La cuestión de fondo

 

Las diferencias de criterio dentro del Frente de Todos acerca de la negociación con el Fondo Monetario Internacional deben medirse respecto del riesgo de que el neoliberalismo vuelva a la presidencia en 2023, ya sea con el segundo tiempo al que aspira Maurizio Macrì o detrás de otra candidatura. El problema es que esto requeriría de un árbitro que controlara cómo se verifica en cada caso ese criterio de verdad, y en la coalición gobernante ese rol está vacante.

La cuestión de fondo que exacerba las contradicciones es cómo enfrentar el pago del crédito de 57.000 millones de dólares contraído por el ex Presidente Maurizio Macrì en 2018 (de los que sólo llegaron a desembolsarse 44.500 millones, cuando el Presidente electo Alberto Fernández pidió en octubre de 2019 que el Fondo Monetario Internacional no enviara las cuotas restantes porque equivaldría a tomar vino para curarse la borrachera).

Fernández y Martín Guzmán, entre otros, creen que el acuerdo que aún siguen discutiendo con el staff técnico del FMI permitirá mantener el crecimiento de la economía y su mejor distribución y, en consecuencia, debilitará la posibilidad de un cuarto ciclo neoliberal. Afirman que, por primera vez en dos tercios de siglo de tratos con el organismo, del que Juan D.Perón rehusó formar parte, el Fondo Monetario no condiciona el acuerdo con la Argentina a la realización de reformas estructurales, en las relaciones del trabajo ni en el sistema jubilatorio y que esto permitirá incrementar la inversión en obra pública, educación, ciencia y tecnología, por lo que niegan que pueda definirse como un ajuste.

Para la Vicepresidenta CFK y su hijo Máximo Kirchner, entre otros, eso no está garantizado, y en realidad el ajuste comenzó antes de que se firmara ningún documento, por la reducción excesiva del déficit fiscal y la subejecución del presupuesto, a lo que atribuyen el mediocre resultado en las elecciones de medio término, que temen ver repetido y agravado en las presidenciales del año próximo.

 

 

 

 

 

 

Referencias estructurales

Sobre la base de que no habrá ajuste ni reformas estructurales y el compromiso de que el salario no seguirá cayendo frente a la inflación, Fernández incluso ha instalado el proyecto de un nuevo turno presidencial en 2023. Pero el borrador de Memorándum de Política Económica y Financiera que circuló hace dos semanas menciona nada menos que 19 veces lo que el texto llama “referencia estructural”. En la lógica del FMI esto es inobjetable, porque forma parte del instrumental en los acuerdos de Facilidades Extendidas, como el que solicita el gobierno argentino. Esta es una síntesis de esas menciones:

1. Revalúos inmobiliarios.
2. Se evitarán amnistías fiscales.
3. Mejorar el cobro de impuestos y aranceles aduaneros.
4. Reducir los subsidios a la energía, para que las tarifas reflejen mejor los costos.
5. Fortalecer los esquemas de asistencia social a mujeres y niños.
6. Para liberar recursos mientras se protegen los ingresos reales de los jubilados y los trabajadores del sector público se racionalizarán otros gastos, como transferencias discrecionales a las provincias y empresas estatales. Se evaluarán los regímenes especiales previsionales y la prolongación voluntaria de la vida laboral.
7. Se mejorará la selección de proyectos de inversión.
8. En el presupuesto de 2023, el déficit primario será del 1,9 % del PIB.
9. Se fortalecerá el mercado de títulos públicos y letras del Tesoro en pesos.
10. Se publicarán presentaciones semestrales de relaciones con inversores.
11. El BCRA optimizará las políticas e instrumentos de esterilización.
12. Gradualmente eliminará los encajes no remunerados para los bancos pequeños.
13. Mejorará la coordinación entre BCRA, AFIP y Aduanas para detectar fraudes y modificar el régimen penal cambiario.
14. Tomando en cuenta factores específicos de la Argentina, como el alto grado de dolarización, se alentarán flujos de capital estables y sostenibles.
15. Se reducirán los instrumentos de esterilización y el déficit cuasi fiscal, mediante la disminución gradual del financiamiento monetario del presupuesto. Con la Primera Revisión del Programa por el FMI se publicará una estrategia para mejorar la posición financiera del BCRA.
16. Se publicará una Estrategia Nacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
17. En consulta con el FMI, se revisará la legislación respectiva.
18. También se auditarán los gastos realizados por la pandemia.
19. El programa se supervisará mediante revisiones trimestrales.

