La demora

 

La Justicia todavía no resolvió qué hacer con los secretarios del entonces juez Juan José Galeano, que el año pasado fue condenado a seis años de prisión por el encubrimiento del atentado de la AMIA. Indagados hace más de tres años, el juez Sebastián Ramos le contestó a Memoria Activa que recién tomará una decisión sobre su situación procesal después de la feria de verano.

La organización había presentado un pronto despacho para saber qué iba a hacer Ramos con los ex secretarios de Galeano: Susana Spina, Carlos A. Velasco, José Fernando Mariano Pereyra y Javier De Gamas Soler. Todos ellos continúan en el Poder Judicial o se dedican a la abogacía. De Gamas Soler es juez en Tierra del Fuego. Spina siguió durante años como secretaria letrada del juzgado federal 9 – que ocupó Galeano.

 

 

La causa

Los secretarios presuntamente participaron del armado de la causa que terminó implicando a un grupo de policías bonaerenses, hecho que está probado y por el cual se condenó a Galeano. Cuando se hicieron públicos los videos en los que se veían las maniobras del juez para combinar una declaración con el reducidor Carlos Telleldín, los secretarios habrían sacado las copias que obraban en el juzgado para destruirlas.

Los ex secretarios fueron indagados por Ariel Lijo, que tuvo a su cargo la investigación del atentado hasta lo separó la Cámara Federal en mayo de 2016 después de que les dictara la falta de mérito. Para Lijo, ellos no podían tener pleno conocimiento de la maniobra global de encubrimiento. Como estaban indagados, el tribunal de alzada le encomendó al nuevo juez resolver en el tiempo más breve posible la situación procesal de los imputados. El Código Procesal dice que un magistrado debe hacerlo en un plazo de diez días. En esta causa, ya pasaron más de cuatro años.

Al año siguiente, la Cámara le dio a Ramos 60 días para decir cuánto había avanzado en el tramo conocido como “secretarios” y para que diera un plazo estimado para resolver. Pasaron dos años más desde ese fallo de la Cámara, pero la causa sigue sin resolución.

 

 

Las demoras

En un escrito presentado por Memoria Activa a fin de año, la organización remarcó que este tramo de la causa está empantanado hace más de siete años. Además sostuvo que no puede seguir usándose como excusa que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 está llevando a cabo el juicio por el encubrimiento, ya que había dictado sentencia en febrero del año pasado.

En su resolución, Ramos le informó a Memoria Activa que iba a pedir la documentación de la causa que estaba en poder del TOF 2 y que está esperando los informes de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DaJuDeCo) que muestren con quiénes estuvieron en comunicación el entonces ministro del Interior Carlos Vladimiro Corach y sus asesores. Buscan determinar la intervención de Corach —hombre de arraigados vínculos en la justicia federal— en el pago a Telleldín para adecuar su declaración e involucrar a los policías.

Según la web Fiscales.org, la pesquisa comenzó en octubre de 2017, pero todavía no concluyó. La DaJuDeCo, más conocida como la oficina de escuchas de la Corte, debe monitorear los teléfonos que utilizó Corach entre 1995 y 1999, así como las llamadas que entraron y salieron entre el 1 de julio de 1995 y el 31 de julio de 1996. Ramos explicó que la demora se debe a que el análisis de las comunicaciones está siendo manual, pero sostuvo que estaba pronto a ser finalizado y entregado al juzgado.

“Resulta realmente vergonzoso que más de 25 años después del atentado, nos encontremos en esta situación”, sostuvieron desde Memoria Activa. “Los familiares de las víctimas no sólo seguimos sin respuestas acerca de qué ocurrió el 18 de julio de 1994 y el posterior encubrimiento, sino que, como si fuera poco, debemos estar pidiéndole explicaciones de causas paralizadas a quienes tienen la obligación de garantizar un proceso judicial justo respetuoso de los tiempos y las formas”.

 

 

 

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