La deuda como modo de dominación

 

Siempre la deuda fue un condicionante y un modo de dominación. Para honrar la deuda se ceden activos y trabajo del deudor igual que si fuera una indemnización por haber perdido una guerra.

Y es así porque es una guerra interna donde una minoría privilegiada asociada al capital financiero internacional contrae deudas para beneficiarse ellos y dejar sujeto al país a los acreedores.

Lo hicieron todos los gobiernos no populares de este país, desde Rivadavia en 1824, Mitre, Roca, Juárez Celman, Figueroa Alcorta, Victorino de la Plaza, Agustín P Justo, la Revolución Libertadora, Frondizi, Onganía, la dictadura militar de 1976, la dupla Menem-Cavallo y la administración de Cambiemos, todas se endeudaron sobremanera e irresponsablemente, siendo funcionales a la dependencia con los acreedores.

Ejemplo y evidencia clara de lo que decimos: al 30 de diciembre de 2015 la deuda pública bruta era de 240.665 millones de dólares (que representaba el 53,6% del PIB), el 57,2% de la misma era intra sector público, 12% con organismos internacionales (Banco Mundial, BID, CAF, etc.) y el 30,8% de la deuda era con bancos y fondos de inversión y otros compradores de bonos públicos

En los cuatro años de gestión de Cambiemos se revirtió la lógica de desendeudamiento que había sido adoptada hasta entonces, lo cual lleva que, al 30 de diciembre de 2019, según informa la Secretaria de Finanzas de la Nación, se adeudan 323.177 millones de dólares que significan el 91,7% del PIB (PIB estimado en 352.300 millones de dólares).

De esa suma adeudada, 155.416 millones de dólares son en divisas que, si le descontamos el crédito efectivamente otorgado por el FMI en DEG, pero equivalente a unos 44.200 millones en moneda norteamericana, implican obligaciones por 111.216 millones de la divisa estadounidense. Creció sideralmente la deuda. Dentro de ella, lo que más se incrementó fue la deuda con grandes bancos y fondos de inversión internacionales que se estima en torno a los 66.000 millones de dólares. Asimismo, aumenta la proporción de la deuda tomada con organismos multilaterales y bilaterales de crédito, desde un 6,4% en 2015 hasta un 20,0% del PIB en 2019, siendo el principal acreedor el FMI, del que el gobierno de Kirchner había logrado cancelar todas sus acreencias con el país en febrero de 2006 y al que, al 10 de diciembre de 2015, no se le debía un dólar.

Los grandes bancos y fondos de inversión son principalmente Black Rock (que es el mayor accionista de Netflix e importante accionista de Bayer-Monsanto), Goldman Sachs (el actual Secretario del Tesoro de los EE.UU., Steven Mnuchin, fue su CEO durante 17 años antes de asumir la función gubernamental), Franklin Templeton (que administra una cartera de activos por más de un billón de dólares, su representante en el país era Gustavo Cañonero hasta asumir como Vicepresidente del BCRA de Luis “Toto” Caputo), PIMCO (que es el inversor de bonos más grande del mundo, con activos de inversión por 2,5 billones de dólares), etc. Todos ellos concentran gran parte de las tenencias de la deuda argentina y administran volúmenes de recursos que superan en 30 veces el tamaño de la economía local.  

En ese marco, el gobierno apuesta a conseguir, según se dejó trascender tras la reunión que tuvo el Ministro Martín Guzmán con el FMI en Washington el miércoles 29, cuatro años de gracia sin pagar deuda, una quita del 50% en los intereses que devenguen y una tasa del 6% anual (500 puntos de Riesgo País) para comenzar a pagar nuevamente. Paralelamente, luego de dicha reunión el FMI informó que enviará a la Argentina una misión técnica en la semana del 10 al 14 de febrero, a los efectos de tomar conocimiento in situ de las cuentas públicas y de las prospectivas de las mismas, de la macro y del comercio exterior.

También el Ministerio de Economía de la Nación dio a conocer el cronograma de los pasos a seguir en el tema deuda, que tiene como primer punto el de presentar un informe en el Congreso de la Nación denominado “Lineamientos del Análisis de Sostenibilidad de la Deuda Pública” para esa misma segunda semana de febrero. Finalmente el Ministerio comunicó que la oferta de canje y/o restructuración de la deuda se le dará a conocer a los tenedores de bonos durante la segunda semana de marzo y, a partir de allí se realizarán reuniones informativas "Road show" durante 15 días, con el propósito de llegar a un acuerdo antes del martes 31 de marzo 2020.

 

 

La negociación del kirchnerismo

En los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner se produjeron dos canjes de deuda, asentados por los Decretos 1735/2004 firmado por Kirchner, Alberto Fernández y Roberto Lavagna, y la reestructuración por Decreto 563/2010 firmado por Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández y Amado Boudou, disponiendo la reestructuración de la deuda del Estado Nacional y la emisión de nuevos bonos en reemplazo de los defaulteados. En ambos casos se logró con una tasa de riesgo país de 400 puntos, una extensión de plazos de 30 años y una quita del capital del 66%.

