La conexión O'Farrell

 

¿Cuál es la relación entre la empresa Ford Motor Argentina y el denominado “Juicio a Ford”? Desde los años ‘80, la empresa se mostró reticente a colaborar y negó los crímenes cometidos contra 24 trabajadores de su fábrica, hasta que el inicio del proceso judicial por delitos de lesa humanidad en 2003 la obligó a cambiar de posición: desde entonces sostiene que el juicio es contra ex directivos y que la empresa no es parte. Sin embargo, durante más de un año de debate y fundamentalmente en los alegatos que se comentan también en esta edición, los abogados de los imputados dejaron entrever que defendían algo más que a sus clientes.

Hace algunas semanas dijimos que Ford Motors Company en Argentina es desde hace más de un siglo sinónimo del tradicional bufete de abogados O’Farrell. Los O’Farrell representaban en este país los más altos intereses de la automotriz norteamericana (y de otras empresas de ese origen), desde antes, durante y después de los años represivos. Uriel Santiago fue durante los años del terrorismo de Estado director de asistencia perfecta e informante del directorio de la empresa. Su sobrino segundo, Juan Patricio O’Farrell, participaba del directorio y era apoderado directo de la compañía norteamericana.

Ahora bien, ¿existe relación alguna entre los abogados de los imputados y la empresa Ford? ¿Le interesa a Ford la suerte de un juicio en el que se ventiló su compromiso con la represión ilegal ejercida en su propio territorio? ¿Cuál es la relación entre estos abogados y el entramado militar y económico que sostuvo la última dictadura?

 

Conexión 1

El imputado Pedro Müller llegó a ser vicepresidente de Ford después de una larga carrera en la empresa. Su equipo de abogados está conformado por Nicolás Corleto y el joven nieto homónimo de Mariano Grondona. En varias audiencias, se sentó junto a ellos Carlos Enrique Caride Fitte, abogado de mayor trayectoria, que representaba al imputado más comprometido en la causa: Guillermo Galarraga, ex jefe de Relaciones Industriales, fallecido antes de comenzar el juicio.

Caride Fitte estudió abogacía en la UBA y Administración Agraria en la UADE, de donde egresó en 1978. Asumió en ese año como funcionario de la dictadura. Su destino fue la Secretaría de Estado de Programación y Coordinación Económica, bajo las órdenes de Guillermo Walter Klein. Esta secretaría fue el eslabón medular desde donde los Chicago boys implementaron el programa de financiarización de la economía y destrucción productiva del país. Caride Fitte dejó su cargo en 1981, cuando Jorge Rafael Videla fue reemplazado en la presidencia dictatorial y José Alfredo Martínez de Hoz salió eyectado del Ministerio de Economía, dejando un país hundido por el endeudamiento externo y la fuga de divisas.

A su salida, Caride Fitte fundó un estudio de abogados junto a Carlos María Tombeur. La sociedad funcionó hasta 1992. En 1994, Caride Fitte fue asesor de la Administración Nacional de Aduanas y luego terminó defendiendo al ex titular de esa repartición, Gustavo Parino, denunciado por contrabando e incumplimiento de deberes de funcionario público. Fue el caso de la “Aduana Paralela” y el aparatoso procesamiento que realizó el juez Guillermo Tiscornia. En aquellos años '90 también representó al ministro Domingo Cavallo cuando pidió disculpas al juez de la corte suprema Enrique Petracchi por acusarlo de coimero.

Más tarde asumió la defensa del banquero Pedro Pou, ex ministro de Economía bonaerense en dictadura, fundador del neoliberal CEMA, presidente del BCRA durante los ‘90 y partidario de la dolarización, que terminó sus días investigado por delitos de fraude bancario, caída de bancos y falta de controles en casos de lavado. Caride Fitte también defendió al empresario saudí Gaith Pharaon, inversor del banco BCCI, en las causas por evasión y blanqueo de dinero impulsadas por las denuncias de Elisa Carrió.

Por su parte, su antiguo socio Carlos María Tombeur, en plenos años '90, fue director del BCRA y luego Subsecretario Legal del ministerio de Economía conducido por Cavallo, desde donde participó activamente en los negocios de reestructuración de la deuda ilegal de la dictadura (“Plan Brady”) y en la primera etapa de privatización de YPF, lo cual le valió un buen premio: entre 1999 y 2005 accedió al directorio de YPF cuando pasó a estar bajo control de REPSOL.

