La cacería

 

Ibar Pérez Corradi llevaba tres meses escapando de casa en casa. Cuando su defensor recibió una llamada diciendo que escuadrones de la Gendarmería argentina andaban en la Triple Frontera, le mencionaron la palabra kuripí. Ese monstruo de la mitología guaraní, oscuro y enano, que sale de lo profundo de la selva buscando mujeres para devorarlas, era la representación con la que los lugareños hablaban de los cascarudos que buscaban a su cliente con prácticas de los grupos de tareas.

El operativo, que no dejó rastros en el expediente judicial, llevó a Pérez Corradi, ya desesperado, a prender fuego con unos leños de quebracho. Con la madera ardiendo, puso encima los dedos y los dejó ahí, quietos, hasta que las llamas le quemaron las manos. ¿Por qué? "Fue tal la locura que vivió que no volvió a confiar en la Justicia argentina, ya no sabía quién lo estaba cazando: si había un contrato para matarlo o no lo había, quién estaba detrás", dijo su abogado defensor, Carlos Broitman, en una reciente declaración en el Juzgado de Dolores. "A tal punto llegó su desesperación que se quemó las yemas de los dedos para el caso de que si alguien, un cazador de recompensas, lo quisiera matar, no pudiera tener certeza de quién era".

Cuando la Justicia argentina debió identificarlo no pudo usar las huellas digitales. Lo habían buscado en la casa de un country de Ciudad del Este, en un departamento del centro de la ciudad, en una peluquería, en un gimnasio, lo persiguieron en autos, sacaron fotografías y lo buscaron en la casa de la familia de su última esposa, en Asunción. Los silbidos de los tiros de uno de esos días en Ciudad del Este obligaron a la embajadora de Estados Unidos a refugiarse en la localidad brasileña de Foz, con el personal a su cargo.

El caso de Pérez Corradi comenzó a integrar los abultados expedientes de Dolores en abril. Pérez Corradi pidió ser querellante. Y su defensor declaró relevado del secreto profesional para pedir una investigación sobre la intervención ilegal de servicios de inteligencia, orgánicos e inorgánicos, y de las fuerzas de seguridad que aparecieron alrededor de sus vidas cada vez que Pérez Corradi buscaba presentarse en la Justicia.

Ocurrió en 2012: cuando el fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone pidió su detención por el Triple Crimen de General Rodríguez, Pérez Corradi dejó el país, pero mientras lo presentaban como un prófugo, los servicios de inteligencia le facilitaban documentos y viaje. Y ocurrió en febrero de 2016, tras el cambio de gobierno: cuando negociaba una entrega pautada con el Ministerio de Seguridad y su casa de Buenos Aires era allanada violentamente con la habilitación ilegal de una denuncia de la AFI y la intervención de Bidone, que ya no tenía jurisdicción en la causa de los tres asesinados.

De acuerdo con la hipótesis del abogado Broitman, en cada una de esas ocasiones alguien buscó que Pérez Corradi permaneciera prófugo. Primero porque servía que no apareciera en un contexto donde el Triple Crimen se espoleaba como parte de la campaña de 2015. Después, porque necesitaban un chivo expiatorio y evitar que declarara.

 

 

Uno

Pérez Corradi sacó a la luz parte de esta historia en una entrevista en la que denunció a las cabezas de los ministerios de Seguridad y de Justicia como autores de un acuerdo producido en 2016 para que señalase a Aníbal Fernández como autor intelectual de los homicidios. Sostuvo que el gobierno le prometió mejores condiciones de detención bajo la tutela del Programa de Protección a Testigos e Imputados, a cambio de una declaración para la que esperaba pruebas que no llegaron. Su denuncia impulsó a otros imputados a hablar de prácticas similares. Y las denuncias hicieron eco con otros casos conocidos: el testimonio guionado de Leonardo Fariña, las mentiras del valijero José López detectadas por el Tribunal Oral que lo condenó y, entre otras, la intervención de Marcelo D'Alessio en la causa del gas licuado.

