"A partir del desenlace de la crisis, decidieron anticipar a junio y julio cerca de 20.000 despidos".
Las recetas del FMI comenzaron a cumplirse. El miércoles 15, un día después del Supermartes, un delegado del INAI recibió un mensaje que puso en alerta a toda la secretaría de Derechos Humanos de la Nación. El funcionario de segunda línea le advirtió que le habían bajado la orden de comenzar con la guadaña de despidos. El jueves 16, un día después, los trabajadores habían entrado en estado de alerta y movilización: la noticia indicaba que 45 trabajadores van a ser removidos.
En paralelo, ATE Capital recibió datos de sus bases de delegados ubicados en los distintos ministerios donde la noticia se repite a modo de rumor. Pero el rumor también puso en alerta al Consejo Directivo del gremio que conduce el Tano Daniel Catalano. El lunes próximo tienen una reunión en agenda para evaluar acciones. Desde antes del cierre con el FMI, comenzaron a recibir información que indica que el gobierno se dispone a adelantar para junio y julio los despidos de unos 20.000 trabajadores del Estado previstos de modo escalonado originalmente para diciembre de 2019.
Los despidos que iban a hacerse en el contexto del denominado Plan de Dotación Óptima evaluado por Modernización señalan un número extra de trabajadores que a septiembre del año pasado indicaba 19.119 personas sobre una planta total de 129.606 trabajadores del Estado. Según la información que maneja ATE, los despidos están previstos para la época del Mundial, acelerados por una comunicación ya cursada desde Modernización y Hacienda a cada uno de los ministerios, según la cual no va girar los sueldos del enorme bastión de trabajadores de los que quieren deshacerse. A esta hora los gremios articulan alianzas. Y apuraron en el Congreso el proyecto de Ley que busca frenar los despidos de la administración pública. Un proyecto que no es retroactivo, que ya ingresó a la Comisión de Legislación Laboral, presentado por ATE y firmado por diputados del FpV, el Evita y la izquierda, que a última hora logró la única firma de Argentina Federal, del pampeano Jorge Ziliotto, pero aún no tiene acuerdos del Frente Renovador y el resto de la oposición como consiguió el proyecto contra el tarifazo.
"El análisis de dotaciones óptimas que hizo el gobierno tiene una proyección para bajas previstas de modo escalonado hasta diciembre de 2019", dice Pablo Guevara del Consejo Directivo de ATE-Capital. "A esa fecha, cada organismo tenía que llegar con una reducción de personal pero esas reducciones tenían que ver con gente que iba a jubilarse, otra que renunciaba, que fallecía y otra que efectivamente iba a ser despedida en determinados plazos. Lo que nos llegó ahora como rumor muy fuerte es que el gobierno va a avanzar con los despidos. Este dato lo teníamos antes de las últimas negociaciones con el FMI, pero a partir del desenlace de la crisis y de las negociaciones, han decidido anticipar al mes de junio y julio de este año el cumplimiento del cien por ciento de la dotación óptima. De esa manera, el personal que se fuera a jubilar o renunciar no va a ser computado, y los organismos van a tener que despedirlos. Como rumor, y no aún como dato, también sabemos que no van a girarse la totalidad de los recursos para pagar los sueldos de manera tal de obligar a los funcionarios a efectuar esa cantidad de despidos que tienen previstos".
En ese contexto, la conducción está leyendo las noticias que le llegan. De acuerdo a la evaluación de Modernización, gran parte de las estructuras del Estado tienen las dotaciones de personal bastante holgadas. Y son pocos los organismos que ya las tendrían adecuadas. En todos los lugares comenzaron a hacerse asambleas para extraer información. ATE va a analizar los datos el lunes para articular acciones en la lógica con la que se vienen moviendo: con los gremios de las dos CTA, la Corriente Federal de la CGT, Camioneros y otros gremios de la CGT. La idea es frenar el ajuste, dice Guevara, que efectivamente se viene.
Mientras tanto hay acciones en el Congreso. Laura Alonso, diputada de la Cámpora por Unidad Ciudadana, monitorea las derivas del proyecto que se presentó el 3 de mayo y busca declarar la emergencia ocupacional en la administración pública. "Lo primero que hay que decir es que no es retroactivo, y en eso quiero ser clara, pero efectivamente ya fue girado a las comisiones". En primer lugar será tratado por Legislación Laboral, pero todavía no se conocen los tiempos. La Comisión todavía no se reunió. Tampoco se sabe si se reunirá la semana próxima porque es una semana corta con presentación de Marcos Peña en Diputados. Pero, además, lo que sigue es la pulseada para que efectivamente sea tratado entre las prioridades por esa Comisión. El bloque del FpV gestiona acuerdos para presentar una nota ante la presidencia de la Comisión, y lograr moción de orden. Pero incluso así, luego sigue el juego de las negociaciones para conseguir dictamen de mayoría, lo que sólo se logró de modo extraordinario en proyectos como el tarifazo.
"Nosotros sabemos que de todos modos estamos a tiro del veto, pero de todos modos creemos que es necesario tratarlo para hacer visible la situación porque la estrategia de ellos es —en esto aprendieron— ocultarla. No es que están haciendo despidos masivos, ahora es por goteo: son 100 acá, 400 de allá, 60 del otro lado", dice Alonso. "Cuando presentamos el proyecto lo que pensamos es que esto es para generar una herramienta institucional dentro del Congreso que nos permita debatir el tema y ponerlo en agenda, más allá del veto o no veto".
El bloque monitorea la situación de los despidos en el INTA contra los que se gesta un proyecto de emergencia particular, para evitar los 258 despedidos de mano de obra calificada; lo mismo con el Posadas y la expulsión de 300 docentes y 1.200 alumnos del sistema de escuelas terciarias de Vialidad Nacional cerradas desde comienzos de año. El denominador común en todos estos casos no varió: y no está ligado al supuesto ajuste de cuentas. "En todos los casos vuelven a contratar gente con salarios muy superiores a la gente que se está despidiendo, y tuvo que ver en muchos casos con descabezar la resistencia sindical que ellos podían encontrar para aplicar su proyecto político. Porque vos ves ahí a despedidos que tuvieron algún grado de participación en las movilizaciones o que tienen actividad y fueros actualmente o que se han presentado en listas y perdieron. Donde ellos identificaban laburantes con actividad sindical, formaban parte fijo de la nómina de despidos".
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