Consagración de la democracia

 

Una semana después del abrumador triunfo del rechazo al texto de la nueva Carta Magna en el plebiscito del 4 de septiembre (62% contra 38%) los líderes de los partidos políticos de Chile, con excepción del ultra derechista Partido Republicano de José Antonio Kast, se reunieron para delinear un nuevo proceso constitucional y acordaron que la redacción del nuevo texto estaría a cargo de un órgano elegido por la ciudadanía, aunque no se especificó el número de personas que lo integrarían.

Su nueva redacción sería apoyada por un comité de expertos, pero no se definió el formato. La nueva instancia sería paritaria y su entrada en vigor requeriría un plebiscito con voto obligatorio. La concreción de las reglas del nuevo proceso constituyente no será fácil. La agrupación de Sebastián Piñera, Chile Vamos, pidió postergar las reuniones y que el gobierno no participe de ellas. Pero el tiempo pasa y las conversaciones se reanudaron el jueves y viernes de esta semana, sin presencia del gobierno y con divergencias en la mecánica del proceso.

El nuevo texto podría dejar de lado muchos aspectos importantes incorporados en el texto de la Constitución, rechazado en el referéndum, como el concepto de democracia paritaria entre hombres y mujeres en la conformación de todos los órganos del Estado; el reconocimiento a los pueblos indígenas mediante la introducción del concepto de plurinacionalidad –uno de los aspectos más manipulados y tergiversados por los medios–, el cambio de rol de subsidiaridad del Estado por uno social y democrático de derecho; el ejercicio libre de los derechos sexuales y reproductivos –que incluye la protección del Estado para una interrupción voluntaria del embarazo–; el derecho humano al agua y su desprivatización, entre otros.

El triunfo del rechazo no fue una sorpresa. Desde abril, todas las encuestas así lo indicaban, pero se proyectaban diferencias máximas de 10 puntos porcentuales. Lo que ninguna acertó fue la magnitud de ese desbalance (24 puntos). El texto de la nueva Constitución fue rechazado en todas las gobernaciones. Solo 8 de las 346 comunas del país lo aprobaron.

 

 

¿Qué pasó?

No cabe duda de que los impulsores del cambio de la Constitución de 1980 tuvieron desaciertos. El más destacable fue haberle restado importancia a la campaña de votación que le daría vigencia. Se enfocaron en el contenido del texto, en el cual la derecha participó poco y nada. Tampoco hubo un mensaje claro o una idea fuerza convocante para la población. Les faltó lo que a la derecha le sobró: marketing. Además, tuvieron el acierto de guardar en el ropero a sus más exiguos representantes, José Antonio Kast y Sebastián Piñera.

Quienes buscaban cambiar la Constitución se vieron sobrepasados por la feroz campaña desinformativa montada por la oposición que apostó todas sus fichas al plebiscito, sin importarle el texto constitucional, salvo para denostarlo a través de los medios y las redes sociales. El efecto de la campaña mediática se observa claramente en la nota “Por qué ganó el rechazo en Chile”, publicada en El Cohete. En ella se cuantifica cómo impactaron en la población mensajes como “el Estado se apropiaría de las viviendas”, “los fondos de pensiones no serían heredables”, “se dividiría el país al incorporar el concepto de plurinacionalidad”, entre otros. El poder mediático fue el gran triunfador del referéndum.

La pandemia fue también un factor que le jugó en contra a la labor de la Convención. El primer referéndum para cambiar la Constitución, y la vía para lograrlo, estaba previsto para marzo de 2020. Sin embargo, recién pudo realizarse en octubre de ese año cuando la calle había dejado de ser un espacio protagónico: las demoras pueden apagar la llama… En un escenario similar, con la ciudadanía en el encierro, se realizaron los debates en la Convención Constituyente, instalada en julio de 2021. Esto produjo una suerte de divorcio entre las organizaciones populares y sus representantes. Recordemos que el 42% de los constituyentes correspondían a fuerzas independientes como resultado de que, por primera vez, se les permitió presentar listas para competir con los partidos tradicionales en igualdad de condiciones.

Otro factor que jugó en contra fue la crisis económica, expresada en altos niveles inflacionarios y devaluación de la moneda, ralentización del crecimiento –inducidos por factores externos–, altos niveles de endeudamiento como consecuencia de la pandemia, aumento de la violencia, la delincuencia y la presencia del narcotráfico, que la población desinformada y alimentada por los medios de comunicación asocia a la gestión de Gabriel Boric.

 

 

Viraje al centro

Tan pronto se conocieron los resultados, Boric reconoció que la ciudadanía había expresado con total claridad su desacuerdo con el texto, y dijo que había que buscar el camino para encontrar una propuesta de amplio consenso para cumplir con la voluntad mayoritaria de cambiar la actual Constitución.

