La conspiración permanente

 

Las consecuencias económicas y sociales de la pandemia se reflejan en los mayores niveles de pobreza, la desocupación y precarización laboral, y la disminución del poder adquisitivo de los salarios.

La devaluación y demás medidas económicas del gobierno macrista determinaron que los salarios se redujeran más de un 26%. A ello debe agregarse la reducción provocada por el alza inusitada de los precios durante 2020 y aún más durante el corriente año.

La lucha por el aumento salarial siempre es la reacción de los trabajadores ante la acción anterior del capital, y en nuestro caso fueron la devaluación, el alza permanente de los precios de los productos de consumo y de las tarifas de los servicios públicos en manos privadas los que determinaron la reducción de los salarios.

Los trabajadores y sus organizaciones no pueden renunciar a recuperar siquiera parcialmente lo perdido durante los cuatro años del gobierno neoliberal y luego en el contexto de la pandemia de Covid-19. Los aumentos obtenidos en paritarias que exceden sólo en unos puntos la inflación del 29% proyectada en el Presupuesto Nacional no alcanzan a cubrir el impacto de la incontrolable suba de precios de los productos de primera necesidad.

 

La estrategia política de los grupos económicos: el liderazgo de Techint

Los esfuerzos realizados por el gobierno nacional para revertir las consecuencias de la pandemia desde su inicio –el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) creado por el Decreto 332/2020, los subsidios, los créditos a tasas preferenciales y otras medidas de estímulo a la producción destinadas a la pequeña y mediana industria– beneficiaron también a la gran burguesía. Pero esta no ha dejado de manifestar –a través de sus conductas– que sus objetivos distan mucho de las propuestas del gobierno nacional.

Se ha dicho que la oposición sistemática de estos empresarios no se explica racionalmente, habida cuenta de la destrucción de la industria operada durante la etapa del gobierno de Cambiemos. Quienes realizan dichas observaciones olvidan que por entonces había un objetivo estratégico común en el que coincidían la clase dominante y su representación política: el disciplinamiento de la clase trabajadora para forzarla a aceptar peores condiciones de trabajo y así poder retornar a los niveles históricos de la tasa de ganancia alcanzados durante la década del 90, objetivo que al menos parcialmente lograron. Y también olvidan que los intereses políticos de la clase dominante están por encima de los económicos, y que cuando parte del Estado pasa a manos de una fuerza política de carácter nacional y popular las luces de alarma se encienden y sus cuadros principales ocupan el centro de la escena, desarrollando una estrategia que oscila entre la negociación y la confrontación, con el objetivo de desgastar al gobierno.

Tal ha sido la conducta de las patronales agropecuarias de la Mesa de Enlace manifestada en los conflictos sostenidos contra el gobierno, el último de ellos por la decisión de suspender por treinta días las exportaciones de carne con el fin de frenar los aumentos de precios.

La misma estrategia de protagonismo directo y confrontación llevan adelante los grupos concentrados del poder económico, agrupados en la Asamblea Empresaria Argentina, bajo la conducción de Paolo Rocca. Han asumido el control absoluto de la Unión Industrial Argentina, colocando como director al abogado Daniel Funes de Rioja, quien desde hace décadas ha representado los intereses económicos, políticos e ideológicos del gran capital en nuestro país y a nivel internacional (en la Organización Internacional del Trabajo).

Paolo Rocca y su grupo económico Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C.I ya han demostrado desde el comienzo de la pandemia que no están dispuestos a acatar las medidas dispuestas por el gobierno nacional en cuanto afecten sus negocios.

Dos días antes de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 329/2020, de prohibición de despidos, Techint anunció el despido de 1.450 trabajadores encuadrados en el Estatuto de la Construcción, que cumplían sus tareas en las provincias de Buenos Aires, Tucumán y Neuquén.

El 6 de abril de 2020 la Unión Obrera de la Construcción y Techint convalidaron los despidos de todos los trabajadores. La empresa acordó abonar a cada trabajador la liquidación final y una gratificación extraordinaria. El Ministerio de Trabajo de la Nación homologó dicho acuerdo pese a ser violatorio del Decreto 329/2020.

