La deuda y su intencional olvido

 

 

Debemos tomar consciencia de que la economía argentina queda subordinada a la deuda externa y, con ello, cada vez se “dualiza” más. Por un lado, con un sector que se integra al mundo mediante las actividades extractivistas, agropecuarias y de industrias que están básicamente ligadas a esos mismos sectores con el objeto manifiesto de generar las divisas y, por el otro, con el resto de la población que ve cómo se deteriora su capacidad adquisitiva por la constante y creciente inflación, sin poder impedirlo.

La administración encabezada por Alberto Fernández, tras más de 34 meses de gestión condicionada por la deuda, propicia esa brecha económica y social, en la que se incrementa la IBIF (Inversión Bruta Interna Fija), pero en los determinados sectores antedichos. Claro ejemplo de ello es el desempeño del grupo Techint que participa en Vaca Muerta, provee de caños sin costuras para los ductos, extrae petróleo a través de Tecpetrol SA y distribuye gas por medio de la Transportadora Gas del Norte [1]; también es proveedor de las empresas que hacen máquinas para la agricultura, la línea blanca, las automotrices (rama que produce principalmente vehículos para el campo o de alta gama) y en la construcción privada y pública, cuya estructura es de metal.

Las exportaciones son récord. CIARA y CEC [2] informan que en los primeros nueve meses del año ingresaron divisas por 33.817,2 millones de dólares, un 10,6 % más que en el mismo lapso del año pasado, por exportar 81,9 millones de toneladas de productos agroindustriales. La estimación final es que se exportará más de 110 millones de toneladas en el año y las proyecciones, tanto nacionales como las que hace el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, indican que seguirá fuerte la demanda mundial de alimentos y presagian que la Argentina incrementará sus exportaciones agroindustriales a una tasa del 5 ó 6 % anual en los próximos años.

El problema se agrava porque el conflicto Rusia-Ucrania implica la contienda entre dos potencias del trigo. Ambas representan el 40 % de las exportaciones mundiales de ese cereal, además de exportar girasol y aceites de girasol. Además, Rusia es un importante proveedor de gas a Europa; ello lleva a que empresas europeas y americanas acrecienten sus planes extractivos y comercializadores de nuestros productos.

El trasfondo de los créditos del BID y del Banco Mundial y la aprobación del plan de ajuste por el FMI son a cambio de la explotación de nuestros recursos naturales por el capital extranjero.

No otra cosa es el acuerdo que en los Estados Unidos arriba la comisión encabezada por el ministro Sergio Massa con las empresas Rio Tinto y Livent [3], respecto a la explotación del litio y minerales raros en nuestra puna. Y además acuerda con los referentes de las empresas petroleras y gasíferas con interés en Vaca Muerta como Chevron, Shell, Exxon, Total, Pan American Energy, Axion, Vista Oil&Gas SA, entre otras, para generar un marco regulatorio para las petroleras y permitirles tener una mayor disponibilidad de divisas para girar utilidades al exterior (no van a tener límite alguno para girar sus utilidades [4]).

De igual tenor son los convenios con las empresas que incluyen la construcción de un oleoducto entre Vaca Muerta y el puerto Punta Colorada en Sierra Grande, en la provincia de Río Negro. Paralelamente, reforzarán el ducto a Puerto Rosales en Bahía Blanca y acuerdan con la petrolera malaya Petronas construir una planta de GNL para la industrialización del gas y aprovechar todo el potencial de recursos de Vaca Muerta para exportar esa energía.

Tanto la explotación del litio y los minerales raros de la puna, como la extracción de petróleo y gas, nos remiten a las obras de infraestructura de los ferrocarriles y del puerto de Buenos Aires que realizaron los ingleses a fines del siglo XIX para que el país de las vacas y el trigo le proveyera de alimentos baratos a los trabajadores de las industrias británicas. En cambio, cuando el gobierno peronista, entre 1947 y 1949, construyó el gasoducto que unió Comodoro Rivadavia con Buenos Aires, en su momento el más largo del mundo, lo hizo para abastecer el mercado interno, construyendo fábricas y pueblos en su recorrido. Con él la distribución de gas aumentó de trescientos mil metros cúbicos por día a quince millones de metros cúbicos, abaratando en un tercio los costos.

En cambio, para la mayoría de los asalariados, según informa el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la Nación, la remuneración promedio de los trabajadores registrados estables (RIPTE) [5]  fue de 155.611,28 pesos mensuales en agosto de 2022. Por otro lado, la canasta básica total del INDEC que define la línea de pobreza para una familia de cuatro integrantes, en el mes de agosto 2022 [6], fue de 119.757 pesos, quiere decir que más de la mitad de los obreros y empleados registrados trabajan y son pobres. Y, obviamente, la situación es mucho peor para los trabajadores no registrados.

