La casa de la masacre

 

Un intento de venta inmobiliaria plagado de irregularidades provocó que la Justicia federal reactivara esta semana una investigación sobre la casa donde ocurrió la Masacre de Monte Grande el 24 de mayo de 1977, cuando las fuerzas represivas fusilaron en esa vivienda a 14 secuestrados del centro clandestino de detención El Vesubio y a otras dos personas que nunca pudieron ser identificadas. El Ejército montó una operación mediática para fraguar el episodio y hacerlo pasar por un enfrentamiento armado, pero investigaciones judiciales posteriores demostraron que las víctimas, previamente secuestradas, habían sido trasladadas al lugar desde El Vesubio y ejecutadas en estado de completa indefensión.

 

El lote ubicado en Boulevard Buenos Aires (ex Uriburu) 1151 en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, nunca fue declarado sitio de memoria por el Estado. De hecho hoy está habitado y consta de tres edificaciones, entre ellas la casa original. En los últimos días aparecieron carteles de venta en el frente del inmueble. La oferta también se anunció en las páginas web de dos inmobiliarias de la zona. Ante esa situación, Pablo Llonto, abogado querellante en el juicio del Vesubio, presentó una medida cautelar de no innovar ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal 3 de Daniel Rafecas que lleva la instrucción. Llonto advirtió que una venta podría poner en riesgo el potencial del inmueble como prueba jurídica.

Ante ese pedido, el juzgado dictó una inspección ocular en el lote, que se realizará dentro de diez días con la presencia del juez, el fiscal, las partes y también de tres ex conscriptos que participaron en el operativo en 1977 y que ya declararon como testigos, con la probabilidad de que luego se firme la medida de no innovar. “Haremos todo lo necesario para agotar las medidas probatorias –dijo Rafecas a El Cohete a la Luna–. Lo sucedido en ese inmueble es un aspecto fundamental en la historia de los crímenes del Vesubio”.

La importancia de la casa de Monte Grande radica en que podría ser una entre otras vías para obtener nueva información sobre el crimen. La querella pide que, además de la inspección, se investigue quiénes eran los dueños y/u ocupantes del lote en mayo de 1977, un dato que hasta ahora se desconoce y que podría contestar una de las grandes preguntas del caso: ¿por qué los represores eligieron esa casa para la masacre? En el juzgado dicen que avanzarán en una averiguación catastral sobre el inmueble, de cuya titularidad pasada y actual se sabe poco.

 

 

Los tejemanejes con la casa

Un par de días después de que los colgaran, los carteles de venta fueron retirados del frente de Boulevard Buenos Aires 1151. También los anuncios de Internet, donde el lote de 900 metros cuadrados se ofrecía en 350.000 dólares. Las inmobiliarias les avisaron a sus clientes, los actuales ocupantes de la propiedad, que preferían abrirse de la operación. No por la medida de inspección ordenada por Rafecas, que aún no había salido, sino porque habían recibido la intimación de un abogado, el doctor Vicente Fiorenza, que se identificó como representante de los “verdaderos titulares” y acusó a los actuales ocupantes de haber usurpado el inmueble.

Existe un litigio por la titularidad del lote. Los actuales ocupantes aseguran que su derecho sobre la propiedad les fue legado por un hombre fallecido en 2016, José Luis Roca, quien ocupó el inmueble de forma irregular aunque, según ellos, por suficientes años –no queda claro desde cuándo– como para reclamar la titularidad de hecho. Asesorados por un abogado, el doctor Marcelo Romano, quien a su vez estaría interesado en adquirir una parte del lote, los actuales ocupantes quieren vender. Eso fue lo que intentaron junto a las inmobiliarias Curto y Savo, hasta que apareció Fiorenza y amenazó con cartas documento para que dieran de baja los anuncios.

El abogado Fiorenza mencionó un juicio de desalojo en trámite contra los actuales ocupantes, desacreditó las posibilidades jurídicas de que ellos obtuvieran la titularidad de hecho del inmueble y dijo representar a los “verdaderos titulares” del lote de Boulevard Buenos Aires 1151: según él, un tal José Ricardo Costa, ya fallecido, y sus herederos. En diálogo con El Cohete a la Luna, Fiorenza aseguró que su cliente “era el dueño del inmueble desde hace cincuenta años, desde que lo compró al propietario anterior”, que “esa casa la había tenido como inversión más que nada” y que ahora el inmueble pertenece por herencia a sus dos hijos, aunque no brindó ningún documento que acreditara sus dichos ni la titularidad de la casa a nombre de Costa.

–¿Usted dice que Costa era el titular en 1977?

–Era el titular, claro.

–¿Dueño de la casa donde fusilaron a secuestrados de un centro clandestino?

–Ah, mirá vos… Yo no tenía ni idea de eso. ¿Ahí había un centro clandestino?

–¿A qué se dedicaba Costa?

–Tenía un depósito de mercadería, distribuía al por mayor a supermercados. Relación con los militares seguro que no… Tengo que entrar al estudio, después hablamos.

Más tarde Fiorenza se desdijo en un mensaje de audio y avisó que “tenía que corroborar en la escritura el tema de la fecha”. Luego no volvió a contactarse ni mostró la presunta escritura.

 

 

La mentira de Monte Grande

El 24 de mayo de 1977, la edición vespertina de La Razón publicó la primera nota sobre un hecho ocurrido esa madrugada en Monte Grande. Informes casi idénticos sobre el episodio se publicarían al día siguiente –fecha patria– en otros diarios. Clarín, por ejemplo, tituló: “Son abatidos 16 sediciosos en Monte Grande, sorprendidos en una reunión”. Los diarios reproducían textualmente un comunicado del Comando del Primer Cuerpo del Ejército, a cargo del general Carlos Suárez Mason, donde se informaba un “enfrentamiento” en el que “fueron abatidos 16 delincuentes subersivos, 12 de sexo masculino y 4 del femenino, cuya identificación se procura, secuestrándose además abundante cantidad de armas y documentación”.

 

 

A través de los diarios, el Ejército hablaba de “un éxito obtenido contra la subversión marxista” gracias a “la espontánea y valiosa colaboración de vecinos del lugar que advirtieron a las fuerzas legales sobre movimientos sospechosos en la noche del 23 de mayo en una vivienda sita en la calle Uriburu 1151, de la localidad de Monte Grande”. Se decía que “se ordenó una rápida movilización de efectivos de las fuerzas legales, quienes al llegar al lugar recibieron un intenso fuego desde un vehículo que se encontraba estacionado frente a la vivienda mencionada”, y que desde la casa “delincuentes subversivos abrieron fuego contra las fuerzas legales, en apoyo de los delincuentes subversivos que se hallaban en el vehículo”.

La versión oficial no informaba ninguna baja propia, afirmaba que algunas personas habían escapado heridas y aseguraba que “de acuerdo con los elementos hallados en el inmueble, al parecer se había estado realizando en el mismo una reunión en la que participaban distintas bandas de delincuentes subversivos marxistas”. Los diarios agregaban otras informaciones no atribuidas a fuentes oficiales pero posiblemente obtenidas de ellas: que la casa era un “chalet”, que el auto era un Ford Falcon, que el tiroteo había sido a las 3:30 y que, según vecinos, “el chalet había sido alquilado hacía apenas una semana, aparentemente por una pareja de jóvenes”.

Cinco días después, el Primer Cuerpo emitió un nuevo comunicado en el que identificaba a algunas de las víctimas y mencionaba su pertenencia a distintas organizaciones. Destacaba que el operativo había permitido “aniquilar la conducción superior” de la Organización Comunista Poder Obrero (OCPO) y comunicaba además que una de las “abatidas” era la ciudadana alemana Elisabeth Käsemann, lo que pronto se convertiría en un problema diplomático para la dictadura.

 

 

La verdad de Monte Grande

A partir del testimonio de familiares de las víctimas y de sobrevivientes del Vesubio, la investigación judicial demostró que al menos 14 de las 16 personas asesinadas el 24 de mayo de 1977 –Luis Gemetro, Luis Fabbri, Catalina Oviedo de Ciuffo, Danuel Ciuffo, Luis de Cristófaro, María Cristina y Julián Bernat, Claudio Giombini, Rodolfo Goldín, Mario Sgroy, Esteban Andreani, Miguel Harasymiw, Nelo Gasparini y Elisabeth Käsemann; otras dos, se cree que mujeres, nunca fueron identificadas– habían sido secuestradas con varios días de anterioridad a los hechos y que permanecían cautivas en el CCD. Algunos testigos dijeron que los represores les habían informado a esos secuestrados que serían trasladados y puestos a disposición del Poder Ejecutivo. Les habían cambiado ropas y curado heridas. En la noche del 23 de mayo los reunieron, primero en la cocina y después en la Jefatura del Vesubio. Luego se los llevaron.

