La batalla fiscal y sus trampas

 

Hay una economía que se está ubicando en los comienzos de un proceso de recuperación, una gran cantidad de demandas sociales acumuladas, producto de los últimos cinco años de retroceso productivo. Pero el principal problema es que hay un sector social concentrado y activo que rechaza todas las medidas que podrían sacar al país del pantano y que presiona en la dirección contraria, sobre un gobierno que maniobra y vacila.

El panorama pandémico no está resuelto, aunque la sociedad se empeñe en negarlo.

A pesar de las buenas noticias en materia de vacunas que estarán disponibles en el corto plazo, la realidad es que no se podrá vacunar a toda la población rápidamente, que será en fases, que probablemente el período vacacional propicie un relanzamiento de la pandemia, y que la segunda ola, que se está sufriendo con fuerza en Europa y Estados Unidos, también llegue a nuestro país, ojalá atenuada. La pandemia no termina el 31 de diciembre, ni sus efectos económicos y sociales. Es importante que este dato sea tomado en serio, porque puede llevar a formular pensamientos mágicos, que si ocurren en el Estado, pueden tener efectos muy perjudiciales para la gente y para la reactivación.

 

 

El dólar como amenaza política

Nada es ingenuo en el mundo del dólar, tratándose de la Argentina. Lo que se oculta detrás de los movimientos de los dólares marginales son amenazas y presiones para cambiar la política económica del gobierno. La situación objetivamente es delicada, porque hay muy pocas reservas netas en el Banco Central y hay vencimientos de compromisos hasta fin de año por 900 millones de dólares. En octubre se perdieron 1.522 millones de reservas.

Sobre ese cuadro se montan desde los especuladores profesionales hasta los activistas de la derecha política y económica que apuntan a profundizar el escenario dejado por Macri. La hegemonía neoliberal no es gratuita, y muchos creen en una futura devaluación y actúan en consecuencia. Dadas las patologías imperantes en nuestra sociedad, ya se han podido observar impactos de la supuesta futura devaluación en alzas de precios, en la paralización de ciertas ventas y suministros y en una baja del saldo de la balanza comercial (más importaciones y menos exportaciones).

El gobierno logró provisoriamente revertir la escalada con algunas medidas técnicas y ofreciéndole una salida a los fondos especulativos que entraron con Macri, pero no ha sido aún terminante en desmontar las fuerzas que operan en función de una devaluación completamente innecesaria para nuestra macroeconomía, pero sí muy destructiva.  La pesadilla de las reservas no se terminó, y parece que encontraron la forma de arrancarle medidas al gobierno, a golpes sobre el dólar marginal, sea blue, CCL o MEP. Se debería tratar de quebrar con contundencia la expectativa devaluatoria, cosa que los “mercados” no quieren, porque han descubierto que es una buena forma de chantaje al gobierno nacional.

La ortodoxia venía sosteniendo que “no faltan dólares, sino que sobran pesos”, apuntando a que el camino de contener la presión cambiaria es reducir la emisión monetaria. Pero la emisión, en este año, ha sido una muy positiva herramienta orientada a sostener la actividad económica. No fue una veleidad argentina, sino el camino posible de muchísimas economías del mundo capitalista, recomendado por el mismísimo FMI.

A una gran cantidad de argentinxs no le sobran pesos, sino todo lo contrario. El problema es con los agentes económicos que sí son excedentarios, y con el uso de esos excedentes. Por supuesto que si se logra quebrar las expectativas del “gran negocio” de la devaluación, se dedicarían a algunas actividades mejores. Esa es la clave.

 

 

El sentido del fiscalismo en disputa

El gobierno ha tomado diversas medidas, no muy profundas, pero sí señales, en la dirección que les gusta a los mercados. Menos déficit, menos financiación de la Tesorería vía Banco Central, menos gasto extraordinario por la pandemia, quizás mejores resultados fiscales en 2021.

La idea de que la Tesorería se financiará en el mercado tiene sus problemas. Va en la dirección de no poner en circulación más dinero (que viniendo del Central es gratis para Tesorería), sino de usar el dinero ya emitido que tienen en su poder… los intermediarios financieros. Actores que han sido los grandes beneficiarios de todos estos años desde 2015, y que van pasando la pandemia sin ningún tipo de contratiempo económico, a contrapelo de buena parte de la sociedad y de las propias empresas. Hay que tener cuidado de que no induzcan al gobierno a la emisión de un festival de bonos atractivos, con el argumento de que se busca que “los inversores no vayan al dólar”. El peligro es que ese endeudamiento público, agradable para el sector financiero, termine absorbiendo los fondos que deberían ir a la inversión productiva. Durante el gobierno de Alfonsín eso ya pasó.

Cuando apenas estamos empezando a salir de una profunda crisis, tampoco debería apurarse a bajar un déficit que en su momento se estipuló en un 8,3% del PBI, completamente normal en el contexto mundial. No tiene sentido económico y social “lograr” un déficit menor al 8,3%. Tratar de terminar el año en 7% es privarse de inyectar recursos en áreas fundamentales de la sociedad, reducir daños humanos y poner en marcha más fuertemente el aparato productivo.

Es cierto, la economía está en un camino ascendente, y hay noticias positivas en la construcción, en parte de la industria, y en otras actividades. Pero estamos muy lejos de una economía en pleno funcionamiento y expansión.

El IFE, además del valor político y humano fundamental que nos hace ser una comunidad nacional y no un amontonamiento de individuos, tiene un importante valor económico, que nadie ignora. Seguramente miles de puestos de trabajo se pudieron sostener gracias a que 9 millones de argentinos recibieron una modesta suma de apoyo desde el Estado. No se puede jugar con prescindir del IFE, salvo que el gobierno tenga información muy precisa sobre esa enorme masa poblacional, como para circunscribir los beneficios a personas que continúan en dificultades, mientras se suspenden las transferencias a quienes ya han logrado recuperar sus ingresos pre-pandemia.

Similar criterio se seguiría con los ATP, transformándolos en otras transferencias más circunscriptas a ciertas actividades, y por un monto mucho menor.

Entendemos que los funcionarios nacionales no desvinculan estas valiosas transferencias creadas este año del hecho de que la economía nacional no esté mucho peor. El problema es que traten de complacer precisamente a quienes no entienden éstas cuestiones básicas, y reducen todas las dinámicas económicas a la “confianza” que ellos mismos administran a costa de la realidad económica del país.

El peligro es que si se le hace demasiado caso al fiscalismo conservador, se puede terminar asfixiando la reactivación económica, que no es un fenómeno garantizado. La reactivación no funciona por sí sola, y se nutre de incrementos en el consumo, la demanda y las expectativas que van formando las empresas a medida que ven aumentar sus ventas.

El Presidente Fernández, en la conmovedora despedida a Evo Morales, señaló en un momento de su discurso que la exitosa gestión económica de la Bolivia del MAS mostró que era compatible el equilibrio fiscal con el desarrollo y la lucha por la igualdad.

Tiene razón el Presidente. Pero no se debe omitir el hecho de que el gobierno del MAS fue capaz de desplegar su programa de desarrollo y de reparación social de Bolivia, porque tomó la decisión de capturar importantes rentas que hasta ese momento apropiaban grandes corporaciones que operaban en la minería y la industria hidrocarburífera boliviana. Fue ese vigoroso flujo de fondos permanente el que le dio fortaleza fiscal al Estado boliviano para liderar el crecimiento sin necesidad de incurrir en desequilibrios significativos en las cuentas públicas.

Si el gobierno busca compatibilizar sus objetivos de crecimiento de la producción y el empleo con una macroeconomía ordenada, que no pueda ser objetada por los fiscalistas conservadores, tiene que tomarse en serio la idea de cobrarle impuestos a los sectores de altos ingresos, de gran concentración económica, reduciendo drásticamente la evasión y elusión, gravando las rentas monopólicas y las ganancias extraordinarias obtenidas a partir de posiciones de privilegio en el entramado económico nacional.

En cambio, si para cumplir con metas de estabilidad fiscal, el gobierno es empujado a reducir gasto social y no se atreve a encarar el desafío de cobrar en serio impuestos progresivos, los mercados lo pondrán –a los empellones— en el terreno de un gobierno conservador más, con el agravante de que probablemente tampoco pueda sostener una reactivación económica satisfactoria.

No hay una forma única de cuidar los equilibrios fiscales. En las experiencias neoliberales, ninguna de las cuales fue fiscalmente prolija, la supuesta lucha por el equilibrio fiscal justificaba todos los recortes sociales y el desmantelamiento de las capacidades desarrollistas del Estado. ¿Puede concebirse técnicamente otra forma de arribar al equilibrio fiscal? Sí. Pero ese no es el camino que van a aplaudir los mercados, y eso el gobierno tiene que saberlo.

