La deuda en materia de confianza

 

La Ley sobre Refugio Nº 18.076 de Uruguay establece en su artículo 2° que “Será reconocido como refugiado toda persona que:

1. Debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, género, raza, religión, nacionalidad, u opiniones políticas se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o —a causa de dichos temores— no quiera acogerse a la protección de tal país, o que careciendo de nacionalidad y hallándose a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o —a causa de dichos temores—, no quiera regresar a él.
2. Ha huido del país de su nacionalidad o careciendo de nacionalidad, ha huido del país de residencia porque su vida, seguridad o libertad resultan amenazadas por la violencia generalizada, la agresión u ocupación extranjera, el terrorismo, los conflictos internos, la violación masiva de los Derechos Humanos o cualquier otra circunstancia que haya perturbado gravemente el orden público”.

No conozco a ciencia cierta cuales fueron exactamente los extremos invocados por Fabián Rodríguez Simón –Pepín—, para solicitar que se le otorgase el status de refugiado en Uruguay, porque las actuaciones que se tramitan ante la Comisión de Refugiado (CORE) son confidenciales. Tampoco puede por los mismos motivos enunciar cuales fueron las pruebas que presentó para dar asidero a su solicitud. Cualquiera que hayan sido, a la postre resultaron insuficientes, toda vez en medios uruguayos informaron que en los últimos días la solicitud de Pepín había sido rechazada por la CORE y que el acto administrativo que dispuso dicho rechazo ya había sido remitido a la jueza de primera instancia que debe resolver sobre el pedido de extradición que la doctora Servini –jueza argentina— ha realizado respecto a Fabian Rodríguez Simón.

Cuando leí la noticia en diarios argentinos, me llamo poderosamente a atención que todos informaban que el trámite de extradición, considerando sus etapas recursivas, podría durar hasta dos años más, lo cual pondría paradójicamente  la materialización de dicha extradición –si fuese autorizada por el Poder Judicial uruguayo— nuevamente en discusión mientras discurre una nueva campaña electoral argentina, esta vez la del 2023.

Tampoco me resulta impensable que esa sea la estrategia real de Pepín. Apostar al paso del tiempo y hacer fuerza para que Juntos por el Prófugo acceda nuevamente al gobierno y al control de los resortes que entre 2015 y 2019, por completo al margen de la ley, Macri & Co. supieron controlar.

Y me da una cierta gracia triste la situación. Fabián Rodríguez Simón está acusado en la Argentina de formar parte de maniobras destinadas a amedrentar a dos empresarios  para obligarlos a vender sus empresas y luego de presionar precisamente al Poder Judicial argentino, para que habiendo fracasado en sus presiones, ambos empresarios fueran enviados a prisión preventiva y desapoderados de buena parte de sus bienes. Es precisamente por esa causa, que los abogados llamamos “Grupo Indalo”, que fue llamado a indagatoria Pepín por parte de la doctora Servini. Y fue su negativa a concurrir a brindar dicha indagatoria lo que generó su pedido de extradición.

El entonces operador judicial todo terreno del ex Presidente Macri ha sido mencionado en varias otras causas, además de la del Grupo Indalo. La mayoría refieren a las investigaciones judiciales sobre las maniobras de presión y manipulación sobre el Poder Judicial. También están las causas que refieren al espionaje ilegal que llevó adelante el gobierno de Macri sobre opositores políticos, víctimas de delitos, dirigentes sociales y también sobre miembros del propio espacio político y sus familiares.

Es curioso – o tal vez no lo sea en absoluto— que Mauricio Macri, quien asumió la presidencia imputado por espionaje ilegal sobre opositores políticos, víctimas de delitos, dirigentes sociales y sus propios familiares, se encuentre nuevamente señalado por las mismas practicas por las que fuese investigado antes de ser Presidente.

También me resulta curioso que quienes gobernaron hablando de república e institucionalidad, hoy estén siendo investigados precisamente por vulnerar las instituciones y la división de poderes propias de la república.

Veamos algunas causas que se investigan en tribunales. Esta la causa Mesa Judicial: como ya dije, se investigan allí las presiones que denunciaron miembros del Poder jJudicial para decidir de una u otra forma. Presiones que fueron efectuadas por funcionarios y operadores que respondían a Macri.

