La deuda hambrea

 

 

En los últimos seis años, casi el 70% de los países que las instituciones internacionales definen como “en desarrollo”, enfrentaron problemas de sostenibilidad para cumplir con sus obligaciones internacionales. Solo en 2023, esas naciones se vieron obligados a destinar una media del 16% de los ingresos por exportaciones para pagar el servicio de la deuda.

 

Contra el bienestar del Sur Global

Según la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), principal organismo de la ONU en la materia, aunque la deuda pública “es una herramienta fundamental para el desarrollo”, el aumento del costo de sus intereses ejerce presión sobre los presupuestos gubernamentales y les deja poco margen para inversiones esenciales. En la actualidad, sostiene la UNCTAD, muchos países del Sur Global “se están hundiendo en una crisis de desarrollo” resultante de la deuda. Ésta alcanzó en 2023 la cifra récord de 11,4 billones de dólares (1 billón = 1.000 millones), monto que representa el 99% de los ingresos obtenidos por sus exportaciones. La tendencia se presenta como imparable: la deuda se quintuplicó en menos de 20 años, pasando de 2,6 billones de dólares en 2004 a 11,4 billones, hace dos años.

Las consecuencias de este flagelo condicionan la cotidianeidad social planetaria. Unos 3.300 millones de personas —sobre una población mundial actual de 8.200 millones— viven en países que gastan más para pagar sus deudas que en salud, educación o en inversiones para enfrentar el calentamiento global y la crisis climática.

 

 

Esta problemática vuelve a acaparar la atención de los organismos internacionales entre marzo y junio. Del 17 al 19 de marzo se realizó en la sede onusiana de Ginebra, Suiza, la 14ª Conferencia Internacional sobre Gestión de la Deuda. Fue convocada en la perspectiva de constituir una “plataforma para debatir y compartir experiencias” sobre los avances y retos críticos a los que se enfrentan los países en desarrollo para gestionar su deuda pública en el actual contexto económico mundial. Es decir, para “abordar uno de los mayores retos económicos de nuestro tiempo: cómo gestionar la deuda pública sin frenar el desarrollo”. Tras ese evento ginebrino, el Grupo Consultivo del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE) tiene previsto “establecer prioridades estratégicas para la gestión de la deuda en todo el mundo”.

Todo esto, en la perspectiva de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FfD4), que se realizará entre el 30 de junio al 3 de julio próximos en Sevilla, España. Ese evento con el objetivo de “acelerar la implementación de la Agenda 2030 [evaluar el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible a nivel de deuda] y avanzar en la reforma de la arquitectura financiera internacional. 

Según voces críticas internacionales, como por ejemplo el Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), con sede en Bruselas, Bélgica, sigue siendo fundamental conseguir la anulación inmediata e incondicional de la deuda pública del Sur. Por su parte, los principales movimientos sociales a escala mundial, como La Vía Campesina, incluyen también esta reivindicación entre sus principios fundamentales y defienden como esenciales el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria.

 

 

Mecanismo de dominación

En un reciente análisis publicado por el CADTM, el especialista Maxime Perriot sostiene que “tras la descolonización, la deuda ha mantenido el yugo colonial de las potencias imperialistas en el Sur Global”. En su afinado texto compara la anterior crisis de la deuda con la actual y afirma que “cuando se produjo la crisis de la deuda de la década de 1980, los Estados sobreendeudados recurrieron al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial quienes, a cambio de sus préstamos, impusieron políticas de apertura de las economías, privatizaciones, reducción del gasto social”. Oficialmente, esas instituciones les pidieron que redujeran sus gastos para desendeudarse. Sin embargo, extraoficialmente, según Perriot, “el objetivo era político: reembolsar a los acreedores privados e integrar el mayor número posible de países en la globalización capitalista, en beneficio de las clases dominantes del Norte”. Y constata que “cuarenta años después, vivimos una situación similar”. 

El análisis sostiene que, en el año 2023, los Estados y los actores privados del Sur global (excluyendo China) pagaron más de 971.000 millones de dólares a acreedores extranjeros. Y coincide con las instituciones onusianas en que el servicio de la deuda pública supera a menudo el importe de los presupuestos de educación o salud. Por ejemplo, ese año, el servicio de la deuda pública de Kenia fue 5 veces más alto que el presupuesto de salud, en tanto que el de Túnez fue 4 veces mayor.

 

 

Perriot introduce diversos elementos analíticos de importancia. El peso de la deuda pública del Sur Global es enorme y conlleva consecuencias desastrosas de reembolso y de condicionalidades que imponen los organismos financieros internacionales. Si se excluye China, ese tipo de deuda supera los 3.800 billones de dólares. Sin embargo, aclara, la deuda pública externa total de 130 países del Sur global equivale solo al 10% de la deuda pública de los Estados Unidos. Lo que contrarresta y desarma una argumentación absolutamente falsa desplegada sistemáticamente desde el Norte que afirma que la cancelación de la deuda de los países del Sur llevaría a la quiebra de la economía mundial.

Por otra parte, el sector privado de los países del Sur, y en particular las empresas, también se endeudan considerablemente con acreedores externos. Dicho sector representa una parte muy importante de la deuda externa global de los denominados países en desarrollo. Perriot concluye que, desde los años '80 se ha ido dando un aumento rápido y constante de la deuda privada y pública del Sur global. Dicho incremento hace que estos países y sus empresas sean vulnerables a los movimientos de capitales siempre muy volátiles y a las condicionalidades exigidas por los prestamistas públicos en tiempos de crisis, especialmente definidas por el Fondo Monetario Internacional.

