LA ENERGÍA EN DEBATE

 

Las dos notas publicadas en este medio sobre las energías renovables en Argentina y el mundo (Verbitsky/Bernal y Bertinat/Svampa), tienen la virtud de ejemplificar, de manera clara y fundada, dos posicionamientos sobre el problema del “desarrollo” que usualmente se contraponen al interior de las distintas organizaciones sociales y políticas que buscan construir una alternativa viable y superadora al proceso de saqueo en gran escala que protagoniza el macrismo. Ambos posicionamientos contrapuestos constituyen lo que se conoce como el “dilema del desarrollo”, según el cual las necesidades de la acumulación material (eficiencia y productividad), más tarde o más temprano, entran en contradicción con las demandas socialmente virtuosas (participación social y cuidado ambiental).

La crisis energética y ambiental está en el corazón de la actual crisis social, económica y política que atraviesa el país, caracterizada por factores tanto globales como nacionales, tanto históricos y estructurales como puramente coyunturales. No se trata aquí de juzgar los argumentos esgrimidos en ambos artículos, ni tampoco de plantear una “tercera posición” teóricamente superior, sino de apelar al carácter eminentemente político de toda polémica pública y de proponer, en consecuencia, algunos lineamientos para la elaboración de un programa de acción conjunta, de cara al proceso electoral que se avecina. Como le gusta afirmar al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, las verdaderas contradicciones históricas sólo pueden resolverse en la praxis.

El papel central que ocupa el sector energético en relación al análisis del desarrollo económico no es nuevo. Desde mediados del siglo pasado, la antropología advierte que la aparición de excedentes energéticos, producidos más allá de las necesidades metabólicas, constituyó el punto de partida de todas las organizaciones sociales relativamente complejas. Más recientemente, la termodinámica del no equilibrio aplicada a los análisis económicos permitió incorporar la dimensión física de la energía para estudiar la relación entre las distintas fuentes energéticas y los procesos de cambio social. Sobre la base de estos aportes, el investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, Diego Roger, estudia las condiciones naturales, técnicas y sociales para impulsar en Argentina la transición hacia un régimen energético que esté al servicio de la producción nacional. Para ello diseñó un novedoso modelo analítico que permite caracterizar las distintas fuentes de energía disponibles en el país en función de tres variables clave:

• las tasas de retorno energético (que indican la cantidad de energía que se requiere para su explotación y el excedente de energía que queda disponible para el resto de la sociedad);
• la fase de desarrollo tecnológico en que se encuentra la correspondiente generación;
• las capacidades técnicas e industriales nacionales para poder desarrollarlas localmente.

A través de esta matriz analítica, el autor no sólo pudo detectar las principales fuentes energéticas que convendría desarrollar en el país, sino también avanzar hacia la configuración del mapa de agentes sociales involucrados, e incluso diseñar posibles soluciones financieras que permitan viabilizar en el país un plan de transición energética que estimule la producción nacional sin afectar la soberanía política. Pero a los fines del presente debate, antes de presentar algunos de los resultados, debemos detenernos brevemente en el diagnóstico general.

No es necesario ahondar en los factores globales de la actual crisis ambiental, ni en la respuesta que impulsan los organismos internacionales a la medida del gran capital (suficientemente ilustrada por Verbitsky/Bernal y Bertinat/Svampa). Nos bastará con resaltar dos aspectos decisivos. En primer lugar, la caída de las tasas de retorno energético de los hidrocarburos deriva en procesos de estancamiento global, a la vez que prefigura la transición hacia un nuevo régimen energético basado en un mix centrado en energías renovables (con crecientes tasas de retorno energético). Sin embargo, el tipo de transición neocolonial que impulsa el centro industrializado no sólo agrava la histórica dependencia extractivista de América Latina, sino que además muestra serias dificultades para avanzar con “éxito” hacia sus propias metas de cambio tecnológico, dada su total subordinación a la lógica del capital financiero y los efectos imprevisibles de la guerra comercial desatada entre Estados Unidos y China.

La actual disputa geopolítica por el control de las reservas sudamericanas de litio, para dominar la producción de baterías recargables que demandarán los futuros vehículos eléctricos y los sistemas de generación solares y eólicos en pleno despegue tecnológico, ilustra la complejidad de los desafíos que nuestros países deberán afrontar. La política impulsada por el macrismo en Energías Renovables (privatización, dependencia tecnológica, endeudamiento), mientras los gobiernos de Jujuy, Catamarca y Salta continúan rematando las reservas públicas de litio, son apenas una muestra más de la endémica incapacidad que exhibe el bloque dominante para impulsar en el país un proyecto de desarrollo que vaya más allá del saqueo de nuestros bienes comunes y derechos sociales, agravada por la inconsistencia de un gobierno cuyo único propósito es amplificar sus negocios privados a costa del Estado, sin siquiera comprender las complejidades del "sistema global" qué dice defender.

El desguace del sector energético nacional, claro está, no es un hecho reciente. Las tendencias iniciadas con la última dictadura militar en lo que hace a la pérdida de soberanía tecnológica, desindustrialización, extranjerización y mercantilización, fueron profundizadas con la total privatización del sistema durante la década de 1990, configurando desde entonces un régimen energético insustentable que, siguiendo con el análisis de Diego Roger, alimenta la restricción externa y la fuga de divisas. Incluso en el sector de la energía eléctrica, advierte el autor, a pesar de la existencia de importantes capacidades locales en hidreoléctrica y nuclear, la mayor parte de la generación se basa en tecnologías importadas (ciclos combinados, turbogas, turbovapor, motores). En la generación eólica, por ejemplo, con la honrosa excepción del Parque Eólico Arauco, la última década se caracterizó por un franco retroceso de la industria nacional, que el actual esquema de subsidios del Plan Renovar no hace más que acelerar fatalmente hasta su liquidación final.

¿Cuál es entonces la mejor combinación posible de recursos energéticos y de tecnologías de generación para inducir desarrollo en el país por la vía del cambio estructural (mayor productividad, diversificación productiva, energía limpia, abundante y barata)? La respuesta de Roger es compleja pero a la vez contundente. Si se caracterizan los stocks y flujos de recursos energéticos del país en función de su rendimiento termodinámico y se analiza la oportunidad tecnológica en relación a las capacidades científico-técnicas e industriales del país, se obtiene un mapa bastante diferente al sentido común imperante: el cuadrante de mayor desarrollo potencial lo ocupan las energías renovables. No sólo por la calidad de nuestros recursos y la capacidad tecno-productiva aún disponible en el país, sino también porque se trata de “tecnologías jóvenes” que se encuentran en plena etapa de despegue y que, por lo tanto, ofrecen gran potencial para demandar trabajo humano calificado y elevar la productividad, a la vez que no precisan enormes niveles de inversión, ni elevadas ventajas comparativas previas.

En la actualidad, según el investigador de la UNQ, la Argentina es el único país del hemisferio sur con la capacidad para producir tecnologías de generación hidráulica, nuclear y eólica, con más de un 80% de componentes nacionales. Por otra parte, la dotación y distribución geográfica de los recursos, permitiría impulsar a mediano y largo plazo el desarrollo de nuevas renovables alternativas, como termosolar, undimotriz o mareomotriz, e incluso integrar más componentes nacionales al paquete tecnológico (como baterías de litio u otros medios de almacenaje), a partir de mecanismos de financiamiento interno orientados a captar y reorientar las rentas energéticas obtenidas.

Se trata, en definitiva, de elaborar una verdadera estrategia productiva soberana y de carácter federal, capaz de responder con pragmatismo a las necesidades y demandas concretas manifestadas por distintos sectores sociales especialmente golpeados por la crisis actual, como los sindicatos metalúrgicos o metalmecánicos y las empresas argentinas productoras de bienes de capital (hoy virtualmente paralizadas), así como el sector científico-tecnológico nacional y las distintas organizaciones sociales involucradas con la defensa del medioambiente. Las energías renovables deberían ocupar un lugar central en el programa político opositor, asociadas con un nuevo plan de reindustrialización nacional que, de ser impulsado, a su vez demandará una nueva forma de estatalidad capaz de incorporar los reclamos de las organizaciones sociales, incrementando así el control social sobre los bienes públicos del pueblo argentino.

No pretendemos clausurar los debates sobre el patrón de consumo dominante, ni desconocemos la dimensión civilizatoria de la crisis global y local. Pero la posibilidad de que las distintas organizaciones sociales, gremiales y políticas comprometidas con el cambio social puedan impulsar en el país la transformación cultural de fondo que la transición hacia un régimen energético sustentable requiere, dependerá de la vitalidad de la democracia realmente existente. Esa vitalidad democrática, que el bloque en el poder busca extinguir, es la que está en juego en 2019. El plan de desarrollo de energías renovables esbozado permite identificar y viabilizar en torno a una problemática concreta las complejas articulaciones sociales y alianzas políticas necesarias para defenderla, asumiendo la crisis ambiental desatada por la actual fase del capitalismo mundial y la necesidad de avanzar, de manera soberana, hacia una transición de régimen energético acorde a las necesidades económicas y ambientales de las mayorías.

 

 

Federico Nacif es sociólogo, IEALC/UBA, PIIdISA/UNQ [email protected]

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