También hay múltiples causas que se vinculan con la deliberada elusión de normas relativas a la trasparencia. Así, causas como “Peajes” y “Parques eólicos”, “Correo Argentino” e inclusive “Fideicomiso no tan ciego”, por mencionar algunas, tratan sobre como los funcionarios habrían llevado adelantes maniobras por completo reñidas con las normas de transparencia que predicaban. Se trata de causas que solo tuvieron unos pocos beneficiarios — todos pertenecientes a la familia Macri.

Otra causa en la que están denunciados Macri y/ o sus funcionarios refiere al contrabando de armas para asistir al golpe de Estado que se realizó en noviembre de 2019 en el hermano país de Bolivia. Déjenme decirles que se me ocurren pocas cosas menos institucionales y menos respetuosas de la república que dar apoyo logístico a un golpe de Estado.

Tampoco parece muy republicano no cumplir la manda constitucional y contraer en nombre del país un casi impagable crédito. Y luego dejar que esa carrada de dinero se fugara. Pero eso pasó y se está investigando.

Y ni que hablar de desobedecer ostensiblemente la prohibición constitucional que establece nuestra Carta Magna respecto a que el Poder Ejecutivo pueda conocer en causas judiciales. Porque ahora es público y se está investigando cómo jueces y fiscales se reunían, en forma deliberadamente oculta, con el entonces Presidente de la nación. Por no mencionar, atento que aun no se han hecho públicos, los resultados de los cruces telefónicos no solo de Pepín, sino también de Macri.

Todo esto y las mil cosas que omito para no cansarlos, me pregunto por qué en esta campaña electoral los únicos errores que admiten quienes respaldaron el gobierno de Macri son de orden económico. Siendo franca, soy de las que creen que económicamente fue un desastre ese gobierno. Pero me resisto a resumir en la economía todo el desastre que significó.

Me causa estupor que hoy la campaña gire en torno a temas tales como si las Malvinas son o no son argentinas o cuántos fueron los desaparecidos. No es que no sean temas importantes, que lo son y mucho, pero son temas que discutimos los argentinos desde hace al menos casi cuatro décadas.

Mi estupor se vuelve directamente desmayo cuando veo la agenda publica ocupada en discutir las visitas de determindas personas al actual Presidente, y más aún cuando nada dicen quienes se horrorizan sobre ese tema de las visitas sí reñidas con la ley de jueces y fiscales al Presidente anterior.

Tengo esa certeza incómoda. Ya lanzado el periodo electoral, la discusión pública esta distraída en temas algo alejados de la realidad de todos nosotros. ciudadanos y ciudadanas. No quiero desmerecer las discusiones económicas, que son cruciales para todos, pero tampoco quiero agotar la discusión en números y fórmulas. Porque creo que cada elección es una oportunidad de someter a consideración de la sociedad temas tan importantes como qué tipo de país queremos.

Me cuesta pensar un país donde instituciones como el Poder Judicial están en crisis. Porque, digámoslo, no creen en su funcionamiento ni tirios ni troyanos. No creemos en su independencia ni quienes lo sufrimos durante los años en que fue manipulado por el gobierno de Macri, ni creen en él quienes hoy dicen ser perseguidos. Y aunque en casos como el de Pepín, su reclamo sea una farsa absurda para evitar presentarse ante la jueza que lo convocó, lo cierto es que como excusa no ha sido repudiada.

Lo que quiero decir, y con toda claridad, es que mientras nos distraemos con ciertos debates —algunos baladíes, otros necesarios—, olvidamos que tenemos las instituciones en pleno descrédito y la república sangrando vergüenza. Reconstruir un país no es sólo hacerlo en términos económicos. No alcanza solo con eso, aun cuando sea necesario.

Y mi pregunta a todos los candidatos y también a los dirigentes es: ¿Qué proponen hacer para modificar al Poder Judicial? ¿O vamos a seguir sometiendo nuestros asuntos públicos y privados a un arbitro en el que nadie confía? Porque en mi opinión, un país requiere no sólo planes de pago, sino también cuotas de confianza. Y las segundas sólo se obtienen con el restablecimiento de cuestiones tan básicas como el valor justicia.

Yo lo veo ausente en este tiempo electoral.

 

 

 

 

 

 

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