¿LA BANDERA FLAMEARÁ SOBRE SUS RUINAS?

 

Según el INDEC a nivel nacional, el 32% de las personas son pobres [1] y el 6,7% son  indigentes[2] al segundo semestre de 2018, pero para los Partidos del Gran Buenos Aires la cifra de pobreza se eleva al 35,9% y la indigencia al 8,5%. En el Noreste la pobreza fue del 40,4% y la indigencia del 9,3%.  Si extrapolamos para todo el país el estudio que el INDEC hace para 31 aglomerados urbanos, podemos inferir que más de 14 millones de personas son pobres y de ellos casi 3 millones de personas son indigentes. Lo que es peor, el 48% de los niños, niñas y adolescentes en Argentina son pobres, según Unicef, al considerar desde el acceso a una vivienda adecuada de los niños hasta la escolaridad.

El mismo INDEC sostiene que 2018 finaliza con una desocupación abierta del 9,1% y una subocupación del 12% para los mismos 31 aglomerados urbanos y que, si extendemos a todo el país, significan casi 2.000.000 de argentinos sin trabajo. Si a eso le sumamos los trabajadores no registrados (asalariados sin descuentos previsionales ni sociales), según el INDEC la tasa es del 35,3%, con lo que se trata de 4.600.000 trabajadores más. Estamos hablando de que 8.700.000 personas o no tienen trabajo, o son subocupados o trabajan en negro.

Esa situación social desastrosa se agrava con la caída del salario real que desde que está Mauricio Macri en la Presidencia implicó un descenso promedio del 25%, ante una inflación que no para, sobre todo en alimentos y en servicios energéticos y de transporte.

¿Cómo no va a descender el PIB en la Argentina si hay menos trabajadores ocupados registrados y encima cobran una cuarta parte menos que antes, cuando aproximadamente el 75% de lo que producimos va al mercado interno? Y encima en los primeros tres años de la actual gestión muestran una caída de los 83.950 millones de dólares exportados en el año 2011, hasta los 59.363 millones anuales valor promedio de las exportaciones 2016-2018. Es decir: el valor exportado 2016-2018 implica una reducción del 17,5%, en comparación con el periodo 2011-2015.

Los datos oficiales reflejan el cierre de establecimientos industriales, de la construcción, del comercio, donde se pierden eslabones de la cadena productiva. Ese es el verdadero objetivo fijado por el capital financiero y el FMI en la Argentina.

En efecto, en los 28 primeros meses de la gestión de Cambiemos ingresaron capitales especulativos atraídos por tasas de interés que superaban al crecimiento de los precios y la evolución cambiaria. Esto a su vez, al encarecer el crédito a las empresas y a las personas,  confiscó parte de su capital, generando una brutal transferencia de la producción y del consumo al favor del sector financiero.

El círculo de rentas extraordinarias se cierra, cuando después de realizar fuertes ganancias con la bicicleta financiera, se fugan a dólares y al Estado nacional le queda la deuda.

 

Recesión y fuga

En ese marco de fuga de capitales y endeudamiento público, el gobierno se subordina al FMI, que generosamente le presta (nueva ampliación de deuda) en torno a los 53.000 millones de dólares que, teóricamente, permiten cubrir todos los pagos y compromisos hasta el 10 de diciembre de 2019 [3], siempre que el gobierno argentino cumpla con todas las condiciones impuestas en el acuerdo,

Para ello el Gobierno de Cambiemos necesita un dólar quieto, cuando se comprometió con el FMI a dejarlo que flote y a limitar las intervenciones del Tesoro y del Banco Central, que solo puede jugar por fuera de las bandas de no intervención.

Obviamente la situación financiera no es fácil, pero depende de la voluntad del FMI (léase de los EE.UU.), y a esta altura de la situación es claro, salvo que el problema sobrepase los cauces naturales, que el FMI va a acompañar al gobierno de Cambiemos hasta el final, porque lo que realmente le importa es condicionar al nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre de 2019.

La falta de credibilidad en el gobierno de Macri tras una gestión impiadosa y torpe (como reflejan los indicadores económicos y sociales de la gestión), de generación de renta financiera, energética y de comercialización de granos y algunos que otros segmentos donde existen mercados cautivos liderados por amigos y socios —en un típico capitalismo prebendario a favor de la minoría rentística que es la cúpula del macrismo—, hace que el resto de los mortales de este país bautizado como Argentina no confíen en su moneda.

