La deuda

América Latina concentra los mayores índices de complicidad de las empresas con graves violaciones a los derechos humanos, sostiene un informe publicado días atrás por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Argentina ha mostrado en los últimos años una dificultad notoria para avanzar con la investigación y sanción de empresarios vinculados al terrorismo de Estado. A pesar de esa tendencia, hubo grandes avances como la condena a los directivos de la Ford en 2018.

En 2017, la CIDH le encomendó a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA) confeccionar un informe sobre Empresas y Derechos Humanos. El informe se completó con el aporte de gobiernos y organizaciones de la sociedad civil y se conoció en los últimos días de enero.

 

Números

Según el reporte, las comisiones de verdad que funcionaron en la región encontraron 321 actores económicos vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. La comisión de la verdad de Brasil, que concluyó su trabajo en 2014, relevó 123 empresas implicadas en abusos durante los años de la dictadura. En Guatemala, las comisiones de la verdad detectaron 45 actores económicos vinculados a crímenes.

De acuerdo con distintas investigaciones académicas, el involucramiento de empresas (privadas, estatales o mixtas) es muy superior al denunciado por las comisiones de la verdad. Según lo relevado por la CIDH, se trataría de 717 actores económicos involucrados en graves crímenes cometidos desde 1960 hasta el presente en once países latinoamericanos.

Los mayores índices se registran en Colombia, donde hay 459 empresas señaladas por su vínculo con violaciones a los derechos humanos. La sigue Brasil con 122; luego, Guatemala con 45. En Argentina, hay 27 empresas denunciadas, mientras que en Chile son 25.

De esas 717 empresas, 260 pertenecen al sector agrario; 83 se dedican al comercio; 60 a la explotación de recursos naturales y 38 a los metales. Catorce son medios de comunicación.

La REDESCA sostiene que estas empresas tuvieron participación directa en las violaciones a los derechos humanos. Es decir, o intervinieron materialmente o hicieron un aporte para que esos crímenes fueran ejecutados.

 

El caso argentino

Según un informe publicado en diciembre de 2015, hay 25 casos de responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad en Argentina. Esos hechos fueron detectados y analizados por el Programa Verdad y Justicia – del Ministerio de Justicia --, FLACSO y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

La CIDH destaca dos casos, que fueron llevados a juicio y tienen sentencia: La Veloz del Norte y la empresa Ford.

En 2016, el Tribunal Oral Federal de Salta había condenado a Marcos Levín, dueño de la transportista La Veloz del Norte, a doce años de prisión por el secuestro del delegado Víctor Cobos. Sin embargo, al año siguiente, la Sala III de la Cámara Federal de Casación – integrada entonces por Eduardo Riggi, Juan Carlos Gemignani y Carlos Mahiques – sostuvo que el secuestro y los tormentos que sufrió Cobos no fueron parte de la represión que se desplegaba a lo largo y ancho del país, y que, por ende, no eran delitos de lesa humanidad.

La Corte Suprema aun debe revisar el fallo del máximo tribunal penal del país, pero, en 2018, opinó en otro tramo de la causa de La Veloz del Norte que los hechos que padecieron los trabajadores de esa empresa debían ser investigados como delitos de lesa humanidad. El fallo fue firmado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

En diciembre de 2018, el Tribunal Oral Federal 1 de San Martín condenó a dos ejecutivos de la Ford en un fallo que recorrió el mundo por haber tenido en el banquillo a dos representantes de esa empresa automotriz. Se trató de Héctor Francisco Sibilla y de Pedro Müller, sentenciados por el secuestro y tortura de 24 trabajadores de la planta de General Pacheco después del golpe del 24 de marzo de 1976. La sentencia todavía no ha sido confirmada por las instancias superiores.

 

En manos de la Corte

Según la organización ANDHES – que colaboró con la REDESCA para la confección del informe – hay en el país una treintena de denuncias que involucran a empresas con delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.

En el reporte, se habla de la posibilidad de hacer uso del fuero laboral para investigar la responsabilidad civil de las empresas en Argentina. Sin embargo, esa alternativa quedó bastante postergada después de un fallo de la Corte Suprema en el que rechazó el reclamo de la hija de un trabajador desaparecido de Techint para percibir una indemnización por la desaparición de su padre.

El planteo de María Gimena Ingegnieros, hija de Roberto Ingegnieros, fue el único caso de lesa humanidad que el máximo tribunal incluyó el año pasado en su agenda del año pasado. Después de una demora inusual, la Corte se inclinó por tres a dos a favor de rechazar el pedido. De un lado quedaron Carlos Rosenkrantz, Highton de Nolasco y Lorenzetti. Del otro, Horacio Rosatti y Maqueda, quienes sostuvieron que se trataban de obligaciones imprescriptibles.

Los supremos aun deben examinar la falta de mérito que en 2015 la Sala IV de la Casación Federal le dictó a Carlos Blaquier, propietario de Ledesma, uno de los emblemas de la mancomunión entre empresas y terrorismo de Estado. El expediente salió a mediados de noviembre de la vocalía de Rosenkrantz – señalado por sus pares por ser quien atrasa su tratamiento – y espera en la secretaría penal. La Corte volvió a reunirse el jueves después de la feria de verano, y todavía no anunció si tendrá un temario para este año.

 

Responsabilidad estatal

“Uno de los principales obstáculos en el contexto actual de justicia transicional en la región está dado por la persistencia de la impunidad en casos que vinculan a actores empresariales en graves violaciones a los derechos humanos; y así la falta de acceso a la justicia y reparación integral de las víctimas”, dice el informe de la CIDH.

Los poderes judiciales en la región, por su parte, se han ocupado únicamente de forma marginal de la cuestión – agrega la Comisión. Pese a esto, América Latina tiene un protagonismo creciente en la denuncia y la búsqueda de justicia. Hay, según la REDESCA, 51 presentaciones judiciales registradas en la región, que representan la mitad del total de casos contra empresas por graves violaciones a los derechos humanos en todo el mundo.

En Argentina, esa resistencia se comprobó en los tribunales y en la esfera política. En 2015, el Congreso aprobó la creación de una comisión bicameral para investigar la responsabilidad de las empresas en delitos de lesa humanidad. Pese a que la ley fue promulgada por Cristina Fernández de Kirchner antes de dejar el gobierno, Mauricio Macri nunca la instrumentó.

Tanto la CIDH como la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostienen que el accionar de particulares puede configurar responsabilidad internacional del Estado.

 

Se puede acceder al informe completo desde acá.

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