La batalla madre

 

Causas e impacto de la inflación en el precio de los alimentos

A las múltiples causas que dan origen al proceso inflacionario para el conjunto de los bienes transables –concentración empresarial, expectativas económicas, cotización del dólar, déficit fiscal, emisión monetaria, entre las principales– en el caso de los alimentos se agregan otras causas específicas que interactúan entre sí reforzando la inflación. En modo análogo, su impacto social y político es mayor al que genera el nivel de inflación general.

La primera causa es la fijación de los precios domésticos de las materias primas alimenticias en función de los precios internacionales, sin tomar en consideración sus costos de producción ni los niveles de ingresos de la población, que en ambos casos se miden en pesos; la segunda es la creciente concentración en la explotación de la tierra en desmedro de pequeños productores y de cultivos de alimentos frescos, en especial por impacto de los denominados pools de siembra; la tercera causa es la estructura fuertemente oligopólica que caracteriza tanto a los exportadores de esos commodities como a las cadenas que integran fabricantes, intermediarios y bocas de expendio de alimentos. Esa interacción tiene como principal resultado que los precios en el mercado doméstico no sólo estén ligados a los precios de exportación, incluyendo las proyecciones de precios en el mercado de futuros, sino que además suban ante expectativas de aumento de los precios internacionales y –concertación oligopólica mediante–, y nunca reflejen las reducciones que de tanto en tanto se producen en el mercado mundial. A estas tres causas primeras se agregan otras, también realidades específicas de algunos alimentos: tal el caso de la estacionalidad que caracteriza a frutas y hortalizas, producto del desajuste ocasional [1] entre oferta y demanda, y los imprevistos climáticos, tales como sequías e inundaciones.

Las excusas sobran y no hace falta enumerarlas. El resultado es que los precios de los alimentos y en especial el precio de la canasta básica alimentaria siempre suben por encima de los precios de la canasta básica total y del promedio de los demás bienes transables. Los números lo demuestran: hasta abril de 2022 el índice de precios de los alimentos acumuló en el primer cuatrimestre del año un 28,0% de aumento frente al 23,1% del índice general de precios, mientras que para los últimos 12 meses los aumentos fueron del 62,1% y del 58,0%, respectivamente.

También es evidente el mayor impacto para los sectores de menores recursos, que en muchos casos no alcanzan a cubrir las necesidades alimentarias mínimas. Para el mismo mes de abril, la canasta básica alimentaria –que determina el nivel de indigencia– acumuló en lo que va del año un 29,0%, frente al incremento de la canasta básica total –que determina el nivel de pobreza– del 25,1%. Las variaciones anuales son del 59,4% para la canasta básica alimentaria y del 51,3% para la canasta básica total.

Es absolutamente inaceptable para un país que dice tener capacidad de alimentar en el mundo a más de 400 millones de habitantes y que no logre hacerlo para el 10% de nuestra población caída en la indigencia y lo haga dificultoso para el 37% de la población que se encuentra en estado de pobreza. El impacto social y político de la inflación en el precio de los alimentos es evidente, al punto que justifica la intervención estatal preventiva en los mercados de países que muestran muy bajo nivel inflacionario, como son las experiencias de MERCASA en España y de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (EMAPA) en Bolivia. En definitiva, el control de la inflación de los alimentos y otros productos que integran la canasta básica será una de las variables principales que definirá el resultado de las elecciones de 2023, al punto que puede hacer necesaria la intervención directa del Estado en el mercado de los alimentos, tal como ha sido anunciado públicamente por el propio gobierno nacional [2].

 

 

Implicancias de la intervención estatal en el mercado de alimentos

El anuncio de avanzar en esa intervención presupone establecer una clara y efectiva prioridad política para atacar la inflación en el precio de los alimentos, uno de los problemas que más afecta a los sectores populares. Estimo que una intervención directa del Estado (IDE) en el mercado de alimentos contaría con la colaboración de pequeños y medianos productores, hoy víctimas de los intermediarios y de las grandes cadenas de comercialización.

Ante todo, comienzo por descartar la alternativa de crear una empresa estatal de producción de alimentos, toda vez que esa propuesta no toma en consideración las muy diferentes características y problemáticas técnicas, económicas y comerciales de la producción de carnes, lácteos, frutas, verduras y alimentos procesados, y no garantiza en modo alguno el control de los precios al consumidor final de sus productos. YPF es un ejemplo, tanto de eficiencia empresaria, como de la inutilidad con vistas a ese objetivo.

