La deuda

 

Aunque la Corte Suprema terminó por cerrar la causa de Papel Prensa en diciembre de 2017, todavía hay una disputa abierta en el juzgado de Julián Ercolini para determinar quién tiene que pagar los costos de los peritajes que se realizaron para saber si la planta había sido vendida a precio vil y a través de la comisión de delitos de lesa humanidad.

Desde fines de 2016, empezaron a acumularse en el expediente reclamos de los distintos peritos que intervinieron para que se les regulen honorarios. La suma supera con creces los 100 millones de pesos, según los cálculos que derivan de las presentaciones hechas en la causa.

Por ejemplo, los peritos ofrecidos por la defensa de Bartolomé Mitre y de Héctor Magnetto presentaron idénticos escritos en los que cada uno pide que se les regulen honorarios por 488.580 dólares, que al 23 de noviembre de 2017 –momento en que se hizo la presentación– ascendían a 8.599.000 pesos. Con el cambio actual y después de la devaluación post PASO, esa cifra se triplica y supera los 27 millones de pesos.

Los expertos explicaron, en sus presentaciones, que las abultadas sumas se deben a que los peritajes se extendieron por más de dos años, entre el 29 de abril de 2014 y el 14 de julio de 2016. También a que muchos debieron realizarse en la sede de la planta en la ciudad de San Pedro.

 

Vaivenes

La causa se inició con una denuncia del Estado nacional en junio de 2010. Después de pasar por el juzgado de Daniel Rafecas, la denuncia fue hacia la Justicia Federal de La Plata y en 2011 terminó radicada en el juzgado de Ercolini. El primer fiscal de la investigación fue Carlos Stornelli, que se terminó apartando por ser pariente político de Llamil Reston, ministro de Trabajo de la dictadura y ex suegro del integrante del Ministerio Público. La causa cayó luego en la fiscalía 5, que subrogó Eduardo Taiano hasta principios de 2015. Por unos meses quedó a cargo de Leonel Gómez Barbella, y desde junio de ese año en manos de Franco Picardi, titular de la fiscalía.

Tanto Gómez Barbella como Picardi pidieron las indagatorias de Mitre, Magnetto y Ernestina Herrera de Noble, entre otros, por considerar que había una conexión causal entre los secuestros y torturas a los integrantes del Grupo Graiver y la operación de venta –bajo amenazas– realizada el 2 de noviembre de 1976 en las oficinas de La Nación.

Ercolini sobreseyó a los dueños de Clarín y La Nación en diciembre de 2016, sosteniendo que no se había probado la relación de la venta de la empresa con las amenazas previas ni los secuestros y torturas posteriores a los integrantes del Grupo Graiver – que ya están probados desde 1986 por la condena de la Cámara Federal en la causa contra Ramón Camps y sus subordinados.

 

 

Cambio de roles

La Secretaría de Derechos Humanos, que en 2010 había promovido la querella, no apeló la resolución del juez Ercolini. El fiscal sí recurrió la medida y la llevó frente a la Sala I de la Cámara Federal, que con las firmas de Jorge Ballestero y Leopoldo Bruglia confirmó el 24 de mayo de 2017 el sobreseimiento de Magnetto, Mitre y compañía. El último golpe se lo dieron cuatro de los supremos en diciembre de ese año, cuando rechazaron el recurso interpuesto por Lidia Papaleo, viuda de David Graiver. Carlos Rosenkrantz no firmó el rechazo con sus colegas por tratarse de un caso que involucraba a dos de sus clientes, Clarín y La Nación.

El abogado y periodista Pablo Llonto presentó una denuncia contra el secretario de deerechos humanos Claudio Avruj por la decisión de no apelar el sobreseimiento. Entendía que Avruj había incurrido en incumplimientos de los deberes de funcionario público, pero la denuncia se terminó cerrando por inexistencia de delito.

Ahora el juez Ercolini tiene que decidir si la Secretaría –como impulsora de la querella y luego promotora del cierre de la causa– tiene que hacerse responsable del pago de los honorarios de los peritos. La Secretaría se presentó en la causa para decir que no había impulsado el peritaje –por lo que no correspondía que se hiciera cargo de los costos— y que está dentro de sus obligaciones internacionales impulsar investigaciones por delitos de lesa humanidad.

El magistrado le corrió vista a la Procuración del Tesoro, a cargo de Bernardo Saravia Frías –histórico abogado del Grupo Macri—, que contestó que la cuestión no estaba dentro de sus competencias. En el juzgado dicen que la batalla se seguirá librando en el expediente y descartan una resolución para las próximas semanas.

 

 

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