La comunidad organizada es poderosa

 

En letras rojas, en mayúsculas, en una pared gris del centro cultural de La Poderosa en la villa Zavaleta, se lee: “Si la Gorra se zarpa denúnciala acá”. Es la comunidad organizada al servicio de la comunidad.

Septiembre. 2013. Los pasillos de Zavaleta se llenaron de plomo y olor a pólvora, los vecinos cuerpo a tierra, bajo la mesa, tras un sillón, parapetados. 150 proyectiles atravesaron vidrios, puertas, paredes. Un barrio transformado en un campo de batalla. Diez llamados desesperados al 911 que cayeron en oídos indiferentes. Tras el silencio, el horror, inerte bajo una mesa, Kevin Benega, de 9 años, sin vida. Se había refugiado allí del pandemónium.

El tiroteo tuvo su epicentro frente a la casa de Kevin. Recibió una bala mortal luego de que Prefectura y Gendarmería liberaran la zona para que bandas armadas saldaran cuentas. Así nació en Zavaleta un espacio de control del accionar de la “secta del gatillo alegre”, como caracterizó Rodolfo Walsh en 1969, en el Semanario CGT, a la policía bonaerense. Esa descripción de horrorosa actualidad encaja en el perfil de las fuerzas de seguridad que, como dijo el periodista, “es una jauría de hombres degenerados, un hampa de uniforme, una delincuencia organizada que actúa en nombre de la ley”.

El control popular a las fuerzas de seguridad transformó la impotencia en acción para “parir una estrategia para cuidarnos entre nosotros y que nunca más tengamos que llorar a nuestros pibes”. Fue el manifiesto por la vida de los vecinos de Zavaleta. Instrumento que se multiplicó en otras villas “para controlar el accionar de las fuerzas de seguridad dentro del barrio, para asegurarnos que actúen dentro de la ley y no cometan abusos. Para esto creamos un dispositivo no violento que defiende los derechos humanos cuando el Estado los viola”.

El dispositivo de seguridad está organizado en turnos, durante la mañana, tarde y noche. Vecinos recorren el barrio, fiscalizan los puestos de las fuerzas de seguridad y los procedimientos policiales. Realizan un acompañamiento a las víctimas de la violencia policial y las acompañan a hacer las denuncias correspondientes, siempre que así lo decidan. “Nos organizamos para garantizar la seguridad posterior, ya que sabemos que denunciar a las fuerzas de seguridad genera mucho temor por las amenazas y repercusiones que puede tener gracias al desamparo del Estado”, explican desde La Poderosa.

“La pena de muerte no existe en la Constitución pero sí existe en los barrios de la Argentina”, grafica Nacho Levy, referente nacional de La Poderosa.

 

La Ministra Gendarme

En diciembre de 2015 el discurso de la mano pesada de Cambiemos se corporizó en los barrios populares. Funcionarios de todos los colores, desde el presidente Mauricio Macri hasta la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, le dieron un cheque en blanco a las fuerzas de seguridad para reprimir al margen de la ley.

Así lo relata Levy: “Si antes tenían luz verde para hacer lo que quisieran, ahora directamente hay una bajada de línea, un protocolo de la ilegalidad para ejercer en el territorio la mano dura y la pena de muerte que no pueden sacar en el Congreso”.
La barriada sabe. “Olé, olé, olé, ola, somos Santiago, vamos a gritar, Patricia Bullrich vos tenés que renunciar”, atronó en el II Foro Latinoamericano de la organización villera La Poderosa, en una cumbre de base de las potencias plebeyas que se niegan a ser silenciadas y que se dieron cita en Porto Alegre del 27 al 29 de julio.

2.000 viajaron al sur de Brasil, de 96 asambleas barriales de doce países y allí, también, dijeron presente los rostros curtidos por la represión estatal en América Latina. Las imágenes hechas remeras, las fotos pendiendo de sus pechos.

Los familiares de víctimas del gatillo fácil se encontraron, se abrazaron en el dolor, compartieron sus duelos, relataron cómo se organizaron y cómo eso les permitió que la memoria de sus muertos queridos no se hunda en la injusticia y el olvido.

El panel “Derechos humanos y fuerzas de seguridad” fue un muestrario de la fase represiva en la región. Y a un año de la desaparición forzada de Santiago Maldonado durante un desalojo violento de Gendarmería en el sur argentino, su hermano Sergio entre lágrimas, dijo: “El Estado también es responsable de que estemos aquí, como lo es de la desaparición de Santiago”.

 

Crimen de Estado

Un eufemismo cínico: “falsos positivos”. Se trata de jovencitos usados como carne de cañón por las Fuerzas Armadas de Colombia, asesinados para engordar la lista de guerrilleros muertos en combate y así poder colgarse medallas doradas e incrementar sus cuentas bancarias. Marina Bernal es de las “madres de Soacha”, un municipio de Bogotá donde se organizaron para buscar a sus hijos. Cuenta: "El 8 de enero de 2008 el Ejército Nacional secuestró, torturó y asesinó a mi hijo, dijeron que era un jefe de una organización narcoterrorista. Con Álvaro Uribe (el expresidente) hubo más de 10.000 ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos por los que el Estado deberá responder. ¿Cómo es que Uribe no es condenado?”

En su antebrazo, como Sergio Maldonado tiene a Santiago, ella tiene tatuada a Marielle Franco, concejala de Río de Janeiro, negra, favelada, militante LGTB, asesinada el 14 de marzo de 2017 de cuatro disparos en la cabeza. Es su novia, Mónica Benicio y dice: “El Estado ataca con sus fuerzas de seguridad a la pobreza, pobreza que ese mismo Estado produce y Brasil es uno de los países que más defensores de los derechos humanos asesina”.

 

 

Vestidos íntegramente de negro, rostros duros, curtidos. Sus nombres: Mario González Contreras y Felipe de la Cruz. Padres de dos de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en Ayotzinapa en septiembre de 2014. Exigen: “Basta de este sistema asesino, en México son miles los muertos, los desaparecidos y más en este último tiempo, como nunca antes en nuestra historia. Atacaron a los jóvenes estudiantes, a nuestros hijos, porque saben que la educación es el arma más poderosa. Fue un crimen de Estado porque el ejército y la policía son los responsables. No se investiga porque los asesinos traen uniformes”.

 

Una remera con tu nombre

¿Quién va a escuchar tu remera? ¿Cuánto duelen las sonrisas de esos pibes que ya no están por el infame plomo policial? ¿Y esas madres, cómo siguen? Obstinadamente invencibles.
Como la mamá de Luciano Arruga, que a corazón abierto se presenta: “Soy Mónica Raquel Alegre, de la villa 12 de octubre, parí a un negro que no quiso robar para la policía y estoy orgullosísima de eso”. Y señala con firmeza: “En el destacamento de Lomas del Mirador los pibes son perseguidos, maltratados, torturados, obligados a robar, vender droga para la policía. Luciano me dijo 'no voy a robar para ellos' y eso marco su destino, lo amenazaron, le pusieron una escopeta en el pecho, seis meses de tortura psicológica, sabía que sus días estaban contados. Mi lucha es en la calle para que su sonrisa nunca se opaque. Dicen violencia institucional, mentira: son crímenes de Estado”.

Como Angélica Urquiza, la mamá de Kiki Lezcano, que advierte: “Somos villeros y por ser villeros no nos van a quitar a nuestros hijos”. Y sin vergüenza enuncia: “Kiki era un chico de Villa 20, Lugano, de sólo 17 años, que estaba saliendo de una adicción terrible al paco, pero por eso no tenía el derecho la Federal de volarle la cabeza; lo asesinaron el 8 julio de 2009 y no les alcanzó, encima lo enterraron como NN. Hoy sé que todos son Kiki: Santiago, Rafael Nahuel, tenemos en nuestro corazón a Luciano Arruga, a Ezequiel Demonti, están con nosotros en cada remera, en cada paredón de barrio. Tuve que aprender que si no era colectivamente, saliendo con un cartel, con una remera, nadie iba a saber de nuestro reclamo. Hoy me paro en el dolor con amor, por favor, salvemos a otros pibes”.

Como Mariana Sánchez, mamá de Nazareno Vargas, que se querella de frente contra los estigmas: “Los asesinan porque son negros de mierda, eso piensan lo que nos gobiernan, la prensa amarilla”. Y es capaz de solidarizarse desde su pena: “El 29 de julio de 2017 con cuatro balas de 9 milímetros me lo mataron, no es fácil ir contra las fuerzas de seguridad de Merlo, está lleno de casos de gatillo fácil, y supe que la lucha es colectiva, me habían matado a mi hijo y marchaba por Santiago Maldonado porque no quería ningún pibe mas desaparecido por la fuerza, por eso me uní a todas las madres. La pena de muerte existe para nuestro hijos, para nuestros pibes en las villas”.

 

 

Cordón de plata, de amor y generosidad que sintetiza Mariana: “Hoy no lucho por mi hijo, hoy lucho para que ninguna madre llore abrazada a la foto de su hijo, de su ropa, de su cama”.

Hay una transformación en esas madres, que sin dejar de extrañar ni llorar decidieron organizarse para que nunca más nadie tenga que recordar a su hijo en un pedazo de tela, para que ni una mamá más tenga que abrazarse a la foto de su sangre negada.

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí