La cría de la impunidad

 

Tres ciudadanxs franceses residentes en la Argentina sufren los alcances del poder que mantiene Pedro Laurentino Duarte, ex juez federal de Neuquén y ex abogado militar, quien afrontará un juicio oral y público por los crímenes de lesa humanidad que cometió contra militantes y activistas políticos y sociales durante la última dictadura cívico-militar en parte de la Patagonia.

El viernes 5 de mayo cumplieron 16 años las hijas gemelas de Erwann Jean André Perron, francés, 50 años, quien desde hace ocho años no puede mantener ningún tipo de vínculo con ellas porque la madre de las jóvenes lo impide sistemáticamente, en violación a una sentencia judicial firme y consentida, dictada por el fuero local. El Poder Judicial de Neuquén no hace efectivo un fallo firme de 2015 que obliga a una hija de Duarte a revincular a sus hijas con su padre. Funcionarios de la Embajada de Francia en nuestro país se reunieron en dos oportunidades con los presidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) local para reclamar por el incumplimiento de la sentencia de un juzgado de Familia que garantiza los derechos del padre y las hijas, nacidas en Neuquén con nacionalidad francesa.

Además, la familia Duarte enajenó a Perron un valioso inmueble ubicado en el centro de la capital neuquina. En esa maniobra participó una escribanía de la provincia, lo que fue documentado ante el Colegio de Escribanos local.

 

 

 

El clan

Emilia Amparo Amboldi y Duarte tuvieron cuatro hijos, dos mujeres y dos varones. Una de ellas conoció a Perron en Francia y se casaron en 2006. Viajaban una vez al año a Neuquén a visitar a la familia de ella por dos meses, casi siempre en verano. Por ese entonces Duarte vivía en un piso en una torre del centro de la ciudad capital, donde compartía ascensor con el ex gobernador Jorge Sobisch. Iban también al campo en Villa Pehuenia, en la cordillera.

En julio de 1976, Duarte fue designado al frente del único juzgado federal de toda la provincia de Neuquén. Fue el único caso en todo el país en el que un auditor militar del Ejército ocupó un cargo de esa naturaleza para el cumplimiento del plan terrorista, hasta 1983. Su carrera en la magistratura terminó dos años después, cuando el Senado no aprobó sus pliegos para que continuara. De todos modos, se mantuvo activo como abogado del foro local con un estudio propio al que sumó a Patricia M. Cortez, su secretaria de siempre, que se formó y se recibió trabajando a su lado.

Se divorció, pero mantuvo una muy buena relación con Amboldi, quien participó de varias operaciones inmobiliarias. En los últimos años, el menor de los varones, Ezequiel Agustín Duarte, apareció como dueño en el territorio en conflicto con una comunidad mapuche en Paso del Arco, área rural próxima a Villa Pehuenia, en el centro-oeste de la provincia. Actuó como apoderado de su hermana en la operación inmobiliaria realizada en 2009, sin el consentimiento de Perron y en perjuicio de su patrimonio.

“En 2013 regresamos a vivir a la Argentina. No sabía quién era en realidad el padre”, aseguró Perron. Al año siguiente, Adrián García Lois, fiscal federal subrogante e integrante de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el Terrorismo de Estado, presentó los cargos contra Duarte y otros ocho colegas que cumplieron funciones en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén ante Gustavo Villanueva, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 con asiento en la capital provincial. Más tarde, otro fiscal pidió la detención de Duarte en el mismo expediente.

En ese contexto, la pareja de la hija de Duarte y Perron se disolvió en 2014. La mujer cortó todo vínculo de las gemelas con su familia paterna, que crecieron sin poder jamás comunicarse por medio de una videollamada, o al menos recibir los regalos que envían su abuela materna y su tío desde Francia. La sentencia de divorcio es de 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Un despojo

Por uso y costumbre del clan, todos los trámites que realizó Perron mientras estuvo casado los realizó en la escribanía Rosso de la capital provincial. En mayo de 2007 formalizó un escrito para el que presentó copia del acta de matrimonio celebrado en Plouay, Francia, el año anterior. Esa misma escribanía, en 2009, celebró una operación de permuta de un inmueble por parte de la madre de las gemelas sin el consentimiento de su esposo y asegurando que la propietaria era soltera. La existencia del matrimonio no sólo le constaba a la propia escribanía, sino también a quien actuó como apoderado de la operación de compra-venta, el hermano Agustín. La madre y el padre también participaron de esa maniobra, de acuerdo al detalle de la documentación de la denuncia presentada ante el Colegio de Escribanos en 2019.