También en marzo de 2020, en Italia, Techint desarrolló una intensa campaña publicitaria y presiones políticas a fin de lograr que una de las integrantes del grupo –la planta siderúrgica Tenaris Dálmine, de la ciudad de Bérgamo– no cerrara, aun cuando dicha ciudad, situada en la región de la Lombardía, tenía uno de los niveles de contagio más importantes del mundo.

Desplegando un desembozado boicot respecto a las medidas de emergencia sanitaria y de protección del trabajo, Techint obliga a gran cantidad de trabajadores no esenciales a romper el aislamiento, suspende personal con rebajas salariales y/o con pagos no remunerativos, ofrece “retiros voluntarios” y despide a una gran cantidad de obreros de empresas tercerizadas. Cabe señalar que durante el 2020, Ternium –una de sus filiales– obtuvo un aumento de sus ganancias cercano al 70 %.

Como parte de la llamada “patria contratista”, desde hace más de cuatro décadas, Techint fue beneficiario de exenciones en materia fiscal e impositiva, de subsidios y de la estatización de la deuda privada que un joven Domingo Cavallo promovió al frente del Banco Central durante la dictadura.

El grupo fue también precursor de la flexibilización laboral y de los procesos de descentralización productiva y tercerización, que se generalizaron a partir de la década del ‘90.

También durante dicha década participó en los procesos de privatización de empresas públicas, quedándose con la Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA), hoy Siderar.

Hoy asume un rol de vanguardia del gran capital en decisiones violatorias de las medidas de emergencia dictadas por el gobierno nacional, poniéndose al frente de la campaña contra la prohibición de los despidos.

En los decretos de necesidad y urgencia que prorrogan dicha prohibición y la duplicación de las indemnizaciones por despido, el gobierno nacional ha efectuado algunas concesiones:

El artículo 9 del DNU 39, del 22 de enero de 2021, excluye a los trabajadores y trabajadoras ingresados después del 13 de diciembre de 2019 de la prohibición de despidos y suspensiones y de la duplicación de indemnizaciones. Lo más grave es que excluye a quienes sí se hallaban incluidos de acuerdo al DNU 329 de marzo de 2020.

El DNU 266 del 22 de abril de 2021, además de ratificar dicha exclusión, incorpora una nueva. Su artículo 5 establece: “Quedan asimismo exceptuados o exceptuadas de las prohibiciones quienes se encuentren comprendidos o comprendidas en el régimen legal de trabajo para el personal de la industria de la construcción de la Ley 22.250”.

Se trata de concesiones injustificadas y discriminatorias dispuestas a favor de los grupos concentrados del poder económico, y que benefician particularmente al grupo Techint.

Fueron precisamente trabajadores de la construcción las víctimas de los primeros despidos, y los voceros mediáticos del poder económico trataron de justificarlo en virtud del régimen especial de la ley de la dictadura 22.250 que los excluye del derecho a la indemnización por despido, soslayando que la prohibición del Decreto 329 incluía a la totalidad de los trabajadores y trabajadoras sin excepción alguna.

El gobierno sostiene una política tendiente a buscar acuerdos con los sectores concentrados del poder económico, ofreciéndoles a la vez un papel de relevancia en el Consejo Económico Social. Pero estos empresarios siguen aferrados al dogma neoliberal: pretenden que el Estado garantice el aumento de sus ganancias, el equilibrio fiscal, y sobre todo que abandone el objetivo de que los salarios crezcan unos puntos por encima de la inflación.

Es de una gran ingenuidad pensar que quienes controlan el poder económico se avengan a un nuevo pacto social en el marco de su integración en el Consejo Económico Social.

Presionan al gobierno para que se restablezca plenamente el derecho a despedir, el factor disciplinador por excelencia del capitalismo, y para que se avance hacia una reforma laboral que flexibilice aún más las relaciones de trabajo.

Desechan totalmente las propuestas de la Comisión Económica para la América Latina “centradas en reformar a fondo los sistemas de protección social y seguridad alimentaria, apoyar activamente a las pymes, subsidiar a las empresas para evitar los despidos, instituir la renta básica universal, democratizar el acceso a la salud”. Mucho menos están dispuestos a aceptar “el desarrollo de una fiscalidad progresiva, la reducción de la evasión fiscal (que en América Latina alcanza el 6% del Producto Bruto Interno), la refinanciación o condonación total o parcial de la deuda externa de los países en desarrollo y los países pobres, y la expansión de la cooperación internacional” [1]

 

La derecha y la Carta de Madrid

Los sectores que conspiran contra las medidas de emergencia sanitaria, los que trataron de impedir que se sancionara la ley de aporte de las grandes fortunas, los que boicotean la totalidad de los proyectos enviados por el Ejecutivo, particularmente los de reforma del Ministerio Público Fiscal y del Poder Judicial, los que se oponen al juicio político de los integrantes de la Corte Suprema, los que –recurriendo a todos los medios, aún los ilegales– tratan de hacer fracasar la campaña de vacunación y todas las medidas de protección contra el crecimiento de los contagios y muertes como consecuencia de esta segunda ola de la pandemia, tienen una dirección política.

Por detrás del accionar agresivo y violento de los mediocres dirigentes de la oposición y de la mentira planificada por los medios hegemónicos, está la dirección del poder real, el de los grupos económicos nacionales y transnacionales.

La Carta de Madrid, manifiesto escrito por los neofranquistas de Vox, al que han adherido connotados dirigentes de Propuesta Republicana (PRO) y de los fascistas “libertarios”, muestra una clara orientación dirigida hacia todas las fuerzas políticas de la derecha en América Latina, alentándolas en su campaña de oposición sistemática a cualquier gobierno popular surgido de elecciones democráticas. Llama “Iberosfera” a las naciones de América Latina, encabezadas por España, y afirma que una parte de la misma está “secuestrada por regímenes totalitarios de inspiración comunista”, extendiendo dicha calificación no sólo a Cuba y Venezuela sino a todos los gobernados por frentes democráticos y populares como la Argentina y Bolivia. Señala que el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla son iniciativas “que se infiltran en los centros de poder para imponer su agenda ideológica”. Invocan la defensa del “Estado de derecho, el imperio de la ley, la separación de poderes, la libertad de expresión y la propiedad privada”, que estarían en peligro. No es casual que este léxico, propio de la guerra fría, de las dictaduras cívico-militares genocidas y del Plan Cóndor, sea idéntico al utilizado en los aquelarres organizados por la derecha contra las medidas dispuestas por el gobierno nacional desde el inicio de la pandemia.

Los objetivos son muy claros: el desconocimiento sistemático de la legitimidad de los gobiernos populares desde el momento mismo en que son votados por el pueblo, como ocurre en el caso de la victoria de Pedro Castillo en el Perú; o bien la estrategia de la tensión permanente tendiente al desgaste del gobierno y a su posterior derribo, como ocurriera con el golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, y como pretenden en nuestro país, más allá del resultado de las elecciones legislativas de medio término.

Se trata de fuerzas antidemocráticas y antipopulares, cuya organización y conducción real se halla en manos de los grupos económicos nacionales y transnacionales, que no vacilarán en descargar sobre el pueblo las consecuencias de la crisis provocada por la mayor pandemia de la historia y provocar un nuevo retroceso social y político.

 

Defensa de la estabilidad en el trabajo y ampliación de derechos

La prohibición de los despidos sin causa o por causa de fuerza mayor o falta de trabajo debe sostenerse no sólo como medida de emergencia en el marco de la pandemia sino como derecho humano a la estabilidad y a la máxima protección posible contra el despido arbitrario, conforme al artículo 7 inciso d) del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Protocolo de San Salvador, y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Extinción del Contrato de Trabajo, que son pactos internacionales con jerarquía constitucional.

Ninguna concesión a los grupos económicos que implique recorte de derechos laborales puede ser aceptada como condición para la inversión productiva. Por el contrario, la ampliación de derechos de los trabajadores urbanos y rurales es condición necesaria para la recuperación de nuestra capacidad productiva, y también para la consolidación de la democracia. Es imposible construir una sociedad democrática, justa e igualitaria si se retorna a la “normalidad” de la libertad para despedir y de las jornadas de trabajo prolongadas, si más del 50% de la fuerza de trabajo permanece en la informalidad y la precariedad, si los salarios no aumentan por encima de la inflación, si no se reduce la jornada de trabajo a 32 o 35 horas semanales sin reducción salarial, si no se mejoran las condiciones de vida y de trabajo de nuestro pueblo.

 

[1] Bernardo Kliksberg, “Los impactos desiguales de la pandemia”, Le Monde Diplomatique, Agosto 2020, p. 14/15.

 

 

 

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