La DAIA y el nuevo Braden

 

El martes 19 de octubre se realizó la reunión consultiva, convocada por la DAIA para legitimar la apelación contra el fallo del Tribunal Oral Federal 8, que había dictaminado una semana atrás el sobreseimiento de los 11 imputados. La convocatoria no revistió el carácter de multitudinaria: apenas dos docenas de activistas sin mandato institucional, convocados para hacer número y escenificar una especie de asamblea informal.

En el cónclave, citado por el titular de la Delegación, Jorge Knoblovits, se hicieron públicas las objeciones de dos sectores que participan dentro de la DAIA: el de los religiosos ortodoxos –que comandan actualmente la AMIA– y el de MERETZ, organización ligada al sionismo socialista. Esta última se encargó de difundir una dura carta en la que señaló que “el Memorándum fue firmado por el Poder Ejecutivo en su esfera discrecional y ratificado por el Congreso Nacional (…) La DAIA no debe ser vehículo de ninguna expresión política partidaria, en la lucha política nacional, la que lamentablemente, en las últimas décadas, se dirime frecuentemente en ámbitos judiciales, lo que debilita a ese Poder de la República y a la democracia en su conjunto. Por tales razones, consideramos que la DAIA no tiene que apelar dicha resolución y [debe] desvincularse de una causa en la cual nunca tendría que haber sido parte”.

Knoblovits y su mentor, Waldo Wolff, intentaron disimular e invisibilizar los cuestionamientos, apelando a la siempre dispuesta protección de la trifecta mediática, decidida a darle continuidad al espectro acusatorio sobre Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a como dé lugar. La causa del Memorándum, sugieren entre bambalinas, les ha permitido coligar al peronismo con las figuras perturbadoras de la “traición a la Patria” y “encubrimiento” del atentado terrorista de 1994. De hecho, en la apelación formulada por la DAIA, se expresa –como fundamento– que dicho expediente se encuentra ligado íntimamente a una causa “declarada crimen de lesa humanidad y calificado como genocidio por el Sr. Juez de la causa”.

La continuidad de la persecución es coherente con la ofensiva de los sectores de la derecha local que se encuentran confabulados para evitar que el gobierno popular logre estabilizarse, luego de las dos pestes sufridas durante los últimos seis años: la amarilla y la del Covid. Para extenderse en el tiempo, esta operación requirió, en diciembre de 2016, la complicidad del propio ex Presidente Mauricio Macri y del casador Mariano Borinsky, quienes se asociaron a la DAIA para darle reapertura a una causa que había sido desestimada previamente por el juez de instrucción Daniel Rafecas y las cámaras revisoras respectivas. Por esa asociación –no precisamente lícita–, el fiscal Marcelo Colombo presentó una acusación contra Borinsky y los integrantes de la Comisión Directiva de la DAIA, que por sorteo fue adjudicada a Sebastián Casanello, titular del Juzgado Criminal y Correccional 7.

En la actualidad, la labor de la DAIA se orienta además a brindarle cobertura al macrismo en relación con el desfile judicial que se inició el último jueves en Dolores y que lo tendrá seguramente ocupado los próximos años, respecto de las imputaciones ligadas a diversos delitos: espionaje, quiebra del Correo Argentino y endeudamiento externo, entre otros. Es un secreto a voces que la DAIA está dispuesta a colaborar en atizar cortinas de humo noticiables para brindarle cobertura a una derecha cada vez más homogeneizada en torno a los intereses de Washington. Con la apelación, se le ofrecen plataformas de difusión a la criminalización política (lawfare) contra los proyectos populares, y se logra asimilar y equiparar –mediante un proceso de analogías y paralelismos– los delitos penales (espionaje, endeudamiento irregular, blanqueo, fuga) con causas apócrifas y artificiosas instauradas por operadores de prensa.

Los integrantes de la DAIA aventuran que la derecha recuperará el gobierno en 2023, situación que los colocaría en una situación de mayor centralidad con relación a la política exterior, una de las áreas en las que mayor interés depositan dada su sempiterna afición por todo lo que rodea a los Estados Unidos. Los funcionarios de las delegaciones diplomáticas extranjeras con asiento en Buenos Aires caracterizan a la entidad que preside Knoblovits como parte del dispositivo informal del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí. Durante la última semana, los seguidores de Patricia Bullrich y Waldo Wolff festejaron la inminente designación de Marc Stanley como próximo representante del Departamento de Estado en la Argentina. Stanley es un activista de la derecha demócrata texana –ubicado en las antípodas de los activismos judíos de Bernie Sanders y Noam Chomsky– y presume de ser indiferente respecto a las prácticas de ocupación colonial en Cisjordania.

El candidato a embajador, en su presentación ante el Senado estadounidense, se mostró desinhibido: en una clara exposición injerencista –en coincidencia conceptual e ideológica con la oposición macrista– se atrevió a opinar sobre la política económica interna (“no cuentan aún con un plan macroeconómico que explique cómo van a pagar la deuda”) y a cuestionar la presencia de China en la región: "Será una prioridad evitar que ingrese la tecnología 5G proveniente de ese país asiático”.

La esperanza de la DAIA y del macrismo en el rol de Stanley se vincula con la intención de impedir, a nivel doméstico, las posibilidades de recuperación económica y, al mismo tiempo, cercenar o limitar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, para mantener la amenaza del default. Por último, el candidato cuestionó la falta de alineamiento del gobierno de Alberto Fernández contra los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

 

 

 

El regreso del Libro Azul

 

 

Para favorecer y promover esta articulación geopolítica, la DAIA y los alfiles del juntismo macrista/larretista retornaron a la vieja tradición de agitar el espectro de la judeofobia asociado intrínsecamente al movimiento nacional y popular. Ese fantasma fue utilizado por Spruille Braden en 1945, con el objeto de impedir la oleada electoral provocada por el 17 de octubre. La Embajada de Estados Unidos financió y publicó el Libro Azul pero fue impugnado por el Libro Azul y Blanco, en el que se rebatían en forma sistemática las falacias de Washington.

Cuando la DAIA decidió presentar la apelación, el lunes 25 de octubre, el Llamamiento Argentino Judío hizo pública una declaración en la que manifiesta que la entidad presidida por Knoblovits se arroga “una representatividad de la cual carece” , para convertirse en correa de transmisión de “la oposición política al gobierno nacional, en plena campaña electoral (…) Aparece nuevamente como evidente que esta institución es uno de los brazos políticos ejecutores de Juntos por el Cambio y pretende hacerle creer a la sociedad y a la colectividad que ese es el pensamiento identitario único de lxs judíos argentinxs. (…) La DAIA, en su comunicado, insiste en falsear la representación de la colectividad judía, apropiándose de un legado que cientos de miles de judíos argentinos desconocen: NO son la expresión de la totalidad –como pretenden argüir– sino de un sector encolumnado con las políticas neoliberales, el macrismo y los sectores más reaccionarios de la sociedad argentina”.

La declaración fue reproducida por diferentes medios y también amplificada en las redes sociales por dirigentes y activistas. Aníbal Fernández, ministro de Seguridad, fue uno de los que se hizo eco. El solo hecho de compartir la declaración del Llamamiento motivó que Fernando Iglesias y Waldo Wolff lo acusaran de antisemita, haciendo caso omiso de que era una declaración de una organización judeo-argentina. Como correctivo, el primero de los legisladores cambiemitas solicitó su juicio político en la Cámara de Diputados. Ante ese desvarío, varios asesores conjeturaron, no sin ironía, que había sido la primera vez en la historia que se intentaba condenar por antisemitismo a quien había reproducido la declaración de una organización judía. Más allá de la necedad, la operación tramitada por la derecha local se constituye en la prolongación de un mecanismo ya utilizado para perseguir a CFK por parte de los fondos buitre. En un futuro cercano, el embajador Stanley contribuirá, sin dudas, a escandalizarse con ese mismo criterio discriminatorio apócrifo.

La alianza entre Washington y los grupos de la derecha comunitaria es frondosa y variada. Una evidencia reciente pudo ser detectada con relación al debate sobre el etiquetado alimentario frontal. Hace una semana, uno de los mentores de la apelación, el panelista Wolff, aseguró en una de sus múltiples visitas televisivas que sin dudas iba a votar a favor de la Ley (minuto 5.02). Sin embargo, luego de varias solicitudes de empresas oligopólicas con accionistas residentes en Estados Unidos, modificó su voto y pasó a instalarse en el purgatorio de la abstención.

No es sólo la delegación diplomática de Washington la que está dispuesta a colaborar con la DAIA, con el juntismo y con la trifecta de la propaganda antipopular. Los residentes en Pasteur 633 también cuentan con la asistencia de la embajada de Tel Aviv, que protege sus intereses geopolíticos oponiéndose a quienes cuestionan su práctica colonial en Cisjordania. Esa es la razón por la cual Israel vota en forma sistemática y unívoca –junto al Reino Unido y Estados Unidos– contra el derecho inalienable de la Argentina respecto a las Islas Malvinas y las Islas del Atlántico Sur. Para ser coherentes con sus prácticas coloniales, se asocian con quienes los autorizan a darle continuidad al apartheid que ejercen sobre dos millones de palestinos.

 

 

 

De la lucha antifascista a aliarse con los nazis

 

 

La DAIA nació en 1935 para enfrentar al fascismo. Pero devino en una entidad alineada con lo más rancio de la derecha local, los herederos de aquellos que destilaban discursos judeofóbicos durante las primeras décadas del siglo XX. En la actualidad, la colectividad judía argentina cuenta con alrededor de 350.000 integrantes. Un tercio de ellos participa dentro de instituciones comunitarias –clubes, templos, asociaciones civiles y establecimientos educativos–. El resto, es decir dos terceras partes, no forma parte ni concurre a ninguna institución de esas entidades. En la jerga interna, se denomina a estos últimos como “no institucionalizados”.

Además, no todas las instituciones judías forman parte de la DAIA. El Llamamiento Argentino Judío es una de las que permanecen ajenas el entramado de la derecha comunitaria. Más aún, una gran parte de las organizaciones que la DAIA dice representar son literales sellos de goma que carecen de existencia desde hace varias décadas. En su portal figuran 135 instituciones socias. De ellas:

• Muchas no tienen existencia real hace décadas (como AMZE o Comedores Populares), pero continúan inflando el listado para aparentar grandeza.
• Otras son muy pequeñas: consorcios reducidos conformados por dos o tres personas, como la Asociación Genealogía Judía De Argentina.
• Figuran también entidades empresarias como la Cámara Comercio Argentino-Israelí, de la que participan Mario Montoto y Sergio Szpolski.
• Y, de forma cariocinética, aparecen otras que se encuentran subdivididas para dotar de un listado más amplio (como el caso de Jabad Lubavich, que aparece como organizaciones diferentes según la locación: Almagro, Belgrano, etcétera).

 

 

 

Cartas madrileñas

Para hacer más grotesca la sobrerrepresentación engañosa, la DAIA oculta que los mismos socios de los clubes son quienes participan de los templos y también de las escuelas: la misma población se multiplica en votos institucionales diversos para hacerle creer a la sociedad que –efectivamente– expresan a la mayoría de la colectividad judía argentina. En la última asamblea electoral, realizada el 26 de noviembre de 2018, se contabilizaron 124 votos. Sin embargo las personas encargadas de sufragar fueron sólo 67. Pocos votos para jactarse de representatividad de 350.000 personas, deslizó uno de los participantes de la asamblea en la que competían dos listas. La escenificación de su representación ficticia quedó evidenciada en que esos pocos electores contaron con voto múltiple y entronizaron a Knoblovits con la friolera de 83 votos por sobre los 41 reunidos por el exponente de la ortodoxia de la AMIA.

El mes próximo se volverá a desplegar la exuberancia comicial de la asamblea electoral de la DAIA. En esta ocasión habrá una lista única y como vicepresidente será ungido el ex presidente de la Organización Sionista Argentina, Sergio Pikholtz, acérrimo defensor de las políticas de ocupación israelíes. Mientras tanto, Waldo Wolff –armador en la sombra del extremismo reaccionario comunitario­– difunde los contenidos de su nueva plataforma hispanoamericana: la Carta de Madrid, promovida por la Asociación El Disenso, fundada por el dirigente máximo de VOX, Santiago Abascal.

Entre los puntos salientes de la convocatoria, la Carta advierte sobre “el avance del comunismo [que] supone una seria amenaza para la prosperidad y el desarrollo de nuestras naciones, así como para las libertades y los derechos de nuestros compatriotas”. Entre los firmantes, además de Wolff, figuran:

• Arturo Murillo: ex ministro de Gobierno de Janine Añez (hoy detenida por el golpe de 2019 y acusada de crímenes de lesa humanidad). Murillo huyó de Bolivia en noviembre de 2020 y fue detenido por el FBI, en Miami, en mayo de 2021 bajo los cargos de corrupción, abuso de poder, soborno y lavado de dinero entre otros;
• Victoria Villarruel, presidente de la Asociación Civil CELTYV, defensora de los genocidas argentinos; y
• Roger Noriega, ex embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), acusado de promover golpes en América Latina y actual lobista de los fondos buitre.

Los grupos oligárquicos que promueven un acuerdo ruinoso con el FMI son los mismos que defienden a los empresarios oligopólicos que se niegan a congelar los precios. Y son los mismos que se articulan con la delegación diplomática de Washington para desintegrar América Latina y socavar cualquier forma de multilateralismo o de relaciones de cooperación con la República Popular China. No defienden identidades. Sólo intereses corporativos y geopolíticos. Con ese designio son capaces de utilizar la judeofobia –estigmatización responsable de uno de los genocidios más crueles de la historia– para sembrar el odio y darle continuidad a la persecución a quienes buscan limitar la los privilegios de casta y la prepotencia colonial.

 

 

 

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