 

 

 

El encubrimiento de la deuda y fuga del gobierno de Cambiemos

El gobierno de Alberto Fernández no investigó la evasión fiscal y la fuga de capitales de la gestión de Cambiemos y paga los intereses de una deuda que no benefició a la población. Todo el ajuste fiscal es para abonar las obligaciones de la deuda, para juntar los pesos y comprar las divisas, hecho que al devaluar nuestra moneda es cada vez más costoso; ajusta en las jubilaciones y pensiones (que se indexan por fuera y por debajo de la inflación), se hace menos obra pública (viviendas, rutas, puentes, generación eléctrica, etc.), se reducen los subsidios energéticos, de transporte y de comunicaciones, se destinan menos partidas a educación, salud, asistencia social, etcétera. El presupuesto nacional supera apenas el 20% del PIB este año y va a ser por debajo de ese porcentaje en el año 2023, cuando fue del 25.96 % en el 2020 y del 24,43 % en el 2021.

Tampoco supo preservar las reservas internacionales del BCRA cuando obtuvo un fuerte superávit comercial en los más de 34 meses de su administración que supera los 31.000 millones de dólares y empleó las tres cuartas partes de ese superávit (23.710 millones de dólares) para que las empresas privadas paguen sus deudas, razón por la que el BCRA les vendió los dólares de las reservas internacionales a precio oficial. Muchas de esas empresas habían comprado divisas en la gestión de Cambiemos y, sin embargo, el BCRA le vendió los dólares para que paguen sus obligaciones, sin reclamarles que, antes, utilicen los fondos en divisas que habían comprado entre los años 2016 y 2019.

Toda la política de dilapidar las reservas internacionales para pagar la deuda externa privada y la aceptación de la deuda heredada sin investigar hacen que se subordine la economía nacional a la lógica de un modelo extractivista, agropecuario, automotriz exportador, en desmedro de un modelo nacional que crece en base a su mercado interno y apuntala el trabajo y la producción local.

Todos los que cobramos en pesos sufrimos el deterioro de nuestro poder adquisitivo por la inflación, y la principal causa de la inflación es el aumento persistente del precio del dólar que propician los que fugaron capitales.

Si el precio del dólar sube, el salario real (las jubilaciones y pensiones y todos los que tienen ingresos en pesos) se cae. Como más del 70 % de lo que se produce se destina al mercado interno (es decir que depende de la capacidad adquisitiva de la población) y se vende al exterior básicamente lo mismo que se consume, se entra en una economía cada vez más dualizada: una minoría que se integra vía exportaciones y la mayoría que se encuentra en una situación cada vez peor, que no puede con sus ingresos comprar los bienes y servicios necesarios, que incluso supera los límites de la subsistencia.

El plan del FMI es acelerar la devaluación del tipo de cambio oficial, de manera tal que abarate para el exterior (medido en divisas) nuestros productos, activos y trabajo y, al revés, que sea cada vez más caro importar bienes o servicios y comprar los dólares para pagar la deuda externa, a eso nos llevan y empujan.

Es claro que la deuda externa es un mecanismo de dominación que un país soberano no puede permitir. La función del Estado [7] es regular y controlar la actividad económica, establecer las “reglas de juego”, qué es blanco y qué es negro, qué está permitido y qué no, fijando grandes objetivos de desarrollo sustentable para el bienestar de toda la población por el solo hecho de que “quieran habitar en el suelo argentino”.

Por la Constitución Nacional, el Estado está facultado a utilizar las distintas herramientas para impulsar el crecimiento económico sostenido con equidad en el esfuerzo, incorporando mayor mano de obra para producir con mayor valor agregado y, a su vez, posibilitando que la remuneración de los trabajadores sea la mejor posible, siempre en el marco de que los empresarios se guían por la tasa de ganancia y su perdurabilidad en el tiempo; con ellos, el Estado, en nombre de todos, debe procurar el bienestar general.

Un instrumento del Estado es la AFIP, quien debería haber convocado a los administradores de las 100 empresas que compraron 24.679 millones de dólares en la gestión de Cambiemos y obligarles a abrir sus estados contables, para que justifiquen la operatoria y, en caso de evasión fiscal, multarlas. Con esos recursos evadidos constituir un fondo para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, iniciativa del senador por Neuquén, Oscar Parrilli, aprobada por el Senado de la Nación y que tiene dictamen por la mayoría (básicamente, el Frente de Todos) y por la minoría (básicamente, Juntos por el Cambio) en la Cámara de Diputados de la Nación.

