La escuelita de Arribas

 

Gustavo Arribas participó en noviembre de 2017 en un ciclo de la Universidad de San Andrés llamado Pensando Argentina. Allí, como director general de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), dijo que la central no tendría futuro sino convocaba a los mejores y no producía conocimiento para que el entonces Presidente Mauricio Macri tomara las mejores decisiones. Dio como ejemplos de interés el transporte, la energía y las telecomunicaciones. Sin embargo, El Cohete tuvo acceso a una serie de evaluaciones que la Escuela Nacional de Inteligencia (ENI) realizó entonces a quienes aspiraban a sumarse a los servicios de inteligencia. Los contenidos nada tenían que ver con asuntos estratégicos para el país que postulaba Arribas, sino con movimientos sociales, organismos de derechos humanos y causas judiciales que involucraban a los principales líderes de la oposición. Todo lo que la AFI tiene prohibido por ley.

 

¿Usted fue a la escuela?

El jueves, hubo una maratón de indagatorias a ex agentes de la AFI en el juzgado de Lomas de Zamora. Uno de los indagados fue el abogado Facundo Melo, que integró primero el Proyecto AMBA y luego se incorporó al Súper Mario Bros.

—¿Usted fue a la Escuela de Inteligencia? –le preguntó su abogado defensor Fernando Sicilia.

—Me mandaron a hacer un curso sobre Recursos Humanos, para ver cómo cobrar y tramitar las vacaciones –contestó Melo.

Lo de Melo no parece una excusa, sino una muestra de cómo funcionó el reclutamiento de personal de la AFI durante la era Cambiemos. Para él, fue un trámite para enterarse cómo cobrar.Para otros, la ENI fue un lugar de sociabilización e incluso lo que explica ascensos y lealtades dentro del ya célebre grupo Súper Mario Bros.

Diego Dalmau Pereyra llegó a la dirección operacional de Contrainteligencia porque fue muchos años profesor en la ENI y ahí conoció a Silvia Majdalani. Cuando ella fue designada subdirectora, lo llevó con ella para que ocupara un puesto clave, que durante muchos años estuvo en manos de Antonio Horacio Stiuso. Dalmau también hizo gala de la reciprocidad y contrató a un alumno, Jorge Sáez. Al Turco Sáez le encomendó armar un grupo y él trajo consigo primero a dos policías de la Ciudad, Leandro Araque y Mercedes Funes Silva. A Melo también lo hizo entrar él. Dalmau, por su parte, rescató de la ENI al cocinero, Jonathan Nievas, que pasó sin escalas de la cocina a Contrainteligencia.

 

Los secretos del palacio

La Escuela Nacional de Inteligencia es un palacete ubicado casi donde muere Libertad, la calle. Abrió sus puertas para la formación de agentes durante la dictadura de la Revolución Argentina y, en las últimas décadas, fue uno de los centros donde la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) guardó parte de sus secretos más escabrosos.

Un episodio siniestro ocurrió el 26 de febrero de 1998 cuando Sofía Fijman, una mujer de 75 años, había ido a darles de comer a los gatos que merodeaban la ENI. El jefe de seguridad, Alberto Ricardo Dáttoli, activó el portón de hierro, que empezó a desplazarse y terminó aplastándole la cabeza a la mujer.

Dáttoli era agente de la SIDE desde los años de la dictadura. Cuando le preguntaron por qué había activado el portón si nadie estaba entrando o saliendo, dijo que se pisó el cordón del zapato y se tropezó. Terminó recibiendo una sentencia a diez años por el homicidio de Fijman. Uno de los jueces que lo condenó fue Eduardo Luis Duhalde y el fiscal que lo acusó, Pablo Lanusse.

Veintidós años después, Lanusse trabaja en la defensa del ex Presidente Macri por otras de las tropelías que se hicieron en los dominios y más allá de la ex SIDE.

 

 

Sus maestros

Cuando Macri llegó al gobierno borró de un plumazo toda la reforma de los servicios que se había aprobado en el último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La ENI había estado durante parte de 2015 en manos de Marcelo Sain, que también escribió la doctrina de Inteligencia Nacional, que establecía la profesionalización burocrática y la neutralidad político-partidaria.

El vértice de la AFI quedó en manos de dos aliados claros de Macri: Arribas, su amigo más atorrante, y Majdalani, una vieja amiga de La Casa. La ENI fue parte del botín que la alianza Cambiemos le cedió a su socio menor, la Unión Cívica Radical (UCR). Su director fue Alejandro Salomón, un ex viceministro de Seguridad de Mendoza que terminó siendo asesor de Ernesto Sanz, uno de los tres padres fundadores de la coalición.

La dirección académica de la ENI quedó en manos de María Luisa Velasco, una politóloga radical de San Juan. Pero el control de la dupla radical estuvo a cargo de alguien con recorrido en el peronismo, Roberto Monteagudo Barro y quien, en el reparto de la AFI, respondía a la Señora Ocho.

Toda la estructura de la ENI funcionó bajo la órbita de Recursos Humanos, un área que manejaba la ex esposa de Arribas, Silvia Girón, cuyo nombre surgió días atrás en la Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia. Quien lo aportó fue Martín Coste, que reemplazó a Dalmau Pereyra en la dirección operacional de Contrainteligencia desde mediados de 2018 hasta el fin del gobierno de Macri.

