La deuda suprema

La Corte Suprema de Justicia congeló un fallo sobre el incumplimiento de normativas administrativas en la toma de deuda con el Fondo Monetario Internacional, que el gobierno de Mauricio Macri dejó como herencia condicionante a quienes lo sucedieron, sin un atisbo de solución de acuerdo al interés nacional.

Aunque se desconoce el tenor y la dirección de lo resuelto por los cortesanos, luego del balotaje presidencial, el texto ingresó en la dependencia encargada de sus copias, lo que significa que ya había sido considerado por los supremos. Su paso previo fue la oficina de Coherencia, que verifica la jurisprudencia citada.

Sin embargo, en la semana en que el electo Javier Milei incluyó en la comitiva de su viaje a Washington a Luis Caputo, el expediente retornó sorpresivamente a la secretaría de origen. El Cohete no logró saber las razones. “No estamos autorizados” fue la respuesta a una pregunta que nunca alcanzó a formularse. Sí fue posible confirmar que hasta el cierre de esta nota, en la última hora hábil de la semana, el trámite no había vuelto a moverse.

 

 

“Toto” Caputo, luego confirmado por Milei en su gabinete, fue uno de los actores centrales en la reanudación de la relación del país con el FMI, en 2018. El acuerdo inicial se celebró cuando era ministro de Finanzas y días antes de su asunción “en comisión” en el Banco Central. Fue un compromiso a sola firma y omitiendo pasos que obligan las leyes de Procedimiento Administrativo y Administración Financiera. Meses después, llegó el segundo. Para cuando se concretó, Caputo ya había renunciado, en medio de una corrida cambiaria —alimentada por una extraordinaria fuga de capitales— y protestas populares.

En diciembre de 2018, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) evaluó el resultado de las medidas económicas sobre la situación social y laboral y comprobó una caída notoria en el poder adquisitivo de la población durante los meses previos. El caso de la remuneración normal y permanente no sujeta a variables estacionales —es decir, de trabajadoras y trabajadores en mejor condición de estabilidad— ofrece un ejemplo elocuente.

 

 

Te la debo

En marzo de 2016, Macri aún repetía lo dicho en la campaña electoral de un semestre antes: negaba que recurrir al FMI fuese una opción. Durante el segundo tramo de su presidencia, se refutó a sí mismo sin inmutarse. El préstamo del FMI a su gobierno, en dos desembolsos que se pactaron por 57.000 millones de dólares, representa desde ese momento el más cuantioso de la historia del ente multilateral de crédito. El ala política del Fondo, monopolizada por Estados Unidos, prevaleció por sobre las objeciones de la técnica.

Contraviniendo las propias normas del organismo, los desembolsos se utilizaron para financiar la fuga de capitales —que durante el gobierno de Macri alcanzó los 86.000 millones de dólares— y sostener con posibilidades electorales al oficialismo. Lo primero se cumplió. El propio FMI lo reconoció en sus evaluaciones posteriores sobre la situación, de la que es co-responsable. De ese modo, quedó incumplida la finalidad del empréstito: se trataba de fondos preventivos para cubrir la inminencia del default en que estaba por caer la deuda que, previamente, el propio macrismo había contraído. Sobre la población ya pesaba, entre otros compromisos, el yugo de un bono pactado a un siglo.

Tanto la pausa cortesana como el endeudamiento externo serán los telones de fondo del gobierno que se inicia hoy. La deuda y sus consecuencias también fueron condicionantes del saliente, que no encaró ni expuso correctamente ante la sociedad la situación, pese a los reclamos de la principal corriente del oficialismo. No pudo, no quiso o no lo dejaron.

 

 

Apurones y remiendos

Tan pronto como se anunció el primero de los dos acuerdos stand-by con el FMI, a mediados de 2018, se presentaron pedidos de acceso a la información pública relativa a él y reclamos judiciales por su incumplimiento. Los organismos intervinientes demoraron la entrega de archivos y cuando por fin respondieron lo hicieron con documentación incompleta, a la que mencionaban como la única existente. Las omisiones, respuestas y los contenidos sirvieron para comprobar inconsistencias en fechas y conceptos.

Aun en el supuesto de que el Ejecutivo contaba con facultades para rubricar el endeudamiento externo sin someterlo a consideración del Congreso, el documento que se presentó como única base fue la Carta de Intención original suscripta por los representantes del país y del organismo de crédito.

