La cosa nostra (parte dos)
La nueva audiencia por el Correo fue un circo
En medio de la sangría del país, el Correo Argentino obtuvo una nueva audiencia para ofertar otro pago de la millonaria deuda con el Estado. Cuando la audiencia concluyó, uno de los asistentes resumió lo sucedido con una frase: Fue un circo. La compañía de la familia presidencial hizo una propuesta de mínima y otra de máxima. La primera, igual a la de 2016 pero peor, devaluación mediante. La segunda todavía más grave porque contempla pagarle al Estado la deuda completa (capital más interés), lo que en principio es un logro porque por primera vez admite la existencia de intereses pendientes. Pero dice que sólo pagará si gana los juicios abiertos contra el Estado.
En casa tengo el diccionario ideológico de la lengua española de Julio Casares, una suerte de ensayo enciclopédico sobre territorios que discuten orígenes y recorridos del lenguaje. De acuerdo a Casares, el caso de la familia presidencial podría enmarcarse en el de un clan de vampiros. Entre las acepciones, la palabra vampiro tiene filiaciones con el campo de las supersticiones, según las cuales se trataría de un espectro o cadáver que por las noches va a chupar la sangre de los vivos. En el campo de las figuraciones, vampiros son las personas codiciosas que se apoderan poco a poco de los bienes ajenos. Entonces, ¿gato o vampiro?
Según las cuentas de la fiscal general Gabriela Boquín, el Correo le debe al Estado unos 4.000 millones de pesos, equivalentes al presupuesto de Aerolíneas Argentinas de 2018. Eso es capital más interés acumulados desde 2001 cuando entró en concurso de acreedores. El martes pasado, durante la audiencia en la Cámara Nacional Comercial, audiencia reservada y a puertas cerradas pese a que la ley no impide el acceso del público, los abogados de la familia presidencial ofrecieron pagar con una oferta de dos partes.
Primera parte
La primera, por el capital: 296.205.376 pesos/dólares en 2001. Ofrecieron pagar 100% en 15 cuotas anuales en efectivo con 7% de interés desde el 28 de junio de 2016, fecha de la primera oferta presentada ante este nuevo gobierno, aceptada por el entonces Ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, denunciada porque equivalía a una condonación del 99 por ciento y finalmente rechazada. También dijeron que pagarían las 2 primeras cuotas juntas por un total de 5,9 millones de pesos, en un único pago anticipado y luego cuotas anuales. Con tasa al 7 por ciento, esa cuenta final daría unos 600 millones de pesos.
Hasta ahí parece la misma propuesta de 2016. Es cierto que con pago adelantado de dos cuotas, ya no serían en 15 años sino en 13, pero como pasaron dos años terminarían pagándose en 2033 como la propuesta de 2016. Y también aquella vez presentaron un tasa de interés de 7 por ciento. Pero los 600 millones totales a 2033 siguen muy lejos del cálculo de Boquín con una deuda que para entonces ascendería a 70.000 millones, según el cómputo de la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero del Ministerio Público Fiscal).
Sin embargo no es la propuesta de 2016 porque transcurrieron dos años con un dólar que pasó de 15 a 28 pesos. Y eso significa que 600 millones de pesos en 2016 equivalían a 40 millones de dólares, y hoy a unos 20.
Segunda parte
El segundo punto de la oferta en principio parecía más razonable. El Correo admite por primera vez la existencia de intereses adeudados, punto que hasta ahora rechazó. Ofrece pagar intereses desde septiembre de 2001 hasta 2018, calculados con la Tasa Pasiva Promedio del BCRA. Esto arroja un interés de 506,76%. Así, la deuda de capital original (296.205.376 pesos) se convierte en una deuda de 1.797.228.299 pesos, es decir cerca de 1.800 millones. En ese punto pidió una quita de 30 por ciento, que está dentro de los parámetros razonables.
Pero el planteo también llegó con sorpresas bajo la alfombra. Un tema (menor) es la tasa. Boquín usa la Tasa Activa de variación promedio y ellos usan la Tasa Pasiva. Hoy, según el Banco Nación, la TA es de 36,56% y la TP de 20%. Ahí hay una diferencia, que en todo caso crece hasta transformarse en un absurdo con el planteo del 7%. Pero el problema mayor no es ese, sino que condicionaron el acuerdo al futuro de los juicios con el Estado, es decir alguno de los cinco juicios abiertos en el fuero contencioso administrativo.
