La deuda no puede mandar

 

Al analizar con realismo el cuadro de situación y las presiones que genera la deuda pública, no podemos sino ratificar que la “deuda no puede mandar” sobre nuestra Nación y nuestro pueblo. 

Las exigencias derivadas se traducen en el empeoramiento de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y en la creciente asfixia de nuestra economía, que ha sido corroborada de manera exponencial durante el gobierno de Javier Milei, con brutales niveles de pobreza e indigencia. Alrededor de 24,8 millones de personas son pobres al primer semestre de 2024 (datos del INDEC), es decir con 5,4 millones más de pobres que en el primer semestre de 2023. La pobreza infantil abarca al 66% de las niñas y niños.

Este hecho sucede en un país que es el tercer exportador mundial de alimentos, que exporta cada vez más petróleo y gas, y que por ello debería crecer en forma sostenida y distribuir ingresos en forma creciente, solucionando definitivamente el drama de la pobreza e indigencia. 

Al contrario, se favorece a una minoría parásita y rentista, en cuyo beneficio se contrae una exorbitante deuda pública —que no se investiga ni se investigó y que es la contraparte de la fuga de capitales—, que evade y elude impuestos, que subfactura exportaciones, sobrefactura importaciones y que hasta recurre al contrabando. 

Así, se apropian del presente y del futuro de todos los habitantes de nuestra Nación, de esta generación y de las generaciones futuras. 

Como venimos afirmando, es urgente un cambio de estrategia en cuanto al tratamiento de la deuda, volviendo al principio rector que manifestó el 1 de marzo de 2004 el entonces Presidente Néstor Kirchner en su mensaje al Congreso: “No existe otra posibilidad que el crecimiento como garantía para la sustentabilidad interna, para el cumplimiento externo… No existe margen para recurrir a más ajustes ni al incremento del endeudamiento. No pagaremos la deuda a costa del hambre y la exclusión de millones de argentinos… Sabemos que nuestra deuda es un problema central. Pero no pagaremos de cualquier modo”. 

En el presente texto nos referimos a medidas clave para ese cambio de estrategia, alertando que:

• Es en extremo grave dejar las manos libres al Presidente Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, cuando a) los compromisos por la deuda para el próximo año 2025 son superiores a los 17.200 millones de dólares más 2.100 millones de dólares de bonos Bopreal; b) por el DNU 846/24 se elimina la obligación que establece la Ley de Administración Financiera para realizar canjes de bonos de la deuda, de exigir mejores condiciones a los bonistas en por lo menos dos de los siguientes términos: plazo, quita de capital, o intereses; c) por el mismo decreto se extendió la capacidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional para mantener hasta el 70% de su cartera en títulos públicos con o sin garantías, en tanto se permite la suscripción de instrumentos de deuda pública en cualquier moneda, con otros títulos de deuda pública en cualquier divisa. Las responsabilidades del Congreso de la Nación al respecto son gravísimas, pues en los hechos admite la vigencia de decretos de necesidad y urgencia viciados de nulidad absoluta, declinando sus facultades e incumpliendo sus obligaciones constitucionales.
• Es imprescindible aprovechar la libertad que brinda la terminación del acuerdo vigente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a fin del presente año (2024) para hacer una política económica y social independiente de las imposiciones del organismo. Por ello y otras razones que expondremos más adelante, un nuevo acuerdo con el FMI —como busca el actual gobierno— sería nocivo e innecesario.

 

 

Con Milei, aún más deuda

El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) dejó una deuda bruta de 222.703 millones de dólares, el 60% de esta era intra sector público —en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, de los bancos oficiales, de distintos fondos fiduciarios argentinos, etc.—, el 31% era con el sector privado (unos 69.038 millones de dólares) y el 9% era con organismos internacionales (unos 20.043 millones de dólares). El país no tenía deuda con el FMI al que se le habían pagado todas las acreencias en enero de 2006. Por lo tanto, la deuda externa en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89.081 millones de dólares.

Actualmente —al 30 de septiembre de 2024— la deuda ha crecido hasta alcanzar la suma de 460.068 millones de dólares, es decir, se ha duplicado en menos de diez años.

Ya durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) la deuda se incrementó en 97.927 millones de dólares, de los cuales 44.559,9 millones de dólares corresponden al FMI. En paralelo, en forma sistemática, se fugaron 86.200 millones de dólares. Las empresas que compraron esos dólares, en su amplia mayoría, no lo pueden demostrar en sus ejercicios contables, lo cual resulta fácilmente verificable al analizar los balances. Es decir, que, una vez más, el endeudamiento externo no tuvo como destino la ampliación de la infraestructura del país o el desarrollo productivo o social, sino que sirvió para financiar la fuga de capitales.

Pero ni el Poder Legislativo, ni la Justicia investigaron esas operaciones ni el acuerdo con el FMI que podrían resultar en un accionar ilícito, a pesar —entre otras— de la denuncia y causa judicial iniciada por la Oficina Anticorrupción basadas en el informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en la auditoría de la Sindicatura General de la Nación, en la que el gobierno de Alberto Fernández instruyó que la Procuración del Tesoro se presentara como querellante ^[1]. Durante ese gobierno (2019 - 2023) se siguieron efectuando los pagos a los acreedores externos, tanto públicos como privados, y a pesar de haber realizado una refinanciación de deuda con los bonistas y de extender los plazos con el FMI mediante el acuerdo de facilidades extendidas (SAF-EFF), se consolidó un perfil de vencimientos que comprometió las finanzas futuras del país.

En ese contexto, el BCRA siguió pagando fortunas a los grandes bancos privados del país por captar depósitos y —sin correr riesgo— comprar Letras de Liquidez (Leliq) y otros pasivos remunerados, en vez de financiar el trabajo y la producción.

El despilfarro fue potenciado a partir de la asunción del Presidente Javier Milei, con la gestión actual del ministro de Economía, Luis Caputo, y de su socio, Santiago Bausili, presidente del BCRA. 

A la falta de investigación de la deuda con el FMI y a la política dadivosa con los grandes fondos de inversión y banqueros que operan en el país, deben sumarse los siguientes factores:

a) El déficit fiscal del año 2023, estimado en 4,7% del PIB por la Cuenta de Inversión, es financiado con títulos de deuda interna del Tesoro de la Nación. Se trata de un monto en pesos equivalente a 22.560 millones de dólares.

b) El reconocimiento de los fuertes intereses que devengan estos títulos del Tesoro de la Nación.

Así, la deuda creció en los primeros nueve meses del año 2024 en 89.394 millones de dólares.

 

 

 

¿Qué hacer con la deuda?

El Presidente Nicolás Avellaneda, que asumió la presidencia en 1874 durante una de las tantas crisis de la deuda externa que ha tenido la Argentina, planteaba: “Millones de argentinos economizarán hasta sobre su hambre y sobre su sed para responder a los compromisos con los mercados extranjeros”. Para ello redujo fuertemente el gasto público, despidió empleados del Estado y bajó sus sueldos, y en el frente externo gravó las importaciones de bienes industriales. Es decir, con el Presidente Javier Milei no hay nada nuevo, sólo perfecciona el esquema iniciado por Avellaneda y repetido entre otros por Álvaro Alsogaray en la década del ‘60, José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura, Luis Caputo en el gobierno de Mauricio Macri y en el gobierno actual.

Nos encontramos frente a un proceso de apreciación de la moneda nacional a corto plazo, impulsado por la atracción de flujos de capital financiero para realizar la denominada “bicicleta financiera” o carry trade, por el endeudamiento, por las privatizaciones o la entrega de los recursos naturales o mejoras transitorias en los términos de intercambio. Estas circunstancias no son excluyentes y, a menudo, se refuerzan entre sí, generando una falsa percepción de mejora en la situación macroeconómica, lo que fomenta un aumento en el consumo de bienes y de viajes al exterior.

Sin embargo, esta aparente bonanza económica carece de una base sólida y no se traduce en un verdadero fortalecimiento de la economía real. No se observa un incremento significativo en la relación inversión-PIB que permita mejorar la competitividad sistémica, ni se logra un equilibrio en el sector externo con el tipo de cambio apreciado. Por el contrario, estos procesos tienden a profundizar la brecha social, deteriorando la distribución del ingreso y creando ganadores y perdedores claramente definidos.

La acumulación de activos financieros en moneda nacional a tasas insostenibles para la economía real suele exigir su conversión a moneda dura. Al principio, este fenómeno puede pasar desapercibido, ya que el esquema de carry trade, similar a los esquemas Ponzi, se sostiene mediante la entrada de nuevos participantes. Sin embargo, cuando el volumen de salida de capital supera al de entrada, el sistema colapsa, dejando como único legado la deuda acumulada por el Estado para mantener una prosperidad ficticia.

Para evitar estos ciclos recurrentes de endeudamiento y dependencia en la economía argentina es imprescindible:

1. En el plano externo:

a) Revisar el otorgamiento de los préstamos al país, tanto de organismos internacionales como el FMI, de instituciones financieras privadas internacionales, de bancos colocadores de bonos, y los pormenores de los acuerdos, como así también los fallos de jueces y Cortes Supremas extranjeras que hayan beneficiado a fondos especulativos (buitres) lesivos para la Nación. 

b) Exigir al Fondo Monetario que asuma las consecuencias derivadas del irregular otorgamiento del préstamo stand by al país en 2018 y establecer una urgente revisión del Acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (SAF-EFF) de 2022, ya casi prácticamente desembolsado y cuya amortización se comenzará a pagar en septiembre de 2026. Esa revisión plantea la quita de capital, la eliminación de sobretasas y un cambio de condiciones (ya que la reciente baja de tasa al 0,6 % y de sobretasas es mínima y no hace que la devolución de amortización y cargos financieros sea sustentable). 

c) Salir del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial —como se tendría que haber hecho en 2007 cuando salió Bolivia; en tanto, Brasil nunca aceptó someterse a este tribunal arbitral—. 

d) Reemplazar la Ley de Inversiones Extranjeras por otra que implique que estas se orienten al desarrollo económico del país.

e) Revisar las cláusulas de cesión de soberanía jurídica en la emisión de bonos del Estado y en la legislación vigente.

f) Investigar y denunciar en su caso a) la connivencia entre Paul Singer (fondos buitre) e integrantes de la Corte Suprema de Estados Unidos; b) lo mismo con los fallos del juez Thomas Griesa a favor de los fondos buitre y el de su sucesora Loretta Preska respecto a YPF.

g) Apoyar iniciativas en el ámbito mundial que buscan: 1) alternativas para el tratamiento de la deuda de los países de ingresos medios y bajos; 2) modificar las leyes que permiten en países de ingresos altos la adquisición de deuda en default con el objetivo de litigar, como la Ley Champerty, que en 2004 fue modificada en el Estado de Nueva York dando lugar al negocio de los fondos buitre.

h) Determinar el objetivo y el destino de los lingotes de oro del BCRA enviados al exterior por las autoridades del organismo.

2. En el plano interno:

a) Establecer que el peso del pago de la deuda recaiga sobre aquellos que se beneficiaron esta, fugando capitales del mercado.

b) Mantener cuentas públicas equilibradas. En este sentido, cabe reiterar que “del análisis de las cuentas públicas resulta evidente que el impulso del desequilibrio fiscal no es debido al gasto social. La estructura de ingresos fiscales en la Argentina tiene un carácter claramente procíclico y su perfil castiga a sectores más sensibles en períodos recesivos y beneficia particularmente a quienes cuentan con mayores prebendas, o con capacidad para realizar maniobras de elusión o evasión impositiva”. Por ello resulta imprescindible revertir la regresividad del sistema impositivo a la par que se combate con rigor la evasión y elusión impositiva, tal como proponemos en el siguiente punto.

c) Promover un sistema tributario más simple, progresivo y con controles efectivos para combatir la evasión fiscal, de manera que se puedan distribuir las cargas tributarias de forma más justa y equitativa, en función de la capacidad contributiva y los beneficios que cada ciudadano recibe del gasto fiscal. No cabe duda de que el sistema beneficia en mayor medida a quienes poseen grandes capitales que a aquellos que apenas pueden subsistir. Por ello, es lógico que quienes más se benefician del sistema y del proceso de deuda y fuga, contribuyan en mayor medida para sostenerlo. 

Aunque esta premisa parece obvia, en la práctica muchas veces no se cumple, lo que da lugar a continuar con grandes focos de evasión. A menudo, los mayores evasores son también los principales responsables de la fuga de capitales, lo que resalta la importancia crucial de un control riguroso en la recaudación fiscal. Esto no solo proporcionará mayor autonomía en la formulación de políticas públicas, sino que también reducirá la vulnerabilidad ante los vaivenes financieros internacionales, permitiendo un desarrollo económico más sostenible y menos expuesto a crisis recurrentes de sobre endeudamiento.

d) Realizar la investigación pública de la evasión fiscal y la fuga de capitales. 

e) Restablecer el decreto 2581/1964^[2], revisando sus sucesivas modificaciones, norma que reglamentaba la emergencia cambiaria y facultaba al BCRA a imponer plazos de liquidación de las exportaciones —desde el embarque y no por declaración jurada—, así como los pagos de importaciones con financiación a plazo que carezcan de aval bancario o crédito documentario, letras u otros documentos, que debían ser previamente justificados ante el Banco Central.

f) Levantar el secreto bursátil, bancario y fiscal que protege a los responsables de fuga de capitales, maniobras de evasión o elusión tributaria. Cada blanqueo que se realiza los favorece, y debe establecerse la estricta prohibición de borrar sus datos de los correspondientes registros (lo que de concretarse implica un delito penado por el art. 11 de la Ley Penal Tributaria).

g) Reforzar la administración cambiaria sobre las divisas del BCRA, con énfasis sobre las que requieren las grandes empresas para cancelar sus deudas de capital e intereses intra y extra-firma, y las que ocultan maniobras ilegales comerciales, cambiarias y/o impositivas.

h) Aplicar la Ley 19.359 Penal Cambiaria y el Decreto 480/1995 que la reglamenta.

i) Modificar la Ley 21.526 de Entidades Financieras de Martínez de Hoz impuesta por la dictadura y vigente desde 1977, por una ley de servicios financieros, de carácter público, sujetos a regulaciones específicas según sus características, la protección del ahorro y su canalización al consumo interno y la inversión en el país.

j) Crear por ley del Congreso un fondo en dólares para el pago de la deuda externa real auditada, con base en tributos que graven ganancias extraordinarias, en el ingreso de penalización fiscal por fondos no declarados al fisco, o por todo tipo de transacciones de operaciones con el exterior no autorizadas por ley y todo otro ingreso fiscal de carácter especial que determine la ley.

 

 

Nunca más un nuevo acuerdo con el FMI

El actual acuerdo de la Argentina con el FMI, se tomó en 2022 para pagar el préstamo que en contra de su propio convenio constitutivo (“Articles of Agreement”) otorgó ese organismo al gobierno de Mauricio Macri en 2018-2019. Hoy solo resta que el FMI apruebe las dos últimas revisiones y desembolse el monto remanente de unos 1.000 millones de dólares. No queda más dinero del FMI para entregar a la Argentina en el marco de este acuerdo, ni la Argentina debe seguir sometida a revisiones trimestrales perentorias ni a cumplir condicionalidades de ningún tipo. 

El gobierno viene anunciando que solicitará un nuevo acuerdo con el FMI, y este ha sugerido que podría ser en 2025. Pero es fundamental evitar un nuevo programa con el organismo, por varias razones.

 

 

Los motivos

Un nuevo programa del FMI sometería nuevamente al país a cumplir sus exigencias, nocivas para la Argentina y para los argentinos: devaluación, ajuste recesivo, aumento de las tarifas de la energía, importaciones sin control, apertura financiera, facilidades y beneficios al gran capital, entrega de los recursos naturales, privatizaciones, desregulaciones, degradación de los servicios públicos y de las condiciones de vida, entre otras. Si bien todo esto forma parte de las políticas del gobierno actual, la existencia de un nuevo programa con el FMI validaría aún más estas medidas y ataría las manos al próximo gobierno. Las desventajas de un nuevo acuerdo son: 

• Los montos de un nuevo programa del FMI serían ínfimos en relación con la necesidad de dólares de la Argentina. El país es el mayor deudor del FMI, le adeuda casi diez veces su cuota. No hay ninguna línea de financiamiento del FMI de desembolso efectivo disponible para el país, de montos importantes. El Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad (FRS), creado con Derechos Especiales de Giro (DEG) emitidos en 2021, y en el caso de que la Argentina fuera elegible, sólo proveería montos muy pequeños (unos 1.500 millones de dólares, aunque algunos economistas lo estiran a 5.000 millones, pero el acceso al FRS es el 150% de la cuota o 1.000 millones de DEG, el monto que resulte menor), exige un acuerdo vigente por al menos un año y medio de plazo y fuertes reformas. La Argentina quedaría nuevamente sometido a cumplir las exigencias del FMI, a cambio de un monto menor que no soluciona nada. 
• Los dólares frescos no solamente engrosarían la deuda pública, sino que se destinarían a la fuga, según las inclinaciones oficiales a privilegiar lo financiero por encima de lo productivo y del bienestar de la población.
• Hasta septiembre de 2026, la Argentina no tiene que hacer pagos de capital al FMI, sino de intereses y cargos, finalidad para la que ese Fondo no presta sus recursos. De manera que no tendría sentido ahora hacer un nuevo acuerdo que reprograme pagos al FMI que comenzarán dentro de dos años. 
• La situación normal y deseable de los países miembros del FMI es no tener programas de financiamiento con el organismo. Esta situación es excepcional, y así debe considerarse.
• No se propone dejar de ser miembro del Fondo, sino salir de sus condicionalidades. La membresía en este organismo es un requisito en el actual orden internacional para operar con las instituciones del sistema monetario internacional, acceder a financiamiento de otros organismos multilaterales y de los mercados, e incluso pertenecer a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Pero el Fondo Monetario es un acreedor demasiado condicionante, como lo demuestra la experiencia histórica de la Argentina y de otros países. Los países democráticos de ingresos medios no permanecen mucho tiempo bajo programas del FMI, sino que procuran salir cuanto antes para recuperar su soberanía económica, política, social y autonomía en sus relaciones internacionales.