La indagación permitió conocer que el expediente recién se formó dos semanas después del anuncio del acuerdo original, por parte del ministro Nicolás Dujovne y Federico Sturzenegger, aún presidente del Banco Central. Ya habían pasado además siete días desde la primera de las solicitudes de acceso a la información pública sobre el acuerdo, presentado por la Cooperativa de Trabajo “22 de Mayo” bajo patrocinio de la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAPI), y nueve desde la firma de la Carta de Intención.

Omisiones y fechas demuestran que, además de la formación tardía del expediente, se incumplieron varios pasos que expresamente obligan las leyes vigentes:

• no existía dictamen jurídico previo, como ordena el séptimo artículo de la Ley de Procedimiento Administrativo;
• como los memorandos adjuntos a la Carta de Intención no ofrecían fundamentos, se incumplió el requisito de causa válida que demanda la misma normativa;
• tampoco constaba un dictamen técnico del Banco Central, informando el impacto del préstamo en la balanza de pagos, requerido por el artículo 61 de la Ley de Administración Financiera;
• los datos y proyecciones que sirvieron como supuestos no se fundaron en ningún estudio u opinión técnica, e
• incumpliendo el artículo 99 de la Constitución, la decisión no se plasmó en decreto presidencial alguno y tampoco se delegó por esa vía en las autoridades que actuaron sin producir otras resoluciones.

Ese tránsito da cuenta no sólo de la opacidad del trámite, sino también del apuro con que se gestó. Corría 2018 y la aceleración de la fuga de capitales, la consecuente crisis cambiaria y el inminente default de la deuda previa derivarían en un impacto en la economía doméstica para el año siguiente, de elecciones presidenciales.

La ausencia de dictamen del Banco Central fue reconocida por el propio organismo cuando debió responder a un reclamo de acceso a la información pública por parte del Centro de Estudios para la Integración Financiera, también con patrocinio de la CAPI.

El BCRA pretendió justificar la falta en que tal dictamen no era necesario, porque había participado de una “evaluación comprensiva” del impacto macroeconómico del crédito “conjuntamente con el Ministerio de Hacienda y el FMI”. Es decir, con la cartera a la que debía controlar y el prestamista. De ese modo, dejó actualizada la vieja metáfora de Arturo Jauretche sobre manuales y almaceneros.

Esa respuesta del Banco Central forma parte del corpus documental que la CAPI dispuso para su consulta en línea, en un sitio web específico.

 

 

En pocas palabras

La presentación patrocinada por la CAIP que espera una resolución de la Corte reclamaba la nulidad de lo actuado. No enfocó en judicializar una decisión política tomada por un gobierno democráticamente electo, sino en lograr un pronunciamiento sobre la violación de las normativas vigentes que regulan la discrecionalidad de las autoridades.

Tampoco es fácticamente posible retrotraer la situación. Un pronunciamiento judicial podría emitir, en cambio, un criterio claro a futuro. Adicionalmente, las inconsistencias detectadas en los procedimientos locales y los incumplimientos del FMI sobre sus propias reglamentaciones habrían podido oficiar como herramientas para una mejor renegociación. Nada de eso ha ocurrido hasta ahora.

El reciente freno de la Corte ratifica un comportamiento constante en torno al hecho histórico de los empréstitos acordados en 2018 con el FMI, sobre cuyo trámite el máximo tribunal demora pronunciarse desde hace más de dos años.

Un indicio había llegado al promediar 2020, cuando un informe elaborado por la CAIP sirvió de insumo a la comisión bicameral del Congreso encargada del “seguimiento y control” de la gestión de la deuda externa. El cuerpo requirió a la Corte que informase sus actuaciones, por otro expediente ya en poder del tribunal. No hubo respuesta.

El tema sobre el que por entonces debía manifestarse el máximo tribunal giraba en torno a los incumplimientos en el acceso a la información pública con relación a la deuda. El Ministerio de Hacienda había apelado una sentencia adversa de Cámara. En octubre de 2022, la Corte desestimó el recurso y la dejó firme.

 

En esa única oración coincidieron los cuatro supremos. Quedará por ver cómo se resuelve el expediente frenado súbitamente a fines de noviembre, y qué incidencia tiene en ello la fractura cada día más expuesta de la Corte. El jueves 7, su consolidada mayoría se mostró deliberadamente entre infrecuentes risas, en la confitería de Recoleta en que regaron su amistad dos de los más grandes escritores de ficción.

 

 

 

 

 

 

 

 

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