La educación presidencial

 

La reapertura de nuevas causas contra CFK, que el matutino La Nación anunció con júbilo, y la amenaza de la oposición de que la deuda pública en pesos es impagable y constituye una bomba lista a estallar, son las pinzas de un movimiento que se propone disciplinar a quien sea que se imponga en las elecciones presidenciales de octubre. Tres elementos sugieren que la maniobra tiene posibilidades de éxito:

• La caída del precio de los bonos soberanos,
• el aumento del riesgo país y
• la constatación de que las medidas económicas sobre los precios sólo le hacen cosquillas a la inflación, que luego de su descenso al 4,9% mensual en noviembre, se empinó al 5,1% en diciembre y, según el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, habría llegado al 5,6% en enero. De este modo la gestión del Ministro de Economía Sergio Massa, quien había prometido un descenso de medio punto por mes, se arrumba en el mismo desván que las fantasías de Maurizio Macrì y Mr. MaGoo al respecto.

Antes de que la oposición lanzara su bomba, la Auditoría General de la Nación publicó un informe demoledor sobre el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, en violación de todas las leyes y reglamentaciones. El martes el INDEC dará la cifra oficial de enero; el miércoles, Massa visitará a los afligidos jefes de la CGT, cuyas bases no soportan más mermas en el poder adquisitivo de sus ingresos, y el jueves se reunirá por primera vez la mesa del FdT convocada por Alberto Fernández, como presidente del Partido Justicialista. El ministro de Economía debe congratularse por su cautela, trabajosamente adquirida, que lo llevó a desestimar su candidatura presidencial antes de que la realidad lo hiciera. Así, cualquier milagro sería pura ganancia.

 

 

Fin de ciclo

Los fines de ciclo políticos son los momentos ideales para decisiones que favorezcan determinados negocios empresariales y/o condicionen las opciones de la administración siguiente. El ejemplo de manual es la corrida de 1989 que derivó en hiperinflación y tumbó al gobierno del Presidente Raúl Alfonsín. Igual que ahora, el desencadenante fue un anuncio de la oposición sobre la deuda pública. Entonces corrió a cargo de Domingo Cavallo.

En una disertación ante un grupo de militares, Cavallo opinó que no debía hacerse nada contra el avance de esa bola de nieve, porque cuando estallara, sería más fácil aplicar las durísimas medidas que consideraba necesarias para recomponer el aparato productivo. Cavallo había aconsejado destruir el plan Primavera atacando el financiamiento externo que lo sostenía. Esa doctrina del shock fue el tema de mi libro La educación presidencial, de 1989.

El peronismo sostenía que permitir que la Argentina no pagara los intereses era financiar la campaña radical. El resultado fue que el Banco Mundial suspendió los desembolsos de créditos ya otorgados, señal de largada para el desbarajuste.

El dólar, que costaba 17 australes en febrero, llegó a 50 cuando una declaración del candidato presidencial de su propio gobierno volteó al ministro de Economía Juan Sourrouille; a 100 en vísperas de las elecciones, a 200 una semana después, a 600 sobre la asunción de Menem, con la fabulosa transferencia de ingresos correspondiente. Por eso, entre quienes cuestionaron el explosivo comunicado que JxC emitió con la aprobación explícita de Maurizio Macrì estuvo Pablo Gerchunoff, jefe de asesores de los ministerios de Economía de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, uno de los supérstites creyentes en la superioridad moral de los propios. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo que nos hicieron?

 

 

En aquel momento, los mismos sectores que durante la dictadura se endeudaron en el exterior, promovieron el endeudamiento del Estado para financiar su fuga de capitales y le transfirieron su deuda al conjunto de la sociedad, clamaron contra la ineficiencia de lo que para mejor demolerlo llamaban el Estado populista, propugnaron su desguace y se prepararon para quedarse con sus mejores empresas. Les resultaba indiferente si con Angeloz o Menem. Hoy les da lo mismo cualquiera de los precandidatos de las coaliciones existentes, siempre que no sean Cristina o algún aborrecible kirchnerista que cuestionen el modelo extractivista exportador y el pago de la deuda fugada con los abundantes recursos naturales del país. En palabras del gremialista de los bancarios, Sergio Palazzo, el poder económico y sus operadores judiciales “más que a Cristina presa, buscan encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones”.