En suma, las desventajas de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional superan largamente las ventajas; es necesario evitarlo, para romper las ataduras que impiden a los argentinos vivir dignamente y transitar un camino al crecimiento con equidad y prosperidad compartida.

Romper la esclavitud de la deuda es imprescindible y urgente para poder modificar la dependencia financiera que nos agobia y empuja a un nuevo quebranto. 

La tarea actual es definir cómo avanzar políticamente hacia ese objetivo, que es uno de los ejes centrales del acuerdo social y federal que proponemos, basado en un plan común a los sectores nacionales y regionales del trabajo y la producción, al que refieren nuestras propuestas vinculadas a los reclamos de las organizaciones sindicales, sociales, organismos de derechos humanos, agremiaciones, pymes y cooperativistas.

 

 

^[1] Existe un proyecto de ley con sanción del Senado que exigía su investigación; nunca fue llevado al recinto en la Cámara de Diputados (Exp.N°0016-S-2022, Unión por la Patria, Senador Oscar Parrilli). Además, en la Justicia se tramitan varias denuncias sin avances sustantivos hasta la fecha: 1) la causa “Codianni, Eduardo Julio c/ en s/ amparo ley 16.986” (Expte. N° 7651/2019), que hoy se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sin avances desde 2020; 2) la causa ante el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9, a cargo del Doctor Pablo Cayssials, que solicita la nulidad de todo lo actuado con el FMI, incluyendo las Cartas de Intención y los memorándums de entendimiento, puesto que los demandantes consideran que no se cumplimentaron los procedimientos administrativos del Estado ni de la de administración financiera, y 3) la causa penal 3561/19 “Macri Mauricio y Otros s/ defraudación por administración fraudulenta contra la Administración Pública" que tramita ante el Juzgado Nacional Criminal y Correccional Federal 5 a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal Franco Picardi , que fuera iniciada por denuncia de la Oficina Anticorrupción.

^[2] Gobierno del Presidente Arturo Illia. En su artículo 5  sostiene que “la ejecución de las remesas de divisas extranjeras por otros conceptos no previstos expresamente en este Decreto serán regladas por el Banco Central de la República Argentina el que conforme a la naturaleza de las mismas fijará los límites correspondientes".

 

 

El Foro Economía y Trabajo está integrado por economistas y otros especialistas a propuesta de organizaciones sindicales de nuestro país, abierto a todas las instituciones que integran el Movimiento Sindical Argentino, así como a los aportes de organizaciones que agremian a las Pyme, cooperativas y a la economía popular. En el presente documento también hacen sus aportes colegas de diversas disciplinas que lo suscriben, pues solidariamente, decidieron aportar a nuestras propuestas para un plan nacional económico, social y federal. Los documentos y definiciones corresponden a sus autores, que tienen nuestro agradecimiento, que se extiende a quienes consideran la propuesta de participar en la articulación de un programa económico con eje en el trabajo, la producción, la justicia social, la defensa de los recursos y la soberanía nacionales. [email protected] 11-49367981

Ricardo Aronskind, Carlos Baraldini, Gabriel Barceló, Noemí Brenta, Juan Pablo Costa, Norberto Crovetto, Raúl Dellatorre, Marcelo Di Ciano, Marisa Duarte, Eduardo Dvorkin, Roberto Feletti, José María Fumagalli, Carlos Gutiérrez, Ricardo Koss, Bernardo Lichinsky, Nicolás Malinowsky, Santiago Mancinelli,  Pablo Manzanelli, Jorge Marchini, Antonio Mezmezian, Felisa Miceli, Tomás Raffo, Horacio Rovelli, José “Pepe” Sbatella, Nahuel Silva, Andrés Wainer. Coordinación: Eduardo Berrozpe.

 

 

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