Como señal de sintonía con el sentimiento ciudadano, realizó cambios importantes en el gabinete, el primero desde que asumió el gobierno, en marzo, al retirar a altos funcionarios de su círculo más íntimo. Estos tuvieron lugar en las carteras de Interior y Seguridad Pública, la Secretaría General de la Presidencia, Desarrollo Social y Familia, Salud, Energía y Ciencia y Tecnología.

El nombramiento de representantes de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista en algunas de esas carteras implica el retorno de la centroizquierda, que fue derrotada en todas las elecciones después de las revueltas sociales de 2019. Ello se puso en evidencia en la elección de los 155 delegados que conformaron la Convención Constituyente en mayo del año pasado. En esa misma fecha se eligió a gobernadores regionales (por primera vez), alcaldes y concejales. El resultado fue concluyente y el triunfo se lo llevaron los independientes y los representantes de fuerzas de izquierda más radicales agrupados en la coalición Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista y otros menores).

Los representantes de los partidos de derecha agrupados en la lista oficialista de Piñera, Vamos por Chile, no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto de la nueva Constitución. Apenas obtuvieron el 23% de los votos. Peor le fue a la ex Concertación (Partido Socialista, Democracia Cristiana, otros) agrupada en la lista Apruebo que obtuvo apenas 16% de votos. En el último referéndum, muchos de sus miembros votaron por el rechazo.

El debilitamiento de esos partidos tradicionales que, con matices, administraron el modelo neoliberal heredado de la dictadura militar durante las tres últimas décadas, se hizo también visible en noviembre del 2021 durante las elecciones presidenciales; los triunfadores en primera vuelta, (Kast, con 27,9% de los votos válidamente emitidos y Boric, con 25,8%) hicieron campaña con posiciones radicales en sus respectivos espacios políticos.

 

 

Lo que viene

El preacuerdo logrado el 12 de septiembre en el Congreso Nacional para continuar con el proceso constituyente continúa en medio de desacuerdos sobre la mecánica de la nueva Convención Constituyente. El Partido Republicano, de Kast, lo rechaza, no participa de las conversaciones y considera que eventuales cambios a la Carta Magna deben estar a cargo del Congreso, donde la oposición tiene mayoría en el Senado. Algunos consideran, inclusive, que se debe mantener la Constitución de Augusto Pinochet e invocan su artículo 142, que establece que “si la cuestión planteada al electorado en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución”. Asimismo, consideran que no vale la pena cambiar una Constitución que ha llevado a Chile a ser el mejor país de la región. Algo que va a contracorriente de lo que piensa casi el 70% de los chilenos que, según las encuestas, y a pesar del voto de rechazo al texto elaborado por la Convención Constituyente, desea un cambio de Constitución.

La Coalición Chile Vamos tampoco hará las cosas fáciles. Al día siguiente de haberse logrado el preacuerdo pidió la postergación de las reuniones programadas porque debían evaluar las decisiones internamente. Además, le exigió al gobierno que se excluyera de la mesa de diálogo puesto que sentían que este impartía órdenes. Este pedido de excluir al gobierno de las conversaciones fue la respuesta a las impertinentes declaraciones de la portavoz del Presidente, Camila Vallejo, al adelantarse a decir que el gobierno ya había delineado el camino constituyente que defendería, cuando todavía había aspectos que no habían sido definidos.

Las conversaciones se reanudaron esta semana, sin la presencia de representantes del gobierno. Los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado recibieron a los partidos políticos con representación parlamentaria, tanto de oposición como oficialista, a representantes de los municipios de todo el país, de las pymes y de los centros de estudios más relevantes del país. Los partidos oficialistas proponen que se debe convocar a una Convención Constituyente 100% electa por la ciudadanía, paritaria, con participación de pueblos originarios, junto con la existencia de un órgano técnico que acompañe la Convención Constitucional, sin carácter deliberativo. Existe consenso en que la nueva Constitución debe ser sometida a plebiscito, pero no en que esta debe ser redactada por un órgano electo. En cualquier caso, el acuerdo deberá ser lo suficientemente amplio, pues debe ser aprobado al menos por 4/7 de las fuerzas representadas en el Congreso.

El nuevo proceso constituyente estará signado por la presencia de una oposición que ha salido fortalecida con el resultado del plebiscito, en un escenario en el que el fervor popular en las calles se ha esfumado y en un escenario económico crecientemente adverso. Muchos de los avances del texto constitucional rechazado se verán recortados y limitarán los cambios que Gabriel Boric proyectaba realizar en su gobierno. Pero en perspectiva histórica no deja de ser una victoria. La ciudadanía, los partidos políticos y la sociedad civil están participando en la definición de un nuevo proceso constituyente que llevará a los chilenos a tener una Constitución escrita en democracia, y no por una comisión reducida de expertos designados por una Junta Militar, que sesionó a puertas cerradas en la fase más crítica de la dictadura.

 

 

 

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