La desarticulación

 

“Estoy en Zoom con los detenidos de Neuquén”, responde María Laura Garrigós de Rébori minutos antes de las 15:30 del miércoles 26, vía WhatsApp, al primer pedido de entrevista de El Cohete a la Luna. El próximo 12 de junio se cumple un año desde que el Presidente Alberto Fernández la designó interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF). Garrigós había renunciado en 2018 a su cargo de jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal tras 40 años en el Poder Judicial, donde compartió juzgado entre otros con el actual primer mandatario. “Fuimos compañeros de trabajo en un juzgado de instrucción, éramos empleados los dos”, recuerda.

 

 

Garrigós asumió como interventora del SPF tras la renuncia del entonces director Emiliano Blanco, hoy imputado en la causa por espionaje ilegal. Esa investigación, que instruye el juez federal porteño Marcelo Martínez de Giorgi, tiene un capítulo específico sobre el espionaje que se hacía en las cárceles durante el gobierno de Mauricio Macri, que abarcaba los movimientos de los presos kirchneristas, de sus familiares y abogados pero también seguimiento a profesores del Centro Universitario Devoto, a dirigentes de organismos de Derechos Humanos, a asociaciones civiles y a abogados ligados a organizaciones sociales. Hoy hay 39 procesados en la causa, entre ellos las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) macrista: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y al menos seis integrantes o ex del SPF, todos imputados por violar la ley 25.520, de inteligencia política.

–¿Qué pasó con la llamada Área 50, la Dirección Principal de Análisis de Información (DPAI) del SPF?

–Lo primero que hicimos cuando comenzó la intervención fue afrontar el problema del espionaje al interior del servicio penitenciario y ya estamos terminando el sumario administrativo. El Área 50 no existe más, la desarticulamos por completo. La desarmamos porque toda la inteligencia que le puede interesar al servicio penitenciario es para prevenir posibles fugas o motines y no delitos que se cometen fuera del ámbito penitenciario. El estudio de las relaciones, de quién habla con quién, quién lo visita, todo eso es materia de investigación de las otras fuerzas de seguridad porque tiene que ver con los delitos que se investigan del otro lado de la valla de las unidades. El personal del servicio penitenciario no puede trabajar fuera del servicio, incluso no puede portar armas fuera de las unidades penitenciarias. El edificio del Área 50, en Varela 266, se cerró. Tras los dos allanamientos ordenados por la fiscal Cecilia Incardona hicimos un inventario de los expedientes que estaban allí ante la eventualidad de que nos requirieran más información desde la Justicia. No sabemos qué había en los servidores, eso quedó en la fiscalía.

 

 

–En esa causa por espionaje que ahora investiga Martínez de Giorgi están procesados 39 ex integrantes tanto de la AFI como del SPF. ¿En qué situación quedaron los integrantes del SPF imputados?

–Emiliano Blanco renunció como director del SPF y también al cargo de asesor del Ministerio de Justicia. Cristian Suriano, quien estaba a cargo de la DPAI, y Juan Carlos Silveira, a cargo de Seguridad, pidieron el retiro. Fernando Carra, quien estaba a cargo de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos, también renunció, y Miguel Ángel Perrott, quien fuera director de Asuntos Internos en la gestión de Blanco, está sumariado y su caso aún está pendiente de resolución. El personal de bajo rango que trabajaba en la DPAI fue reasignado a otras tareas. El futuro de la inteligencia del SPF es algo que aún no está definido. La misión del servicio está circunscripta al ámbito de los establecimientos penitenciarios.

–¿Cómo tendría que funcionar el área de inteligencia del Servicio Penitenciario Federal?

–Tenemos que trabajar sobre la base de estadísticas a partir de los hechos que van ocurriendo. Si en la requisa en tal módulo o pabellón se secuestran elementos no permitidos, como ser facas, hay un problema en ese núcleo que puede ser de los detenidos o del Servicio. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener la seguridad de las personas que están alojadas en dicho servicio. Por otro lado, al interior de las cárceles suelen ocurrir peleas o discusiones y por ahí esto deriva en algún delito. En ese caso el SPF actúa como fuerza de prevención para el juzgado que tiene que investigar: recaba las pruebas, toma las fotos y declaraciones. Pero es otra cosa. No es una misión de inteligencia. Es una misión de fuerza de seguridad.