Desde la perspectiva política, esa iniciativa no solo contará con la segura oposición de exportadores, productores monopólicos u oligopólicos, intermediarios y grandes cadenas de supermercados, sino que además no tiene ninguna posibilidad de mostrar resultados positivos en la reducción del precio de los alimentos antes de mediados de 2023, como sería electoralmente necesario.

Las políticas de IDE cuentan con antecedentes que sí considero viables, incluyendo programas nacionales y provinciales que ya se encuentran en operación o en estado de desarrollo, y proyectos elaborados que podrían resultar efectivos para atacar la inflación en el precio de los alimentos.

 

 

Programas nacionales y provinciales en operación o en desarrollo

Mercados de cercanía

El Ministerio de Desarrollo Social busca fomentar y fortalecer las diferentes estrategias de comercialización de la economía popular, social y solidaria, impulsadas por entidades gubernamentales y organizaciones sociales de todo el país. A través de la red de mercados de cercanía y el desarrollo de proyectos se brindan espacios de formación, divulgación o articulación y apoyo económico para equipamiento, logística, capacitación, comunicación y difusión. A la fecha, la red de mercados de cercanía cuenta con 391 bocas de expendio de alimentos, bebidas y productos de limpieza. De ese total, 143 están localizadas en la provincia de Buenos Aires, 140 en CABA, 42 en Córdoba, 15 en Santa Fe y 10 en Mendoza. Las 41 bocas restantes se reparten en otras 16 provincias, y seis provincias no cuentan con ninguna boca de expendio que responda a esta iniciativa.

Una verificación preliminar, realizada sobre una muestra de las bocas de expendio existentes en los rubros lácteos y productos de limpieza, mostraría que los precios de venta –aunque podrían generar algún beneficio para los productores– estarían convalidando los precios de venta de supermercados y otros comercios minoristas, por lo que no representarían ninguna ventaja para el consumidor final.

 

Acercar Alimentos

Se trata de una mesa de articulación interministerial (MAI) integrada por Jefatura de Gabinete de Ministros; los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Social, Desarrollo Productivo e Interior; los organismos descentralizados-autárquicos: SENASA, INTA, INAES, INASE y el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales. Su objetivo general es fortalecer los circuitos cortos de comercialización, mediante acciones concretas organizadas y coordinadas, integrando al comercio tradicional nuevas formas de comercialización comunitaria, para contribuir con la seguridad y la soberanía alimentaria. En su Informe de diciembre de 2021 se detallan los organismos que integran la Mesa de Articulación Interministerial; los fundamentos de la intervención del Estado; los objetivos; los acuerdos y las etapas de trabajo; las estrategias comerciales; los criterios de selección de los casos piloto de intervención; y el estado de la MAI a esa fecha.

Entre sus propuestas se destacan: la identificación de recursos locales y potenciales proveedores; la calificación de productores y productoras, comercializadores, comercializadoras y demás actores necesarios; la capacitación para agentes estatales en torno al desarrollo de Nuevas Estrategias de Crecimiento para productores-elaboradores de alimentos de la agricultura familiar, cooperativa e indígena y de las PyMEs agropecuarias; la creación de una marca blanca destinada a mejorar los precios al público; la creación de logística y de condiciones especiales para corredores de alimentos; la creación de una ventanilla única para resolver problemas; la revisión de normas y el acceso a registros por parte de todos los miembros; el reconocimiento de competencias y de puestos de trabajo dentro de los CCC; y lo más importante: la generación de estrategias de comercialización destinadas a abaratar el precio de los alimentos. En la Caja de Herramientas de la MAI se dispone de numerosos documentos de análisis sectoriales, cuadros y mapas informativos, información sobre líneas de crédito, entre otros; asimismo, en la sección Capacitaciones se puede acceder a numerosos cursos y manuales sobre cultivo, cría, procesamiento de alimentos, reglamentaciones, indicaciones geográficas, entre otros.

 

Agroindustrias de Catamarca – AICAT SE

Es una empresa provincial orientada a la mejora del pago a los productores. AICAT compraba toda la uva de Tinogasta al doble del precio local para su Plan Mosto, y cuando los otros compradores aumentaron sus precios, redujo sus compras al 30%. Con el membrillo, alquiló un taller de jaleas a fasón: se pagó un buen precio que luego fue igualado por una gran marca. Con la nuez, ofreció pagar un precio de referencia 50% superior al de mercado y pagar a tres meses, en lugar de a nueve meses o más; y contrató el quebrado y la clasificación en pequeños talleres.

