La comida hecha especulación

 

El presidente de la COPAL (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) y de la UIA (Unión Industrial Argentina), Daniel Funes de Rioja, busca boicotear el programa Precios Justos, una iniciativa de por sí endeble para controlar la inflación. Su jugada se apalanca a través de algunos medios de comunicación bien identificados con el macrismo, en los que deja trascender que el gobierno no tendrá los dólares para que las fábricas de alimentos importen insumos y sigan con su producción. También azuza la imposibilidad de que el programa tenga impacto en todo el país. El tema de los dólares para importar es una excusa. Toda la industria de consumo masivo demanda 3.000 millones de dólares de importaciones por año, por lo que no debería haber problemas para este sector. Si llegasen a faltar productos en las góndolas, será porque las mismas grandes compañías con las que Sergio Massa negoció de manera individual boicotean el programa, en línea con el juego que pregona Funes de Rioja. En definitiva, son expertas en boicots, como lo hicieron con la última etapa de Precios Cuidados.

De acuerdo a un informe de la consultora EcoGo, dirigida por Marina Dal Poggetto, si se cumpliese a rajatabla todo el programa Precios Justos, la inflación podría moderarse apenas 0,6 puntos porcentuales por el tiempo que dure la medida. La inflación sigue siendo un problema porque los 2.000 productos de supermercados alcanzados son una partecita ínfima de todos los precios de la economía. Por caso, las subas permanentes de las naftas tienen incidencia en otros rubros. La disparada de los abonos vinculados a las telecomunicaciones es otro talón de Aquiles, a pesar de la existencia del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 690, cautelado en los tribunales.

La semana pasada había quedado claro que los tipos de cambio financieros empezaban a moverse. Lo que sobresale ahora es un nuevo intento de golpe de mercado, que va desde lo financiero hasta el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras. Durante todo el año, los precios de los alimentos – por decisión exclusiva de las grandes fábricas que aumentaron sus márgenes de ganancia– se movieron según la brecha cambiaria, a pesar de que siempre accedieron al tipo de cambio oficial. Durante los primeros 100 días de Massa en el gabinete, las cotizaciones paralelas estuvieron más o menos estables. Hasta ahora. El dólar MEP arrancó el viernes en los 313 pesos y subió rápido a los 316 pesos y el CCL en los 334 pesos, para alcanzar los 338 pesos. La brecha volverá a presionar sobre los precios y, por ende, al gobierno.

 

Golpe

Desde Economía y el Banco Central daban por cierta la movida protagonizada por un grupo de bancos que desde el inicio de la semana se desprendieron de bonos en pesos y compraron títulos en dólares a través de dos agencias, Allaria Ledesma & Cía. y Balanz Capital Valores. Las Agentes de Liquidación y Compensación (ALyCs) están reguladas por la Comisión Nacional de Valores (CNV), y son las que operan a través del MEP y el CCL. La ley de mercado de capitales protege a los beneficiarios finales que operan por este canal. En tiempos de corridas cambiarias, sería interesante que se conociera cuáles son los actores concretos que estuvieron (y están) jugando a la devaluación.

El titular del BCRA, Miguel Ángel Pesce, había iniciado conversaciones con Adrián Cosentino, ex titular de la CNV, para profundizar las regulaciones y terminar con cierta opacidad informativa que favorece la especulación, pero no prosperaron. Cosentino fue reemplazado en su momento por Sebastián Negri, quien tampoco quiere tocar la Ley de Mercado de Capitales. El mercado sabe cómo protegerse a sí mismo, muchas veces con la venia del mismo Estado.

Los grandes jugadores financieros, que están nucleados en las ALyCs junto a sus beneficiarios finales (entre los que se encuentran grandes bancos como BBVA, Galicia, Citibank, Comafi, ICBC y fondos como Templeton), perdieron en el año 90.000 millones de pesos en operaciones con dólar futuro. Apostaron a una devaluación que no ocurrió. Es lógico que busquen revancha.

 

Aumenta la indigencia

La abrupta devaluación que piden algunos actores del poder económico volvió a colocarse en agenda desde la verba de Gabriel Rubinstein, quien se mostró decepcionado por no poder acelerar la unificación del tipo de cambio. No afirmó nada que no hubiera dicho anteriormente. De agrandarse la brecha entre los diferentes tipos de cambio, ¿los precios volverán a moverse según las expectativas devaluatorias que giran alrededor de las cotizaciones financieras? En definitiva, Rubinstein es la voz de ese poder económico dentro del gabinete.