Caride Fitte y Tombeur volvieron a coincidir profesionalmente en el estudio Severgnini, Robiola, Grinberg & Tombeur, donde también se desempeña hoy el joven Mariano Grondona. Con estudios en Barcelona y California y experiencia como asociado internacional del reconocido estudio Simpson Thacher & Bartlett LLP, Grondona honra el rol de su abuelo y el de su padre Mariano Florencio Grondona, quien formó parte del bufete de abogados junto a los nietos de Martínez de Hoz y de Pedro Eugenio Aramburu, desde el cual iniciaron un juicio contra Osvaldo Bayer por sus denuncias en el film Awka Liwen.

 

 

El tercer abogado de esta defensa en el “Juicio a Ford” es Nicolás Corleto, que ha sabido acompañar a Caride Fitte en distintas causas. Juntos ejercieron las defensas de Ricardo Fox, funcionario condenado por irregularidades en la privatización de ENTEL que permitió el traspaso a Telecom de un terreno de Radio Nacional de 241 hectáreas; y del ex juez José Antonio Solá Torino, condenado por cobro de coimas para liberar a un narco atrapado por traficar 400 kilos de cocaína y que todavía se encuentra prófugo.

 

Conexión 2

En el ejercicio de la defensa del imputado Héctor Sibilla, militar retirado que fue jefe de Seguridad de Ford, se encuentra la dupla compuesta por Adriana Marcela Ayuso y Pablo Antonio Moret, quienes forman parte de la red jurídica del bufete Casal, Romero Victorica & Vigliero. (En la foto principal, junto con Ayuso.) El grupo tiene una reconocida militancia en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, en el espacio Cambio Pluralista, que ha participado en las marchas por el ex fiscal Alberto Nisman y en defensa del fiscal José Campagnoli, bajo las banderas de “Basta de inseguridad personal y jurídica”.

 

 

Dos de estos socios asistieron a la última audiencia del “Juicio a Ford”. Uno de ellos, Juan Pablo Vigliero, supo tocar en 2003 la puerta de la oficina de Horacio Verbitsky para pedir en nombre de la Armada una política de amnistía, que fue rechazada: entonces el Congreso declaró la nulidad de las leyes del perdón. No es su único contacto con la marina argentina: Vigliero fue defensor del ex suboficial de contrainteligencia Policarpo Vázquez, condenado en 2011 por la apropiación de Evelin Bauer Pegoraro, nacida en 1977 en la maternidad clandestina de la ex ESMA. Cuentan abogados de las abuelas de estos niños apropiados que las trabas interpuestas para que Evelin recuperase su identidad le valieron ser requerido por distintos apropiadores. También defendió al marino Raúl Enrique Scheller, integrante del grupo de tareas 3.3 de la ex ESMA, condenado por delitos de lesa humanidad contra 86 víctimas.

Por si faltara más, Vigliero fue defensor del ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, acusado de participar en el atentado a la AMIA. En el marco de esta causa, en 1997, el mismo Vigliero estuvo detenido por intento de extorsión al entonces juez Juan José Galeano.

Pablo Antonio Moret, por su parte, también defendió represores, en este caso junto a Jo­sé Li­cinio Scel­zi. Scelzi —que, como los O’Farrell, proviene de una dinastía jurídica con origen en el siglo XIX— fue despedido a su muerte en 2013 por la familia Martínez de Hoz, con la cual tenía vínculos conyugales. Tres defendidos por Scelzi definen una vocación particular del ejercicio del derecho: el coronel Juan Carlos Gualco, condenado a 23 años de prisión por los crímenes del Batallón 601 de Inteligencia; Enrique José De Saint Georges, uno de los pilotos de los “vuelos de la muerte”; y Ricardo Cavallo, capitán de corbeta encontrado responsable por las desapariciones de Rodolfo Walsh y de dos monjas francesas.

