La economía del desastre

 

La pandemia generada por el coronavirus Covid-19 plantea una guerra desigual porque no se conoce al enemigo y algo peor, al no haber una vacuna y con las limitaciones sanitarias para enfrentar el problema, tampoco conocemos nuestras propias fuerzas, con quién y con que realmente se cuenta, descartando las defecciones y traiciones de los que utilizan la situación para su propio beneficio.

El sistema político y de decisiones es distinto entre una economía centralizada y el capitalismo de mercado.

Desde Sun Tzu (El Arte de la Guerra, 400 años antes de Cristo)  sabemos que todas las guerras tienen principios y operaciones, de ellos debe rescatarse el de Seguridad, que dice: “Jamás permitas que el enemigo logre una ventaja inesperada”, porque la seguridad protege y preserva el poder de combate. La seguridad resulta por las medidas de comando tomadas para protegerse de la sorpresa, interferencia, sabotaje, peligros y amenazas de vigilancia y reconocimiento, en ese sentido la decisión de realizar una cuarentena y su prolongación hasta el 12 de abril para evitar el contagio del grueso de la población es una medida acertada, por la positiva lo demuestra la ciudad de Wuhan y, por la negativa, las principales ciudades de Europa y de los Estados Unidos.

Otro principio es el de Economía de Fuerza que implica destinar el poder de combate mínimo esencial a esfuerzos secundarios. Los comandantes destinan sólo el mínimo necesario de poder de combate para conformar y sostener operaciones para que puedan concentrar el poder de combate para la operación decisiva. Cuando llega el momento de llevar a cabo la operación, todas las unidades deben tener asignadas tareas por ejecutar. El gobierno cometió un craso error al pagar el martes 31 de marzo de 2020 los intereses de la deuda por 250 millones de dólares para mantener una ficción, dado que se deben afrontar vencimientos en este mes de abril por 506 millones de dólares por los Bonos Globales 2021, 2026, y 2046. Y el jueves 7 de mayo 2020 vence el Bonar 24 por 1.300 millones de dólares, sumas indispensables que se necesitan para comprar equipos y reactivos para atender la pandemia de Covid-19. Nadie puede desconocer que, tras el derrape en el valor de los títulos y valores argentinos antes de la pandemia y sobre todo después, en la gran mayoría de los títulos de deuda argentina con jurisdicción extranjera, los llamados fondos de cobertura o de inversión financiera como BlackRock, Franklin Templeton, PIMCO, Vanguard, Fidelity, ente otros, tienen más del 25% o del 33% de las acreencias, según el título. De ese modo pueden evitar que se cumpla la cláusula de acción colectiva que hace que si el 75% o el 66% de los acreedores aceptan la propuesta argentina los demás deben también aceptar, con lo que se torna imposible que esos fondos voluntariamente consientan que se les postergue su pago hasta el año 2023.

Igual sucede con la deuda con el FMI. Las declaraciones del equipo técnico del FMI de reconocer la insostenibilidad de la deuda argentina es la base para que no se cumplan los exigentes plazos de tres años para cancelar capital e intereses que el FMI le prestó al gobierno de Cambiemos y que consta en el acuerdo firmado.  Se debe realizar, en el marco de la emergencia sanitaria, un roll over en que el mismo FMI o bien extiende los plazos y condiciones, o le concede nuevos créditos a la Argentina para que a cada vencimiento total o parcialmente pueda cumplir con esos compromisos. Con más razón cuando la deuda con el FMI que es actualmente de unos 44.000 millones de dólares, se va a ampliar porque la Argentina recibirá asistencia directa del FMI por la pandemia del Covid-19, esto es divisas que se emplearán en instrumental médico, medicamentos, etc., para atender la enfermedad que genera el coronavirus.

El mejor escenario es acordar, pero no es lo que quieren los fondos de cobertura, que pretenden activos por la deuda. Para ello van a iniciar juicios en las jurisdicciones extranjeras donde tienen clara influencia, como lo demostraron en el pasado inmediato en el Juzgado de Manhattan Sur con el Juez Thomas Griesa y la Corte Suprema de los Estados Unidos que, el 14 de junio de 2014, confirmó el fallo de Griesa al negarse a tratar el caso argentino.

Si bien la cesación de pagos es indeseada, no implica que cualquier acuerdo sea superior. Si el gobierno argentino, en su estrategia no disruptiva, terminase aceptando una renegociación insostenible, se prolongaría el estancamiento de la economía y el deterioro de las condiciones sociales, un panorama que para pueblo y gobierno va a ser más duro que un default abierto.

El objetivo estratégico para una Nación no puede ser otro que priorizar la emergencia sanitaria para toda la población y, por eso debe usar todos los medios a su alcance para evitar que el virus llegue a los barrios de los conurbanos del país. Si la República Popular China puede erradicar el problema donde se originó, en la ciudad de Wuhan, fue porque no trepidó en usar todos los medios a su alcance para asistir a la ciudad y a los enfermos.

La cuarentena va a ser efectiva en los que la puedan hacer. Incluso habiendo transcurrido 2 (dos) períodos de incubación, abarca a todos los viajeros offshore que retornaron, asegurados y con tranquilidad de aprovisionamiento en sus casas. Pero el mismo INDEC reconoce que 2019 terminó con el 35,5% de la población por debajo de la línea de pobreza y que la situación es peor en los conurbanos de las principales ciudades del país. Se trata de 16.100.000 personas, cuya situación se deteriora por la suba del precio de los alimentos y la pandemia del Covid-19 y que, por sus condiciones de vida y hábitat, no pueden guardar la cuarentena como debe ser.

Allí debe aplicarse a rajatabla otro de los grandes principios, el de Concentración de fuerzas. Concentrar los efectos del poder de combate en un lugar y momento decisivos. Concentrar los efectos en el tiempo y en el espacio implica aplicar los elementos del poder de combate contra múltiples puntos decisivos simultáneamente. Ambos tienen la capacidad de controlar la situación. Se debe aprovisionar de alimentos, equipos sanitarios, agua potable, personal médico y paramédico, de reactivos para determinar quienes son los afectados por el virus para darle el debido tratamiento y, a su vez, posibilitar que el que está sano pueda trabajar. La batalla se decide en esa concentración de tareas y en ese talón de Aquiles de la sociedad. De otro modo se deja librados a su suerte a los que viven del ingreso diario, hecho que será asumido cínicamente como parte de los daños colaterales de toda guerra.

Los Estados, nacional, provincial y municipal deben contar con los recursos y a la vez ser controlados por los beneficiarios.

 

 

 

De donde se sacan los recursos

Por un lado, volvemos al Bono Patriótico de Carlos Pellegrini, un título a cinco años, que incluso reconozca un interés, pero que le permita disponer al fisco de divisas para comprar en el exterior equipos e insumos (entre ellos los reactivos para hacer la prueba de si se está infectado o no), para armar y equipar las salas de enfermos. Otro en pesos para comprar los insumos que se pueden producir en el país, ejemplo en los Estados Unidos las empresas automotrices Ford, General Motors y Tesla  producen respiradores artificiales.

Basta con los que conforman la lista de la revista Forbes más los que blanquearon capitales en la gestión de Cambiemos para saber quiénes son los argentinos que pueden aportar al Bono Patriótico.

Paralelamente, se le da poder de compra a toda la población mediante la propuesta de Mauricio Prelooker de su libro La Economía del Desastre, en que el Estado Nacional emite un Dinero No Convertible, de curso legal y aceptación obligatoria en todo el país, tanto para el sector público (se pagan impuestos) como el privado, en todas las transacciones en que se compran y venden bienes y servicios de todo tipo, menos las financieras y, obviamente, las cambiarias. No se puede comprar con ellos —y de ahí su carácter no convertible— la moneda local, las divisas extranjeras, los metales preciosos y los títulos y valores de cualquier naturaleza, estatales o privados, así como otros valores (cheques, certificados o no, facturas conformadas, etc.) susceptibles de un descuento bancario, es decir, que puedan ser convertidos en pesos.

Mauricio Prelooker asemeja la inyección de estos fondos en la economía y sin que  le cueste al país un solo centavo de intereses, a un enorme autopréstamo que el país se hace a sí mismo, recuperable con el propio aumento del PIB, y al favorecerse las cuentas fiscales, a la par que se apuntala la demanda agregada sin presionar sobre los precios y sobre su conversión en divisas e instrumentos financieros.

El Dinero No Convertible propuesto por Mauricio Prelooker permite expandir la liquidez incrementando la monetización de nuestra economía, con todos los beneficios del rol de dinero como nexo de interrelación e impulso del circuito económico, sin tener que pagar el costo de la constante derivación del ahorro monetario a dólar, y con el menor impacto a los precios dado que impacta más y antes en la producción.

Se debe considerar en primer lugar que es un bono nacional, no provincial, pero es obvio que la mayor proporción del déficit de las provincias va a ser cubierto por la Administración Nacional (así como la moneda no convertible sirve para pagar impuestos provinciales y tasas municipales)

Es cierto que la experiencia de los Bonos Provinciales fue traumática, pero dio una solución a la falta de liquidez y al pago de deudas en los años 2001 y 2002. El objetivo es incrementar el grado de monetización, y que no se convierta esa mayor liquidez en dólares. Con el Dinero No Convertible se le das respuesta a tres problemas a la vez, el trilema déficit fiscal + falta de liquidez y de crédito + fuga al dólar.

La garantía del Dinero No Convertible es la creación de un impuesto nacional que actúe como complemento de los provinciales para garantizar una mayor progresividad y homogeneidad de la carga que permita captar la renta de la tierra. Máxime cuando sabemos que la recaudación del impuesto inmobiliario rural en todo el país el año 2019 es menos del 0,4% del PIB (unos mil trescientos millones de dólares). El nuevo impuesto propuesto abreva en el impuesto inmobiliario que rigió en la provincia de Buenos Aires entre los años 1948 y 1974. En ese período el tributo tenía al propietario como sujeto de imposición, a diferencia del actual  gravamen que grava al objeto, esto es, las tierras y sus mejoras. Hasta el golpe militar del 1955, además, rigió un recargo del 25% en la alícuota cuando el propietario fuese una sociedad anónima y otro 25% si el propietario residía más de tres años en el exterior.

Solo es posible vencer con el debido resguardo y eso implica recursos y paralelamente políticas que garanticen que los trabajadores no pierdan sus empleos, los arrendatarios y propietarios de viviendas no sean desalojados, las empresas eviten la quiebra y las redes económicas y comerciales se preserven.

En situaciones extraordinarias como es esta se requiere de soluciones extraordinarias. William Shakespeare le hace decir al Rey Enrique IV: “Fuertes razones hacen fuertes acciones”. Siempre las acciones más importantes provienen de fuertes motivaciones y la principal es la vida.

 

 

 

 

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