LA DEUDA ES POR LA FUGA

 

Viene ganando espacio en el país, en los medios de comunicación, en el debate público e inclusive en las discusiones en la militancia política, y también ha permeado al Frente de Todos, el debate respecto de la reducción del déficit fiscal. Ahora, ¿por qué esa discusión se ha instalado como predominante frente a otros temas de la economía del país? La respuesta es que el FMI la impuso al ser inflexible con una fuerte reducción del mismo para aprobar una refinanciación de la deuda que contrajo con ese organismo, a la cual se negó a reestructurar y a la reducción de sobrecargos, así como a otorgar plazos que hagan sustentable el cumplimiento de los servicios sin afectar el crecimiento del país.

Corresponde entonces volver sobre el señalamiento crítico que demuestra que los fondos que prestó el FMI fueron para la fuga. Las cifras demuestran palmariamente la relación fuga-deuda en los distintos ciclos de endeudamiento, cuyas mayores intensidades correspondieron a los tres turnos de políticas neoliberales que sufrió la Argentina. El tema es que si la deuda ha sido por la fuga, Argentina debe estar preocupada para que la misma la paguen quienes fugaron. El programa que entonces se debería acordar con el FMI es como hacer que las personas físicas y jurídicas que mal-usaron los fondos de los stand-by de ese organismo sean las que tenga que afrontar la carga que esa conducta le originó al país. También resulta imprescindible que las
investigaciones sobre responsabilidades y culpabilidades en las irregularidades e incumplimientos normativos en el otorgamiento del préstamo del Fondo sean debidamente llevadas, tanto para los funcionarios argentinos como para los del FMI.

Resulta muy difícil combatir el discurso hegemónico que se viene imponiendo. Hasta del lado de la heterodoxia que comulga con el oficialismo surgen voces que niegan la existencia de la fuga de capitales, dan por naturalizado e irreversible el proceso de globalización financiera pregonando la inutilidad de medidas que mitiguen la inserción del país en la financiarización
de la economía internacional que construyó el proceso de liberalización financiera, comercial y cambiaria.

En esta dinámica discursiva la deuda queda asociada al déficit fiscal. Lo mismo sucedió hacia el final del ciclo menemista-delarruista. El debate tampoco reconocía la responsabilidad de la renuncia a tener política monetaria y política cambiaria por parte del gobierno nacional, como producto del modelo de la convertibilidad. También en esos tiempos los economistas del
mainstream y algunos heterodoxos achacaban al déficit fiscal y la coyuntura de bajos precios internacionales de productos tradicionales que exporta la Argentina, las culpas del desaguisado macroeconómico y del monumental endeudamiento externo-público. También quedaba a un costado el maridaje fuga-deuda.

 

 

 

El falso eje

Metido en la cuestión del déficit fiscal el pensamiento crítico pierde fuerza y sin razones aparece ese tema como responsable de la deuda externa. Hay que volver a reiterar que el primero es en pesos y la segunda en dólares. Que constituye una falla mayúscula financiar el primero con la segunda. Que el déficit debe financiarse con emisión o con endeudamiento interno, y si lo que se busca es su reducción puede hacérselo con más impuestos. Pero conviene explicitar que la reducción del déficit no provee los recursos para afrontar los servicios del endeudamiento. Esto último necesita de dólares. Precisamente lo que se fugó
fueron divisas y no moneda nacional.

Pese a la línea discursiva de la inflación multicausal, el “entendimiento” que supone el “acuerdo” que el FMI intenta imponerle a Argentina con la reducción del déficit fiscal y la emisión cero es típicamente monetarista. La reducción del déficit fiscal desde esta perspectiva siempre enfoca al recorte del gasto público como camino principal para lograrlo. Menos gasto público significa mayor regresividad en la distribución del ingreso, ya que el impacto de aquel sobre esta última es significativamente progresivo. Pero esa disminución del gasto implica un debilitamiento del poder del Estado. Menos recursos se traducen en un menor poder de intervención. Esa es la razón que invoca el economista polaco Michal Kalecki para explicar por qué los empresarios prefieren que el estímulo de la economía provenga del buen “clima de negocios” y no de una mayor intervención estatal. Según el autor, lo harían aun a costa de disminuir sus ganancias, pero en pos de garantizar su hegemonía en la dirección de la sociedad.

 

 

 

 

La reducción del déficit entonces no sería realizada con el objetivo de mejorar las condiciones de pago de la deuda con el Fondo sino con metas de orden político, restrictivas de la democracia, porque menos Estado es más peso empresarial, y menos participación de la sociedad en su conjunto en la toma de decisiones. Estas cuestiones son contempladas por la nueva teoría de las finanzas funcionales que sostiene, respecto al déficit, que lo que importa no es el orden cuantitativo del mismo sino el cualitativo. O sea sus consecuencias distributivas y sobre el crecimiento de la economía, más que la obsesión por su equilibrio, típica de los ortodoxos.