 

 

 

 

 

Una meritocracia particular

El macrismo supo combinar un discurso elitista con un reclutamiento lejos de cualquier exigencia de excelencia.

—¿Usted fue a la Escuela de Inteligencia? –le preguntaron hace ocho días a uno de los agentes que participó en los seguimientos a Cristina Fernández frente al Instituto Patria.

—Sí, hice un curso de cuatro horas –contestó, orgulloso, el ahora ex agente.

La intervención a cargo de Cristina Caamaño determinó que durante el macrismo sólo un 9,8 por ciento de los ingresantes pasaron por la ENI para hacer un curso de ingreso, que era una capacitación que se extendía entre tres y seis horas. Lo suficiente como para que los ingresantes no incorporaran la doctrina ni la Ley de Inteligencia.

En los medios, Arribas se dedicaba a publicitar que había firmado convenios con universidades privadas para incorporar a agentes de excelencia. Entre otras, había acuerdos con la Universidad de San Andrés, la Universidad Torcuato Di Tella, la Universidad Austral, la Universidad Tecnológica Nacional y la Universidad Católica Argentina (UCA). También los había con la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde el radicalismo siempre sabe hacer pie. Caamaño ya dio de baja esos acuerdos, comentaron desde la intervención.

Durante la era Macri, nunca se aprobó un plan de carrera profesional por parte del área de Recursos Humanos que comandaba Silvia Girón. Los cursos terminaron siendo capacitaciones pedidas por los jefes de las áreas operacionales.

 

 

Sus contenidos

Uno de los cursos que dictaron en la ENI era de Escritura y Análisis. Allí, en general, a los ingresantes se les pedía que confeccionaran informes o que formularan requerimientos de reunión de información.

Durante el mismo año en que Arribas dio la charla en la Universidad de San Andrés, los alumnos y las alumnas no abordaron ninguno de los temas que él mencionó como prioritarios y sí se abocaron a husmear en causas que involucraban a la ex Presidenta, al ex candidato presidencial Daniel Scioli, en las movilizaciones contra el 2x1 para los genocidas y en la denuncia sobre la prisión arbitraria de Milagro Sala, entre otros temas.

En la ENI quedó una carpeta con trabajos de los ingresantes, pero no dejaron las consignas. Sin embargo, es posible detectar cuáles fueron las características de las tareas encomendadas a los aspirantes a espías.

• Paro general del 6 de abril de 2017: Fue la primera medida de fuerza total contra Macri. Al menos, seis trabajos de los ingresantes se focalizaron en esa jornada. Los informes estuvieron centrados en identificar adhesiones y liderazgos de las protestas.

 

• • Conflicto docente: Un aspirante confeccionó un informe sobre las negociaciones salariales en provincia de Buenos Aires. Como escribió desconocer cuándo se reanudarían las reuniones, el docente circuló el párrafo en señal de que no era lo esperado.
  • Movilizaciones contra el 2x1 de la Corte: Probablemente el mayor evento público de 2017 fue la marcha a Plaza de Mayo del 10 de mayo contra el fallo de la Corte Suprema que concedía el beneficio del 2x1 a criminales de la última dictadura. Los ingresantes realizaron seis trabajos sobre las movilizaciones, el fallo e incluso la ley aclaratoria. En varios de ellos figuran los nombres de referentes del movimiento de derechos humanos como Estela de Carlotto, Lita Boitano, Taty Almeida y Nora Cortiñas, entre otros.

 

 

• Milagro Sala: Tres trabajos se centraron en la prisión de la dirigente de la Túpac Amaru, en las causas judiciales y especialmente en las visitas de organismos internacionales. Un informe incluso dice que “por fuentes confidenciales” se confirmó que la CIDH evaluaba la presentación de una medida cautelar y otro sugería que la Corte Suprema iba a concederle la prisión domiciliaria, lo que sucedió meses más adelante.

• Causa Oil – Grupo Indalo: Los ingresantes hicieron un requerimiento de reunión de información sobre Cristóbal López y Fabián de Sousa e incluso sobre los vínculos familiares.
• Causa Hotesur: Bajo el título de parte de inteligencia, se consignaba el pedido de indagatoria formulado contra Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. El informe incluso ataba la situación procesal de CFK con la posibilidad de que compitiera en las elecciones de medio término.

• Causa Odebrecht: Un ingresante realizó un informe sobre la causa Odebrecht, mencionando los acuerdos firmados entre los Ministerios Públicos de Argentina y Brasil. El foco estaba en el posible compromiso de Julio De Vido, Ricardo Jaime, Roberto Baratta y Cristóbal López. Ninguna mención a la situación particular del director general de la AFI, Arribas.
• Internas del Peronismo con miras a las elecciones de medio término: Los ingresantes estaban especialmente preocupados por las coaliciones electorales de Sergio Massa y Florencio Randazzo, los dos que podían comerle votos peronistas a Fernández de Kirchner en provincia de Buenos Aires.

 

Los ejercicios tienen correcciones de estilo e incluso, por ejemplo, apuntan que determinada información ya era conocida. En ningún momento, alguno de los docentes les indicó que estaban violando la Ley de Inteligencia, que prohíbe obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.

¿Les enseñaban lo que en realidad la AFI hacía?

 

 

 

 

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