 

 

Sin ideas frente a la inflación

También es del agrado de “los mercados” la eliminación de productos de la lista de precios máximos. Es otro punto en donde el gobierno, hasta el presente, ha tenido estrategias de contención no muy eficaces de una presión incesante del sector privado.

El último mes, la evolución de precios de alimentos e indumentaria ha mostrado una tendencia preocupante. La lenta y sistemática erosión salarial producida por productos cuyos aumentos en muchos casos son inexplicables desde lo que ocurre con sus costos de producción, debería ser abordada de una forma más rigurosa.

El peso de los alimentos ha crecido fuertemente en la canasta de consumo básica, debido a la contracción de los ingresos. Ese dato económico fundamental no puede estar librado al capricho de grupos monopólicos que concentran la oferta. Porque esa libertad de los monopolios del sector de remarcar especulativamente, asfixia a la posibilidad de que miles de firmas de otro rubros encuentren también demanda a sus productos. Es un tema de importancia social, pero también afecta a la estrategia de desarrollo general del país.

Hay numerosas propuestas para aliviar esta situación. Desde la asociación del Estado con sectores de la economía social, la constitución de cadenas de distribución públicas, de mejor planificación territorial de la producción y el abastecimiento, hasta la aplicación seria de medidas antimonopólicas y de defensa de los consumidores.

La suba reciente de la tasa de interés insinuada por el Banco Central fue justificada desde una preocupación antiinflacionaria. Pero eso sería suponer que hay inflación por presión de demanda. No es la mejor forma de luchar contra una inflación que proviene de la especulación cambiaria y de la compulsión remarcatoria privada. Mejor haría el gobierno en quebrar expectativas devaluatorias que empezar por el triste camino que puede llevar a encarecer el crédito productivo.

La inflación no es un hecho económicamente neutral, sino que tiende a dañar a los sectores de ingresos fijos. Un gobierno popular no puede aceptar que sigan bajando más los salarios reales. La reactivación, por esta vía, podría quedar en el camino.

 

 

¿A quién apaciguar?

Las economías no se reactivan solas. No es un rebote producto de la física, sino de la activación de un conjunto de procesos de producción-empleo-ingresos-consumo, que si se afectan, pueden poner en riesgo la necesaria recuperación.

El Presupuesto Nacional 2021 apunta en el buen sentido, atiende a prioridades fundamentales. Pero tiene un supuesto irrealista, que le permite prescindir de los apoyos que se dieron durante la pandemia. Es probable que vayan menguando las situaciones de emergencia en el próximo año, pero no es sensato suponer su evaporación repentina. Se trata de temas debatibles, en el contexto de la planificación económica.

Lo que no nos parece debatible, es la esterilidad del camino político que subyace en la estrategia de “darle señales” a los mercados si se contraponen con un rumbo económico nacional y popular. Porque las presiones no cesan hasta que las “señales” se convierten en las únicas políticas que aplica el gobierno.

No se están discutiendo cuestiones técnicas, como podría suponerse en el debate en torno al equilibrio fiscal, sino perfiles de la sociedad deseada. Se debe volver a recordar que “los mercados” han sido quienes festejaron, apoyaron y sostuvieron la pésima y desequilibrada política económica del macrismo, y quienes se han opuesto a las medidas más audaces e inteligentes de este gobierno. Los que balbucean delirios en torno a los peligros que acecharían a la “propiedad privada”, y los que le reclamaron en la cara al ministro Guzmán una devaluación ruinosa para nuestra economía. Los que no aceptan ni siquiera un mínimo gesto de solidaridad como el impuesto a las grandes fortunas.

Empujan en la dirección del estancamiento económico, del congelamiento de este horrible panorama social y de una salida ficcional por el lado de las exportaciones. Presionan al gobierno para que se retire hacia la indiferencia social que caracteriza al estado neoliberal.

Ahora exigen un acuerdo rápido, improvisado, con el FMI, esperando que dicho organismo imponga un fiscalismo reaccionario al gobierno argentino.

Buscan reconducir a la política económica, un poco a las patadas vía dólar, vía inflación, y un poco con ayuda externa hacia un modelo de estancamiento, ajeno a las necesidades básicas de la población.

La esencia, la razón de ser económica y social del gobierno del Frente de Todos, es el crecimiento de la producción y el empleo, la recuperación del consumo, de la demanda y del mercado interno.

No se le pide más que eso, pero la base social no le aceptaría menos.

 

 

 

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