La situación era distinta, pero el objetivo era el mismo: lograr una performance que priorizase el crecimiento económico del país. Para ello se requiere del apoyo de una ley que faculte a negociar directamente a las actuales autoridades y le permita, durante las tratativas con esos grandes fondos y bancos acreedores, incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros.

Néstor Kirchner tenía en claro dos factores fuertemente interrelacionados ente sí. Primero, que la “gallina de los huevos de oro” de la Argentina es su mercado interno. Y segundo que, para fortalecer el mercado interno, se deben pagar más y mejores salarios, no solo por una cuestión de justicia redistributiva, de justicia social, sino porque de esa manera se generaba un circuito virtuoso: más crecía la participación de los trabajadores en el producto, más se vendía y por ende se debía aumentar la producción en consecuencia.

Para Kirchner, superar la restricción externa implicaba sustituir a como dé lugar las importaciones por producción local. Por eso no le quitaba el sueño el mayor costo que ocasionaban los aumentos salariales, ni tampoco la mayor presión impositiva con lo que financió la jubilación a más de un millón y medio de trabajadores que no tenían los años de aportes gracias al menemismo y las políticas liberales anteriores y posteriores, dado que debía comprarse y vender en el mercado local la mayor parte de lo que se consume en el país.

Por eso congeló las tarifas energéticas y de transporte que atraviesan toda la economía y la sociedad y recurrió a las retenciones (Derechos de Exportación) para subsidiarlas, con la premisa que dichos subsidios no podían superar esos ingresos. Por ejemplo, en el año 2007, mediante la Resolución 10/2007 del Ministerio de Economía y Producción, se incrementó la alícuota de los Derechos de Exportación en cuatro puntos porcentuales para la soja, quedando en 27,5% para el grano y en 24% para los subproductos, de esa forma la recaudación total de ese año por esos derechos fue del equivalente a 3.500 millones de dólares, que fue la misma partida convertida a pesos al tipo de cambio oficial que se destinó para subsidiar la energía y al transporte.

Un informe elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, INDEC, IPC de nueve provincias y CABA y el IPC del INDEC en los precios, producido por el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) de la Ciudad de Rosario-Santa Fe, sostiene que “sobre el final del mandato de Néstor Kirchner (2003-2007), el salario real creció un 34 por ciento y la ganancia acumulada era de 314.000 pesos por trabajador; en la primera presidencia de Cristina Fernández (2007-2011), el salario real creció un 23 por ciento por encima de la inflación y la ganancia de cada trabajador era de 173.000 en promedio; en la segunda presidencia de Cristina (la demanda interna creció hasta 2011 y no se pudo sostener) el saldo fue de 35.000 pesos, aunque fue reñida la pelea del salario con los precios; en cambio, en la presidencia de Macri el salario real se redujo un 18,4 por ciento, lo que traduce a que cada trabajador ya perdió 135.000 pesos en promedio”.

En el año 2002 una parte importante de los trabajadores percibía salarios por debajo de la línea de pobreza. El gobierno de Cambiemos nos dejó en la misma situación, según el INDEC, en noviembre de 2019 una familia necesitaba percibir un ingreso de 39.542,72 pesos para poder vivir y no ser pobre. A su vez, el Boletín de Estudios y Estadísticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación de ese mes de noviembre de 2019 afirmaba que la mediana de los salarios del sector privado era de $ 51.162 mensual. Quiere decir que de los 6.270.300 trabajadores del sector privado, una gran parte trabajaba y percibía una remuneración que no la sacaba de la pobreza.

Peor obviamente pasa con los empleos públicos, sean nacionales, provinciales o municipales. En promedio son sensiblemente menores, desgraciadamente en muchas ocasiones eso es una forma de encubrir la desocupación.

Afirmamos que no solo es una súper explotación que un trabajador trabaje y sea pobre, que no pueda garantizarle a su familia dejar de serlo, sino que es el principal condicionante para que nuestro país vuelva a crecer.

 

 

El problema, hoy

Es obvio que en la Argentina el grado de dolarización torna imposible resolver el problema. Si los trabajadores perciben pesos y compran sus productos en pesos y si se deprecia o devalúa nuestra moneda, dada la posibilidad que tienen los grandes formadores de precios de trasladar esa depreciación a sus productos, se impacta directamente sobre el salario. A su vez, la disminución del salario impacta en el nivel de actividad al reducir la demanda agregada interna.

Paralelamente, por la misma suba de precios de los empresarios, se debe corregir periódicamente el tipo de cambio para frenar las importaciones que sustituyen nuestra producción local, con lo que se ingresa en un circuito perverso de suba de dólar y de los precios.

El dilema es que ya tenemos un tipo de cambio alto que incluso se mejora con el gravamen del 30% llamado Impuesto PAIS (Impuesto a la compra de moneda extranjera para la promoción y financiamiento de la inclusión social), pero el salario ha quedado muy atrasado, midiéndolo en dólares o en lo que sea.

De allí que el gobierno proponga un Acuerdo Social para poner las cosas en su lugar, que un trabajador trabaje y perciba una remuneración digna que le permita vivir a su familia y a él, por un lado y, que se revisen los márgenes de ganancia del macrismo, sobre todo del último tramo en que grandes formadores de precios (pensemos en los mercados de los lácteos, del aceite, del azúcar, de la yerba mate, de la harina, del arroz, de los artículos de limpieza, del cemento, del acero, del aluminio, donde hay un solo gran productor o a lo sumo dos) conformaron un “colchón” o margen de beneficio confiscador de recursos de la sociedad. También en el acuerdo se debe incluir a los grandes supermercados y centros de venta y a las entidades financieras con sus altas tasas de interés.

Por otra parte, en el caso de los alimentos, incluso de la soja cuya producción ha sustituido áreas que producían alimentos para el mercado interno, los grandes productores, acopiadores y comercializadores presionan sobre el valor de la divisa por sus exportaciones, cuando los productores nacionales no son fijadores de precios en el mercado mundial, por más que le den más pesos por cada dólar que exportan. Con ello no aumentan sus ventas ni modifican el precio final.

El ingeniero agrónomo Luis Larrosa sostiene que está definida la poligonal (Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil) donde asentar el negocio agrícola-financiero. Nuestros países fueron seleccionados para concretar una integración vertical de semillas, insumos (glifosato mediante), maquinarias y venta final, donde impera la concentración de negocios. La agricultura industrial y financiera se impone a las prácticas conservacionistas del ambiente. La "manipulación" genética en esta actividad —como en la vida en sociedad— no encuentra límites éticos, abriendo finales inciertos y desconocidos.

Solo 87 corporaciones con sede en 30 países dominan la cadena de producción de agronegocios en todo el mundo. Cinco grandes comerciantes controlan la importación y exportación de productos agrícolas: el llamado grupo ABCD, formado por las empresas Archer Daniels Midland (ADM), Bunge Ceval, Cargill, Cofco y Dreyfus Company. Juntas representan hoy el 75% del mercado mundial de productos agrícolas.

A esos grandes acopiadores y comercializadores se le suman grandes vendedores de semillas y los más grandes proveedores de insecticidas, fertilizantes y otros productos químicos, seguramente contaminantes.

También podemos extender el mismo proceso a la minería y a las petroleras y otras actividades que son esencialmente, y por definición, agresivas contra la naturaleza y el medio ambiente.

Son necesarios y se deben producir pero no a cualquier costo económico y social. Debe haber un fuerte control estatal y de organismos populares (los autoconvocados de San Carlos en Mendoza son un digno ejemplo), pero la necesidad de afrontar el pago de la deuda externa y el hecho de que los exportadores nombrados estén en un lugar estratégico para la obtención de divisas, no debe hacer perder el eje y el objetivo. La Argentina debe crecer para todos, es esa la base y punto de partida de nuestro verdadero desarrollo.

No podemos repetir la triste historia de los Rivadavia, de los Mitre y de todos los conservadores que los siguieron, al servicio de Inglaterra y de su banca acreedora, mientras propiciaban la ley de vagancia para obligar a trabajar a los gauchos por la comida en 1815. En 1899, a pedido de la Unión Industrial Argentina, el senador Miguel Cané presentó ante el Congreso de la Nación un proyecto de expulsión de extranjeros.

Se debe negociar la deuda, pero se debe tener presente que la Teoría del Desarrollo sostiene que la producción incorpora y combina el conocimiento técnico y su impacto social, impulsando el crecimiento económico con ampliación del consumo, que se basa en una relación positiva de poder adquisitivo de la población y mayor producción, elevando la productividad. Esa relación óptima de crecimiento económico se llama Desarrollo, y si ese desarrollo se logra respetando y preservando el medio ambiente, se trata de un Desarrollo Sustentable.

El maestro Celso Furtado escribió: “Cuando la capacidad creativa del hombre se aplica al descubrimiento de sus potencialidades y al empeño de enriquecer el universo, se produce lo que llamamos Desarrollo. El Desarrollo solo aparece cuando la acumulación conduce a la creación de valores que se esparcen en la colectividad.  La Teoría del Desarrollo alude a dos procesos de creatividad. El primero tiene que ver con la técnica, con el empeño del hombre por dotarse de instrumentos, por ampliar su capacidad de acción. El segundo se refiere al significado de la actividad humana, a los valores con los que el hombre enriquece su patrimonio existencial” [1].

Atahualpa Yupanqui cerró la canción La preguntita con esta frase: “Si hay algo más importante que Dios, es que nadie escupa sangre pa'que otro viva mejor”.

 

 

 

 

 

[1] Celso Furtado “En busca de un nuevo modelo.  Reflexiones sobre la crisis contemporánea”  (Fondo de Cultura Económica – México 2003)

 

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