La conexión estadounidense

La relación de los fiscales del Lava Jato con sus pares estadounidenses comenzó en marzo de 2014, durante los primeros días de la investigación, y culminó con una serie de acuerdos de arrepentidos en 2018. Sucedió a espaldas de la entonces presidenta Dilma Rousseff, tal como reveló el sitio The Intercept.

En febrero de 2015, Deltan Dallagnol – el fiscal que coordinó la investigación del Lava Jato -- y dos colegas viajaron hasta Washington para mantener reuniones informales con integrantes del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la Comisión de Valores y Bolsa, el Servicio de Impuestos Internos, el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. Por pedido del Departamento de Justicia, el equipo de Dallagnol trató de mantener el viaje tras bambalinas. Pero cuando la delegación estadounidense viajó a Brasil fue más allá: buscó no solo que no se enterara la prensa, sino tampoco el Ministerio de Justicia de Dilma.

Un Tratado bilateral de Asistencia Jurídica Mutua (MLAT, por su sigla en inglés) establece las normas sobre la forma en que dos países pueden cooperar con fines de aplicación de la ley a nivel internacional, para solicitar pruebas como registros bancarios o informes policiales extranjeros, facilitar órdenes de allanamiento, entrevistar a sospechosos extranjeros y tramitar solicitudes de extradición. Ell Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (DRCI, por su sigla en portugués) debe ser el punto de contacto del Departamento de Justicia en el Brasil, y no los representantes del Ministerio Público.

 

La visita

El 5 de octubre de 2015, sin que el Ministerio de Justicia lo supiera, al menos 17 funcionarios del Departamento de Justicia, el FBI y posiblemente el Servicio de Inmigración y Aduanas desembarcaron en Curitiba para una conferencia de cuatro días en la sede de la Operación Lava Jato. Dallagnol dio instrucciones a su ayudante de prensa para que mantuviera las reuniones en secreto. "Los americanos no quieren que divulguemos cosas", lo instruyó.

Al parecer, el Ministerio de Justicia no supo de la visita hasta tarde al día siguiente, después de leerlo en la prensa y escuchar al canciller, que se enteró por una llamada telefónica del embajador de los Estados Unidos.

A las 11:16 de la noche, Vladimir Aras, el funcionario del Ministerio Público encargado de la cooperación internacional, envió un telegrama a una charla de grupo con miembros del grupo de trabajo del Lava Jato, informándoles que el Ministerio de Justicia dijo que "no tenía ningún conocimiento" de la visita y que quería detalles. La respuesta de Dallagnol a las 12:13 fue evasiva y brusca. Afirmó que los estadounidenses habían venido a tener "conversaciones" sobre el caso y "no a practicar actos de investigación", lo que, según él, ponía la visita fuera del alcance de un MLAT.

En lugar de enviar los nombres y cargos de sus invitados estadounidenses y el tiempo que planeaban quedarse, Dallagnol aconsejó a Aras que no dijera nada. "Deberías sugerirles que consulten al Departamento de Justicia, porque nos pidieron que lo mantengamos confidencial. Si entienden que debe abrirse, puedo enviarles la lista, pero les sugiero que lo piensen, porque esto podría crear ruido con los estadounidenses." También dijo en el Ministerio de Justicia podrían "también usar esta información contra nosotros".

Aras fue más diplomático y le respondió a la gente del Ejecutivo que el objetivo de la reunión era simplemente "facilitar la formalización de futuras solicitudes de cooperación". También aseguró que"las autoridades estadounidenses no vinieron a realizar investigaciones en Brasil, lo que sería irregular". También les recordó que los fiscales del Lava Jato ya habían hecho un viaje similar a Washington a principios de año y afirmó que su equipo había enviado un correo electrónico el mes anterior para notificar a la DRCI de las reuniones.

En un chat del 7 de octubre de 2015, Aras escribió: “El Ejecutivo está indignado (eso es lo que me dijeron) con la presencia de una delegación americana en Curitiba. Creo que el nerviosismo se debe a la FCPA. Hay gente que tiene miedo de caer en el radar de los americanos. Ya veo que los viajes internacionales de fin de año van a ser cancelados”.