 

Sol Puntano (San Luis)

Emplea a 50 personas, posee tres frigoríficos que venden en ferias y carnicerías, y 300 hectáreas de cultivo de frutas y verduras, y fabrica dulces. Pese a su escala reducida, vende verduras con precios 15% inferiores a los comercios tradicionales.

 

Agroandina (La Rioja)

Fundada en 2009, se dedica a la industrialización del tomate. Posee dos fábricas localizadas en Chilecito y en La Rioja. Comercializa mediante ocho almacenes, seis distribuidoras, siete mayoristas y provee a 64 supermercados localizados en Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis y Río Negro.

 

Centro Regional de Educación Tecnológica – CERET (La Pampa)

Fue creado en 1997 en General Pico (La Pampa) para responder a las necesidades que plantea la incorporación de nuevas tecnologías a diferentes ámbitos del quehacer humano. Provee capacitación, asesoramiento y plantines para la producción hortícola. Compra leche a los tambos y la elabora (leches ensachetada, dulce de leche y yogur bebible marca Mamuu).

 

 

 

Antecedentes disponibles: proyectos de interés

Trabajo Rural para la Inclusión Social -TRIS

El Programa TRIS es un modelo de desarrollo productivo integrado horizontal y verticalmente a partir de la micro-producción planificada en red y con formas asociativas de consorcios o cooperativas. Cada consorcio cooperativo reproduce desde la economía social y el asociativismo un complejo agroalimentario diversificado. Desarrollado en 2004 por la entonces Secretaría de Ganadería, Agricultura y Pesca, el proyecto prevé desarrollar tres grandes consorcios de granjas productoras de alimentos –hortícolas, frutícolas, cárnicas, de condimentos– desde pequeñas unidades familiares organizadas con lógica de gran empresa. El proyecto comprende la instalación de 2.400 granjas del Delta, Entre Ríos, Corrientes y Cuenca del Salado. El muy detallado proyecto incluye un presupuesto estimado que equivale a un total de 5,06 millones de dólares, así como la estimación del valor bruto de la producción por un total de 27,70 millones de dólares anuales.

 

Almacenes Regionales Argentinos (ARA)

Los ARA son Centros Distritales de Acopio, Abastecimiento y Ahorro (CDA) que se proyecta ubicar en distritos importantes de nuestras regiones económicas. El objetivo central propuesto es establecer precios de referencia y acuerdos entre productores, para que los productos de los CDA lleguen al consumidor final a un precio entre 20% y 30% por debajo del precio de los del mercado. Los CDA conectan directamente a productores con mayoristas y compradores minoristas, eliminando intermediarios mediante la participación de productores locales y de zonas alejadas. La propuesta prevé la necesidad de un financiamiento estatal inicial, como así también distintos mecanismos de financiamiento e integración de fondos que permitan la devolución de la inversión inicial del Estado y la atención de coyunturas adversas.

 

 

 

 

 

Propuestas de Intervención Directa del Estado

Habiendo ya descartado la posibilidad de que las políticas de la IDE incluyan las etapas de producción de alimentos, intentaré proponer cuáles serían los objetivos principales de tales políticas y cuáles los instrumentos para alcanzarlos. Como mencioné al inicio, la problemática inflacionaria de los alimentos reconoce múltiples causas, por lo cual la solución también hace necesaria la combinación simultánea de diferentes políticas e instrumentos de intervención directa que complementen a los indirectos con que ya actúa el Estado Nacional, tales como el control de la aplicación de la legislación sobre abastecimiento, defensa de la competencia, aplicación de retenciones, creación de fondos fiduciarios, promociones, etcétera.

Estimo que las políticas de IDE deberían focalizar tres objetivos básicos: aumentar la oferta de alimentos; reducir los costos de intermediación y logística; y, por último, lo más importante: neutralizar la acción de monopolios y oligopolios, permitiendo que la mayor oferta y los menores costos se traduzcan en una reducción efectiva de los precios al consumidor. Cada uno de estos objetivos requiere de mecanismos específicos.