El dato de inflación de octubre con un promedio nacional del 6,3% esconde, en realidad, que la inflación del Gran Buenos Aires (que incluye 24 partidos más CABA) fue del 6,6 y en alimentos del 6,7%. No hubo nada que festejar con el último dato, sobre todo cuando se constata que los alimentos que más suben son los vinculados a las materias primas agropecuarias, donde pisan fuerte las mismas empresas que ahora vuelven a la carga con el dólar soja 2 o –como le dicen dentro de CIARA-CEC (Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales)– el dólar Navidad.

“Entre enero y junio los precios locales empalmaron con los internacionales, lo que generó el salto de un régimen inflacionario de 3%/4% a uno de 6%/7%. Lo que se percibe en la actualidad es que los precios internacionales siguen en baja, y que los costos de producción, en términos generales, no explican la remarcación actual”, sostuvo el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), luego de que el INDEC difundiera el último dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El aceite de girasol registró en octubre un incremento del 13% , mientras que en el acumulado del año llega al 141%. Algunos productos derivados del trigo, como los fideos guiseros, registraron en el mes un alza del 8%, mientras que en el acumulado de 2022 fue del 126%. En octubre, el arroz aumentó un 8,7%, la papa un 57%, las gaseosas y el agua un 12% y la leche un 17%.

El programa Precios Justos comenzará su aplicación con una Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el umbral de indigencia en la población, con un alza interanual superior al 100%. El mes pasado, la CBA y la Canasta Básica Total (CBT), que mide los niveles de pobreza, registraron subas superiores al 9% mensual.

Con estos guarismos, el refuerzo alimentario de 45.000 pesos divididos en dos cuotas para quienes no llegan a cubrir una canasta alimentaria (tiene un alcance de un millón de personas), no es más que una gota de agua en el medio del desierto de Qatar. Quizás sea más efectivo ganar el Mundial de Fútbol, como pregonó la ministra de Trabajo, Raquel Kisner.

 

Desiguales

Tras el encuentro entre Alberto Fernández y Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI) exhortó al gobierno a continuar por la senda de la disciplina fiscal. En esta línea, Massa logró que en octubre se registrara, en el acumulado del año, una caída real del gasto público. De todas maneras, la economía se mueve. Por ende, el tema de fondo sigue siendo la distribución desigual de la riqueza.

El gobierno argumentó, vía Massa y Fernández, que no avanzaría con una suma fija para todos los trabajadores porque tal erogación caería, en una mayor proporción, sobre los municipios, garantizándose una disparada del déficit fiscal. Pero desde el kirchnerismo respondieron con otros datos:

“Respecto a los trabajadores municipales, son alrededor de un millón, y salvo en la Provincia de Buenos Aires, en la que hay un estatuto provincial, no tienen marco laboral nacional específico. Para poner en referencia con un ejemplo moderado: una suma fija de $20.000, que no sería un monto menor para la realidad del sector municipal, demandaría un costo fiscal equivalente a $240.000 millones, que representaría 0,17% de PBI del 2023”.

La captación del excedente por parte de las empresas fue traccionada por el deterioro salarial (por inflación y precios) y por la creación de puestos de trabajo no registrados. La foto de esta Argentina es mucho más desigual que la de diciembre de 2015, macrismo, pandemia y albertismo de por medio.

El tiempo apremia. Los actores del poder económico que piden por la Moncloa apuestan, a la vez, a la tormenta perfecta. Hacen negocios con el caos porque pueden condicionar en tiempo presente y futuro. Para ellos no corre el calendario electoral, ni mucho menos la algarabía mundialista. La disparada de los dólares financieros, el boicot a la deuda en pesos –que el FMI empezó a observar para determinar si el BCRA no incurre en una especie de financiamiento indirecto del Tesoro al rescatar los papeles–, las presiones de Funes de Rioja para boicotear Precios Justos y la nueva devaluación quirúrgica para el sector agroexportador son los condimentos del escenario.

Según el CEPA, la mediana de los salarios sólo cubre el 88,9% de una canasta básica total. Es decir que la mitad de los que cobran un sueldo formal están por debajo de esa línea. En octubre, la situación desmejoró en relación al mes anterior y se volvió al nivel post salida de Martín Guzmán. Quizás, sólo quizás, el mejor antídoto sea empoderar a los y las trabajadoras con la suma fija que levante el poder adquisitivo de los salarios al nivel de 2015. Lo que no se come hoy, no se recupera.

 

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