La caída de la versión policial

 

El Juzgado de Garantías 1 de San Nicolás no hizo lugar a los planteos de la defensa y consideró que existían pruebas suficientes para elevar a juicio oral y público la causa por el homicidio de Ulises Nicolás Rial, de 25 años, y Ezequiel Abel Corbalán, de 30, en la que está acusado Pablo Nicolás Moresco, agente de la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) de esa ciudad.

El hecho se produjo alrededor de las 3.10 de la madrugada del 1° de junio de 2020. Corbalán conducía una moto Corven 250 por la intersección de las calles Carbajo y Piaggio, acompañado por Rial. El policía manejaba un móvil sin balizas que circulaba por Carbajo, de doble mano, y en el que se encontraban otros dos agentes cuando decidió interponerse sorpresivamente en la marcha de la motocicleta. Ambos jóvenes murieron tras resultar despedidos e impactar contra el suelo.

El policía Moresco realizó esa maniobra sin importarle el daño que podría causar a los ocupantes del rodado de menor porte. Su función policial debió indicarle que debía evitar ese mal mayor para preservar la integridad física de esas dos personas. “Que cuando el móvil estaba a unos 50 metros, aproximadamente, de la esquina con calle Piaggio –en intersección con Perazzo–, el oficial Pablo Moresco tira el móvil más hacia la izquierda de la calle para poder interceptar a la motocicleta y lograr que se detenga”, declaró en la causa el policía de la bonaerense Omar Lucas Matías Bazán, acompañante del móvil conducido por el acusado.

Otro testimonio fundamental fue el de la oficial Daiana Sabrina Hueza, quien iba sentada en el lateral derecho de la parte trasera del patrullero que conducía Moresco. La agente corroboró “que Moresco comienza a tirarse hacia la izquierda para intentar interceptar la moto” y “que las balizas no funcionaban. Debe estar asentado en el Libro de Novedades de Móviles que está en la guardia”.

Los informes de la pericia accidentológica de Gendarmería también son concluyentes al determinar que la causa del accidente resultó la interposición por circulación en contramano por parte del móvil en la trayectoria de la motocicleta. Al igual que el análisis presentado por el perito de parte complementario de la pericia, el Ingeniero Jorge Oscar Geretto, que determinó que el punto de impacto se produjo con la pestaña de la rueda delantera izquierda del rodado Volkswagen Voyage (móvil policial), que se enganchó con la tapa del motor lado izquierdo de la moto Corven. El eje de la moto con sus ocupantes se hallaba aproximadamente a unos 50 centímetros del cordón cuneta derecho de la mano de circulación de la moto. El móvil policial estaba en movimiento al momento de la colisión, que ocurrió en el ancho de paso para la circulación de la moto sobre el extremo derecho de su semicalzada, sobre el cordón cuneta. El móvil policial circuló al momento del contacto por la mano reglamentaria de circulación de la moto.

La defensa del policía buscó cargar la culpa sobre las propias víctimas, pero las declaraciones de quienes acompañaban a Moresco, sumadas a los informes de las pericias, son contundentes. Lo que nunca se pudo probar fue la enmascarada versión policial que se difundió ni bien sucedió el hecho, que corrió como pan caliente en las primeras horas en los medios comerciales. Lo primero que instalaron e hicieron correr con éxito, con la anuencia de quienes creen que trabajar en la sección de Policiales es sinónimo de comprar la versión policial y transcribirla –como hizo Clarín–, fue esconder el homicidio bajo el relato de que la moto había chocado el patrullero y que por eso los jóvenes habían perdido la vida.

 

 

La intervención de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en el caso, junto al buen trabajo realizado por los abogados Gabriel Elías Ganón y Edgardo Lazzarino, que representaron a las madres de los jóvenes, permitió que se conozca la verdad que se intentaba ocultar. En su momento, la CPM le expresó al fiscal interviniente y al juez de garantías la necesidad de que el hecho se enmarcara como un caso de violencia estatal y uso letal de la fuerza. “El homicidio de los dos jóvenes no fue un accidente. Fue un homicidio doloso calificado por ser ejecutado por funcionarios policiales”, había señalado en un comunicado.

Reparar que el efectivo de la fuerza policial que intervino en el homicidio de Ezequiel y Ulises integra la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL), no hace más que confirmar lo lejos que estuvo su accionar de respetar la misión de esa unidad: prevención.

En la causa también se encuentra la declaración testimonial del comisario Hugo Alberto Domenges, quien se desempeña en la escuela Juan Vucetich a cargo de la materia Manejo y Mantenimiento de Móviles Policiales. Dijo que “en casos excepcionales y en cumplimiento estricto de su misión específica, en la medida que fuera absolutamente imprescindible, pueden infringir la normativa de tránsito, pero siempre y cuando no se ocasione con tal conducta un mal mayor al que intenten resolver”. También manifestó “que tales vehículos, en esas circunstancias, deben circular para advertir su presencia con las balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y con el sonido de la sirena. Se deja siempre bien en claro que en todo procedimiento debe primar el principio de racionalidad. Esto es: no se puede causar un mal mayor, el cual se intenta evitar”. Todo lo que no ocurrió en el caso.

“Tuvimos que sortear un sinnúmero de dificultades en relación a este caso, porque en primer momento la policía quiso alterar la escena del crimen. Hay audios que dan cuenta de esas comunicaciones que mantuvieron los policías, los jefes, para intentar alterar la escena”, señala Ganón. No pudieron lograrlo “porque los vecinos empezaron a gritar, a movilizarse”, dice el abogado que representó a las madres de Ulises y Ezequiel. “Lo que instalaron en los medios de comunicación es que los chicos se habían llevado por delante el patrullero porque estaban absolutamente alcoholizados”, remarca el también profesor de Criminología, quien recuerda la otra mentira que acompañó a esa versión, referida a “que se habían escapado de un control policial”. En forma contundente, Ganón afirma: “Todo falso”. Relata la verdad de los hechos y sostiene que “los chicos estaban circulando fuera del horario que estaba permitido y por eso salieron a cazarlos”.

 

 

 

Esa cacería produjo la muerte de Ulises y Ezequiel se dio –explica Ganón–, con un patrullero que estaba detenido en un lugar sin realizar ningún tipo de control. “Y de ahí salieron a la caza. Los vieron pasar, les llamó la atención que pasaran, supusieron que eran dos motochorros y por eso los persiguieron, porque recibieron una comunicación que les decía ‘que había que cortarlos’, y así fue. El señor Moresco, que conducía el patrullero, les cortó el paso y se cruzó sobre el carril de circulación en una calle de doble mano”. El abogado da cuenta de que “fueron los testimonios de algunos vecinos que algo vieron y la pericia que lograron realizar por parte del perito ingeniero Geretto –que intervino en la causa por el asesinato en 1977 del obispo Carlos Ponce de León, determinando que no fue un accidente– los que pudieron demostrar, con mucha precisión, la mecánica del accidente y pudieron desvirtuar la versión policial de los hechos de que los chicos se llevaron por delante el patrullero”.

Ganón también destaca que pudieron probar que el patrullero no tenía balizas ni prendió la sirena y “que se les tiró encima”, aunque señala que la defensa de Moresco sigue insistiendo con la hipótesis de la engañosa versión policial de “que los pibes se fugaron de un control policial, hecho absolutamente falso; que los chicos estaban alcoholizados y que el policía tomó todas las precauciones debidas. Sin embargo, probamos cómo fueron los hechos y es lo que se está elevando a juicio ahora”.

 

 

 

 

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