Esos escenarios ahora podrían ser investigados en Dolores. Los abogados de Amado Boudou, Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, piden al juez Alejo Ramos Padilla una investigación de Patricia Bullrich por el uso instrumental de testigos e imputados. "Más allá de las denuncias iniciales, advertimos —dice Rúa— que muchos testimonios de arrepentidos señalan la intervención del Ministerio de Seguridad o de sus funcionarios en la negociación que los llevó a arrepentirse. La mayoría refiere que les pidieron que dijeran determinadas cosas para obtener ese beneficio, como Fariña, Martínez Rojas o Pérez Corradi. En ese contexto solicitamos que se investigue ese rol con mayor precisión: sospechamos que puede haber sucedido también en el caso de Alejandro Vanderbroele, porque existió una gestión con el Ministerio de Seguridad y Prefectura que no tienen nada que ver en el Programa".

La historia de la entrega de Pérez Corradi puede ser una clave de esa búsqueda.

 

 

Dos

El 18 de junio de 2016, el gobierno anunció la detención de Pérez Corradi en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú. La ministra Patricia Bullrich felicitó a la AFI. Desde el organismo dijeron que habían estado 90 días buscando a Pérez Corradi en la Triple Frontera; que obtuvieron su ubicación a partir del rastreo del teléfono de su esposa (con un hijo de cuatro meses con problemas de salud que debía ser constantemente atendido). Dijeron que los últimos diez días coordinaron la detención con las autoridades de Paraguay y de Brasil. Y blandieron aquello de las quemaduras en sus manos como si no estuviera desesperado, sino preparado para continuar una guerra. Cuando declaró ante Ramos Padilla, su abogado defensor presentó una versión distinta que discute la legalidad de los operativos y, además, muestra la cronometrada intervención de los espías en los momentos en los que el caso cambia de dirección.

 

 

Tres

Pérez Corradi nació en dictadura, julio de 1977, hoy tiene 42 años. Trabajó en el Banco Nación entre 1996 y 2002, incursionó en el negocio de los medicamentos, las cuevas financieras y el contrabando de efedrina a México para la elaboración ilegal de drogas. Hasta 2008, cuando dejó de ser legal la entrada de efedrina al país, creció como eslabón de la cadena de comercialización por la que cobró enormes sumas de dinero. Así entiende su rol la Justicia, para la que nunca superó la talla de eslabón o intermediario.

Su historia judicial pegó un giro rotundo en 2012. Hasta entonces estaba a derecho. El juez Norberto Oyarbide lo investigaba por lavado de dinero en la causa de la mafia de los medicamentos. Y la jueza Sandra Arroyo Salgado por un requerimiento de extradición de Estados Unidos, por haber mandado un sobre con sus huellas por correo, con pastillas de un derivado del opio. Sus problemas empezaron cuando el fiscal Bidone —entonces a cargo de la investigación del Triple Crimen— pidió su detención en 2012 como autor detrás de los asesinatos de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina. En el marco de ese pedido empieza el relato de Broitman en Dolores.

Para entonces la defensa había conseguido una excarcelación de Oyarbide. Y pese a un paso breve por prisión, seguía el trámite de Arroyo Salgado. Al saber la imputación por el Triple Crimen, sus abogados pidieron a Arroyo Salgado una gestión en la causa de Bidone. Viajaron a Mercedes a ver al fiscal. Querían ver la causa y defenderse porque sostienen que Pérez Corradi no tenía nada que ver con ese crimen. Bidone les mandó a decir que Pérez Corradi no estaba formalmente imputado pero no les permtió ver el expediente reservado que instruyó.

Broitman y su socio, el ex comisario Juan José Ribelli, le dijeron a Pérez Corradi que debían denunciar a Bidone por arbitrariedad. Pero Pérez Corradi no quiso problemas. No denunciaron a Bidone. Y pocos días después, el fiscal pidió y consiguió el allanamiento de la casa de Pérez Corradi y un pedido de detención. De esa casa, en ese año 2012, se llevaron todos los equipos de electrónica, teléfonos y las tablets de los hijos. En ese momento, para el mundo de los medios Pérez Corradi iniciaba su vida como prófugo, pero en realidad recibía a un grupo de la ex SIDE que le ofrecía sacarlo del país.

Personal de la ex SIDE, dijo Broitman, se le acercó para facilitarle documentos falsos y sacarlo cuando no necesitaba irse. "Todo esto él lo declaró ante el juzgado federal de María Servini, que investigaba el tráfico de efedrina. Identificó vía, vehículo, forma y modalidad. Cómo pasó por Migraciones. Por eso creímos que en realidad no querían a Pérez Corradi detenido, sino prófugo".

 

 

Cuatro

Pérez Corradi estuvo prófugo entre 2012 y 2016, entre Paraguay, Brasil y Bolivia.

"A mi criterio hubo fuerzas de inteligencia que actuaron en forma totalmente ilegal, con fuerzas de seguridad presuntamente también ilegales", dijo Broitman. "De todas las causas que he visto, ninguna ventila estas cuestiones: Pérez Corradi se profugó, se le endilga la autoridad intelectual del Triple Crimen y esa fue la dirección que se le quiso dar a la causa. No sé con qué fin oscuro se hizo".

 

 

Cinco

Prófugo y escondido con identidades cambiantes, una esposa que al parecer conocía poco de su vida pasada, tomó contacto con sus abogados esporádicamente a través de dos teléfonos. Así llegó a fines de 2015 con una hija de tres años y un embarazo a término. En esa ocasión llamó a sus abogados para abrir una negociación con Estados Unidos y dar información en ese lugar. Los fiscales norteamericanos pidieron que solucionara primero las cuestiones pendientes en la Argentina, para evitar conflictos en Cancillería. Hacia fines de diciembre de 2015, su abogado Broitman había viajado a Paraguay por otros asuntos. Y recibió una llamada de Pérez Corradi.

Ahora sí, le dijo, era hora de preparar una entrega controlada con el gobierno argentino, explicó en Dolores. Es decir, hacer saber a las nuevas autoridades nacionales que iba a colaborar en la causa del Triple Crimen y en la investigación de los medicamentos. Broitman asegura que entonces comenzó a negociar la entrega de su cliente con integrantes del Ministerio de Seguridad. Para esa época, el gobierno estaba a los saltos sobre la agenda caliente de la fuga y recaptura de los condenados por los tres crímenes y una recompensa aumentada a 2 millones de dólares por su cabeza. Así, mientras el gobierno decía en público que lo estaba buscando, Broitman comenzaba a pactar una entrega secreta. Pero se encontró con un primer problema: volvieron a acercarse los espías.

 

 

Seis

Esta vez seguían al defensor. Le sacaron fotos camino a su casa, en una estación de servicio próxima al aeropuerto de Ezeiza cuando se dirigía a un viaje a Colombia. Lo siguieron en autos y en dos motos, recibió mails de usuarios desconocidos que pedían servicios ilegales y, según dijo y denunció ante la Justicia federal, pusieron micrófonos en su estudio. Los seguimientos parecían sospechosos, pero ¿por qué justo cuando Pérez Corradi quería declarar?, preguntó en Dolores. Y dijo: porque así como habían necesitado a un prófugo, ahora querían que Pérez Corradi no se presentara a declarar.

 

 

Siete

En febrero de 2016, Broitman preparaba sus vacaciones. Estaba por salir hacia Punta del Este en avión privado, después de una indagatoria en Morón. Todavía en esa audiencia, entró una llamada de Pérez Corradi.

—Lo único que te pido —le dijo— es que no me arruines las vacaciones.

 

 

Ocho

Le dio un número de Uruguay. Y convinieron la entrega para el martes de la semana siguiente. Pérez Corradi iba a definir el lugar, él viajaría 24 horas antes y luego se entregaría. La planificación estaba tan aceitada que había contratado abogados en Brasil y Paraguay para barajar opciones jurídicas, por si su cliente decidía presentarse en cualquiera de esos países; el objetivo era conseguir una expulsión o extradición rápida para acelerar la llegada a Buenos Aires. El acuerdo se frustró.

 

 

Nueve

El miércoles 10 de febrero un juzgado de garantías de Tigre sin jurisdicción en estas causas allanó la casa de la primera esposa de Pérez Corradi en Don Torcuato, por una denuncia anónima que hoy se supone fue de la AFI. El operativo había sido pedido por la fiscalía de Tigre y tuvo como polea de transmisión a la Departamental de San Isidro, que había recibido un dato según el cual Pérez Corradi estaba en esa casa y fuertemente armado.

El operativo fue escandaloso por la violencia y provocó la orden para una investigación secundaria.

A esa altura, el caso estaba en manos de dos juezas. Arroyo Salgado y María Servini, quien tenía una causa por tráfico ilegal de efedrina y —por declinación de competencia en Mercedes— había absorbido la causa del Triple Crimen. Tigre ordenó el allanamiento sin preguntar a ninguna de las dos y con la autorización dada por el omnipresente fiscal Bidone, que estaba fuera de la causa. Bidone decía que Pérez Corradi se hallaba en rebeldía.

A la luz de la investigación de Dolores, esa participación del fiscal hoy no llama la atención. Y puede pensarse en línea con su rol general en la banda de D'Alessio, donde producía insumos para dotar de legalidad procedimientos que no la tenían. La época permite pensarlo. A lo largo de 2016, Bidone estaba en relación con el espía. Le entregaba datos sensibles del empresario Gabriel Traficante para iniciar una extorsión.

En el operativo de Don Torcuato estuvo el Grupo Halcón. Y hubo agentes de la AFI. Al entrar, tiraron gases lacrimógenos. Apuntaron a los tres niños en la cabeza, rompieron colchones, hirieron a un perro y mataron a otra mascota. En ese escenario sucedió lo previsible: Pérez Corradi suspendió la negociación para entregarse.

 

 

Diez

Servini convocó a la Señora 8 de la AFI a una reunión de urgencia en el edificio de Retiro. Además de Silvia Majdalani se sentaron los jefes de Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y, entre otros, el fiscal Juan Pedro Zoni. Preguntaron a Majdalani por los fallidos del operativo, pidieron explicaciones y ella dijo allí que tenía gente en la Triple Frontera buscando a Pérez Corradi.

Lo mismo reconoció más tarde la ministra. Pero existen sospechas sobre el carácter legal de esa operación. Por qué estaban allí esos agentes si no había una orden judicial para que lo hicieran. Según Broitman, los datos no estaban en el expediente. Aquella reunión revela, sin embargo, que la jueza lo sabía. En ese sentido, lo mismo ocurre con las negociaciones de la entrega. Los abogados negociaban una entrega que tampoco estaba en el expediente. Conviene pensar que el gobierno estaba desarrollando una suerte de gabinete paralegal con el que se iban estableciendo cacerías y negociaciones extrajudiciales con cada interesado.

Pérez Corradi pasó marzo, mayo y abril escapando. Durante los últimos, completamente cercado, llamó a su abogado. No sabía quién estaba detrás. Y en ese contexto se quemó las manos.

 

Once

El 18 de junio lo detuvieron en un departamento de pleno centro de Foz de Iguazú. Fue trasladado a Asunción, donde permaneció en la prisión de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales hasta el 5 de julio. Paraguay tenía cuentas pendientes con él por el uso de documentos falsos. Pero la Argentina consiguió una extradición express, no sólo porque tanto Paraguay como él mismo lo aceptaron. En el medio comenzaron nuevas conversaciones con el gobierno. Patricia Bullrich sabía qué podía esperar de ese detenido.

