La desobediencia debida

 

Por manifestar nuestro repudio al genocidio argentino —del que nuestros familiares fueron parte— somos en general considerades por nuestras familias como traidores, desagradecides, y lacras –preferentemente si la desobediente es mujer—.

El padre de una de las compañeras que integran el colectivo –que actualmente está preso, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad— no tuvo mejor idea que presentar un escrito en un juzgado civil que lleva como carátula “Acusan indignidad- demandan exclusión del acervo hereditario deshereda-testa”. Considera que su hija es indigna y que fue “detectada por grupos activistas”.

Es largo el texto que presentan en el juzgado y tiene muchos puntos de análisis que permiten comenzar a comprender el pensamiento de quienes cometieron crímenes de lesa humanidad, de las instituciones a las que pertenecen y de sus familias. Y esto es central: el pensamiento genocida y negacionista se repite y sostiene al interior de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de las familias de quienes integran estas fuerzas.

Esto se observa claramente si se toma distancia de estas lógicas, desobedeciendo mandatos intrafamiliares/institucionales. En general nuestros familiares genocidas se sienten orgullosos miembros de las fuerzas que integran, aunque estén retirados. Es común que en nuestras familias varios miembros (hermanas/os, tíos, abuelos, bis abuelos, etc.) integren también estas instituciones y nos consta que gozan de beneficios/privilegios especiales por ser parte de estas fuerzas –créditos, viviendas, jubilaciones tempranas, permisos especiales para ir a visitar a la cárcel a algún pariente condenado por crímenes de lesa humanidad, entre otros—. Quienes fueron condenados perciben sus robustas jubilaciones, inician reclamos administrativos y cobran retroactivos a través de alguno de los tantos estudios de abogados de las fuerzas que se encargan de conocer todos los vericuetos legales necesarios para sacar beneficios económicos a costa de los impuestos que pagamos. También nos hemos anoticiado que hay quienes reciben un sueldo dentro de la cárcel por cumplir algunas tareas administrativas allí dentro.

 

La hija indigna

(Testimonio de una compañera integrante del Colectivo Historias Desobedientes.)

Según mi papá y mis dos hermanas policías, al presentarme como heredera en el marco de la sucesión por el fallecimiento de mi madre —que iniciaron mis hermanas— yo me muestro “ávida por recoger el fruto de tantos años de trabajo policíaco honesto”. Y en esta parte ya me enojo y me pregunto si esos “tantos años de trabajo policíaco honesto” también incluyen los años en que participó en los grupos de tareas que secuestraban, torturaban y desaparecían personas. Según expresa mi papá en el escrito que presentó en el juzgado civil, él se niega a que yo me beneficie con su esfuerzo, como si a mí me pudiese dar algún beneficio tener un padre genocida. Esta es la lógica de las personas que piensan como mi papá: los beneficios son para ellos y los que piensan como ellos, y son beneficios económicos. Me pregunto si será recíproco el orgullo entre mi papá y la policía. ¿Está orgullosa la Policía Federal de tener en sus filas a una persona como mi papá, juzgada y condenada por crímenes de lesa humanidad? ¿No tiene nada esta institución para decir al respecto?

Voy el viernes pasado a la facultad y el profesor aborda la clase en relación a la Pensión Honorífica a Veteranos de Malvinas. Ante la estupefacción de la clase advierte que esta pensión la reclaman quienes son juzgados por crímenes de lesa humanidad. Empiezo a googlear el tema preocupada porque tal vez estemos los argentinos pagando pensiones honoríficas a genocidas. Encuentro la noticia del año pasado de que la ANSES suspendió la Pensión Honorífica a Veteranos de Malvinas condenados por delitos de lesa humanidad y respiro más aliviada. Esto sucedió gracias a una solicitud efectuada en noviembre de 2015 por los entonces titulares de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos de la Seguridad Social (UFISES), Gabriel De Vedia y Josefina Minatta, para que se reviera el otorgamiento de la “Pensión Honorífica al Veterano de la Guerra del Atlántico Sur” a personas involucradas en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar. La ANSeS resolvió suspender preventivamente el beneficio concedido a cinco condenados, y se comprometió a estudiar el caso de otras veinticuatro personas. Se sobreentiende, y así lo toma como criterio la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que “el reconocimiento al honor que implica el otorgamiento de esa pensión es incompatible con el hecho de ser condenado por la comisión de los delitos más atroces contra la humanidad”.

No obstante esto, nos enteramos en la clase de derecho que Rodolfo Oscar Cionchi, imputado en crímenes de lesa humanidad y denunciado por torturas en Malvinas, reclama ante el Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 6 se le reintegre esta pensión honorífica. Y lo que es peor: al no tener sentencia firme existiría la posibilidad de que le entreguemos una pensión honorífica a quien no tiene nada de honor. Y otra vez, ya no me quedo tranquila.

 

Simple y Perverso

Esta semana se pudo leer en algunos medios la noticia de que Aguad, el actual ministro de Defensa, promueve oficiales pro dictadura —a quienes se le había negado el ascenso— y los indemniza. Así de simple y así de perverso: los pasa a retiro y les computa los ocho años transcurridos como si hubiesen estado en actividad, por lo que les dará una indemnización extra, y que para variar pagaremos todos los argentinos.  En sus declaraciones, la ex ministra de Defensa Nilda Garré explicó que la decisión de no ascenderlos no fue por “ser hijos de” (tal cual alegan ellos mismos y repite en sintonía el ministro), sino porque ellos no manifestaron conductas democráticas. Y agrega: “Uno no es responsable por lo que hicieron sus padres, sí es responsable por las ideas que tiene y las conductas que ejerce”. Y este punto es central y queremos insistir y advertir en esto: el pensamiento genocida y negacionista se repite y sostiene al interior de las Fuerzas Armadas y de seguridad y de las familias de quienes integran estas fuerzas.

Creemos que es fundamental y una exigencia social que las Fuerzas Armadas y de seguridad puedan hacer un pronunciamiento acerca del daño que generaron a la sociedad argentina en el marco de lo que autodenominaron “proceso de reorganización nacional”. Que no nos hace bien como país que estas instituciones sigan pensando que personas que cometieron crímenes de lesa humanidad son “los héroes de la patria”. Que “defender a la patria” nada tiene que ver con centros clandestinos, con torturas, con violaciones, con robo de identidad, con desapariciones. Sostenemos por propia experiencia que tampoco nos hace bien a las familias de los genocidas negar sus crímenes, o lo que es peor: reivindicarlos.

No es novedad que nos hallamos en medio de una avanzada conservadora y que el gobierno nacional va en sintonía. Un nuevo plan sistemático con herramientas tecnológicas y de marketing político más sofisticadas se está ejecutando. Este gobierno, con sus globos de colores y su sonrisa de Guasón, necesita de la negación (que se da en el plano social) y la reivindicación (que se da al interior de las instituciones y las familias castrenses) de estos crímenes para poder sostener sus políticas neoliberales y operar nuevamente con el brazo armado – en caso de que sea necesario—  intentando disciplinar y silenciar a quienes pensamos diferente y trabajamos por un país más justo, equitativo y soberano.

 

 

Jornadas-programa-ampliado-oficial (2)

 

 

 

 

 

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