Muchos de estos puntos pueden leerse en apoyo a medidas que el gobierno desea tomar y que encuentran resistencia en los sectores dominantes, como la negativa de la Sociedad Rural al pago de retenciones, pese al crecimiento de la cosecha y el incremento de sus precios, o el revalúo inmobiliario al que son reacios los gobernadores. El Presidente aclaró que los regímenes especiales en revisión serían los de diplomáticos y magistrados, pero desde el think tank conservador Cippec le recordaron que esa definición también abarca a docentes, investigadores científicos, trabajadores de Luz y Fuerza, trabajadores en tareas “arduas o riesgosas”, empleados públicos de provincias, personal de Fuerzas Armadas y de Seguridad y Pensiones no contributivas, entre otras. Serían 170 regímenes, con el 40% de los beneficiarios actuales y un 55% del gasto total. Es obvio que en las sucesivas revisiones, el FMI enfilará hacia allí y que sólo es una cuestión táctica dejarlo para más adelante.

Pero hay restricciones que surgen de otros puntos del borrador. El programa macroeconómico prevé que el PIB crezca en un rango de 3,5 a 4,5% este año y converja en torno a 1¾ a 2¼% en los siguientes. Esto cristalizaría la estructura social y las desigualdades previas. Porque, además, el Memorándum propone asegurar que la masa salarial del sector público “crezca consistentemente con el crecimiento de la economía”. Es decir, que no recupere lo perdido en el cuatrienio negro. Si, debido a factores externos, los ingresos del sector público nacional fueren superiores a los programados, el gobierno se compromete a “reducir el déficit fiscal de forma acorde”.

Es decir, pagar más en vez de crecer más y distribuir mejor.

 

 

Por primera vez

Más allá de estas diferencias, esta será la primera vez que se cumpla con el artículo 75 de la Constitución, cuyo inciso 7 señala entre las atribuciones del Congreso “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación”. La obsesión antikirchnerista de un grupo opositor llevó a la Coalición Cívica Libertadora a proponer que, una vez más, la cuestión quedara en manos del Poder Ejecutivo, sin intervención del Parlamento. Pero Fernández lo rechazó, porque está seguro de obtener el número necesario en ambas cámaras. Da por descontado que las bancadas de JxC aprobarán lo que se les presente, con lo cual faltarían pocos votos para cumplir con la ley de sostenibilidad de la deuda pública, sancionada el 11 de febrero de 2021. El Presidente en persona está llamando a funcionarios de La Cámpora para pedirles que no acompañen la posición de Máximo Kirchner quien, por su parte, no está haciendo proselitismo por la negativa o la abstención.

Sobre la actitud de la Vicepresidenta ha habido versiones contrapuestas en un arco tan amplio que va desde quienes aseveran que Máximo expresó las objeciones de su madre, hasta aquellos que le atribuyen una posición distinta a la del diputado, quien llegó a decirle al Presidente que él no estuvo de acuerdo cuando ella lo escogió como candidato a la presidencia.

El tema forma parte de los desajustes entre Presidente y Vice. Él se lamenta de que lo dejan solo en un momento crucial. Ella le aconseja que no se victimice y le recuerda que cuando le ofreció la candidatura, él se reservó la designación de todos y cada uno de quienes integran el gabinete económico. Alberto señala que siempre supieron que el principal problema era la monstruosa deuda con el FMI contraída por Macrì. Cristina cree que por eso mismo debió encararse de otra manera. El Presidente afirma que el trato pudo cerrarse en marzo de 2021, pero que le plantearon que convendría esperar hasta las elecciones (no dice quién). A ella la enfurece ese argumento. Si se atiende a la descripción de los respectivos allegados, en un diálogo presencial ambos podrían decir casi al unísono: “Vos sabías cómo soy yo”.