–La semana pasada El Cohete a la Luna informó sobre el seguimiento a los profesores del Centro Universitario Devoto (CUD) por parte de la DPAI, que había confeccionado una especie de archivo con las credenciales de los docentes. ¿Qué evaluación hace de esto?

–¿Cómo podría ser de interés el seguimiento a los profesores del CUD para prevenir un motín o una fuga? Esto no tiene que ver con la misión del SPF. Ni revelar las visitas, o si los detenidos hablaban con periodistas. Esto es de las cosas que nunca tendrían que haber ocurrido.

–En la línea de las cosas que no tendrían que haber ocurrido, esta semana El Destape publicó que Blanco visitó al menos seis veces a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. A Blanco se le imputa el espionaje a Carlos Zannini, Amado Boudou, Fabián de Sousa, Cristóbal López, Víctor Manzanares, Julio De Vido, Roberto Baratta, Gerardo Ferreyra, entre otros. ¿Cómo recibió esa noticia?

–Creo que se usaba, como dice la Comisión Bicameral de Inteligencia en su informe, a miembros del Servicio Penitenciario para desplegar una red de espionaje ilegal y se me ocurre que está por fuera de las funciones de director del Servicio Penitenciario, que depende del Ministerio de Justicia, reunirse con Bullrich. También está por fuera de las funciones del Servicio el espionaje ilegal.

–¿Qué pasó con el programa de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC)?

–El programa IRIC se dio de baja. Los pabellones que alojaban a presos IRIC no existen más.

–¿Están pensando en modificar la ley orgánica del SPF, que es de 1973?

–Sí, es vieja y hay que cambiarla íntegra. Nosotros tenemos un proyecto para cambiar la ley orgánica (20.416) y la ley de ejecución penal. El SPF tiene otro proyecto pero ha quedado un poco demodé. Y también hay que ver qué tienen en mente los legisladores. En el marco de una nueva ley de ejecución se podría pensar en otro tipo de tratamiento, en el que no necesariamente todo esté a cargo de un cuerpo penitenciario. Podríamos tener al servicio penitenciario para algunas cuestiones. Hay delitos que necesitan otro tipo de tratamiento. Hay que ver hasta dónde se llega y tomar ejemplos de otros lados.

–El año pasado al asumir su cargo dijo en un reportaje con El Cohete que en ese momento no había ingresos porque el delito había bajado en un 90%. ¿Hasta cuándo se sostuvo eso?

–Eso fue al principio de la cuarentena, cuando no había gente en la calle. Hoy la situación es distinta.

–Hace unos días Clarín publicó que “desde la cuarentena subió 1067% la cantidad de presos” en la Ciudad de Buenos Aires. Usted ya aclaró que el SPF no suspendió el ingreso de presos, ¿Podría explicar cómo es la situación con los detenidos en CABA?

–Las comisarías de la Ciudad de Buenos Aires están repletas de gente y la Secretaría de Justicia y Seguridad nos reclama que los recibamos. Nosotros no podemos hacerlo como antes porque quien hoy ingresa a cualquier unidad del SPF tiene que hacer 14 días de aislamiento antes de juntarse con la población general. El riesgo de que un nuevo detenido pueda esparcir Covid-19 es gravísimo y la población penitenciaria no tiene cómo aislarse, es como la población de un geriátrico, por eso son obligatorias las dos semanas de aislamiento. Para lograr esto tuvimos que vaciar pabellones donde se pudiera cumplir el aislamiento; son espacios amplios y muy aireados y eso redujo la cantidad de espacio. Cada 14 días tenemos la posibilidad de hacer nuevos ingresos pero no tenemos la disponibilidad para que ingresen todos los que están en comisarías porque no hay lugares suficientes de aislamiento. Hoy hay 600 personas en comisarías porteñas; 600 personas es un módulo completo del complejo penitenciario de Ezeiza, ¿adónde pondría a la gente que tengo alojada en los módulos? Necesitaríamos una cárcel nueva para poder ingresarlos.