Moret supo defender a hombres acusados por coimas, encubrimiento, fraude y venta ilegal de armas; a Ricardo Mayer, por ejemplo, ex funcionario de la aduana de Río Negro, condenado por facilitar la compra de tierras en Lago Escondido, contrariando leyes de defensa nacional, a las compañías extranjeras HR Properties, Lago Corp, Hidden Lake y al hijo de Joe Lewis (defendido este último por Vigliero). Además integran su portfolio Jorge Antonio Cornejo Torino, condenado en la causa de la explosión de la fábrica militar de Río Tercero y por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador (la misma en la que fue condenado Carlos Menem); y Juan José Riquelme, ex agente de inteligencia procesado por intentar sobornar a jueces para liberar a integrantes de la patota de José Pedraza que asesinó al militante popular Mariano Ferreyra. Riquelme es el mismo que recomendó al general Guillermo Suárez Mason para determinar su buena conducta y que sabía cumplir pedidos del obispo Antonio Baseotto, reconocido apologista de los crímenes de la dictadura.

La defensa de Riquelme la ejerció junto al abogado Hernán Gustavo Jesús Prieto Alemandi, general de brigada pasado a retiro en 2010 por Nilda Garré cuando apuntaba a ser jefe del Ejército.

En la misma causa relacionada con el asesinato de Mariano Ferreyra participó Adriana Marcela Ayuso, aunque en la defensa de Ángel Luis Stafforini, entonces vicepresidente del Belgrano Cargas y contador del gremio conducido en aquellos años por Pedraza.

En esa causa, Ayuso se presentó junto al segundo gran socio del bufete que estuvo presente en la última audiencia del “Juicio a Ford”: Federico Casal. Los acompañó en aquella oportunidad también Manuel Justo Romero Victorica, tercer gran socio del estudio desde el cual llevan adelante la querella de las hijas del ex fiscal Alberto Nisman bajo la hipótesis de asesinato.

Federico Casal, defensor del “derecho a la vida” frente a la “aberrante práctica” de “legalización de la muerte” (según sus propias palabras durante el debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo), es cofundador de la ONG Ética Pública, cuyo director, Carlos Manfroni, actual funcionario del Ministerio de Seguridad designado por Patricia Bullrich, fue denunciado por el gremio ATE por recabar datos sobre "la filiación política, ideológica y sindical" de lxs trabajadorxs. Verbitsky detalló entonces el currículum de Manfroni, destacando su participación en actividades del servicio de información de la embajada de EE.UU.

Finalmente tenemos al socio Manuel Romero Victorica, quien ha sabido ser entre 1989 y 1991, con sólo treinta años, abogado senior de la multinacional Sevel, poco antes de que se conocieran las denuncias por evasión de la firma conducida por la familia Macri.

No por nada este bufete se especializa en servicios para corporaciones. Desde su sitio web, explica que en los últimos tiempos se instaló la noción de “una sociedad afectada por la actividad de grupos económicos o corporaciones”, que ha derivado en la búsqueda de responsabilidades penales de “quienes actúan en ellas o a nombre de ellas”. Por eso el estudio desarrolló un área específica de “Responsabilidad penal corporativa”, para asesorar a todo tipo de sociedad productiva, comercial y financiera a partir de la atención particular de sus dueños, directivos, funcionarios, administradores, apoderados, y asesores legales, contables y tributarios internos o externos, entre otros.

Esta red laboral y profesional se entreteje con otra de carácter familiar. Volviendo a Romero Victorica, este sobrino del ex fiscal Juan Martín “Potro” Romero Victorica (acusado —entre otras cosas— por encubrir la apropiación de la nieta restituida Victoria Montenegro), es primo segundo de Lucrecia Romero Victorica, casada con Martín Richard O’Farrell, quien a su vez es sobrino de Uriel Santiago y primo segundo de Juan Patricio, nombrados al comienzo de esta nota, que eran respectivamente, durante los tiempos dictatoriales, director de Ford Motor Argentina y apoderado de Ford Motor Company. Que los vínculos familiares sean laxos en una red genealógica tan extensa puede quedar desmentido por el hecho de que recientemente una nieta de Juan Patricio y la misma Lucrecia Romero Victorica hayan desarrollado emprendimientos de moda.

Volvemos a preguntarnos: ¿cuál es la relación entre la empresa Ford y el “Juicio a Ford”? La respuesta se encuentra en una compleja, histórica y subterránea telaraña familiar y de estudios jurídicos que conforman una verdadera estructura jurídica de la dependencia y la represión.

 

 

 

 

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