La dimensión del dilema

 

Los datos de pobreza que se dieron a conocer en la última semana de marzo, correspondientes al segundo semestre de 2022, generaron un llamado de atención sobre los efectos que está teniendo la situación económica en las condiciones de vida, puesto que mostraban un incremento frente al primer semestre del mismo año, pasando del 27,7 al 29,6 el porcentaje de hogares pobres, y del 36,5 al 39,2% el de personas. Aunque desde el gobierno se expresaron al respecto, lo cierto es que algún cambio significativo en la política económica parece difícil, por dos razones. La primera es que todas las respuestas que se ensayaron hasta ahora resultaron fallidas, por su falta de actuación sobre los elementos objetivos que puedan modificar las características coyunturales de la economía argentina. La segunda se encuentra en las dificultades que presenta el sector externo, agravadas por la sequía de este año, que inhiben el alcance de una expansión económica y una mejora en la distribución del ingreso.

En este contexto se publicó el viernes el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, cuya magnitud esparce la sensación de que el gobierno es incapaz de controlar la marcha de la inflación. Frente a la demanda de acciones para mejorar los ingresos, esta semana se anunció una excepción del Impuesto a las Ganancias de los conceptos adicionales al salario, que alcanzaría a 600.000 trabajadores, y una extensión de los montos otorgados con la tarjeta Alimentar, que pasarán de 12.500, 19.000 y 25.000 pesos para familias con uno, dos o tres hijos de hasta 14 años, respectivamente, que perciban la Asignación Universal por Hijo, a 17.000, 26.000 y 34.000 pesos.

La decisión sobre el Impuesto a las Ganancias fue saludada por la mayor parte de los representantes sindicales, pero no soluciona el problema del salario porque no consiste en una actualización. De la misma manera, los aumentos para la tarjeta Alimentar responden a la pobreza creciente y al incremento del costo de vida. El rechazo a otorgar aumentos de suma fija sobre los salarios y la baja de planes sociales dificultan la resolución de tensiones, cuya reversión a su vez incrementaría la necesidad de dólares que ya es difícil atender en las condiciones actuales. Son las contradicciones que conlleva dejar atrás el paisaje del incremento de la pobreza y la escasez de divisas.

 

 

6% o más

El IPC alcanzó una variación mensual del 7,7%, lo que significa que para el primer trimestre del año se acumula un 21,7% de variación total del nivel de precios. La variación con respecto al nivel que acumulaba el mismo mes del año pasado llega al 104,3%. Ya no se dice que los fundamentos macroeconómicos sean consistentes con un incremento mensual del IPC del 4% o menos, debido a que desde entonces quedó comprobado que se corresponden con el 6% o más.

Frente al dato de la realidad de que se espera que los precios sigan aumentando a tasas nocivas, el gobierno no exhibe ningún cambio de conducta fundamental. La última intervención en este sentido fue parte del Programa de Incremento Exportador, que se oficializó el lunes mediante el decreto 194/2023. En este se incluyó a los productores de las economías regionales entre los posibles receptores del dólar agro (300 pesos por dólar liquidado en concepto de exportaciones), a cambio de que cumplan con ciertos criterios, entre los que se incluye participar del programa de Precios Justos garantizando el abastecimiento al mercado interno.

Los rubros comprendidos dentro del programa son siete, de los cuales cuatro están relacionados con la alimentación. De por sí, la reglamentación contrapone dos objetivos. Se incentiva la exportación con un tipo de cambio diferencial. Pero se busca que los saldos exportables no se obtengan a costa del mercado interno. En vista de que a fines de marzo se repitieron incumplimientos del programa de control de precios por parte de algunas empresas productoras de alimentos, parece improbable que se produzca una modificación sustantiva por estos medios. Más teniendo en cuenta que el Índice de Precios Internos Mayoristas (IPIM) –asociado a los insumos para la producción y los bienes que se compran antes de la venta final– se incrementó un 7% en febrero, superando al IPC (6,6% ese mes), y que el tipo de cambio mayorista pasó de valer 178,14 pesos al empezar enero a 210 a comienzos de abril, devaluándose en un 17,9%, a una tasa intermitente (lo que el FMI llama “Tasa de Crawl”) que fue del 5,1% entre enero y febrero, del 5,5% entre febrero y marzo, y del 6,3% entre marzo y abril, con lo que están dadas las condiciones para que los precios sigan aumentando.

 

 

 

Ventas en caída

En conjunto con el avance de los precios, se comienzan a registrar caídas de las ventas con mayor frecuencia. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) difundió un informe en su página web con los resultados más recientes del Índice de Ventas Minoristas que elabora la entidad. Aunque presenta un aumento en marzo con respecto a febrero del 0,7%, en los tres meses del año acumula una baja del 0,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

El índice se compone de las categorías de alimentos y bebidas; farmacia; calzado y marroquinería; perfumería; textil e indumentaria; bazar, decoración, textiles de hogar y muebles; y ferretería, materiales eléctricos y de la construcción. En marzo, solamente los dos primeros rubros y el de ferretería crecieron. También son estos tres, con el de perfumería, los que acumulan un crecimiento en el año. Alimentos y farmacia, en particular, son dos ramas de la producción sujetas a lo que en economía se denomina una baja elasticidad-ingreso. Esto significa que tienen una demanda más estable que otras ante cambios en el ingreso de los consumidores, porque son consumos necesarios que adquieren prioridad sobre otros bienes, además de que el segundo es alcanzado por la cobertura de las obras sociales. Cuando se produce una caída del poder de compra, son los últimos en comprimirse.