El primer objetivo es el aumento de la oferta de alimentos, que se lograría mediante la incorporación de nuevos productores, en especial pymes, cuestión que hace necesario considerar el impacto de los pools de siembra [3] para revertir su impacto negativo [4] y a la vez conservar sus ventajas [5]. El crecimiento demostrado por los pools de siembra, que en muchas localidades concentra al 50% o más de la producción, debe hacer reflexionar sobre el futuro de nuestra agricultura y el desarrollo del interior de las provincias. Su impacto también debería ser tomado en cuenta para el armado de la estrategia de cualquier política agropecuaria, en particular en lo que hace a la producción de frutas y verduras, uno de los principales componentes de la inflación en el precio de los alimentos. La tercera de las cuestiones centrales que hacen a nuestro modelo de desarrollo productivo refiere al rol que juega la economía popular en ese proceso, incluyendo actividades de producción agropecuaria y de producción urbana. Como señalé anteriormente en un trabajo que trata de establecer qué desarrollo productivo queremos, la agricultura familiar, campesina e indígena –por su carácter diferenciado del modelo de agronegocios vigente– incluye un gran potencial de inclusión social, generación de empleo y desarrollo de oficios y habilidades propias de la actividad rural. Por ello debe ser tratada como un factor estratégico del desarrollo productivo. También merece ese tratamiento por sus aportes a la soberanía alimentaria, por su menor impacto ambiental y por su potencial para reducir la inflación en el precio de los alimentos, abasteciendo a mercados de proximidad con mayor oferta y variedad de productos. No menor es su impacto sobre el arraigo poblacional y la posibilidad de contribuir a la desconcentración de la población urbana, cuestiones que pueden ser potenciadas mediante políticas para un mayor acceso a tierras públicas improductivas.

En definitiva, nuestras políticas para aumentar la oferta de alimentos deben contemplar un fuerte y continuado respaldo a la economía popular, tanto agrícola como urbana, mediante políticas de acceso en comodato a las tierras productivas en poder del Estado y de acceso al crédito, así como de aliento a la formalización de sus actividades, de asistencia y asesoramiento técnico, de promoción de la asociatividad entre los actores de la economía popular y de aliento al cooperativismo. Los proyectos TRIS y ARA arriba descriptos contienen propuestas con detalles operativos y presupuestarios que pueden resultar de interés. Otro de los instrumentos que parece apropiado para incrementar la oferta de alimentos es la fijación de precios sostén, acompañada por una garantía de compra por parte de la estructura que resulte de la IDE cuando no se presente una demanda suficiente por parte de la estructura comercial tradicional. Estas medidas serían efectivas según lo demuestran las experiencias de AICAT, Sol Puntano, Agroandina y CERET, que se describieron más arriba.

El segundo objetivo –la reducción de los costos de logística e intermediación– puede ser alcanzado mediante la reducción de la cantidad de intermediarios y el acortamiento de las distancias que median entre productores y consumidores. Este objetivo puede ser alcanzado mediante una muy importante ampliación de la cantidad de mercados concentradores regionales [6], tal como más arriba se plantea en la MAI mediante los canales cortos de comercialización del programa Acercar Alimentos, así como el proyecto de Almacenes Regionales Argentinos. Esto reduciría la cantidad de intermediarios y los costos logísticos asociados, con importante impacto en el precio de los alimentos.

El tercer objetivo –lograr que la mayor oferta y los menores costos de intermediación se reflejen en una reducción efectiva y verificable de los precios al consumidor– es el de mayor complejidad y posiblemente requiera de distintas herramientas. Los instrumentos de intervención indirecta del Estado –como retenciones, fondos fiduciarios, controles en la aplicación de las leyes de Abastecimiento, Defensa de la Competencia y Góndolas, y el programa Precios Cuidados– pueden ser complementados con la oferta de alimentos comprados para sostener los precios a productores, así como el financiamiento a pequeños productores y sus cooperativas para cubrir los plazos de pago exigidos por los supermercados. En última instancia, las políticas de IDE podrían recurrir a la importación de alimentos, tal como hacen Mercasa y EMAPA en España y Bolivia, respectivamente. Todos estos instrumentos de las políticas de IDE deberían complementarse con la multiplicación de los mercados de cercanías que viene impulsando el Ministerio de Desarrollo Social. El suministro de alimentos a esos mercados aseguraría márgenes de comercialización razonables y se realizaría bajo la condición y la verificación del mantenimiento de precios inferiores a los que rigen en los supermercados y demás comercios minoristas.

Estimo que con la implementación de estos instrumentos las políticas de IDE no solo beneficiarían a los productores, a los mercados de cercanía y a los consumidores, sino que además contribuirían en modo concreto al afianzamiento de valores tales como la seguridad y la soberanía alimentaria, así como el arraigo mediante la recuperación de tierras productivas que hoy se encuentran en estado de abandono.

La acción de las políticas de IDE –para lograr los objetivos de ampliar la oferta de alimentos y doblegar el poder de los monopolios y las grandes cadenas de supermercados– no sería por sí suficiente si no media un blanqueo de la actividad de los pequeños y medianos productores [7], condición necesaria para que puedan acceder al crédito destinado al inicio de nuevas producciones o para incrementar las existentes, así como para poder acceder a los beneficios de la promoción que generarán los instrumentos de las políticas de la IDE. Para alentar ese blanqueo se puede recurrir a medidas tales como una desgravación de impuestos, tal como se aplica a las empresas en el Régimen de Promoción a la Economía del Conocimiento.

Parece conveniente que la implementación de la IDE se realice mediante un esquema modular y progresivo que permita obtener resultados concretos y demostrables a más tardar en mayo o junio de 2023, y que a la vez asegure eficiencia económica y un carácter no burocrático, a fin de evitar que las ventajas obtenidas se pierdan como consecuencia de gastos innecesarios. De acuerdo con las exigencias de lograr resultados en el cortísimo plazo, la implementación de las intervenciones estatales directas en el mercado de alimentos debe ser complementada con una enérgica campaña de inspección y verificación del cumplimiento de precios acordados en los programas vigentes por parte de la Secretaría de Comercio Interior.

Queda pendiente la cuestión de qué estructura gubernamental sería necesaria para implementar los instrumentos de las políticas de IDE. En el caso de que esa implementación requiera de la intervención del Congreso y encuentre tropiezos que impidan su implementación, se pueden utilizar alternativas jurídicamente factibles, como actuar a través empresas públicas existentes con un objeto social similar – tal el caso de Comercialización y Logística Central SE [8], que brinda servicios de almacenaje, transporte y logística, o del propio Mercado Central.

Espero que estas propuestas sean de utilidad para la elaboración final y la puesta en práctica de políticas de intervención directa del Estado Nacional en el mercado de alimentos que permitan reducir la inflación en el precio de ese mercado y que contribuyan a lograr un resultado favorable en las elecciones presidenciales de 2023 [9].

 

 

 

* Artículo publicado en la revista Movimiento.

 

 

[1] Un ejemplo típico es el cambio geográfico de la oferta del tomate, cuando, agotada la producción del Gran Buenos Aires, se demanda producto originario de Cuyo u otras regiones productoras, lo que produce un pico de precios hasta la regularización de la oferta.

[2] El 15 de febrero último el gobierno anunció un proyecto para constituir una empresa nacional de alimentos.

[3] Según el Censo Agropecuario 2018, nuestro país cuenta con más de 38 millones de hectáreas productivas divididas en 250.000 parcelas explotadas por unos 100.000 productores agropecuarios: un promedio de 150 hectáreas por parcela y de 380 hectáreas por productor. Los 95 principales pools de siembra explotan un total de 3 millones de hectáreas, 10% del total. Sin embargo los diez pools principales explotan un total de casi 1,2 millones de hectáreas.

[4] Los principales impactos negativos de los pools son la concentración en la explotación de las tierras, la desaparición de pequeños y medianos productores, el despoblamiento de las zonas de producción, y los perjuicios que causan sobre la sustentabilidad ambiental y el recurso suelo.

[5] Entre las ventajas de los pools se señalan la mejora de la escala de producción, el aumento en los poderes de negociación para la provisión de insumos y la comercialización de la producción, la aplicación de tecnologías de avanzada y la profesionalización de la gestión agronómica.

[6] Hoy existen 60 mercados concentradores, el mayor es el Mercado Central. Se estima conveniente aumentar su cantidad hasta los 250 o 400, de modo que cada 100.000 habitantes se encuentren a no más de 500 kilómetros de un mercado concentrador regional.

[7] Esta medida fue fuertemente sugerida por un empresario nacional y CEO de una importante empresa productora de alimentos procesados.

[8] Esta es la empresa que utilizó Paula Español para implementar el Mercado Federal Ambulante que desde julio de 2021 llevó alimentos frescos a varios municipios.

[9] Agradezco los intercambios y los aportes recibidos de Vilma Cabrera, José Luis García Palazón, Ignacio Pasmanter, Julio Rojas, Sandra Nicolás, Juan Luis Vendrell Alda, Lucas Antonietti, Angelina Antico Zalazar, Lucas Gallo Mendoza, Marcelo Seijas, Raúl Sánchez, Marcelo Yaquet, Guillermo Urdínez y Braian Gómez. También un especial reconocimiento a Enrique Bugatti por el aporte del Proyecto TRIS, elaborado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación en el año 2004, y a José Luis García Palazón por el aporte del Proyecto Almacenes Regionales Argentinos. Mucho agradeceré cualquier comentario u observaciones que merezcan estas propuestas preliminares que me hagan llegar al correo [email protected].

 

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