La convocatoria a la Plaza de Mayo del 17 de Octubre de 2022 debería haber tenido como uno de sus ejes convocantes principales el tema y que se discuta y sea ley el proyecto de investigación de la deuda. Pero no solo no fue así, sino que en los discursos sólo Máximo Kircher puso el acento en la imposibilidad de pagarla. Como si el tema deuda estuviera perdido, dada la composición de los diputados de la Cámara baja. Cuando la deuda debe hacerse pública y se sostienen en forma tenaz y manifiesta la evasión fiscal y la fuga de capitales, que sepa la población quiénes son los que compraron dólares y fugaron y cómo, a su vez, usan su poder de mercados semicautivos para fijar los precios.

En lugar de pedirles a las grandes empresas que congelen los precios por 120 días, Sergio Massa debe antes enviar inspecciones de la AFIP para que estudien sus balances desde enero de 2016 hasta el presente, para que los empresarios paguen lo que deben y se predispongan a acordar los precios finales de sus productos.

 

 

 

La crisis de los 50 años

La Argentina es uno de los países miembro del FMI que peor desempeño tuvo en los últimos 50 años, uno de los principales fugadores de capitales, donde el PIB es el que menos ha crecido y el que peor distribuye el ingreso. Tales datos los estima el mismísimo FMI, donde la Argentina aparece con un nivel de fuga de capitales de 399.000 millones de dólares en 2010, suma que se incrementó sideralmente con el gobierno de Cambiemos y del mismo Alberto Fernández, cuando observamos cómo creció la deuda externa nacional de 240.665 millones de dólares en 2015 a 378.506 millones de dólares al 30 de junio de 2022 (último dato publicado). Y con ese aumento de la deuda en 137.841 millones de dólares, no tenemos flota mercante propia, no se recuperaron los puertos, no se modernizaron los ferrocarriles ni el transporte, se incrementó el déficit habitacional por falta de viviendas, no se hizo ninguna obra importante de infraestructura, se pagaron y se pagan intereses de una deuda que no se investiga y encima se venden de nuestras reservas internacionales dólares al tipo de cambio oficial para pagar deuda externa privada.

Es indispensable y justo que la deuda la paguen los que compraron los dólares con evasión fiscal y, posteriormente, los fugaron.

 

 

 

 

La deuda externa ha sido tomada para permitir la fuga y es injusto que la pague el pueblo argentino, cumpliendo el plan del FMI.

Debemos tener nuestro propio plan de pago, cobrándole multas e impuestos a los evasores y fugadores de divisas y con eso pagar esas obligaciones. Se respetarían los vencimientos acordados con el FMI (y refrendado por ley), pero los dólares nacerían de la recuperación de la evasión y fuga, no de nuevas deudas con el organismo internacional y con nuestro propio plan de gobierno, como corresponde a un país soberano y en cumplimiento de nuestra Carta Magna.

 

 

 

 

 

[1] Este importante grupo económico, según el trabajo del BCRA “Informe de Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015-2019”, a través de sus empresas controladas, realizó la adquisición de 92.627.000 dólares por TECPETROL SA; 222.980.456 dólares por TERNIUM ARGENTINA SA (ex SIDERAR SAIC), y 231.384.402 dólares por TRANSPORTADORA GAS DEL NORTE SA. En total, 546.991.858 dólares y en sus balances contables no puede demostrar recursos ni por la mitad de esa suma. Evasión y fuga de capitales.

[2] Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales.

[3] La Dirección General de Aduana (DGA) denunció una maniobra de subfacturación en la exportación de carbonato de litio de la empresa estadounidense Livent Lithium, que es la primera empresa del país en producir carbonato de litio con el proyecto Fénix en el Salar del Hombre Muerto. La investigación arrojó que entre 2018 y 2019 la minera generó un perjuicio de 8 millones de dólares en derechos de exportación y le aplicó a la empresa involucrada en las operaciones una multa de $ 670 millones.

[4] El límite de compra vigente es de 200 dólares por mes para empresas y personas.

[5] Se refiere a los 12.079.103 trabajadores registrados que contempla a los asalariados, autónomos, monotributistas y al personal de casas de familia que aportan al sistema previsional.

[6] La Canasta Básica Total para el mes de septiembre para una familia compuesta por matrimonio y dos hijos fue de $ 128.214 para no ser pobre y de $ 56.732 para no ser indigente. Y recién en octubre de 2022 el Salario Mínimo Vital y Móvil será de $ 54.550.

[7] Entendemos al Estado como organización civil de la Nación y su empleo como palanca de cambio, para apuntalar el crecimiento económico, a la par que mejora su distribución en la sociedad, lo que además de garantizar la reproducción mejora también el nivel de vida de la población.

 

 

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