En el informe se recogen testimonios de comerciantes que dan cuenta del contexto de sus ramas. En el caso de los alimentos, las dos personas consultadas observan que los precios les provocan problemas con las ventas. Desde una pollería de Mendoza aseveraron que no pueden actualizarlos a la par de los costos porque mermarían la demanda, y resaltaron que crecen los pagos con tarjetas de crédito. Por otra parte, en el rubro de perfumería se advierte que en el último mes las ventas caen por efecto de los precios altos. El de textiles muestra una caída acumulada de 11,8% en el año, y los comentarios advierten una dificultad para vender recurrente, aunque no se lo atribuyen a un motivo particular. Es evidente que estos resultados están relacionados con el empobrecimiento de la población argentina, que se ve obligada a restringir sus gastos para subsistir.

 

 

 

La pobreza genera pobreza

Lo anterior nos lleva a considerar el significado que tiene para la economía el incremento de la pobreza registrado al final del año anterior. Durante la última semana, se volvió un lugar común observar que se alteró la correlación entre crecimiento del PBI y reducción de la pobreza. Se buscaron varias explicaciones para esto. Una es que el empleo informal creció a la par que la actividad en una proporción superior al empleo formal. Los salarios por trabajos no registrados no solamente son más bajos que los que se pagan en el sector formal, sino que además quedaron atrasados con respecto al IPC en mayor medida (son los únicos que crecieron por debajo de la tasa de inflación durante todo el gobierno). En realidad, no hay ninguna ruptura de la tendencia. En el gráfico 1 se observa que, desde el segundo semestre de 2020, la actividad económica comenzó a reactivarse y la pobreza se redujo. La pobreza creció en el segundo semestre de 2022, y el nivel de actividad cayó frente al primer semestre.

 

 

La proporción de personas que son pobres es menor que en el primer semestre de 2021, pero mayor que en los dos anteriores. El crecimiento de la pobreza por personas fue superior al de la pobreza por hogares, lo que no es un dato anecdótico en este contexto. Si bien la pobreza por hogares resulta de la pobreza por persona, debido a que los ingresos de un hogar se conforman con los de las personas que lo integran, esto indica que los hogares que pueden satisfacer sus necesidades básicas lo logran a costa de una menor capacidad de las personas para realizar gastos que no sean esenciales. La diferencia entre la proporción de personas pobres y de hogares pobres fue de 9,6 puntos porcentuales en el segundo semestre de 2022. En el primero era de 8,8. Del período de tiempo considerado, solamente en el último semestre de 2020 se alcanzó una diferencia mayor, de 10,4 puntos. En el gráfico se ve en la distancia que alcanzan las dos curvas en esos semestres. Una mayor parte de los ingresos de los pobres se destina a satisfacer necesidades del hogar.

Consecuentemente, el componente de la demanda agregada que explica la caída del PBI en el segundo semestre de 2022 es el consumo privado, como se observa en el gráfico 2. Todos los otros componentes crecieron con respecto a sus valores del primer semestre. Es interesante notar que la variación de stocks fue positiva. No lo había sido en el primer semestre de 2022, con lo que se puede deducir que es una consecuencia de la mayor dificultad para vender mercancías. Estando el consumo privado en baja, la formación bruta de capital fijo (lo que en el lenguaje corriente se llama inversión) también tenderá a reducirse, porque no es necesario ampliar la capacidad instalada para la producción de bienes.

 

 

No es un proceso paradójico ni obedece a ninguna particularidad que se haya producido en estos años. En la economía capitalista, la pobreza genera pobreza, y la riqueza genera riqueza. Cuando existe mayor poder de compra, existen mayores salidas potenciales para la economía, y el proceso de reproducción de capital es expansivo. Si los asalariados son más pobres, se reduce la capacidad de gasto de los potenciales consumidores y la economía se contrae. En la medida en la que el gobierno no consiga atenuar la inflación en favor de los asalariados, la situación se acentuará, y es posible que en cierto punto las pérdidas registradas por las empresas den lugar a un crecimiento de la desocupación, en lugar de la baja que se observó en 2022.

Esto dimensiona el dilema al cual se enfrenta el gobierno. Para detener el deterioro de la economía, se ve obligado a atenuar la tasa de inflación e impulsar el crecimiento. Pero hacerlo compromete la situación del sector externo. La reducida cantidad de dólares que se espera recibir del comercio exterior podría complementarse tomando un crédito externo para apuntalar el nivel de actividad. Fuentes de Hacienda indicaron a El Cohete que la posibilidad está presente, pero todavía no se puede asegurar su concreción. El tiempo dirá si esto ocurre, y si las divisas que eventualmente ingresen serán utilizadas para revertir el deterioro social o solamente servirán para morigerar las presiones transitorias del mercado cambiario mientras continúa el enrarecimiento social y político.

 

 

 

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