Un tema que se ha puesto sobre el tapete a partir del “acuerdo” con el FMI es el de las tarifas de servicios públicos. El fondo exige una reducción del nivel de subsidios respecto del producto que, según un escenario “optimista” de acuerdo a un estudio conjunto de las consultoras PXQ y Economía y Energía, implicaría un incremento de tarifas del 80%. Un verdadero tarifazo. La
pretensión del organismo multilateral va por un andarivel bien diferente al tipo de resultado de una segmentación de tarifas por poder adquisitivo en el marco de una recomposición moderada y progresiva de las mismas.

 

 

 

Es necesario un programa de reformas populares

Volver sobre un escenario de reformas de carácter democrático, nacional y popular implicaría la necesidad de insistir en la reconsideración de plazos y sobrecargos en la refinanciación. Pero además, ya que se instaló el tema del déficit y su financiamiento y la reestructuración presupuestaria para reducirlo, el camino acertado sería ir por el lado de los ingresos. Mejorar la administración tributaria debe ser un objetivo siempre presente. En ese sentido cobra magnitud eliminar las lógicas de evasión y elusión. En esa dirección es imperioso tomar medidas para afrontar las triangulaciones y precios de transferencia en el comercio exterior y también efectuar las reformas legales que faciliten el control y evitación de las conductas que apuntan al incumplimiento. Pero además el fisco debería crear nuevos impuestos que recaigan sobre los que más tienen. En primer lugar la extensión por varios años del impuesto a las grandes fortunas y establecimiento de un fuerte tributo a quienes fugaron las divisas que el FMI suministró a tal fin.

El economista Jorge Gaggero entiende que el Impuesto a la Herencia es una herramienta necesaria en el sistema tributario. Ese impuesto fue eliminado por Martínez de Hoz durante el Terrorismo de Estado, y según Gaggero podría recaudar un nivel que alcanzaría el 1% delPBI, teniendo en cuenta que algunos países recaudan el 2%. Además ese impuesto contribuiría muchísimo a la efectividad de la AFIP para la mejor fiscalización del resto de los impuestos directos. Gaggero piensa que el IVA debería ser segmentado, bajando su peso sobre los bienes de la canasta popular y subiéndola para los que son consumidos por los sectores de ingresos altos y medios-altos. También recomienda una tasa más elevada para el impuesto a los bienes personales, y la cesión de parte de la recaudación de los mismos a las provincias. Una suba de la tasa del impuesto a las ganancias y el establecimiento de un impuesto a las ganancias extraordinarias debería ser parte del menú, como también restituir el nivel de
imposición que tenían ciertos bienes suntuarios en los impuestos internos.

Si a la inversa se optara por reducir el gasto público, no sólo habría efectos sobre la distribución del ingreso, sino que además habría una merma en la tasa de crecimiento de la economía. Es tradición del FMI que una política de este estilo sea útil para que las importaciones decrezcan y las divisas que supuestamente se ahorrarían sean la fuente para el repago de la deuda. La asociación de una redistribución regresiva con un estancamiento de la economía y el debilitamiento de la capacidad de intervención estatal son el mejor caldo de cultivo para el aumento de la pobreza y la indigencia.

Con objetivos radicalmente opuestos a estos un documento de la CEEN (Central de Entidades Empresarias Nacionales) se pronuncia por un plan productivo federal y nacional que cree las condiciones de generar 1.000.000 de puestos de trabajo por año y que eleve la participación de los asalariados en el ingreso al 50% en dos años.

Por otra parte es necesaria la modificación del carácter del sistema financiero. La ley 21526 y las regulaciones de Basilea están agotadas. Pertenecen al paradigma neoliberal. Deben ser reemplazadas por otro régimen con otros fines y el predominio de otros actores. Principalmente la banca pública y cooperativa.

Las políticas exigidas por el FMI, en el “entendimiento” actualmente en discusión y en anteriores, porque el organismo muta sólo para peor, supone que al ahorro por importar menos se le deberán sumar los ingresos por un desarrollo exportador de urgencia, que sólo se podría lograr parcialmente mediante el impulso de los sectores con ventajas absolutas que son los que producen recursos naturales, la cadena agroexportadora y la minería. Esto conduciría a una intensificación del carácter subdesarrollado del país. Sería un crecimiento que conduzca a una mayor dependencia. Y la tercera fuente prevista en el programa del organismo es el ingreso de Inversión Extranjera Directa. La IED, sin embargo es una fuente de financiamiento
externo que genera tanta o mayor inestabilidad financiera que el endeudamiento, según un artículo de Abeles, Grinberg y Valdecantos publicado por CEPAL en Estudios sobre financiarización y desarrollo: “Sólo un tercio de los flujos de IED ingresantes se destina a la acumulación de capital fijo; los dos tercios restantes se dividen en fusiones y adquisiciones… y
'pérdidas' que abarcan desde el desplazamiento de proyectos de inversión de empresas locales hasta la adquisición de activos financieros”.

Como se ve, un programa popular requiere de un curso distinto del que se llegó al fin del camino de la negociación. Es necesario entonces un debate amplio en relación al “entendimiento” puesto en consideración, que conduzca a una reformulación de lo alcanzado para que desentone menos con el proyecto de reformas que Argentina necesita para su independencia económica y justica social. Eso requiere del ejercicio de la soberanía política.

 

 

 

 

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