 

 

Desestabilización siglo XXI

En el último año de la presidencia de Cristina se aplicó en su contra otro esquema desestabilizador, a partir de la muerte violenta del fiscal general Natalio A. Nisman, y la absurda acusación de encubrimiento a los autores del atentado a la DAIA y colusión con el régimen de los ayatolás persas. Nisman era financiado por los fondos buitre, que se sirvieron del caso para acorralar al gobierno que no se allanaba a sus pretensiones. Ocho años después, es imprescindible recordar que todas las causas judiciales contra la actual Vicepresidenta se iniciaron cuando ella (o incluso, antes de ella, su marido) desempeñaban el Poder Ejecutivo.

Por eso es tan impreciso el señalamiento de los jueces como macristas. En realidad,

• La ofensiva contra Cristina comenzó cuando ella era Presidenta y fue eficaz para condicionar la sucesión.
• Claudio Bonadío fue designado en 1994 por Carlos Menem, de cuyo gobierno era subsecretario Legal y Técnico.
• Julián Ercolini llegó a la magistratura diez años después, nombrado por Néstor Kirchner.

 

 

 

• El camarista Leopoldo Bruglia fue designado también por Menem, cuando su único antecedente era haber sido el sumariante del ministerio de Bienestar Social que no encontró ninguna irregularidad en la compra de un millón de guardapolvos.
• Los pliegos de sus asociados, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, los firmó CFK.
• Martín Irurzun, quien protegió las tropelías de todos ellos con la extravagante doctrina del poder residual, que se usó para detener a ex funcionarios sin juicio previo, fue uno de los primeros jueces federales que nombró Raúl Alfonsín.
• Ricardo Lorenzetti elaboró esa doctrina y se la pasó a Irurzun para que la convirtiera en jurisprudencia. Kirchner lo colocó en la Corte Suprema.
• Juan Carlos Maqueda, sometido como Lorenzetti a juicio político, fue designado hace dos décadas por el senador Eduardo Duhalde, durante el breve lapso en que estuvo a cargo del Poder Ejecutivo.
• Eduardo Farah rechazó la recusación de CFK a los camaristas Bruglia y Mariano Llorens en la causa por espionaje. En la Cámara Federal de la Capital lo designó Kirchner. Macrì lo forzó a pedir su traslado a un tribunal de menor importancia, en represalia por haber dejado en libertad a Cristóbal López y Fabián De Sousa, porque “no era lo acordado”. Fue el actual gobierno el que le devolvió su asiento en la Cámara.
• Los jueces de la Casación Penal Federal que según La Nación ya habrían dispuesto su voto ordenando reabrir las causas de Hotesur-Los Sauces y el Memorándum con Irán son los únicos cuyos actuales cargos fueron por decisión de Macrì, pero ambos ya ejercían la magistratura en otros tribunales, designados por Kirchner (Daniel Petrone) y por Cristina (Diego Barroetaveña).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Macrì también trasladó sin acuerdo del Senado a Castelli, Bruglia y Bertuzzi a la Cámara Federal y al Tribunal Oral que tiene causas contra la Vicepresidenta.
• Además nombró a Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz como sus delegados en la Corte Suprema, en comisión y por un decreto.

Esto ejemplifica que ninguno de ellos es macrista, peronista o radical, pero todos son jueces del poder permanente, que no se renueva en elecciones. Como tales, sintieron la mayor afinidad con el gobierno que se desenvolvió entre 2015 y 2019. En el acto de asunción de Macrì, Lorenzetti lo abrazó y besó en público. En la Corte lo había designado Kirchner, por recomendación de Cristina, sobre quien el Iehring de Rafaela había realizado una tarea previa de inteligencia.

 

 

 

 

 

El juicio político

Por 16 a 15 votos, la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados declaró admisible el procedimiento contra los cuatro miembros de la Corte Suprema. La Coalición Cívica Libertadora por su parte acusó a Lorenzetti, de acuerdo con una denuncia que el partido de la heroína radical Elisa Carrió formuló en 2016. Como si alguien pudiera descifrar ese jeroglífico, los colaboradores de Carrió dijeron que en este caso los cargos no se basaban en el contenido de las sentencias, cosa que ningún texto constitucional ni legal veda. El mismo ejercicio criptográfico debe realizarse para entender de qué modo la precandidatura presidencial que anunció Carrió procura la unidad de JxC, que no parece menos problematizada que la del FdT. Dentro de los 60 cargos de mal desempeño contenidos en 14 expedientes contra Lorenzetti, Maqueda, Rosenkrantz y Rosatti, hay para todos los gustos. La mayor relevancia se encuentra en la invasión de atribuciones del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, en los casos de las transferencias de fondos de la Nación a la Capital Federal y del Consejo de la Magistratura.

El domingo pasado, Aleardo Laría Rajneri se ocupó de ambos fallos en El Cohete. Según Rajneri:

 

• Desde la reforma constitucional de 1994, la Corte carece de competencia para inmiscuirse a través de acordadas en cuestiones vinculadas con la designación, traslado o cese de magistrados. La abyecta “abducción del Consejo de la Magistratura por parte de la Corte supone un grosero alzamiento contra el esquema institucional”.
• Al dictar la medida cautelar solicitada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Corte le asignó status de “ciudad constitucional federada”, denominación inventada por los jueces, que no aparece en el texto de la Constitución de 1994.
• El artículo 75.2 de la Constitución estableció que una ley convenio instituiría el régimen de coparticipación de impuestos directos e indirectos, por acuerdo entre la Nación y las provincias. Esa ley no se dictó, pero un decreto de Macrì elevó la coparticipación de la Capital, del 1,4% al 3,75% presuntamente para cubrir los gastos de transferencia de la Policía de la ciudad.
• Alberto Fernández enmendó esa decisión, también por decreto, y el Congreso restableció mediante la ley 27.606, el 1,4% de la masa de impuestos recaudados más “el monto equivalente al costo de funcionamiento de la policía”.
• La Corte ordenó en una medida cautelar, que el Estado nacional debe entregar a la Capital el 2,95% de los fondos coparticipables.
• ¿En base a qué criterio cuatro jueces se arrogan el derecho a establecer ese porcentaje de coparticipación cuando la Constitución establece que lo fijará una ley convenio, basada en un acuerdo entre la Nación y las provincias?
• La Corte Suprema también declaró la inconstitucionalidad de la ley 26.080, que regulaba el Consejo de la Magistratura, pese a que ya la había considerado constitucional en el caso Monner Sans. La Corte había declarado que no le corresponde efectuar declaraciones de inconstitucionalidad en abstracto, cosa que sí hizo en este caso. Hasta Lorenzetti cuestionó en una disidencia que la Corte devolviera vigencia a una ley derogada por el Congreso quince años antes, decisión sin precedentes en el mundo. Antes de resolver la cuestión de fondo, la Corte tiene que responder la recusación a Rosatti que formuló el Senado, ya que es juez en la causa y parte en el Consejo, que por su propia decisión preside.

 

 

 

 

El piso del bote

En la reunión mantenida en RPO con Massa y con un grupo de intendentes de la provincia de Buenos Aires, el Presidente Alberto Fernández fue urgido a decidir si será candidato a la reelección en octubre, pero no ofreció una respuesta inequívoca. La otra secuencia que trascendió fue la frase presidencial: “Si le seguimos pegando tiros al piso del bote nos vamos a hundir todos”. Como si la sonrisa perpetua le dificultara la audición, la compañera de fórmula de Alberto en el hipotético intento, Victoria Tolosa Paz, fulminó al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, porque “nunca escuché que trajera ningún tipo de solución al drama y a la persecución sobre la Vicepresidenta”. Usó, así, el mismo circunloquio con el que Alberto intentó negar que la economía estuviera en crisis: “La queja que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar dos horas”. Uno escucha y la otra nunca escuchó, indirecta alusión al vidrio oscuro a través del cual perciben la realidad.

Mena respondió que la ministra de Desarrollo Social carece de cualquier conocimiento sobre la justicia, y que “los proyectos y asuntos en la materia se discuten con el Presidente, quien toma las decisiones no solo de lo que se hace, sino de lo que no se hace también”. Si Tolosa usó a Mena para zaherir a Cristina, el viceministro de Justicia replicó con un dardo dirigido al Presidente, aunque no reveló qué proyectos le acercó y no fueron atendidos.

La designación de Gabriela Cerruti como portavoz tendió a profesionalizar la comunicación presidencial, reemplazando por informes pensados y documentados con antelación las espontáneas respuestas de Fernández sobre cualquier tema en cualquier lugar.

 

 

 

Pero luego de algunos meses Alberto volvió a los micrófonos, ahora con la ayuda de Tolosa y del también vocero oficioso Luis D’Elía. “Soy profundamente kirchnerista”, dijo ella, atacando por el flanco más peligroso: igual que el Presidente, su ministra cree que kirchneristas son ellos, uno de los malentendidos que están en el origen de la difícil relación con la Vicepresidenta, a quien en forma implícita ningunean. Néstor Kirchner decía “somos peronistas y para bajarnos el precio nos llaman kirchneristas”. La fórmula se ha invertido y hoy la autodefinición como kirchnerista ha devenido otro campo en disputa.

 

 

 

 

Si Scaloni no te llama

En la entrevista de hace dos semanas con El Cohete, Máximo Kirchner recordó el día de mayo de 2019 en que “Cristina anunció la candidatura de alguien que era de carácter inexistente para la sociedad en términos reales de poder. No lo digo despectivamente, que nadie se ofenda. Pero era lo que era. A mí me gusta el fútbol pero nunca fui una opción para Scaloni”. Si se refería al 5,6% que en 2017 obtuvo en la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo, cuyo jefe de campaña era Alberto Fernández, esto es siete veces más que el 0,72% de los bonaerenses que en 2003 votaron por D’Elía para gobernador. Tolosa Paz está en otra dimensión: la lista de diputados nacionales que encabezó en 2021 obtuvo 7,9 millones de votos (34,5%), esto es 3,7 millones menos que las que cosechó dos años antes la candidatura de Sergio Massa (11,6 millones, 45,3%). Nada de esto les impide opinar sobre lo que les interese, pero es llamativo que no los induzca a una mayor prudencia en sus afirmaciones.

La derrota electoral de 2021 fue preanunciada por la Vicepresidenta antes de que se conocieran las candidaturas, de modo que no puede atribuirse la responsabilidad a la contadora platense que encabezó la lista por su amistad con el Presidente. En la conmemoración del primer año de gobierno, Cristina pronuncio palabras cuyo alcance llevaría más de dos años desentrañar por completo:

• Dijo que la economía “va a crecer en 2021, pero yo no quiero que ese crecimiento se lo queden tres o cuatro vivos”.
• Sostuvo la necesidad de “alinear salarios y jubilaciones con precios, sobre todo de alimentos, y tarifas. El 65 ó 70% de la actividad económica la mueve la demanda, que sólo puede lograrse con buenos salarios y jubilaciones, y con precios accesibles de los alimentos”.
• “Se puede hacer, como lo hicimos durante doce años y medio. Y por eso volvimos, además de por la unidad”.
• Pero, “si uno no sabe cómo llegó, es probable que tampoco sepa cómo ir”.
• Hubo una unidad, fundamental, “pero si hubiéramos estado todos juntos y la gente hubiera vivido mal los doce años y medio que estuvimos, tampoco nos hubieran votado”.
• “El lawfare no es sólo para estigmatizar a los dirigentes populares, sino para disciplinar a los políticos, para que nadie se anime a hacer lo que tiene que hacer y tengan miedo de firmar, de proponer, de decidir o de autorizar. Todos aquellos que tengan miedo, o que no se animen, hay otras ocupaciones aparte de ser ministro o ministra, legislador o legisladora. Vayan a buscar otro laburo. Pero necesitamos ministros y ministras, legisladores y legisladoras, que los sillones que ocupen sean para defender definitivamente los intereses del pueblo”.

Con ese panorama, Cristina fue la única dirigente que previó el desastre electoral que se avecinaba. Su reflexión de entonces sobre la unidad como condición necesaria pero no suficiente, es la clave de lo que hoy se discute acerca del establecimiento de la mesa convocada a regañadientes por Alberto. El Presidente pretende que se limite a discutir cuestiones técnicas sobre las elecciones y cómo dirimir las candidaturas. La Vicepresidenta replica que eso no tiene sentido si no va acompañado por definiciones sobre la oferta económico-social que se presentará al electorado, y sus partidarios quieren añadir al temario la inhabilitación judicial para que ella pueda ejercer cargos públicos. Palazzo dijo que “si es para discutir candidaturas, que ni se junten. Nosotros tenemos que discutir las medidas que hemos incumplido en el contrato electoral con la sociedad, como no haber redistribuido el ingreso". El salario promedio del sector privado perdió 50.000 pesos por trabajador durante el gobierno de Macri y otros 7.000 con el actual gobierno, calculó. La Asociación Bancaria es uno de los gremios cuya negociación paritaria está estancada por la intransigencia patronal y podría protagonizar el primer paro significativo del año.

 

 

 

El espejo

Si Pablo Gerchunoff comparó la situación actual con la de 1989, Emmanuel Álvarez Agis sólo retrocedió cuatro años. “A finales del gobierno de Macri, por pedido de Alberto Fernández empecé a coordinar con Hernán Lacunza y Guido Sandleris” las políticas económicas “que contribuyeron a que esa situación se estabilizara coordinando”, dijo. Al día siguiente de las PASO de ese año, el dólar pegó un salto del 23%, del que Macrì culpó a quienes habían votado en contra de sus políticas. Según Hernán Letcher, la total inactividad del gobierno le hizo perder al Banco Central más de 2.000 millones de dólares en dos semanas. Cuando Hernán Lacunza substituyó a Nicolás Dujovne, el nuevo ministro y el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, le pidieron al vencedor en las primarias que declarara que el valor razonable del dólar era de 60 pesos. Aunque Fernández lo hizo (sin consultar con nadie) la hemorragia de reservas continuó: otros 5.600 millones de dólares entre el 1° de septiembre y el 27 de octubre de 2019. La “cooperación no logró persuadir a las autoridades que urgía poner regulaciones cambiarias en serio”, observa Letcher. Su análisis sigue que JxC “pretende que la economía estalle. No están haciendo campaña electoral: están tratando de generar una crisis en la economía de hoy. El objetivo es impedir el financiamiento del Estado y generar una corrida”. La confusión que reiteran entre deuda en pesos y deuda en dólares, procura “ocultar su responsabilidad en el obsceno endeudamiento al que han llevado a nuestro país”. El año pasado ya habían sugerido a agentes financieros que si ganaban las elecciones no iban a pagar la deuda en pesos, advertencia creíble dado el antecedente de 2019, cuando Lacunza defaulteó la deuda en pesos.

 

 

El gobierno de Macrì siguió pagando la deuda en dólares con acreedores extranjeros y organismos internacionales, pero no hizo lo mismo con los títulos del Estado Nacional en pesos. Al romper de esa manera el mercado de deuda, obligó al actual gobierno a financiar la asistencia social en la pandemia con emisión monetaria, que se retiró de circulación con LELIQs, de cuyo crecimiento “se queja insólitamente la oposición”. Aun así, la deuda en pesos actual es muy inferior a la que dejó el anterior gobierno, lo cual desmiente la idea de que sea impagable.

Macrì estableció las regulaciones cambiarias que rigen actualmente al día siguiente de las elecciones generales, algo que el FdT venía reclamando desde hacía un año, lo que le permitió recuperar más de 2.000 millones de dólares en menos de dos meses.

Los casi 8.000 millones de dólares perdidos y las dificultades posteriores para financiarse en pesos contribuyeron a la pérdida de la mayoría en el Congreso, lo cual ató de pies y manos al gobierno, que no pudo ejecutar reformas judiciales ni económicas. Letcher tampoco cree que la cooperación mentada por Álvarez Agis haya ayudado a evitar un corralito o corralón y su variantes, ya que entre las PASO y la asunción de Fernández salió la mitad de los depósitos del sistema, casi 15.000 millones de dólares, sin afectar la solidez de los bancos.

La conclusión de Letcher es que “el único interés del derrotado gobierno de Cambiemos fue dilapidar miles de millones de dólares, empobrecer a millones de argentinos y dejar un caos macroeconómico con tal de intentar llegar a un balotaje. Lo mismo que pretenden hoy”.

 

 

 

 

La música que escuché mientras escribía.

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