Esa desconfianza en la moneda implica el principio de la híperinflación, dado que se acelera la velocidad de circulación del dinero. Las familias tratando de protegerse del aumento sistemático de los precios con compras adelantadas y acumulación (los que pueden) de mercaderías; los empresarios, sobre todo los más perjudicados (nucleados en la Unión Industrial y en las cámaras de construcción y de comercio) y los grandes productores y comercializadores de granos, presionando sobre el dólar para que suba su precio; los empresarios que venden al mercado interno incrementando, en la medida de sus posibilidades, los precios para protegerse de lo que saben que tarde o temprano sucederá: la devaluación del tipo de cambio que se convierte en corrida cambiaria.

En ese estado de situación nos encontramos: jugando al dólar, los que pueden. El FMI y el gobierno tratando de administrar la situación para que el problema estalle en el gobierno que viene.

Industriales como los Rocca, los Pagani, los administradores de las empresas automotrices y en mayor o menor medida todos los que amparados por la devaluación están en condiciones de producir en el país (siempre beneficiándose con salarios en dólares más bajos que en Brasil, que fue el pedido de la UIA en todo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner), impulsando la candidatura de Roberto Lavagna, operando para que un sector del radicalismo se vaya de la alianza Cambiemos y sumarlos, así como también con los peronistas de todo tipo y calibre y cualquier sector político y social que anteponga los intereses de la UIA a los suyos propios.

El macrismo subordinado al FMI trata de llegar a fin de año y retener las gobernaciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sabiendo que así y todo no le alcanza para ir al ballotage.

Por supuesto que el FMI opera fuertemente, lo vemos cuando el estudio jurídico de los EE.UU., The Rosen Law Firm, demanda a los directivos de Ternium (Grupo Techint) por ocultar información sobre los ilícitos cometidos por sus ejecutivos en la expropiación de la empresa del grupo, Sidor, en Venezuela (razón por la cual están procesados Paolo Rocca, Héctor Zavaleta y Luis Betnaza). Según interpretan los abogados de Rosen, el hecho de que los empresarios hayan pagado coimas a ex funcionarios del Estado para ser adjudicatarios de obra pública fue una forma de inflar el precio de las acciones recurriendo a prácticas que están expresamente prohibidas por la Securities and Exchange Commission (SEC) de Nueva York.

También inferimos que habrá nuevas observaciones, presiones y mensajes de todo tipo ante una burguesía que ahora sabe que el FMI es su principal enemigo y no el populismo del gobierno de los Kirchner, que no solo los protegía en sus mercados cautivos, planes promocionales, desgravaciones impositivas y créditos blandos, sino que buscaba apoyarse en ellos para armar un tejido social ante el capital extranjero.

 

Extraño destino

Pese a que el campo nacional y popular —los argentinos de a pie— tiene su referente político y equipos con capacidad de hilvanar y ejecutar un plan de gobierno, por el paso del tiempo y en víspera de las elecciones, vislumbramos un acuerdo político con la UIA en la convicción de que el enemigo es muy poderoso y está dispuesto a llevar su plan de exterminio contra viento y marea.

Eva Perón decía: “Nuestra Patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas”. En ruinas estamos, parece que hay distintas interpretaciones de como dejar de ser colonia.

 

 

[1] No cubren la canasta básica de bienes y servicios para vivir

[2] No cubren las necesidades mínimas alimenticias para vivir

[3] Se deben cumplir otras condiciones como que: a) Se renueven no menos del 60% de los vencimientos de obligaciones de este año 2019.  b) Que los depósitos en pesos del sector privado en las entidades financieras del sistema, por $2.083.976 millones al 26 de marzo de 2019, que al tipo de cambio oficial tienen capacidad de comprar dólares por 49.000 millones, no se pasen de pesos a dólares, por lo menos en una magnitud importante. c) Que la fuga de capitales no tenga la dimensión del año pasado que se fugaron 27.230 millones de dólares.  d) Que los exportadores de granos liquiden este año parte importante de sus ventas al exterior. Y por último e) Que el FMI le permita al BCRA utilizar parte de las reservas internacionales (que totalizan 67.183 millones de dólares) para vender en el mercado de cambio local (MULC) y/o que le permita al Tesoro de la Nación colocar un título público intransferible en el BCRA para captar parte de esas reservas y subastarlas para su venta

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