En el juicio hubo testimonios de personas que asistieron esa noche a la casa donde ocurrieron los asesinatos. Uno de ellos fue el de un bombero de Monte Grande, Daniel Casinelli, ya fallecido, que llegó al lugar más tarde para retirar los cuerpos. Casinelli aportó detalles precisos de la escena del crimen que confirmaron que había sido una ejecución a sangre fría de gente cautiva: las víctimas no llevaban anillos ni relojes, no había daños materiales alrededor de la casa por el supuesto tiroteo, algunos cuerpos tenían impactos de bala por delante y por detrás.

También declararon tres ex conscriptos del Regimiento de Infantería 3 de La Tablada, quienes dieron cuenta de que oficiales de esa unidad participaron esa noche en el falso asalto al inmueble, donde ya se encontraba personal de civil cuando arribaron. En 2015, Rafecas procesó a dos ex oficiales subalternos de La Tablada, los entonces tenientes Ricardo Bravo y Humberto Cubas, como coautores inmediatos de los homicidios en la casa de Monte Grande. Sin embargo, después la Cámara Federal consideró insuficiente la prueba, relativizó el valor de los testimonios de los ex conscriptos y dictó la falta de mérito de los imputados.

Por ahora no hay ningún autor material condenado por la Masacre de Monte Grande (sólo hay un condenado por co-autoría mediata de los homicidios: el represor Héctor Humberto Gamen, segundo comandante de la Brigada de Infantería 10 entre 1976 y 1977 y jefe de la Central de Reunión de Información de La Tablada). Para que la instrucción pueda avanzar en nuevos procesamientos debería reunirse nueva prueba. Además de las medidas dictadas sobre la casa, en el juzgado de Rafecas también evalúan llamar a declarar como testigo a otro ex conscripto que participó en el operativo y que hasta ahora no pudo ser ubicado.

 

 

Las incógnitas de Monte Grande

Una de las incógnitas sobre el caso es la identidad de las dos víctimas que no pudieron ni podrán ser reconocidas. Se presume que podría tratarse de las parejas de dos de los fusilados, quienes también habían sido secuestradas aunque nunca se supo el sitio de su cautiverio. Tampoco se sabe si su traslado a la casa de Monte Grande fue igual en cuanto a tiempo y/o espacio que el de los 14 secuestrados que con certeza salieron del Vesubio.

Otra pregunta sin respuesta es por qué esa casa. ¿Quién era el propietario legal en ese momento? ¿Quién la ocupaba o alquilaba? ¿Quién lo había hecho antes? ¿Había pertenecido a militantes víctimas de la represión ilegal y/o a sus familias? ¿Había sido apropiada por represores? ¿Ya había sido utilizada para otros operativos clandestinos? ¿Qué pasó con el lugar inmediatamente antes y después de la masacre?

En el primer tramo del juicio de Vesubio, Liliana Franchi, viuda de Luis Gemetro, declaró que en 1983 o 1984 se acercó hasta la casa de Monte Grande y pudo hablar con una mujer que ocupaba la vivienda, quien le dijo que vivía allí desde hacía tiempo y que le alquilaba la vivienda a un ex militar. La investigación judicial, sin embargo, nunca determinó nada sobre la propiedad.

Además de los pedidos para que la casa sea transformada en un sitio de memoria, la historia del inmueble importa sobre todo porque podría tener valor como prueba jurídica. “Poner una placa no es suficiente: no se trata solamente de rescatar la casa sino de saber la verdad y buscar a los responsables –dice Graciela Wagner, miembro de la Comisión Vesubio y Puente 12 y viuda de Luis Fabbri, víctima de la Masacre de Monte Grande–. Necesitamos saber por qué esa casa, a quién pertenecía”. Según Llonto, es clave que el juzgado de instrucción profundice las averiguaciones sobre la propiedad y/u ocupación del lote en el momento del crimen.

 

 

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí