La curva de las pobres
Sin paridad económica ni paridad en los cuidados, la curva es un precipicio
La paridad económica es aún un espejismo. En momentos donde el Estado busca estrategias que alivien en lo inmediato las carencias de la población, reconocer la desigualdad de género en el plano económico, laboral y de acceso a la vivienda es condición para que las políticas surtan el efecto deseado. Las mujeres de los barrios populares son las más vulnerables y las más perjudicadas por los avatares económicos. Junto a ellas, lxs niñxs a su cargo. Esta aseveración, tantas veces repetida, es nuevamente confirmada por un relevamiento nacional de barrios populares, impulsado y realizado por organizaciones sociales en todo el país.
El Relevamiento Nacional de Barrios Populares (RENABAP) realizado por organizaciones sociales desde agosto del 2016 hasta 2019 registró 1.686.873 encuestas y contabilizó 4.416 barrios populares en el territorio nacional, donde viven aproximadamente 4 millones de personas. El objetivo del relevamiento fue conocer las desigualdades de género en el acceso al trabajo y las dificultades en las condiciones de vivienda y hábitat.
Trabajo
El 56% del sector de la economía popular está representado por mujeres (Observatorio de la Economía Popular del Ministerio de Desarrollo). Y las actividades realizadas por las mujeres de los barrios populares están en su mayoría vinculadas al hogar y la comunidad. Esto quiere decir que las mujeres trabajan principalmente como sostén de sus comunidades, produciendo hacia adentro de los barrios.
Según el informe del Observatorio de Géneros y Políticas Públicas (OGyPP), un promedio del 51% de las personas que residen en barrios populares tiene un trabajo con ingreso económico regular. Pero solo el 31% de las mujeres tiene un trabajo con ingreso, mientras que el 73% de los varones se encuentran en esta condición. La brecha es de más de 40 puntos, casi el doble que la brecha relevada por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), en barrios no populares.
A su vez, la tasa de actividad y ocupación para las mujeres de barrios populares es más baja que la de mujeres que viven en aglomerados urbanos (EPH), aunque ambas están por debajo del % que detentan los varones.
Para el 34% de mujeres que viven en barrios populares, la ocupación más relevante corresponde a las tareas fijas en el hogar y sin sueldo, las tareas que denominamos domésticas y de cuidados. El 12% se desempeña en trabajos no registrados, mientras que no poseen trabajo el 26% de ellas (si incluimos quienes buscan trabajo y quienes no tienen por otros motivos).
Contrario a un imaginario liberal que sugiere que las grandes mayorías de las clases populares subsisten gracias a planes sociales, sólo el 12% de la economía popular percibe ingresos de un subsidio estatal, que representa en promedio el 48% de su ingreso total individual (según datos de la EPH del 2do trimestre 2019).
Además la población registrada en los programas sociales para cooperativas está conformada en su mayoría por mujeres. En el Salario Social Complementario son 62% mujeres y en Hacemos Futuro representan el 74%. “En total nos referimos a más de medio millón de personas”, señala el informe.
Condiciones de hábitat y vivienda
Las mujeres sostienen la base social. En el 63,7% de las viviendas de los barrios populares la responsable de hogar es una mujer según el RENABAP. Como la mayoría de las actividades desarrolladas por mujeres están vinculadas al hogar y la comunidad, la falta de acceso a los servicios básicos las afecta en mayor medida, a ellas y a las personas que tienen a cargo.
Entre los 4.416 barrios populares relevados, el 88,7% no cuenta con acceso formal al agua corriente, el 97,85% no tiene acceso formal a la red cloacal, el 63,8 no cuenta con acceso formal a la red eléctrica y el 98,9% no accede a la red formal de gas natural.
Esta situación de desigualdad se intensifica en los barrios periféricos y alejados de los centros productivos. En estos entornos las mujeres asumen mayores responsabilidades por los cuidados en el hogar, cuentan con dificultades para emplearse y generar un ingreso, y tienen menores recursos para el acceso a equipamientos, infraestructuras y servicios. “Hay una segregación territorial profundizada en base a desigualdades de género”, asegura el informe de RENABAP.
Como se ha advertido en reiteradas oportunidades en El Cohete a la Luna, los territorios no están planificados para cuidar y tampoco para transitar y trabajar. Los cuidados son sistemáticamente relegados en la planificación al ámbito de los arreglos intrafamiliares, son las mujeres las encargadas del cuidado de lxs más vulnerables, y muchas veces esas tareas son delegadas a las adolescentes del hogar. “Existe un problema de déficit en la provisión pública del cuidado, una diferencial accesibilidad respecto de los bienes, servicios, equipamientos e infraestructuras, una mayor carga sobre las familias, y una mercantilización del cuidado que genera servicios para quien puede pagarlos”.
En este gráfico es posible observar cómo los barrios populares tienen un acceso desigual a diversos equipamientos vinculados al cuidado, la salud y la educación. El 54% de los barrios relevados no tiene un jardín a menos de un kilómetro a la redonda, el 89% no tiene cerca un hospital. Si pensamos en las disposiciones oficiales que se espera que se emitan esta semana acerca del permiso a niñxs para que salgan a jugar, nos encontramos con un reparto muy desigual del espacio verde y ofertas recreativas: hay 931 barrios populares que recién tienen un espacio verde a más de un kilómetro de distancia.
La forma en la que se afronta este déficit en los barrios es a través de sus organizaciones, comedores y espacios sociales, que brindan servicios de cuidados accesibles. Estos espacios son en su gran mayoría organizados por mujeres que ponen a disposición de la comunidad los ingresos que reciben, subsidios y planes del Estado. Este uso discrecional de los ingresos explica también por qué son ellas las que más apoyo del Estado reciben. Es un circuito que no se detendrá en tanto no haya paridad económica y paridad en el cuidado. Y que expone a las mujeres sin acceso al trabajo remunerado y con sobrecarga de cuidados a no tener márgenes de reacción frente a situaciones de violencia.
La creación de políticas públicas destinadas a favorecer la autonomía económica de las mujeres impactaría positivamente no solo en indicadores económicos y laborales, sino que contribuiría en la erradicación de una problemática social urgente como es la violencia de género. Sin paridad económica ni paridad en los cuidados, la curva es un precipicio.
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