La FCPA es la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la legislación a través de la cual los Estados Unidos reclaman jurisdicción para investigar las coimas a funcionarios, incluso si los actos ocurrieron fuera de territorio estadounidense, siempre y cuando las transacciones - o las empresas o individuos que las hicieron - utilicen el sistema financiero de los Estados Unidos. Petrobras, por ejemplo, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York y muchas de las transacciones financieras que se investigaron en ese momento estaban relacionadas con instituciones financieras estadounidenses o con dólares estadounidenses.

La Casa Blanca firmó acuerdos de cooperación con el Planalto, pero cuando los estadounidenses ya estaban bien metidos en la Operación Lava Jato.

Según el documento, los dos primeros días de la visita de los estadounidenses estuvieron centrados en las presentaciones de los brasileños sobre los principales testigos colaboradores en el caso de Petrobras. Los últimos dos se dedicaron a que los funcionarios estadounidenses se reunieran con los abogados defensores de los brasileños con quienes esperaban firmar acuerdos de cooperación. Todo esto fue gestionado por los fiscales del Lava Jato y tuvo lugar en sus oficinas.

La información que proporcionaron dos integrantes del Departamento de Justicia estadounidense para entrar a Brasil es contundente sobre el porqué de su visita. Dijeron que planeaban viajar a Curitiba "para reunirse con las autoridades brasileñas en relación con la investigación de Petrobras", y que "el objetivo de las reuniones es recoger pruebas adicionales en el caso y hablar con los abogados sobre la cooperación de sus clientes con la investigación en curso en los Estados Unidos”.

La legislación brasileña dice que cualquier investigación que se realice en suelo brasileño debe llevarse a cabo formalmente y, en el caso de la cooperación internacional, ese proceso siempre está mediado por la DRCI del Ministerio de Justicia, no por el Ministerio Público (lo que implicaría, por ejemplo, en la Argentina que la Procuración General tomara decisiones sobre la cooperación internacional).

 

Las negociaciones

El 30 de noviembre, menos de dos meses después de la reunión de Curitiba, Dallagnol pareció sorprender a Aras con la noticia de que los americanos ya estaban finalizando acuerdos de colaboración con los acusados brasileños.

"No tenemos control sobre las entrevistas, porque hay unos diez colaboradores que ya están negociando o haciendo acuerdos", escribió Dallagnol. "Como será en los Estados Unidos, será sin DRCI”. O sea, sin pasar por el gobierno brasileño.

Los fiscales del Lava Jato consideraban que los estadounidenses podían negociar acuerdos más amplios que los que ellos podían hacer y, en algunos casos, acuerdos complejos estipulaban que las multas impuestas en un país podían descontarse de las cantidades pagadas a otro.

En el caso de la FCPA contra Petrobras, parecería que el dinero fue un factor determinante en la estrategia de los fiscales del Lava Jato a la hora de tratar con sus pares estadounidenses. En septiembre de 2018, Petrobras aceptó pagar al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores de los Estados Unidos 1.780 millones de dólares en concepto de multas, confiscación de ganancias ilícitas e intereses. El 80 por ciento de la multa de 853 millones de dólares se transfirió a Brasil.

Los grandes acuerdos del Lava Jato se promocionaron como una gran victoria, pero el plan para distribuir el dinero no resultó como planeaban. De los 682,5 millones de dólares en honorarios de Petrobras destinados a Brasil, los fiscales propusieron que la mitad se destinara a devolver a los inversores y el resto a un nuevo fondo de "inversión social" de control privado para apoyar iniciativas que "refuercen la lucha de la sociedad brasileña contra la corrupción".

Sin embargo, los detalles sobre el fondo privado y la forma en que se administraría eran vagos y provocaron una feroz reacción de los críticos, que lo consideraron una maniobra inconstitucional. Un ministro de la Corte Suprema dijo que la propuesta era parte de una "lucha de poder”.  Un ex director de Petrobras condenado por el Lava Jato pidió que anulen su sentencia, argumentando que los fiscales se beneficiarían personalmente de su condena. En septiembre pasado, el Tribunal Supremo ordenó que los fondos fueran administrados públicamente, con una parte destinada a la protección de la selva amazónica y el resto dividido entre los ministerios de educación, salud, ciencia y tecnología y derechos humanos.

 

Se puede leer completa la noticia en The Intercept.

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