Llegados a este punto, lo más arduo es la transición de lo que hubo de haber habido al universo de lo que hay.

 

Todos unidos perderemos

La semana última, la diputada Victoria Tolosa Paz intentó obtener una declaración explícita del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires en respaldo del posible acuerdo. Le respondió el propio Kirchner: dijo que no tenía inconveniente en que se sometiera a votación la propuesta. “Mejor no”, terció el ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis.

 

 

 

 

En La Plata, Alberto Fernández hizo un llamado a la unidad, que asoció con fortaleza, y advirtió contra la división, que es debilidad. Pero no escogió para eso un acto ecuménico: fue en el relanzamiento de una fracción de la Juventud Universitaria Peronista, amadrinada por Tolosa Paz y que confronta con La Cámpora.

También difieren las explicaciones acerca de la nueva postergación del anuncio, que no ocurriría antes sino después de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso:

1. El gobierno y el FMI siguen discrepando acerca de la reducción de los subsidios energéticos, de modo que aún no se puede firmar nada.
2. El Poder Ejecutivo desistió de hacer nada el viernes 25, día del nacimiento de Néstor Kirchner, porque hubiera sido interpretado en forma negativa por Cristina, quien señala que Macrì anunció el acuerdo con Christine Lagarde el 20 de junio de 2018, aniversario de la muerte de Manuel Belgrano en que se celebra el Día de la Bandera.

No son de ninguna manera excluyentes.

El comienzo de las hostilidades armadas entre Rusia y Ucrania agrega complejidad a un cuadro de por sí difícil. Por un lado, acentúa el costado geopolítico de la negociación con el Fondo, al que se refirió Guzmán el 5 de enero ante los gobernadores. En cuanto estallaron las primeras bombas, aumentaron los precios de la tonelada de soja y del barril de petróleo. Con la oleaginosa apuntando a los 650 dólares, los ingresos fiscales se incrementarán en forma sustancial, pero el barril de petróleo a más de 100 dólares engrosará la cuenta de importaciones y obligará a incrementar subsidios o tarifas, en vez de reducirlos como exige el Fondo. También provocará un aumento global de la inflación, que no dejará de sentirse en la Argentina. El borrador de Memorándum contempla que ante un empeoramiento de la situación mundial, se reverían las políticas "en consulta con el personal técnico del FMI". Alberto se ha quejado ante el propietario de un medio que habló de co-gobierno, pero el texto no deja lugar a dudas.

En este punto, recrudecen los cuestionamientos del kirchnerismo por la demora en disponer la construcción del gasoducto que permitirá incrementar la producción de Vaca Muerta. Podría ser mucho mayor si no fuera por la capacidad colmada de los ductos que conducen el gas hacia el norte, ya sea para exportar o para substituir importaciones más caras de Bolivia que, por otra parte, también tiene dificultades de abastecimiento y debe escoger entre enviar lo que le sobra a la Argentina o a Brasil.

Ese dilema tiene más de seis décadas. Con lo que demoró la decisión, pese a que la contribución sobre las grandes fortunas aportó parte fundamental del financiamiento, este invierno la obra no estará disponible. Tal vez el próximo.

 

 

Ni tanto ni tan poco

Dos personas muy allegadas al Presidente Alberto Fernández transmitieron versiones opuestas acerca del estado de sus relaciones con Martín Guzmán:

• Son óptimas, no hay ningún conflicto.
• Alberto está muy enojado desde que se dio cuenta de que se trata de un nuevo préstamo igual al de Macrì.

Ni tanto, ni tan poco. En realidad, el Presidente le reprochó al ministro que recién el 5 de enero ante los gobernadores, hubiera especificado que lo que se negociaba era una refinanciación (como explicó Guzmán ese día, más plata del Fondo para pagarle al Fondo) y no una reprogramación de los vencimientos originales.

Esta es la reconstrucción del diálogo que sostuvieron entonces, con el aporte de distintas fuentes que escucharon las versiones de cada uno.

AF: Nunca habías dicho que era una refinanciación.

MG: Pero es obvio, se da por supuesto. El FMI no reestructura sus préstamos. Los refinancia.

AF: Obvio para vos. Yo soy abogado y recién me entero.

MG: Lo que importa es el saldo neto. Los pagos que no podíamos enfrentar comienzan a vencer en el próximo mandato presidencial.

 

 

 

Ante una consulta del Cohete, fuentes del Ministerio de Economía dijeron algo similar y se comprometieron a precisar en qué momento previo Guzmán ya había expuesto que se trataba de un nuevo préstamo, tal como afirma el ministro. Pero dos semanas después no lo habían hecho. El primero en formular esa precisión fue el representante argentino en el directorio del FMI, Sergio Chodos, durante una entrevista radial en noviembre. “El primero no, el único”, replican los críticos kirchneristas.

Otro factor de irritación fue la visita de Chodos a la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Según Berco, Chodos “admitió que nunca le planteó abiertamente al staff del Fondo un plazo mayor a 10 años para la refinanciación, como reclamó CFK y como propuso el mismo Senado”. Ante una consulta para esta nota, el Presidente dijo: “No sé qué hizo Chodos, pero eso se lo planteé yo personalmente a Kristalina Georgieva”. En cualquier caso, la respuesta fue negativa.

No es la única aclaración presidencial. En una conferencia en el Council of Americas, Ilan Goldfajn, el nuevo encargado del Fondo para Subamérica (que allí denominan “Hemisferio Occidental”) dijo que el acuerdo con la Argentina estaba próximo, destacó la importancia de las reformas estructurales y agregó: los trabajadores informales enfrentan una gran desprotección por la ausencia de leyes que los asistan y, por lo tanto, hay que “reducir el costo de contratar y despedir”. “Comer y descomer”, como dijo el gerente de Techint al que Macrì designó secretario de empleo. La amistad de Goldfajn con su compañero de estudios Federico Sturzenegger y con el coeditor de uno de sus libros, Eduardo Levy Yeyati, no es un dato tranquilizador. “No habrá ninguna ley en ese sentido”, lo desmintió Alberto.

No es fácil determinar si una cosa es Fernández y otra distinta Guzmán. Y también se debate por qué el ministro recién mencionó la refinanciación el 5 de enero. Las versiones más extremas llegan a mencionarlo como quintacolumna del Fondo Monetario. Pero no es eso lo que piensa Cristina.

Guzmán cree que las condiciones internacionales se modificaron a partir de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, hace nueve meses. Para Cristina eso ocurrió antes, apenas Biden tuvo que negociar con un sector republicano y con dos senadores demócratas remisos el apoyo a sus planes de inversión en infraestructura y asistencia social. En cualquier caso, el gobierno demócrata cedió a los grandes inversores de Wall Street la línea a seguir por el FMI. Esto incluyó la ofensiva contra Georgieva, bajo el cargo de favorecer a China en un índice sobre el clima de negocios en cada país, y el ministro no tuvo la lucidez o el coraje de denunciarlo en el momento en que ocurrió.

 

 

 

 

 

 

Si no queda otra

No obstante, el Poder Ejecutivo terminó por aceptar el hecho consumado que le planteó Guzmán, y preparó un instructivo para defender ante críticos propios y ajenos el acuerdo que se procura. Sostiene que no había otro camino que la refinanciación y que esto no implica contraer un dólar más de deuda (aunque nada dice de los intereses que se sumarán a la cuenta, del 4,5% anual por tratarse de un “acceso excepcional”). Aún con la sobretasa, están por debajo de los de mercado, replican los guzmanitas.

La hoja de ruta oficial añade que

• mientras el préstamo que tomó Macrì alimentó la fuga por parte de empresas próximas a su gobierno, el que se gestiona ahora incrementaría las reservas del Banco Central (punto que el borrador del 12 de febrero sólo menciona en forma genérica y/o referida al incremento de exportaciones).
• Macrì se había comprometido a un repago rápido (casi 40.000 millones de dólares entre este año y el próximo), de imposible cumplimiento. La negociación en curso diferiría esos pagos, el primero para septiembre de 2026 y el último para mediados de 2034, con cuatro años de gracia para crecer y acumular reservas.
• Mientras Macrì redujo el déficit eliminando nueve ministerios (entre ellos Salud, Trabajo y Ciencia), el actual gobierno podría incrementar el gasto en esos rubros y en obras públicas.
• El gobierno anterior no redujo la inflación pese al drástico ajuste que practicó, y el actual disminuirá el déficit en forma paulatina, mientras la economía crece al 4% anual (este año sí, pero el Memorándum contempla una caída posterior a poco más de la mitad, de 1¾ a 2¼% en los años siguientes).

Los sacrificios a los que la Argentina se compromete están cuantificados con exactitud en el Memorándum para el FMI:

• déficit fiscal sobre el PIB de 2,5% para este año, 1,9% para el próximo, 0,5% para 2024 y cero para 2025. Aún antes de firmar, el FMI ya objetó los cálculos oficiales y alegó que con los aumentos tarifarios en consideración el déficit será superior al 2,5%.
• fuerte reducción del financiamiento por parte del BCRA que fue del 3,7% del PIB en 2021 y debería ser de apenas 1% para este año.
• esto suma un ajuste de las cuentas públicas del 3,4% del PIB con respecto al año pasado.

En cambio, a sus ventajas se alude en forma vaga o genérica.

Las políticas del Fondo y sus efectos tienen un inquietante parecido con las sanciones contra la Federación Rusa. Según la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von Leyden, "el primer pilar será financiero. Busca acabar con el crecimiento de Rusia, incrementar sus costes de financiación, aumentar la inflación e intensificar la salida de capitales”.  Y eso que Macrì  no atacó a ningún país vecino.

 

 

 

El marco jurídico

Tampoco hay precisión acerca del marco jurídico del acuerdo. En su exposición del 5 de enero, Guzmán explicó por primera vez todos los pasos a dar. El Memorándum de Política Económica y Financiera es sólo uno de los documentos requeridos. Los otros son el Memorándum Técnico de Entendimiento, que es donde parece haberse trabado la negociación, y finalmente la Carta de Intención.

 

 

Video de presidencia. Edición: Lucchino Della Maggiora

 

 

 

Lo que siempre se supo y tanto el ministro como Chodos dijeron muchas veces, es que “en la góndola del FMI sólo hay dos programas en oferta: el stand-by, que dura hasta tres años, para atender problemas de balanza de pagos de corto plazo, y el acuerdo de Facilidades Extendidas, de diez años, para casos de desequilibrios graves por problemas estructurales, que el Fondo ayuda a resolver”. Pero en este caso, los 40.000 millones de dólares que la Argentina aún le debe al FMI por el préstamo a Macrì (del que ya se pagaron 4.500 millones) se pagarán con nuevos aportes del propio Fondo, en diez cuotas trimestrales iguales hasta julio de 2024.

Recién cumplido ese nuevo stand-by de acceso excepcional (porque supera con holgura el máximo que le correspondería al país según su capital en el Fondo) comenzaría el Acuerdo de Facilidades Extendidas. Los primeros cuatro años son de gracia y los pagos van del quinto al décimo año, es decir desde 2028 hasta 2034.

Esto implica que la Argentina padecerá las revisiones trimestrales del Fondo durante los próximos 12 años. Como explicó Guzmán a los gobernadores, las revisiones trimestrales incluyen un aspecto retrospectivo, sobre lo ya hecho, y otro prospectivo, acerca de la posibilidad de cumplir los compromisos en el futuro.

 

 

 

 

Ni Guzmán ignora que son demasiadas oportunidades para bajarle el pulgar a la Argentina.

 

 

 

 

 

 

 

 La música que escuché mientras escribía

 

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