 

 

Deuda = hambre

Ante la crisis mundial de la deuda, la elevada inflación y el aumento constante de los precios de los alimentos, muchos países se enfrentan a la “imposible disyuntiva” de pagar la deuda o asegurar una correcta nutrición de su población. A la base de tal afirmación se encuentra Michael Fakhri, Relator especial de las Naciones Unidas para el Derechos a la Alimentación, en un diálogo interactivo en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra del pasado 11 de marzo. Fakhri explicó que el uso de fondos públicos para garantizar que la población tenga acceso a una alimentación adecuada puede hacer que un gobierno se atrase en el pago de su deuda y se agraven con ello los choques financieros. En cambio, si opta por pagar la deuda, se genera más hambre y malnutrición.

“Esto quiere decir que el actual sistema internacional de financiamiento obstaculiza de manera inequívoca la capacidad de los gobiernos para cumplir sus obligaciones con respecto al derecho a la alimentación”, argumentaba Fakhri en su último informe dirigido al 58 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos.

 

 

El informe del experto de las Naciones Unidas dedica todo un apartado a esta problemática. Afirma que “la deuda limita la capacidad de los gobiernos para hacer efectivo el derecho a la alimentación” y recuerda que, para hacer frente a la crisis financiera de 2008, casi todos los países pidieron préstamos a instituciones financieras internacionales e inversores privados a fin de apoyar a las empresas afectadas. La hipótesis era que los ingresos tributarios generados por la recuperación y la expansión económicas permitirían reembolsar esos préstamos. A partir de 2020, la pandemia de COVID-19 y sus devastadoras consecuencias económicas, unidas a la elevada demanda de gasto público, empujaron una vez más a gobiernos de todo el mundo a pedir prestado con tipos de interés sin precedentes, con lo que la deuda soberana alcanzó niveles inéditos.

Para hacer frente al pago de los préstamos, muchos gobiernos han tenido que recortar drásticamente el gasto público, incluso en servicios sociales críticos que son vitales para garantizar el acceso a una alimentación adecuada a los segmentos más pobres de la sociedad. Al mismo tiempo, la inflación ha aumentado significativamente el costo de los alimentos, haciéndolos menos asequibles para los hogares con bajos ingresos y empujó a más personas a caer en situación de hambre. Para importar la misma cantidad de alimentos los países están gastando mucho más, lo que afecta sobre todo a los de ingreso bajo.

Fakhri concluye que los sistemas alimentarios contemporáneos (es decir el actual modelo dominante de producción y distribución) contribuyen al incremento de la deuda. Señala cuatro factores que caracterizan a la interacción de los sistemas alimentarios con las finanzas públicas.

En primer lugar, la creciente dependencia de los bancos y los operadores con respecto al dólar. Por tal motivo, las naciones dependientes del comercio son vulnerables ante la economía política de los Estados Unidos. Impulsa a que muchos países en desarrollo diseñen sistemas alimentarios especializados en cultivos comerciales con fines de exportación para obtener divisas, por lo general en detrimento de los cultivos alimentarios diversificados que consumían tradicionalmente las poblaciones locales.

 

 

En segundo lugar, el impacto de los flujos financieros extractivos. Durante decenios, los gobiernos han desinvertido en agricultura y gasto social, permitiendo que los sistemas de producción de alimentos queden en manos de grandes empresas y de instituciones financieras. Como resultado se da la limitación de la capacidad de los Estados y la transferencia de riqueza y recursos de las comunidades rurales a los sectores empresarial y financiero, así como de los países de ingreso bajo hacia naciones de ingreso alto. Estos flujos están impulsados por modelos insostenibles de financiación del desarrollo, como son los programas de ajuste estructural, las alianzas público-privadas y la inversión extranjera. Modelos que priorizan el crecimiento promovido por las exportaciones y los intereses corporativos, que se imponen por encima de las necesidades locales. Adicionalmente, la evasión fiscal, la fuga de capitales y el servicio de la deuda agravan las tensiones fiscales, especialmente en los países de ingreso bajo, dejándolos sin capacidad para invertir en servicios sociales esenciales y en medidas para hacer frente a la malnutrición y el hambre.

Un tercer elemento de la relación entre los sistemas alimentarios mundiales que afectan a la deuda soberana está relacionado a los llamados ciclos de auge y caída. Cuando suben los precios de los alimentos, las multinacionales utilizan su poder adquisitivo y su dominio de las cadenas de suministro para captar todas las ganancias, dejando muy poco margen a las pequeñas y medianas empresas o a los agricultores. Por ejemplo, entre 2020 y 2022, las grandes corporaciones de fertilizantes y cereales obtuvieron enormes beneficios a expensas de los agricultores y los gobiernos del Sur Global.

Por último, el impacto del cambio climático que incrementa los costos por préstamos para los países de ingreso bajo. Resultado directo de que las instituciones financieras y los prestamistas privados penalizan a las naciones vulnerables al clima con tipos de interés más altos, lo que conduce a un mayor endeudamiento y a una menor capacidad de inversión para el sector social y para combatir el hambre y la pobreza.

Deuda externa y padecimientos sociales, un binomio de consecuencias dramáticas. Crisis de la deuda y hambre multiplicado, consecuencias directas de ese binomio que se expresa en rostros humanos con cicatrices inhumanas.

 

 

 

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