En ese sentido, dicen que a los treinta (30) días de que la concursada reciba cualquier pago indemnizatorio bajo cualquiera de los procesos judiciales iniciados contra el Estado Nacional, deberá pagar los intereses al Estado y de forma proporcional a todos sus acreedores. Si alcanza para cancelar todos los intereses calculados, la concursada lo hará en un sólo pago. Si no alcanza, el saldo se seguirá ajustando por idéntica tasa. Y misma quita. Hasta que la concursada perciba otro pago de indemnización y repita el mismo procedimiento.
O sea, con una opción pagan intereses sólo si ganan los juicios. Y con la otra quieren pagar una deuda licuada.
2001: 296.205.376 pesos por 1 USD = 296.205.376 dólares
2016: 296.205.376 pesos por 15 USD = 19.747.025 dólares.
2018: 296.205.376 pesos por 28 USD = 10.578.763 dólares.
Saravia Frío
En la audiencia estuvieron las dos juezas de la Cámara, Matilde Ballerini y María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero. Por el Correo, el presidente del directorio, Jaime Cibils Robirosa, y el abogado Jaime Leonardo Kleidermacher. Participó la fiscal Boquín y dos representantes de la Procuración del Tesoro de la Nación, el subprocurador Juan Pablo Lahitou y Carlos Gustavo Pistarini, en su carácter de Director Nacional de Asuntos Judiciales.
La PTN es el organismo que actúa como jefe de los abogados del Estado, y quedó a cargo de la negociación tras el escándalo de 2016. Macri sacó a los hombres de la política como Aguad y amplió las funciones de la PTN por decreto para hacerla intervenir en situaciones de conflicto de intereses con el mascarón de técnicos en el asunto. La PTN estuvo a cargo de Carlos Balbín hasta que firmó el borrador de un dictamen muy crítico del acuerdo 2016. Desde entonces lo reemplaza Bernardo Saravia Frías, es decir un ex abogado del Grupo Macri.
¿Qué hizo la PTN en la audiencia? Dos cosas mal hechas. Pidió 45 días de plazo para analizar la oferta y la intervención de la Autoría General de la Nación (AGN). Como sucedió con la oferta del edificio de Monte Grande, la PTN promovió la extensión de un nuevo plazo a contramano de las recomendaciones dadas incluso por su antecesor. Balbín ya había dicho que el paso del tiempo licua cada día la deuda con el Estado. El otro punto mal pedido fue la AGN. El organismo no depende del Ejecutivo sino del Congreso. Actúa o debería actuar como fiscalizador del Ejecutivo, pero no como asesor. Pero el pedido de intervención no parece antojadizo. El organismo que dirige Oscar Lamberto ya dictaminó sobre el Correo en base a un informe de la PTN posterior al alejamiento de Balbín. Sobre esa base la AGN dijo que no había encontrado conflicto de intereses en la negociación de 2016. Como sea, de todas maneras ahora no participará nuevamente. La Cámara finalmente aceptó los 45 días, pero rechazó a la AGN.
Con estos datos existe una sola conclusión. La propuesta del Correo es un acuerdo ruinoso. No hay argumentos a favor porque de aceptarlo el Estado se queda sin su crédito (la deuda) pero mantiene todo su pasivo: los juicios. Pero a esta altura conviene tener presente un dato. El tiempo. Entre 2003 y 2015, el Correo presentó sólo dos propuestas, ambas en 2014 y rechazadas. Desde el cambio de gobierno, presentó tres. Una en junio de 2016. Otra en junio de 2018 (edificio). Y otra ahora. En ese sentido hay una aceleración. Malas y peores, pero hay más propuestas. En el medio consiguieron licuar la mitad de la deuda. En ese esquema no hay que olvidar los números que obligaron al presidente a recluirse el último 9 de Julio para festejar el día de la Independencia acorralado en la Casa de Tucumán. Por eso nadie sabe si pasado este tiempo van a volver a conseguir tan buen escenario para cerrar el acuerdo.
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