En febrero de 2008, la entonces esposa de Perron compró a Ecor S.A. un piso de un edificio por boleto de compra-venta, afirmando que era soltera. La operación se escrituró en agosto de 2009. Luego, en agosto de ese mismo año, permutó ese piso con Nora Ilse Serrano, esposa del ex gobernador neuquino Pedro Salvatori, ya fallecido, por un lote en el barrio privado Rincón Club de Campo. Esa operación se completa con otras dos en las que intervienen su padre y su hermano, todas con el consentimiento de su madre. Así surgió un condominio en el country preferido del poder local.

En diálogo con esta cronista, Perron aseguró que él mismo hizo la transacción original de compra del inmueble de la torre Ecor con recursos y bienes propios en Francia, precisiones que fortalecen su versión del proceso de despojo económico, que ocupa un lugar secundario en su reclamo por memoria, verdad y justicia.

 

 

 

 

 

 

 

Daño(s) irreparable(s)

Los Duarte se abroquelaron al avanzar la investigación federal por crímenes de lesa humanidad en la Subzona 52 del Ejército, que comprendía el Alto Valle y la zona andina de Río Negro y toda la provincia de Neuquén. Perrón perdió su vivienda familiar, su patrimonio invertido en el país y, por encima de todo, la posibilidad de ejercer y disfrutar de la paternidad. Afrontó una denuncia por presunto abuso sexual de las niñas, que la Justicia neuquina investigó y rechazó. También logró un fallo favorable de revinculación de María Gabriela Ávila, titular del juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia 2 de la ciudad de Neuquén en 2015. Está firme y consentido, pero la madre no lo cumplió ni la Justicia local se lo exigió. Tampoco accedió a una solicitud de videollamada interpuesta por la abuela paterna, de 72 años, residente en Francia. En general, en todos los expedientes, a su ex esposa la representa Cortez, miembro del estudio jurídico de su padre.

Cuando quedó solo, Perron mantuvo el lazo con quienes eran amigxs de la pareja. Consiguió un empleo estable y no aceptó la oferta económica que le hizo el anciano jefe del clan como compensación por las pérdidas económicas en la maniobra de los inmuebles: 500.000 dólares y retirar todas las demandas judiciales y administrativas. Aprendió español y la dolorosa historia reciente de nuestro país, cuya sombra de impunidad alcanza su vida cotidiana. O, mejor dicho, los vacíos de su vida cotidiana.

“Duarte ingresó al Cuerpo Profesional del Ejército como Auditor, el 23 de marzo de 1961, conforme Decreto PEN 2.271, y es destinado el 1° de enero de 1967 al Comando de Brigada de Infantería de Montaña VI con asiento en Neuquén capital con el grado de Capitán y el cargo de Auxiliar Sección Justicia. En 1972 Duarte se convierte en Jefe de la Sección Justicia, y al año siguiente obtiene el grado de Mayor, continuando en el mismo cargo hasta el 5 de julio de 1976, cuando solicita y se le otorga el retiro voluntario del Ejército, que no significó la desvinculación con esta fuerza, sino hasta 1982 cuando finalmente solicita la baja”, según consta en su Legajo Personal del Ejército Argentino, agregado a la causa.

A fines de 2019, Julien Bouchard, cónsul general de Francia, y el cónsul honorario Jérôme Sassiat se reunieron con Evaldo Moya, juez del TSJ, para reclamar por el incumplimiento de una sentencia firme en perjuicio de Perron y sus dos hijas: tres ciudadanxs franceses, dos de ellxs menores de edad con protección y derechos propios. En mayo del año siguiente, Sassiat volvió a insistir ante Germán Busamia, vocal del máximo tribunal local. Nada consiguió la diplomacia.

“(Mi) vínculo espiritual con el Ejército nació con mi ingreso como cadete a los 12 años de edad”, sostuvo el propio Duarte al solicitar la desvinculación de la fuerza para asumir como juez federal. Hasta ahora resulta más fuerte la estela de ese vínculo que la solicitud de Josiane para hablar con sus nietas; de Luna, la prima que aprendió español por las gemelas; de Jean-Marc, el tío que manda los paquetes con regalos que quedan varados en un estudio jurídico; y del padre que navega en la maraña de los pactos corporativos del Poder Judicial neuquino con algunos de los ejecutores materiales de la ejecución y legitimación del terrorismo de Estado en la región.

 

 

 

 

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