—Yo que Aníbal Fernández —dijo—, estaría preocupada.

El 4 de julio el gobierno mandó a dos funcionarios a Asunción para asegurar una última gestión.

 

 

Doce

Los dos funcionarios despacharon las valijas en el mostrador del Aeropuerto de Ezeiza. Venían de ministerios distintos, pero actuaban en coordinación, según registraron los papeles. Uno era el director del Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados, Francisco Lagos. El otro, el entonces jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti. Se sentaron a esperar el vuelo para Asunción. Subieron al avión y al aterrizar se dirigieron al estudio del defensor paraguayo de Ibar Pérez Corradi, Carlos Broun. Según pudo saber El Cohete, no llevaban un sólo papel de Cancillería para intervenir en representación del Estado afuera del país. Tampoco una orden judicial para justificar la presencia del director del Programa de Testigos e Imputados, que no dependía ni depende de Seguridad sino de Justicia. Y que además ofrece la protección y custodia a un testigo luego de que la persona lo pide a la Justicia.

En Asunción vieron a Carlos Broun. Y a la segunda esposa de Pérez Corradi. Cuando salieron, estaban convencidos de que habían iniciado el último acuerdo pendiente. Posponer la partida de la esposa y de los hijos paraguayos de Pérez Corradi. Cuando salió, Lagos visitó a Pérez Corradi en prisión.

—Tengo todo acordado con la ministra.

Dijo él como lo repitió a partir de entonces cada día ante la visita de diversos operadores del Programa. El acuerdo incluía un espacio de reclusión fuera del sistema de cárceles del Servicio Penitenciario Federal, que a lo largo del tiempo abarcó la provisión de semillas, discos, sushi y libros, a cambio de una declaración como colaborador en la causa por contrabando de efedrina. Hasta ahí es lo que el gobierno aceptó hasta ahora públicamente. Pero esa vez, en la cárcel, Pérez Corradi también dijo que estaba dispuesto a hablar del ex jefe de Gabinete. La negociación tuvo idas y vueltas. Finalmente se acordó su entrada al Programa y el traslado inmediato de la familia. Y al día siguiente, 5 de julio, a las 14.30, Pérez Corradi embarcó en un TC4 de la Fuerza Aérea Argentina con casco de guerra, un ejército como escolta y Buenos Aires como destino.

 

 

Trece

Permaneció en el edificio Centinela de Gendarmería. Sus aportes permitieron imputar y avanzar con detenciones en el caso de la efedrina. No así en el Triple Crimen. Ni de Aníbal Fernández. Con acuerdo del fiscal Juan Pedro Zoni, Servini le dictó la falta de mérito a Pérez Corradi. Quienes investigaron creen que no tuvo que ver con esos crímenes, porque tienen otro patrón. La Sala I de la Cámara Federal porteña revocó esa resolución en mayo de 2017. Ese mismo mes, y en paralelo a su silencio, el gobierno le agravó las condiciones de detención con un traslado al penal de Marcos Paz. El Programa de Testigos sacó del país a su esposa y a sus hijos, porque les ofrecieron como única opción una mudanza en las cercanías del penal de Marcos Paz. Pérez Corradi realizó este año una huelga de hambre.

Cuando Broitman terminó su declaración en Dolores, Ramos Padilla le preguntó por D'Alessio. El defensor dijo que no vio a D'Alessio en los operativos de Paraguay. El juez le mostró dos archivos de imágenes con la extensión jpg de la computadora del espía: uno está fechado en julio y otro octubre de 2016. El primero se llama “Corradi Entrega” y el segundo “Corradi Ciudad del Este”. La primera imagen es conocida. Es Bullrich con alguien que podría ser D'Alessio en el arribo de Pérez Corradi al Aeroparque. Pero aún no está confirmada.

Tal vez sea parte de lo que la ministra debería explicar.

 

 

 

 

 

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