La estafa de Vicentin

 

Del “Todos somos Vicentin” queda poco. Cuando el gobierno nacional avanzó con el anuncio de un rescate fallido para la cerealera –vía una expropiación que no se había planificado lo suficiente–, los dirigentes de la Mesa de Enlace aprovecharon el envión para reeditar un escenario similar al vivido durante el conflicto por las retenciones móviles. Se convocaron marchas en la localidad santafesina de San Lorenzo, al mismo tiempo que las rutas empezaban a tomar temperatura. Todo era un blef. Sobre todo la situación patrimonial de la empresa.

El fiscal de delitos económicos de Rosario, Miguel Moreno, imputó por estafas y defraudación a catorce directivos de Vicentin, entre quienes se encontraban integrantes de las familias Padoan y Buyatti. El fiscal solicitó la prisión de varios de ellos, pero el juez Román Lanzón lo rechazó.

Las maniobras de la compañía incluyeron el falseo de balances para conseguir distintas líneas crediticias, que luego eran redireccionadas hacia las empresas satélites del grupo. De las movidas detectadas en esta causa, sobresale una explícita protección a Renova, el activo más valioso del grupo. Sobre el cierre de 2019, la suiza Glencore pasó a controlar el 60% de las acciones de esta sociedad. Luego de la operación, cambió su nombre a Viterra. Dentro de esta multinacional, que también tiene negocios mineros en el país, participa el poderoso fondo BlackRock, al igual que en el Rabobank, otro de los prestamistas de Vicentin.

Donde también posee participación el fondo liderado por Larry Fink es en Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Companc, una de las sociedades que pretende quedarse con los activos devaluados de la quebrada Vicentin, junto a Viterra y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA). Hasta 2014, Molinos era la dueña de Renova.

Este caso da cuenta de cómo se mueve la estirpe viscosa del empresariado rural. Sobre un atril, se expresan como los defensores la Patria. Pero hacia el interior de sus organizaciones no tienen problemas en planificar un desfalco de guante blanco.

 

 

Rompecabezas

“Hablar con Martín Mura (ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) por préstamo a Sergio Nardelli. 10 palos”. De esta manera, el secretario Darío Nieto dejaba asentada la preocupación de Mauricio Macri por apoyar el sostenimiento o salvataje de una empresa que ya había anticipado una situación de stress financiero.

La nota en su celular fue agendada el 22 de noviembre de 2019. Un mes antes, la empresa ya anticipaba una pérdida patrimonial al hablar de stress financiero. La caída sería de 910 millones de dólares, según detectó la auditoria forense realizada en el concurso de acreedores. Es decir, el macrismo no podía desconocer la situación de la cerealera.

El tema Vicentin es un gran rompecabezas, cuyas piezas aparecen desperdigadas en diferentes juzgados y expedientes. Esa suerte de estrategia a lo Frankenstein siempre resulta favorable al poder económico. Al desperdigar las partes, dificultan que se vea la película completa. Por eso el involucramiento del macrismo detrás del desfalco denunciado también debería rastrearse en diferentes expedientes.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) siempre fue uno de los principales financistas de la empresa. Ese dato por sí solo no dice nada. Lo que hace pensar en un involucramiento directo del macrismo en las maniobras de estafas es el último préstamo otorgado por la entidad nacional, de 18.500 millones de pesos, a pocas semanas de finalizar su mandato.

La Oficina Anticorrupción (OA) investiga una maniobra por la cual el banco conducido por Javier González Fraga organizó una política de retiros voluntarios extremadamente onerosa que sirvió para reemplazar unos directores por otros. Lo curioso es que la movida generó un enroque por el cual los directivos Juan José Fragati, Susana Ojeda, Martín Enrique González y Carlos Augusto Lo Turco aparecen firmando el cuantioso préstamo final.

“No puede descartarse, máxime teniendo en cuenta el rol que algunos de los reemplazantes tuvieron en la trama Vicentin S.A., que una de las causas por las cuales el BNA concediera tales insólitos retiros resultara la liberación de cargos claves, con el objeto de completarlos con funcionarios afines al nuevo Directorio, y que resultaran funcionales (estuvieran “motivados”) al otorgamiento y/o falta del debido control de los cuestionados créditos a Vicentin S.A.”, sostuvo recientemente la Oficina Anticorrupción, luego de recibir informes internos del banco y la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).

La OA también menciona el rol que pudo haber tenido Carlos Alberto Castellani, designado como miembro del Directorio del BNA en diciembre de 2015, como posible nexo entre las autoridades de la Casa Rosada y la conducción del banco para satisfacer las necesidades crediticias de Vicentin. Castellani está imputado en la causa “Sandleris, Guido y otros s/ defraudación”, que tramita ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 11, en la que se investiga la responsabilidad penal de los funcionarios del BNA en el otorgamiento de créditos a la cerealera.

 

 

 

 

 

Deudas ficticias

El fiscal Romero imputó por el delito de estafas y defraudación a Daniel Néstor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Máximo Javier Padoan, Cristián Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentin, Pedro Germán Vicentin, Roberto Oscar Vicentin y Yanina Colomba Boschi, mientras que Raúl González Arcelus y Omar Adolfo Scarel quedaron imputados en carácter de partícipes necesarios.

La principal característica de la estafa es que falsearon sus balances para conseguir dinero de los bancos locales e internacionales, recursos que luego fueron transferidos a sus empresas satélites. Entre noviembre de 2016 y julio de 2019, Vicentin expuso en su información financiera un activo corriente que crecía de manera constante a un promedio de 1.000 millones de dólares entre 2018 y 2019. Y de un día para el otro, pasó a registrar una pérdida patrimonial de 900 millones.

Vicentin asumió pasivos de otras empresas. Una de las movidas fue para blindar a Renova, la empresa insignia del grupo y donde pisa fuerte la suiza Viterra.

¿Cómo lo hizo? Uno de los acreedores denunciantes es Hugo Octavio Bruno Grassi, presidente de Commodities S.A. Grassi cuenta que Renova le había comprado 55.000 toneladas de granos por un valor cercano a los 19 millones de dólares. Luego del anuncio del “stress financiero”, el empresario quiso recuperar su soja y ahí le informaron que, en realidad, la que tenía la deuda era Vicentin. Es decir, a través de un pasamanos contable, la cerealera quebrada sumó pasivos que no le correspondían.

Todo esto sucedió ante el silencio de la consultora KPMG, encargada de auditar balances, que dice no haber visto ninguno de los movimientos pergeñados para vaciar a la cerealera.

 

 

 

Triangulación

El fiscal sostuvo que la mayoría de los préstamos internacionales tomados para la prefinanciación de exportaciones fueron utilizados para otros fines. La otra jugada vinculada a Renova involucra al Rabobank.

En 2019, a pocos días de que finalizara el gobierno de Mauricio Macri, Glencore/Viterra aumentó su participación en Renova y pasó a controlar el 66% de las acciones, a partir de un supuesto pago de 122 millones de dólares. ¿De dónde salió el dinero para esa operación? Se sabe que BlackRock oficia de financista de Glencore desde hace años. El fondo que lidera Fink posee el 6% de las acciones de la suiza.

Parte del dinero que se pagó por esa operación quedó retenido por el Rabobank (26 millones de dólares), otro socio de BlackRock desde 2013, según consta en la auditoría forense realizada en el marco del concurso de acreedores.

Las sumas de dinero adeudadas por Vicentin a Rabobank, según su propia presentación dentro del concurso de acreedores, ascienden a los 23,6 millones de dólares. Uno de los últimos desembolsos del banco holandés tuvo como destino Glencore, transferencia solicitada por Vicentin Paraguay.

Esto que describió el fiscal Romero tiene sentido. Cuando se descubrieron las maniobras de triangulación entre la Argentina y Paraguay, el grupo Glencore se instaló en Paraguay para reemplazar a Vicentin.

 

 

 

Más concentración

Tras la debacle de Vicentin, tres sociedades se quedaron con el 55% de la capacidad instalada de la empresa que opera con contratos de fasón: Molinos, Viterra y ACA. También se quedaron con sus clientes. Las tres proponen inyectar 590 millones de dólares para capitalizar a la sociedad, pero recién empezarían a desembolsar el dinero en 2024.

¿Por qué este grupo de sociedades haría una inversión semejante si ya operan dentro de las instalaciones de Vicentin y, además, se quedaron con parte de sus clientes? Una hipótesis que maneja uno de los auditores del Banco Nación es que las tres podrían “hacer como si invirtieran esa plata y luego retirarse”. De hacerlo, la mandarían directamente a la quiebra, una forma de abaratar mucho más esos activos para luego comprarlos. Una maniobra al estilo fondos buitres.

El juez del concurso de acreedores convocó para el 16 de noviembre a una audiencia virtual para que la empresa informe cuál es su propuesta de pago. Hasta ahora se sabe que solicitarán una quita del 70%. Es de esperar que tanto el Banco Nación, como las entidades extranjeras y la AFIP, no acepten.

Como otra parte del rompecabezas, el fiscal federal de San Nicolás, Roberto Salum, ya está estudiando el material producido por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), organismo que elaboró un voluminoso dictamen que incluyó análisis tributarios sobre contrabando y la vinculación con organismos internacionales. A partir de estos informes, el fiscal avanzaría con medidas vinculadas al delito precedente de contrabando de granos.

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí