La doctrina de las dos motosierras

 

Alejada del prisma centrado en Buenos Aires, la situación de las provincias comienza a mostrar síntomas del ajuste en derrame e interroga acerca de la continuidad de la tensa estabilidad entre el dólar contenido, la desaceleración inflacionaria y la recesión. No es una novedad que los números suelen anticiparse a la reacción del bolsillo colectivo, del mismo modo que —como ocurrió a fines del siglo pasado en Salta y Neuquén— las protestas del interior profundo anteceden a las de las grandes urbes del centro del país. 

Para las provincias, las épocas de recorte intensifican problemas crónicos. Los anteriores ciclos neoliberales les derivaron funciones sensibles, como la salud y la educación, sin una correspondiente reasignación de recursos. Un modo de encubrir el ajuste. Sólo una parte de la argumentación teórica en que se apoyaron esas decisiones se cumplió: los Estados subnacionales son la más cercana instancia de reclamo ante demandas insatisfechas, pero dependen en mayor o menor medida —según el caso— del endeudamiento o las transferencias automáticas, no automáticas o discrecionales de la esfera nacional. 

La otra cara de la historia la dibuja el modo en que cada gobierno provincial enfrenta la situación. 

 

De Morales a Sadir

Jujuy, en el extremo norte del país, puede ser un ejemplo actual. El 10 de diciembre pasado el contador Gerardo Morales volvió al llano por primera vez desde 1989. No ocurrió lo mismo con la línea política que encabezó: su colega y correligionario Carlos Sadir, el actual mandatario jujeño, fue su ministro de Hacienda y Finanzas durante más de siete años. 

Como gobernador, Sadir enfrenta ahora un escenario que combina el impacto de las políticas nacionales de Javier Milei con la situación económica local que él mismo contribuyó a gestar. Era una tormenta previsible, que El Cohete anticipó hace poco más de un año. En los nuevos tiempos mesiánicos, la doctrina de las dos espadas asumió el color local, actual y contable de un par de motosierras. 

El factor decisivo para trazar el pronóstico era el endeudamiento provincial, que había crecido durante los dos gobiernos consecutivos de Morales. Bajo la presidencia de Mauricio Macri, a diferencia de los casos de Mendoza y el propio Estado nacional, Jujuy tomó deuda con sesgo productivo y no especulativo: la mayor parte correspondió a la construcción del parque solar Cauchari. 

Sin embargo, ya por entonces se preveía que la producción de energía eléctrica del complejo no alcanzaría para hacer frente a los vencimientos. El programa económico implementado desde el 10 de diciembre pasado terminó de conformar un entramado de problemas que —otra vez— amenaza cortarse por lo más delgado. 

 

Calles y planillas

La necesidad de lograr que las cuentas públicas mostrasen superávit sólo podía plasmarse canjeando deuda vieja por nueva o practicando un ajuste sobre la inversión pública, resintiendo la acción del Estado provincial y erosionando la masa salarial del sector público. 

En las últimas semanas, las planillas y las calles comenzaron a mostrar síntomas derivados de ese segundo camino. 

 

 

El miércoles 20 finalizará la tregua en el conflicto que enfrenta al gobierno provincial y sus trabajadoras y trabajadores de la educación, en espera de respuestas a sus reclamos salariales y de condiciones laborales, que se agravaron con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Cuando el jueves 14 se suspendió, el paro por tiempo indeterminado convocado por el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior había cumplido ya más de una semana. Habrá que esperar a que concluya la reunión entre las partes, en la mañana del miércoles, para saber cuánto valora el gobierno provincial la educación pública que brinda. 

 

 

Ese conflicto corporiza lo que los números narran. El economista y docente universitario Gastón Remy, que en 2023 estudió en profundidad el endeudamiento jujeño, analizó la situación fiscal de la provincia y encontró que el superávit logrado en el primer semestre del año —de 280.000 millones de pesos— equivale al 93% de la masa salarial del sector público y evidencia un ritmo de crecimiento superior al de ella. La evolución de los salarios estatales va quedando relegada también respecto de los ingresos fiscales. Diputado provincial por el PTS-FITU, Remy volcó la comparación a este cuadro que elaboró para La Izquierda Diario:

 

 

Con relación a la inflación, el salario mínimo estatal —que para el momento en que Remy relevó los datos no llegaba a medio millón de pesos— retrocedió alrededor de diez puntos en once meses. En algunos ítems específicos pierde la carrera por una diferencia aún mayor. Mientras que el incremento de la remuneración mínima del sector público provincial fue del 128% en términos nominales, el transporte en San Salvador aumentó sus pasajes en casi el 500%. 

Los últimos datos provinciales oficiales indicaron que una familia jujeña de cuatro integrantes necesitó ingresos por 867.765 pesos para mantenerse sobre la línea de pobreza y 393.285 para no caer en la indigencia, medida por el acceso a la canasta básica alimentaria. Elevar el salario mínimo del sector público a 800.000 pesos, calculaba Remy a fines de octubre, tendría un costo fiscal de 25.000 millones por mes. Con un superávit acumulado de 280.000 millones de pesos en el semestre, es fácil calcular que buena parte se debe a la caída salarial del sector. La oferta del gobierno provincial fue de un 4%, en dos cuotas. 

 

En jaque

A ese cuadro de situación local se suma el que arroja la pertenencia de Jujuy al tablero nacional. De acuerdo al último informe oficial, correspondiente a octubre de 2024, la provincia contaba con una autonomía tributaria de 15%. En otras palabras, sólo recauda por sí misma 1,50 pesos por cada diez que nutren sus recursos. Con esos guarismos, se ubica entre los distritos subnacionales más dependientes de la coparticipación federal y otros giros de origen central. 

Adicionalmente, la provincia ya ha comenzado a sentir el recorte de los recursos que la inversión pública nacional volcaba sobre la economía local a través de los organismos de esa esfera con sede en su territorio. 

Un ejemplo es la Universidad Nacional de Jujuy. Cuando a mediados de septiembre el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) elaboró su informe sobre el ajuste fiscal del gobierno de Milei, estimó que la institución había perdido 33,6% en la comparación interanual sobre el devengado y añadió que, de aprobarse el proyecto de Ley de Presupuesto para 2025, sufriría una caída adicional de tres puntos. 

Si la propuesta del oficialismo es aprobada, la UNJu integraría además el grueso lote de universidades que verían diluida su incidencia sobre el total nacional. Pese a que eludiría el impacto de los recortes al sector, una de las pocas que aumentaría su peso relativo sería la UBA, emplazada en el distrito de mayor autonomía tributaria.

 

 

 

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