 

 

Obras en marcha

Garrigós de Rébori participó el jueves de un plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados. Allí comentó que hay distintas obras en marcha para sumar plazas: en las localidades de Mercedes y Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, se están construyendo complejos penitenciarios para alojar a 1.150 personas en el primer caso y unas 2.000 en el segundo. También hay obras en Coronda (Santa Fe) y en Cuyo, donde están avanzadas hasta un 90%.

—¿Por qué la ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles propias [N. de R: la cárcel de Devoto la gestiona el SPF]?

—La ciudad de Buenos Aires no tiene cárceles, tiene alcaidías. Tampoco tiene un servicio penitenciario y creo que la decisión política es no tenerlo. Por caso, la provincia de La Pampa tampoco tiene cárceles pero paga un “alquiler” por los internos que aloja en unidades del Servicio Penitenciario Federal. La Ciudad de Buenos Aires, en cambio, no paga. Y si bien hay un convenio, a nadie se le ocurre que el Servicio Penitenciario le fuera a decir a la Ciudad de Buenos Aires “no te recibo más gente”, porque ¿dónde iría esa gente? Obviamente el SPF tiene que hacerse cargo. Igualmente, la Ciudad de Buenos Aires podría conveniar con otro servicio penitenciario, no necesariamente con el federal.

–En un reportaje reciente dijo que “la ley de flagrancia que implementó Mauricio Macri es una picadora de carne” que “incrementó muchísimo la cantidad de condenados”. ¿Qué otros elementos se suman a que haya aumentado la cantidad de detenidos?

–La ley de flagrancia (27.272) llevó a que en marzo de 2019 el Ministerio de Justicia declarara la emergencia penitenciaria. Y se suma la modificación que se hizo en 2017 a la Ley de Ejecución Penal que impide libertades condicionales para la mayoría de los delitos, impide las salidas transitorias y todo tipo de salidas anticipadas.

–Si alguien roba hoy comida de un supermercado, ¿cómo es el recorrido penal que está obligado a hacer?

–Primero lo llevan a una comisaría y comparece ante un juez en una audiencia multipropósito en la que se tiene en cuenta, entre otras cosas, si fue la primera vez. Si tiene condenas anteriores se le imputa el hecho, el defensor lo defiende y plantea la excarcelación. Si no se la conceden, en un mes se presentan las pruebas y hay que dictar sentencia. Si tienen antecedentes –y suelen tenerlos, porque este proceso tan rápido hace que enseguida tengan sentencias condenatorias– la segunda pena ya no puede ser de ejecución condicional, tiene que ser a cumplir. Entonces la persona queda presa en una comisaría hasta que cumpla el monto de la pena. Como son hechos leves, los jueces ponen penas bajas. Esas penas bajas no sirven para ofrecerles nada. Nosotros en el SPF les ofrecemos educación, trabajo y capacitación profesional. Esto es lo que marca la ley. Es horroroso pensarlo, pero la gente presa accede a un nivel de atención de salud y escolaridad que en muchos casos no tenía afuera. Hay gente que encuentra al Estado por primera vez cuando está presa, lamentablemente. A quienes están presos por dos meses o por seis meses no hay oportunidad de enseñarles nada, a lo sumo hacen un poco de deporte. Y salen con furia… porque la situación de encierro es en sí misma violenta, sólo por el encierro.

–El jueves en el plenario de las comisiones de Legislación General y Derechos Humanos de Diputados dijo que hay 11.473 personas alojadas en cárceles federales. En marzo de 2019, cuando el macrismo declaró la emergencia, dicha población rondaba las 14.000 personas. ¿Cómo se logró este descenso?

–Tiene que ver con los arrestos domiciliarios que se concedieron a 800 personas. Por otro lado no podemos recibir más gente porque no lo permiten las sentencias que fijan el cupo en las diferentes unidades. Todavía estamos arriba del cupo.

–¿Hay superpoblación en las cárceles del SPF?

–No estrictamente. Lo que pasa es que hay lugar por ejemplo en la cárcel de Rawson [Unidad 6 - Instituto de Seguridad y Resocialización]. Allí hay unas 140 ó 150 plazas vacías, pero durante seis meses el juez federal no dejó llevar a nadie por miedo al Covid-19. Finalmente, la semana pasada obtuvimos sentencia de la Cámara de Comodoro Rivadavia favorable a nuestra posición y empezamos a trasladar a gente a Rawson, pero no podemos trasladar a cualquiera. Por ejemplo alguien que viva en Capital y esté pronto a salir y tenga su familia en Capital no puede ir a Rawson, porque implicaría privarlo de la relación familiar. Por la sentencia “López” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Argentina no se puede hacer traslados de detenidos que perjudiquen la relación familiar, la situación de progresividad, etc.

–¿Cómo es la campaña de vacunación Covid-19 al interior de las cárceles?

–En las redes sociales me insultan diciendo que no deberíamos vacunar a los presos. Esto tiene muy poco criterio porque quien se enferme va a usar una cama de hospital, esté preso o no. Es un problema estrictamente sanitario. Las personas de riesgo que están alojadas en las unidades tienen un riesgo incrementado por el hecho de estar en unidades penitenciarias. Cada provincia vacuna de acuerdo a sus propios esquemas. Primero se vacunó a la gente mayor y con enfermedades prevalentes. También se vacunó al personal penitenciario que está en contacto con personas privadas de la libertad, porque eso hace como un anillo de protección. Era muy importante vacunarlos porque son quienes circulan, toman colectivo para ir al trabajo y podrían hacer ingresar el virus. En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires todos los agentes penitenciarios en contacto con población penitenciaria ya están vacunados con la segunda dosis. Los presos se vacunan en las unidades penitenciarias. Cuando quisimos llevar a alguno a vacunar afuera nos rompieron un móvil (caso Lázaro Báez).

–¿Cómo trabaja con perspectiva de género?

–Por un lado estamos impulsando una línea para recibir todo tipo de denuncias (un 0800) tanto de las familias de los detenidos como de los agentes. Estas denuncias nos van a permitir llevar estadísticas y nos van a servir como herramienta de trabajo a futuro. Hay un montón de problemas de género porque es una institución muy jerárquica, los agentes no se dan cuenta de que son machistas. En cuanto a la formación, estamos trabajando con el INAP (Instituto Nacional de la Administración Pública) para que los 15.000 agentes que están en actividad hagan un curso de sensibilización sobre género, que esperamos que termine en octubre. Y estamos generando un área de género en la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios, copiando el modelo del Ministerio de Seguridad para sus fuerzas. Hay mujeres en el SPF pero no hay un mapa de género para saber cuántas hay y qué lugares ocupan. Por lo pronto me costó mucho conseguir una mujer para que dirigiera la cárcel de mujeres de Ezeiza, no es que sobran mujeres.

–Esta semana participó en un Zoom con detenidos de Neuquén, ¿Cómo son esos encuentros?

–Por la pandemia no podemos visitar unidad por unidad, que es lo que deberíamos estar haciendo, entonces organizamos encuentros por Zoom. Antes revisamos cuántos habeas corpus tiene la unidad, por qué son los habeas corpus, cuáles son los precios de las provedurías en la unidad y los comparamos con supermercados de la zona, nos fijamos si tenemos algún expediente de queja, revisamos el tema de la atención médica, vemos qué talleres se ofrecen, cuántos internos están cursando primaria, secundaria y otro tipo de estudios. Con toda esa información nos sentamos a escuchar los problemas: cada pabellón elige a un representante y esa persona viene con la lista. Nos cuentan desde que se les rompió la heladera hasta que se quemaron los foquitos. Para las personas privadas de la libertad poder hablar con quienes están a cargo es muy importante.

 

 

 

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