y el subsecretario de Obras de CABA, Marcelo Carlos Palacios, se juntaron en la sede del gobierno porteño en la calle Uspallata con los subcontratistas más importantes del grupo. Los empresarios se sintieron amenazados. “Ustedes no van a trabajar más en ninguna obra del gobierno de la Ciudad”, les dijeron. Y también agregaron: “No se preocupen por la plata, terminen la obra que el dinero está. Preocúpense por la obra”. Confiaron en eso y el engaño no tardó en hacerse notar. Los denunciantes informaron que la estafa se esquematiza en dos planos. Por un lado, en los papeles con remitos y facturas firmadas hace meses sin cobrar, y también con cheques rechazados. 

Asimismo ingenieros civiles responsabilizan al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por las fallas que puedan existir y llaman a todos los trabajadores ferroviarios de la Línea San Martín para que estén “más alerta que nunca ante cualquier inconveniente”. Además, para completar la totalidad de la obra faltan realizar dos estaciones, una en Villa Crespo y otra en la Paternal. También hay ausencias de la señalética de tendido ferroviario y adicionales. En ambas zonas hay falta de nichos hidrantes, de matafuegos y no hay salidas de emergencias. Hoy el tren transita por estas dos estaciones abandonadas, sin control, con materiales acopiados y equipos en desuso. 

Rodríguez Larreta, Moccia y Frugoni le adjudicaron la obra a Green SA-Rottio UTE a sabiendas de que no cumplía con las garantías técnico-financieras necesarias para un proyecto de tal envergadura. Esto quedó comprobado en la cesión que realizaron al Banco Supervielle de los flujos de dinero de los certificados por AUSA, luego de que no les alcanzara con los adelantos de obra otorgados por AUSA, ni las líneas de créditos de grandes bancos. De este modo, el banco se convirtió en el principal acreedor privilegiado. Es bueno recordar que Green SA es la misma empresa que aún le debe mucho dinero a proveedores y subcontratistas por las obras del Paseo del Bajo. A fines de agosto, subcontratistas y proveedores se reunieron con Frugoni en la sede de AUSA de la calle Piedras. Frugoni les reiteró: “Quédense tranquilos, tengo un certificado que se lo tendría que pagar a la UTE de 160 millones de pesos”, y sostuvo que no lo iba a transferir hasta que no se solucionara el problema con ellos. Pero el 6 de septiembre una orden de pago de AUSA a Green SA-Rottio UTE por 80 millones de pesos se filtró. Apenas unos días antes de que les rescindieran el contrato. 

 

 

En las últimas semanas apareció en escena Matías Álvarez, presidente de Rottio SA, partícipe en la UTE con el 20%. Por directiva de Gustavo Patoqui, uno de los dueños de la empresa, y con el fin de “no quedar pegado” en todo esto y que se le caigan futuras obras ya adjudicadas con el Estado, invitó a los subcontratistas y proveedores a llegar a un acuerdo sobre la deuda. Afirmó que si ejecutan los cheques rechazados contra Rottio SA, no tendrá más remedio que presentar el concurso. Lo mismo comunicó Green SA. Pero —increíblemente—, Álvarez les pidió a algunos acreedores que le consigan un 80% de aceptación del posible arreglo. La situación actual pareciera indicar que la buena relación que estableció AUSA con Rottio SA durante la obra culminará en la adjudicación para la finalización de la obra a la empresa. Los acreedores afirman que no deben recomenzar la obra si no se cancela previamente la deuda con las pymes y que, por el contrario, serán cómplice de estafa.

 

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